CONVOCATORIA

Acto por la libertad de Mumia Abu-Jamal

Martes 24 de abril * 2:00 pm * Embajada EU

Les invitamos a vestirse de beige y llevar una pancarta, tambor o instrumento acústico para festejar el cumpleaños 58 del preso político Mumia Abu-Jamal gritando ¡muerte al sistema carcelario! Ese mismo día se llevará a cabo una ocupación del Departamento de Justicia en Washington D.C. y otros actos solidarios en el mundo.

Después de mantener a Mumia en el corredor de la muerte durante la mitad de su vida,  el gobierno que se jacta de ser “la democracia ejemplar del mundo”, derrotado en su campaña para ejecutarlo por la vía oficial, pretende enterrarlo vivo en prisión con las mismas maniobras utilizadas  para encerrar a otras decenas de presas y presos políticos como “los 9 de MOVE”, Sundiata Acoli, Jalil Muntaqim, Mutulu Shakur, Leonard Peltier, Oscar López Rivera y a 2.4 millones  de personas pobres, en su gran mayoría africano-americanos y latinos.

Rechazamos tajantemente la estrategia actual de someter a Mumia a una muerte lenta en prisión. Después de mantenerlo aislado en condiciones de tortura durante 30 años, el gobierno de Estados Unidos le debe reparaciones. Si cientos de miles de personas en el mundo fuimos capaces de echar abajo su sentencia de muerte, somos capaces de ganar su libertad, especialmente ahora que hay una ola de rebeliones y movimientos sociales en el mundo. Mumia se ha solidarizado  con las rebeliones en Egipto, Tunez, España y  Lóndres; el movimiento Okupa en EU;  las huelgas dentro de las prisiones de California, Georgia y Ohio; el intento a parar la ejecución racista de Troy Davis; las demandas de los migrantes mexicanos cazados en EU; el grito de justicia para el joven Oscar Grant, asesinado por la policía en el metro de Oakland; las protestas contra el asesinato del joven Trayvon Martin por un racista en Florida; los llamados de justicia para el inmigrante sierraleonés Oury Jalloh, quemado vivo por policías en una celda en Dessau,  Alemania, y ––durante 27 años–– las demandas de justicia por el bombardeo de la casa colectivo de MOVE y el asesinato  de 11 miembros de la familia África, quemados vivos en Filadelfia el 13 de mayo de 1985.

Mumia también se ha solidarizado con los movimientos rebeldes de México, donde ahora vivimos una guerra contra el pueblo entero, importada desde Estados Unidos, con su saldo de decenas de miles de gente muerta, desaparecida y desplazada. En Estados Unidos, durante décadas, la Guerra contra la Droga ha sido el motor del encarcelamiento masivo de la población, acompañado por un auge en la construcción de prisiones jamás visto en el mundo. No podemos esperar menos en México, donde ya estamos viendo la aprobación de leyes más duras,  sentencias más largas, y la construcción de cada vez más prisiones completas con unidades de aislamiento, incluyendo el  recién inaugurado complejo de ultra máxima seguridad en Papantla, más dos nuevas torres ahora bajo construcción en el terreno del Reclusorio Norte en el DF. Estas prisiones  no tienen nada que ver con “aliviar el hacinamiento” o “detener la violencia”. Su función es el control social.  Y con la privatización, cada prisión es un negociazo que rendirá más cuando se llene de más presos, y  más, y más, y más…

Nos sumamos a las demandas de la ocupación del Departamento de Justicia en Washington D.C. y también decimos NO a la invasión gringa a México; a su  “guerra contra el crimen”; a su lavado de dinero por los bancos Wells Fargo y Bank of America; a su financiamiento y entrenamiento de militares, paramilitares y policías; a sus agentes, espías y mercenarios filtrados en nuestro país;  a su modelo jurídico / carcelario que nos trae cada vez más prisiones, cada vez más tortura.

Exigimos libertad a las y los presos políticos de México, como Alberto Patishtán, Rosa Díaz López y los presos de la Voz del Amate; el base de apoyo del EZLN Francisco Santiz López; la profesora María de los Ángeles Hernández Flores de Guerrero; los presos Loxicha en Oaxaca, el preso vasco Luis Miguel Ipiña, el anarquista Braulio Durán González en Guanajuato y los doce presos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros.

¡Libertad a Mumia Abu-Jamal!    ¡Alto al encarcelamiento masivo!

¡Empleo, educación y salud –NO + CÁRCELES!

¡Cierre de módulos de  aislamiento– NO + TORTURA!

¡Alto a la racista pena de muerte!

¡No a la persecución de inmigrantes!

¡Pres@s Polític@s libertad!

Amig@s de Mumia de México

Mexicali, B.C., a 08 de abril de 2012

COMUNICADO DE PRENSA

• Inapesca y Conapesca conculcan el derecho histórico a la pesca del Pueblo Indígena Cucapá en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado.
• Anticonstitucional “Cuota de Captura” de la curvina golfina, impuesta unilateralmente, viola el derecho al trabajo, a la alimentación, a la consulta previa, libre e informada, y al uso y disfrute preferencial de los recursos naturales en las zonas que habitan y ocupan las comunidades indígenas.

A nombre de las comunidades indígenas CUCAPÁ de Baja California, comunicamos la instalación por los pescadores Cucapás, de un PLANTON PERMANENTE en la Delegación de la SAGARPA en Mexicali, sito en Av. Madero y Calle “L”, Col. Nueva de esta ciudad, a partir de las 9:30 hrs. del lunes 09 de abril de 2012, hasta la solución total del conflicto, en virtud de las acciones que en las últimas fechas viene realizando el gobierno federal mexicano, ahora por conducto del INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (Inapesca) y la COMISION NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA (Conapesca), ambas de la Sagarpa, violando el Artículo 2º. Constitucional y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, ONU.

Sin aviso de por medio, oficiales de la Conapesca decomisaron en la Semana Santa a las cooperativas pesqueras indígenas Cucapá del municipio de Mexicali, aprox. 40 toneladas de curvina golfina, obedeciendo al unilateral y anticonstitucional Decreto de Tope de Captura de la curvina impuesto por Inapesca, que es de 2,300 ton. para todas las pesquerías de Sonora y Baja California durante la temporada 2012 en la Reserva, argumentando que, a la fecha, la cuota impuesta para este año ya se había agotado para los pescadores indígenas de Baja California.

A los pescadores del Golfo de Santa Clara, Son. les asignaron 1,840 Ton. (80 por ciento del “tope de captura”) y a los pescadores del Bajo Río, que incluye a los de San Felipe y a los Cucapás, les asignaron 460 Ton. (20 por ciento), faltando aún varias “mareas” en el año.

Históricamente, para la venta al mercado local y nacional y el autoconsumo, sólo las cooperativas indígenas Cucapá pescan por temporada y de manera artesanal aprox. 500 Ton. de curvina. Ahora, Conapesca ya no les extiende los “Avisos de Arribo” ni las “Guías de Traslado” del producto para su venta, argumentando que ya se completó la cuota.

Lo anterior coloca a los indígenas Cucapá en situación de extrema vulnerabilidad, porque las autoridades federales de Semarnat y Sagarpa no muestran la menor voluntad política y sensibilidad para entender sus necesidades de sobrevivencia, y para respetar los Derechos Indígenas reconocidos universalmente y en nuestra Carta Magna, derivados de sus tradiciones, usos y costumbres milenarias, a pesar de haber sido denunciado este hecho en Audiencia Pública, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, en octubre de 2010, y de la Recomendación 8/2002 de la CNDH, aceptada en ese entonces por los titulares de Semarnat y Sagarpa.

Tal y como lo establece el Derecho Indígena internacional, los pueblos y comunidades indígenas deben ser CONSULTADOS en todas las políticas públicas que les afecten. Sin embargo, desde la implementación del Decreto Presidencial de Reserva de la Biósfera en 1993, del Decreto sobre el Plan de Manejo de la Reserva, del Decreto de Veda de la Curvina en la Reserva, en 2006 y, ahora, del Decreto sobre el Tope de Captura de la Curvina, los Cucapás NUNCA han sido consultados por el gobierno federal mexicano.

Cabe destacar que el titular de Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, acudió a Mexicali el pasado mes de marzo para inaugurar la exposición agrícola Agrobaja, sin tener la mínima intención de diálogo con los indígenas Cucapá, a pesar del conflicto latente. A su vez, el actual titular de Conapesca, Ramón Corral, ex candidato a la gubernatura y ex dirigente del PAN en Sonora y coordinador de la campaña electoral de Manuel J. Clouthier, no ha manifestado la mínima voluntad para dialogar con los indígenas Cucapá.

Por lo anterior, las dirigentes de las cooperativas indígenas Cucapá HILDA HURTADO VALENZUELA, MÓNICA PAULINA GONZÁLEZ PORTILLO y JUANA AGUILAR, y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales Cucapá MIGUEL SANDEZ, estarán encabezando el plantón de referencia.

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

En Regeneración Radio, conjuntamente con Amigxs de Mumia México, estamos preparando un programa especial para festejar al compañero Mumia Abu Jamal en el contexto de su 58 aniversario y sumándonos a las actividades internacionales por su libertad.

Lo podrán escuchar este próximo 10 de abril de 12 de medio día a 2 pm a través del 105.3 de FM. En el Norte de la Ciudad de México o por internet agregando el siguiente URL a tu reproductor de audio: http://www.orelha.radiolivre.org:8000/regeneracionradio.m3u o directamente desde nuestra página: www.regeneracionradio.org

Nos estará acompañando compas de Amigxs de Mumia México y vamos hablar sobre:

–          Los inicios de la lucha de Mumia.

–          Su caso y la situación actual.

–          Reseñas sobre sus mas recientes libros (El Nuevo Jim Crow y The Classroom and the Cell).

–          Y sobre el sistema carcelario en nuestro país.

Regeneración Radio

Comunicación contra el poder

LA RESITENCIA ZAPATISTA CIVIL Y PACIFICA DE SAN PATRICIO FRENTE AL GRUPO PARAMILITAR UCIAF

En Chiapas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y sus comunidades autónomas tienen ya 18 años resistiendo una guerra de desgaste integral¹ generada por el estado mexicano. Esta guerra se ejerce a través de varias estrategias de contrainsurgencia. La contrainsurgencia se entiende como una serie de acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles realizadas por el gobierno para derrotar la insurgencia². En Chiapas estas acciones van desde la formación de grupos paramilitares, la ocupación militar en territorio indígena chiapaneco, la inyección de dinero a través de programas sociales, la persecución política, fabricación de delitos y encarcelamiento de bases de apoyo zapatistas inocentes.

Hoy en Chiapas los municipios autónomos rebeldes zapatistas están resistiendo una embestida paramilitar, obviamente respaldada y programada desde los tres niveles de gobierno. La comunidad zapatista de San Patricio, fundada en tierras recuperadas del 94, ha resistido varios intentos de despojo por el grupo paramilitar UCIAF (Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal), la cual es una escisión del grupo paramilitar Paz y Justicia.

Los grupos paramilitares constituyen una evolución del sicariato y del fenómeno de las guardias blancas en el campo mexicano. Se distinguen porque cuentan con una estructura militarizada, visten y operan como militares y emplean armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En la teoría militar, los paramilitares son aquellos grupos que son distintos a las fuerzas armadas regulares de cualquier país o estado pero que observan la misma organización, equipo, entrenamiento o misión que las primeras³. Otro término militar utilizado para nombrar a los paramilitares es el de “personal civil militarizado”, el cual tiene como objetivo, localizar, hostigar y destruir a las fuerzas insurgentes.

Los grupos paramilitares en Chiapas se manifestaron principalmente en la región norte de la selva y Los Altos, uno de los más importantes en esta primera fase de formación de grupos paramilitares fue Paz y Justicia, “el cual nace el 5 de agosto de 1995 como un frente de ejidatarios , campesinos y autoridades de los municipios de Salto de Agua, Tila, Túmbala Ya jalón, Sabanilla, Chilón, El Limonar y Nuevo Limonar de carácter priista”⁴. A 17 años de sembrar el Estado la semilla paramilitar en estos municipios, la violencia hacia las bases de apoyo zapatistas nunca ha desaparecido, los años del 95 al 98 fueron los “años del terror”, después vino una supuesta calma, donde ya no hubo masacres, pero la guerra sucia contra los zapatistas continua hoy en día. Hace varios años existen documentos públicos de ataques de la UCIAF hacia San Patricio. Desde esos años los paramilitares han intentado invadir las tierras recuperadas, sin tener éxito gracias a la resistencia de los zapatistas, y el apoyo de la solidaridad nacional e internacional.

En septiembre del 2011 el predio La Lámpara, tierra recuperada de San Patricio, vuelve a ser invadida por los paramilitares de la UCIAF de Ostelucum y Union Hidalgo. En octubre de ese año el gobernador Sabines ofrece nuevas tierras y dinero a los paramilitares a cambio de que salieran de las tierras zapatistas. Los paramilitares aceptan y se van. La prensa de Chiapas no tardó en relucir la nueva noticia de que el gobierno de Sabines supuestamente había traído “la paz” a San Patricio, ¿pero empoderar a un grupo paramilitar es Paz? Este arreglo entre el gobierno chiapaneco y los paramilitares, solo alimenta la violencia y ambición de otros grupos paramilitares vecinos como los de Lázaro Cárdenas , los Moyos y El Porvenir.

La Brigada de Apoyo y Solidaridad numero 9 de San Patricio reportó que el dirigente paramilitar Pedro Ramírez Guzmán de Unión Hidalgo, hijo de un ex militar llamado Hipólito Ramírez, está preparando un nuevo ataque junto con otros paramilitares de Sabanilla: Jacinto Gómez Sánchez, Rodrigo Guzmán Gómez, Rolando Gómez Guzmán y Amador Ramírez Guzmán.

Otros hostigamientos reportados son las amenazas hacia al representante zapatista y el rumor de otra invasión preparada para el 16 y 17 de enero, la cual no se realizó. Lo importante de estas amenazas cotidianas es su función: generar miedo, desgaste y tensión en la comunidad, sin necesidad de un enfrentamiento directo.

Por otro lado la brigada 10 reportó que el 16 de enero del 2012 por la mañana alrededor de las 11:43 am., llegó una camioneta de policías municipales con 6 elementos y 2 civiles. Estuvo en la comunidad durante 15 minutos y de ahí se fue, casualmente ese mismo día por la noche a las 9:42 pm se escucharon 6 disparos a las faldas del cerro y a las 11:05 pm se vieron luces en el cerro que bajaban de Ostelucum.

El 25 de enero fue la entrega del apoyo de gobierno a los partidistas de la región, generando un gran tráfico de furgonetas llenas de mujeres, hombres y niños, los cuales cuando pasan por San Patricio gritaban no tenemos miedo a los zapatistas.

Las brigadas de Observación y Solidaridad en San Patricio serán permanentes hasta que cese el hostigamiento del grupo paramilitar UCIAF de Ostelucum, Unión Hidalgo y El Porvenir que junto con el gobierno intentan despojar las tierras recuperadas ganadas a sangre y fuego en el 94.

ANTE LA REPRESION LA SOLIDARIDAD

RED CONTRA LA REPRESION Y POR LA SOLIDARIDAD EN CHAIPAS.

4 El Enemigo Interno, Contrainsurgencia y fuerzas armadas de México, Jorge Luis Sierra Guzmán pág. 173, editorial Académica, 2003

Con la gran pena que nos embarga queremos informar de la irreparable pérdida de nuestra querida compañera DOÑA MARTHA DE LOS RÍOS MERINO (1945-2012), fundadora e impulsora del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua desde 1978 para luchar por la presentación de los compañeros y compañeras desaparecidos por el régimen político mexicano, en particular por su hermana Alicia.

Martha se integró en 2005 al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para adherir a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participando activamente en el recorrido de la Otra Campaña por el país realizado en los años 2006 y 2007.

Junto con las compañeras y compañeros de la Unión de Familiares con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, el Comité de Chihuahua, y con muchos más participó en el Foro Nacional Contra la Represión como ponente y en la mesa de la reunión junto con el compañero SCI Marcos. Fundando así la Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR) de la cual fue impulsora central en su estado natal Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, de donde tuvo que salir varios meses por las amenazas y agresiones que desde el gobierno se dirigían en su contra.

Desgraciadamente no pudo vencer a la enfermedad que le aquejaba desde hace tiempo. Le sobreviven su hijo Gilberto Sandino Aquino, su nuera Leonor Cortés, su nieto Ismael, su sobrina Licha, sus hermanas Irene, Irma y Gilberto y Alicia, a quienes les mandamos un fuerte abrazo.

El día de hoy se incineró el cuerpo de Martha y se llevarán sus cenizas de vuelta a su lugar de origen, San José de Bachíniva, en donde nació el 21 de enero de 1945.

Martha se mantiene en nuestra memoria y en nuestra lucha por la presentación de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos políticos, por la libertad de las presas y presos políticos y sobre todo en la lucha por un México de Justicia, Paz y Libertad.

¡Hasta siempre querida Compañera!

Fraternalmente,

¡Contra el despojo y la represión: la Solidaridad!

Disculpas, este artículo está sólo en inglés

(Article and photos by Jonathan Treat, March 18, 2012)

“One thing is clear: this was a political hit. Bernardo was murdered because he dared to speak out.” (Dawn Paley)

(At the gravesite of Bernardo Vasquez, “Stop the Assassinations”)

In the dry and dusty town of San José del Pacifico, south of Oaxaca, Mexico, a funeral was held on March 17 for Bernardo Vasquez, a slain community leader who actively opposed a Canadian silver and gold mining project in his community.  During the somber event, attended by roughly 300 members of this Zapotec community, the collective grief, solidarity and resistance was palpable.  Fear also hung in the air; some people held placards proclaiming their resistance in front of their faces to avoid being photographed.

(Bernardo’s mother and family grieving their loss)

The fear is understandable – Bernardo Vásquez was the second anti-mining activist to be shot dead in the past two months.  Three others at the scene of the assassination of Vasquez were also shot and remain in serious condition.

WHY THE VIOLENCE?

Why all the bloodshed in this small Zapotec community?  The common thread connecting the victims of the recent violence is that – together with a coalition of people from other nearby communities – they were all actively opposing the presence of the Canadian company, Fortuna Silver Inc.’s “Trinidad/Cuzcatlán” silver and gold mine in their community in the Ocotlán valley, about 45 minutes outside of Oaxaca City.

(“Berna, We Will Always Rembember You.  You Fought for Us”)

Bernardo Vásquez was killed on March 16 when he and two passengers were ambushed at an intersection near his community.   His brother Andrés and friend Rosalinda Canseco remain hospitalized in serious condition. In an interview at the hospital, Rosalinda’s father said doctors are concerned they may have to amputate her leg.

PREVIOUS KILLING OF BERNARDO MENDEZ

Two months ago, the now dead Bernardo Vásquez was denouncing the murder of Bernardo Mendez, a friend and colleague also opposed to the Trinidad/Cuzcatán mine.  During a press conference on January 23, as spokesperson for a local coalition of people opposed to Fortuna Silver’s mine, Vásquez denounced the shooting death of Méndez that had occurred several days earlier.  That murder happened when a group of people confronted a work crew constructing a water pipeline in San José.  The people suspected the project would divert the arid community’s scarce water resources to the mine.  An argument ensued and municipal police arrived on the scene and opened fire into the crowd.  Bernardo Méndez later died of 7 gunshot wounds.  Abigail Vásquez, sister of Bernardo Vázquez (killed March 16), was seriously wounded in the January killing.

During the press conference, Vázquez and the Coalition of People United in the Ocotlán Valley (COPOVU) held the Vancouver-based Fortuna Silver and it’s local Trinidad/Cuzcatlán mining activities directly responsible for the murder and other related violence, and called for the suspension and removal of all the mining company’s activities in San José.  The anti-mining group also called for the cancellation and removal of the mining project.

FORTUNA SILVER DENIES ANY LINKS TO ITS ACTIVITIES AND THE VIOLENCE

Mining officials dismissed allegations that the mine was diverting water from the community, and denied any links between the recent violence and their mining operation in San José del Progreso.  In response to COPOVU’s accusations that the mine is responsible for the violence in San José, CEO Jorge Ganoza called the allegations “misinformation”.

“We, as a company, and our team in Oaxaca, are saddened by these senseless and continued acts of violence in the town of San José, related to a long-standing political struggle for local power”, he said in statement published by Canadian media.  “It is in no way related to our activities or involves company personnel…”.  Several Oaxaca state government officials in press releases repeat this version of events, but critics point out to a long history of violence in local communities since Fortuna Silver first arrived on the scene in 2006.

HISTORY OF MINE-RELATED VIOLENCE

In 2009, roughly three hundred opponents to Fortuna Silver’s mining operation participated in a blockade of the entrance to the Trinidad/Cuzcatlán.  After 40 days, the blockade was brutally broken when some 700 police stormed into the community in full anti-riot gear, with automatic weapons, tear gas, attack dogs and a helicopter.  People were beaten and more than 23 people were arrested; some were detained for three months.

In 2010, the mayor of San José, along with another municipal official, was killed in a confrontation between residents supporting and those opposing the mine.  A local priest supporting anti-mining activists was brutally beaten and detained.

The ongoing violence has divided and created a tense, fearful atmosphere in the once peaceful community.  One local activist who has been involved in resistance to the mine from the beginning estimated that the vast majority of residents were opposed to the mine when it started originally arrived to break ground in the community.  The ongoing repression and intimidation – coupled with bribes to prominent members of the community – has reduced the number of residents who actively resist the mine.  Nonetheless, he estimated that roughly half of the community is opposed to the mine, and many others are against the mine but fearful of openly resisting the mining project.

WHY THE OPPOSITION TO THE MINE?

In the arid Ocotlán valley of Oaxaca, as in many parts of the state, water is a scarce and precious commodity.  Residents opposed to the mine argue that processing silver and gold is water-intensive puts their local aquifers at risk.

Their argument has strong precedent.  Another Oaxacan community with years of painful experience with mining operations, Calpulálpam, had its water supply devastated by the Canadian “Continuum” mine there.  Aquifers were disrupted and local resident report that 13 local streams completely dried up due to mining in their community.  Local springs were also so polluted by chemicals used to process ore that livestock were dying from the contamination. The devastation was so flagrant that the Mexican Federal Environmental Protection Agency eventually ordered the mine to suspend all activities.

Thus the violent confrontation in January between the group of local residents and workers installing a water pipeline is understandable. The actual motives behind the project remain unclear; transparency about public works in San José is sorely lacking.  While Fortuna Silver continues to flatly deny any link between purported municipal potable water project and mining activities, many local residentS remain unconvinced.  And Mexico’s three leading national newspapers, including the respected daily La Jornada, all reported that the disputed water pipeline was indeed related to the mining operation and all linked the violence to tensions in the community around the mine’s activities there.

HUMAN RIGHTS AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS SPEAK OUT

In a recent statement by the Oaxacan Collective in Defense of Territories, an umbrella organization made up of prominent human rights and civil society organization, issued a statement on March 16, the day following the ambush of Vázquez and his two companions.  The declaration points out that Vázquez had repeatedly alerted state and federal authorities – since 2008 – of the risk of violent confrontations due to the initiation of mining operations by Fortuna Silver without the consent of the community, as legally required by international accords signed by Mexico. The statement says that the members of the anti-mining coalition COPUVO repeatedly complained that the mining company was financing armed groups in the community with the endorsement of the municipal president of San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez.  The collective’s statement says argues that the lack of justice and application of law by government officials has created a dangerous atmosphere of impunity in San José.  The statement closes with a demand for the immediate departure of the Trinidad/Cuzcatlán mine.

EULOGY FOR BERNARDO VÁSQUEZ

In a eulogy for Bernardo Vásquez, Dawn Paley, an independent Canadian journalist, wrote:

“Bernardo Vasquez was a clear spoken Zapotec activist, a brother, son, and cousin, who dared to stand up against a mining project in the territory of his people. He was well aware that a paramilitary group was operating in San José Progreso, Oaxaca, and that it was organized to snuff out opposition to a gold mine , owned by Vancouver based Fortuna Silver.  …  One thing is clear: this was a political hit. Bernardo was murdered because he dared to speak out, ignoring the climate of fear imposed upon his people.” (http://vancouver.mediacoop.ca/story/another-activist-murdered-organizing-against-canadian-mine/10243)

THE STAKES ARE HIGH, BUT THE STRUGGLE CONTINUES

Fortuna Silver’s $55 million Trinidad/Cuzcatlán mine began its production in September last year and projected to produce 1.7 million ounces of silver and 15,000 ounce of gold in 2012.  Future conflicts are likely as the mine expands its operations in its 58,000 hectares holdings just south of Oaxaca City in coming years, particularly in light of the ongoing impunity enjoyed by local officials and hired guns in San José.

During the funeral, many residents expressed their concerns that the lack of justice for those responsible for the recent shootings has created an atmosphere of impunity that is likely to foster more bloodshed.

(The Funeral Procession)

But in spite of the fear and intimidation, the March 17 funeral clearly illustrated that anti-mining activists from San José together with other surrounding communities affected by the mine, will continue on in their resistance. Indignation and defiance hung in the air.  Just before Vasquez’s coffin was lowered into the ground, a friend said: “They can cut a flower, but they cannot stop the Spring.”

(Jonathan Treat is a journalist, professor, activist and founding member of the non-profit organization SURCO (University Services and Knowledge Networks of Oaxaca), www.surcooaxaca.org.  He works with SURCO as Academic Director and Coordinator of Delegations looking at issues related to the defense of indigenous territories in Oaxaca and Chiapas. Jonathan: jonathantreat2002@yahoo.com)

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WHAT TO DO – WRITE & KEEP ON WRITING

Please keep on keeping on sending copies of this information, and your own letters, to Canadian and American politicians and government officials, and to your local media.  North American resource extraction companies are operating around the world with the full support of North American governments.  Please send copies to pension funds across North America – like the Canada Pension Plan – that are invested in most North American resource extraction companies around the world, with no concern for environmental, health or human rights concerns.

FORTUNA SILVER

Suite 650, 200 Burrard Street

Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L6

T: 604.484.4085

TF: 866.719.8962

info@fortunasilver.com

http://www.fortunasilver.com/s/ContactUs.asp

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Denuncia pública

Tenosique, Tabasco, 13 de marzo de 2012.

El día 23 de febrero de 2012, aproximadamente a las 21:00 hrs. Elementos de la Policía Federal extorsionaros a tres personas migrantes de origen hondureño. Los hechos son como siguen.

En el tramo carretero Escarcega – Villahermosa, después del crucero de Playas de Catazajá, tres elementos de la Policía federal se subieron al ADO donde viajaban tres hombres de origen hondureño. Los “federales” pidieron identificación a los migrantes, se las mostraron, pidieron papeles de legal estancia en el País, la cual no pudieron acreditar. Los policías los bajaron del autobús; a uno de ellos lo empujaron violentamente; éste le reclamó y el policía contestó – vienen de “ilegales” y todavía reclaman -. Los subieron  en dos patrullas de la Policía federal (una de las patrullas tiene como número económico 12505); los llevaron rumbo a Villahermosa aproximadamente 10 minutos en carretera. Los migrantes refieren que los policías se comunicaban por radio y decían “… es un tri – uno… es un tri – uno…”. Llegó un momento en que los bajaron de las patrullas y entre amenazas e intimidaciones les pidieron dinero para dejarlos ir. Los migrantes llegaron a juntar entre los tres, $900.00 (novecientos pesos). Después del intercambio de algunas palabras más, los policías federales los “dejaron libres”.

Las tres personas de origen hondureño llegaron a Palenque, donde con la asesoría de la CNDH fueron a poner la denuncia correspondiente ante la PGR (AP/PGR/CHIS/PAL/17/2012).

Días después llegaron a la Parroquia donde estaban hospedados, dos personas que se identificaron, uno como gente de la PGR, otro como el abogado Marcos Mayo, quien se ostenta como representante de MORENA en Palenque. Ambos les pidieron a los migrantes que se desistieran de la demanda y les ofrecieron dinero a cambio de su silencio y de que se fueran lo antes posible de Palenque. Incluso llevaban un papel donde estaba redactado el desistimiento. Los migrantes no aceptaron esa “negociación”.

Ante los hechos arriba narrados, el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C. y La 72. Hogar – Refugio para Personas Migrantes, declara:

1. Son las Instituciones encargadas de la seguridad (Policía Federal) y de la procuración de justicia (PGR) en el país, las que siguen extorsionando, victimizando y violando los derechos humanos a las personas migrantes.
2. Frente a la evidente corrupción de dichas instituciones, las personas migrantes y sus defensores, no tienen más a quien acudir sino a la sociedad civil y a los medios de comunicación para evidenciar estos delitos.
3. Exigimos al Secretario de Seguridad Pública, Ing. Genaro García Luna; a la Procuradora General de la República, Lic. Marisela Moral Ibáñez, la pronta intervención en este caso para que se investigue y se sancione a los funcionarios que incurrieron en delitos.
4. Exigimos al Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, Embajador Salvador Beltrán del Río, gire instrucciones a la Delegación regional del INM en Chiapas para que agilice los trámites de la Visa humanitaria que por ley le corresponde a los tres migrantes víctimas de estos hechos y al testigo de los mismos.
5. Hacemos un llamado a la CNDH para que agilice las investigaciones en torno a la queja que presentaron los migrantes y pronto expida la recomendación correspondiente a las autoridades que incurrieron en violaciones a los derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C.

La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes

Desde Colombia, nos llega esta revista de compañer@s comunicadores…

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 12 de marzo de 2012

Las organizaciones nacionales e internacionales, grupos, colectivos y personas abajo firmantes, nos unimos a la digna lucha que mantiene el Profesor Alberto Patishtán Gómez y exigimos su libertad inmediata.

El caso del Profesor Alberto Patishtán es un ejemplo claro del grave problema en la administración de justicia que existe en México. El profesor se encuentra preso desde el 19 de junio del 2000, sentenciado a 60 años de prisión, coacusado de la emboscada y asesinato a policías del municipio de El Bosque, en Chiapas, México. En el contexto de su detención, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo Municipal.

Como parte de su lucha desde el interior de la prisión ha trabajado por la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se dan en el sistema penitenciario en Chiapas.

Como castigo a esta lucha por su libertad y por defender los derechos humanos fue trasladado el 20 de octubre de 2011, mientras se encontraba en huelga de hambre con los Solidarios de La Voz del Amate, al Centro Federal de Readaptación Social No 8 Nor-poniente en Guasave, Sinaloa, México, en donde se encuentra actualmente.

El gobierno del estado de Chiapas, negó en todo momento que hubiera solicitado este traslado, sin embargo en el expediente de amparo, obra oficio en donde el Secretario General de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, solicita el traslado “al complejo penitenciario “Islas Marías” o a otro centro penitenciario fuera del estado de Chiapas” mostrando claramente la intención de apartarlo de la digna lucha por su libertad.

El 29 de febrero de 2012, el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Circuito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió ordenar el regreso del profesor Alberto Patishtàn Gómez al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en donde se encontraba anteriormente, en restitución de sus derechos humanos violados.

Por su acción política, antes de su detención y por su trabajo de defensa de los derechos humanos, desde el interior de la prisión el Profesor Alberto Patishtán Gómez es un preso político, por lo que las organizaciones nacionales e internacionales, grupos, colectivos y personas abajo firmantes exigimos al Gobierno mexicano su liberación inmediata.