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Selva Lacandona: por el respeto a los derechos de la naturaleza y de los Pueblos Indígenas
Habitantes de Salvador Allende lucha por el reconocimiento a su legal estancia en la selva Lacandona. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO
Organizaciones, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, piden respeto a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en el tema de la selva Lacandona. Consideran que la preservación del ecosistema no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.
Sostienen que los bienes naturales de la selva Lacandona son de carácter estratégico para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.
Por tanto, exigen irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.
Selva Lacandona: por el respeto a los derechos de la naturaleza y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Lic. Miguel Angel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Lic. Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH)
Lic. Manuel Velazco
Gobernador de Chiapas
PRESENTES
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS
Los-as abajo firmantes, ongs, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, preocupados por la delicada y compleja situación socio-ambiental prevaleciente hoy día en la Selva Lacandona, y ante la inminente realización de la Mesa Interinstitucional de Dialogo y búsqueda de acuerdos, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, hacemos público el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
1. Estamos plenamente conscientes de la urgente necesidad que tenemos como sociedad mexicana, de buscar la preservación efectiva de nuestros bosques, selvas y desiertos naturales, en particular de aquellas bio-regiones de tanta importancia como lo es aún la Selva Lacandona, tanto por la gran diversidad biológica que posee, como por los invaluables servicios hidrológicos y climáticos, que, como bienes naturales comunes, ofrece al pueblo mexicano y al mundo.
2. En ese sentido, nos manifestamos públicamente comprometidos en este caso, con la defensa de los derechos de la naturaleza y por ende, con la preservación de la Selva Lacandona, pero consideramos que esta preservación no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.
3. Al mismo tiempo, reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin cuya cosmovisión, relación con la naturaleza y formas tradicionales de producción y consumo, hace mucho ya no existieran los bosques, selvas y desiertos naturales que aún posee nuestro país.
4. En este caso concreto, y ante la problemática socioambiental que hoy día presenta la Selva Lacandona -producto de una serie histórica de errores y omisiones gubernamentales, en materia agraria y ambiental, que incluyó la reciente política de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de familias indígenas- reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación; a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.
5. Específicamente, esto implicaría, acciones concretas como son:
a) El reconocimiento gubernamental al Acuerdo Agrario suscrito el pasado 23 de abril del presente, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID);
b) El reconocimiento jurídico y la regularización agraria de los poblados Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal;
c) Respeto a la libre determinación de los integrantes de la Comunidad Zona Lacandona en cuanto a la elección de sus representantes comunales, como de la revisión y adecuación de su Estatuto Comunal;
d) Generar y facilitar un verdadero proceso de Consulta –bajo estándares establecidos en instrumentos internacionales- para alcanzar -o no- el Consentimiento Libre , Previo e Informado de todos los pueblos y comunidades indígenas involucrados, respecto de:
- Los planes de manejo de las 7 ANPs ubicadas dentro de territorios indígenas de la Selva Lacandona (Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún; Monumentos Naturales de Bonampak y Yaxchilán; y Áreas de Protección de Flora y Fauna de Chan Kin, Nahá y Metzabok);
- Los convenios de concesión y renta de tierra e instalaciones, de lo que fuera la estación biológica de la UNAM en Boca Chajul y de lo que se hace llamar “Estación Biológica Río Tzendales” (ambos operando hoy día como Hoteles de Eco-turismo);
- El Acuerdo de fecha 25 de agosto 2006, por el que la Secretaría de la Reforma Agraria pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su administración, el terreno nacional denominado Montes Azules, con una superficie de 22,239-05-75 hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis.;
- El decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública, una superficie de 14,096-97-18 hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis., de fecha 4 de mayo de 2007 (publicado en el DOF el día 8 del mismo mes y año);
e) Generar un proceso y un mecanismo incluyente y participativo, para el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes en territorios indígenas de la Lacandona; mecanismos en los que queden plenamente implicados los pueblos y comunidades involucrados, en todos los diagnósticos, ordenamientos territoriales, planes de manejo y en el diseño e implementación de estrategias integrales y acciones para la preservación y sustentabilidad de tan importante bio-región;
f) Monitorear la situación que guardan hoy día las familias indígenas, reubicadas de forma forzosa ó desalojadas violentamente entre 2003 y 2011, generando mecanismos de reparación de daño. Esto implica una investigación seria e imparcial de los sucedido en la -hasta hoy impune- masacre ocurrida el 13 de noviembre 2007 en la comunidad de Viejo Velasco; y
g) Evitar cualquier pretensión de criminalizar esta justa protesta social, fabricando delitos y culpables; lo que implica desistirse de todo tipo de demanda y “reservas de ley”, en contra de los-as compañeros indígenas detenidos-as el pasado 29 de mayo del presente.
6. Finalmente queremos expresar públicamente nuestra convicción de que los bienes naturales existentes en la Selva lacandona y en todas las bio-regiones del país, así como los invaluables servicios ambientales que en ellas se generan, son bienes comunes, de carácter estratégico, para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.
A T E N TA M E N T E
ONGS:
Alianza Cívica Chiapas
Alta Mira, AC – Sociedad Civil Ecologista (DF)
Amigos de la Barranca, AC (Jalisco)
ANIMAL, AC (Jalisco)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC (AJAGI) (Jalisco)
Casa de la Mujer Ixim Antsetic (Chiapas)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)(Chiapas)
Centro de Estudios Sobre Tecnología Apropiada para México, AC (Cetamex)(DF)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Chiapas)
Comité ProDefensa de Arcediano, AC (Jalisco)
Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, AC (Colima)
Ecoaldea Huehuecóyotl (Morelos)
Educación para la Paz, AC (EDUPAZ) (Chiapas)
Enlace, Comunicación y Capacitación AC (Chiapas)
Fraternidad para el Desarrollo Social, AC (Chiapas)
Fundación FIND, AC (Jalisco)
Grupo Ecológico Manglar AC (Nayarit)
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM) (Chiapas)
Guerreros Verdes, AC (Guerrero)
Ik Balam, Agencia de noticias ambientales (Nacional-DF)
Kolectivo El Rebelde (Yucatán)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS) (Oaxaca-Chiapas)
Marea Azul, AC (Campeche)
Melel Xojobal, AC (Chiapas)
Nichim Jolovil, AC (Chiapas)
Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)
Persistencia Civil (Chiapas)
Promoción del Desarrollo Popular, AC (PDP) (DF)
Proyecto Carta Mesoamericana (DF)
Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ)(Guerrero)
Salud y Desarrollo Comunitario AC (SADEC) (Chiapas)
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca AC (SURCO)
Snajel Kuxlej, AC (Chiapas)
Tianguis Indígena (Oaxaca)
Vía Orgánica, AC (Guanajuato)
Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes, AC (Chiapas)
REDES DE ONGS:
Caravana Arcoiris por la Paz (Nacional-Morelos)(Nacional-Morelos)
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (Nacional-DF)
Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra (Nacional-Morelos)
Diálogos Ecosistémicos (Nacional-DF)
Economía Solidaria y Comunitaria (Nacional-DF)
Pacto de Grupos Ecologistas (PGE) (Nacional-DF)
Red Campo A.C. (Nacional-DF)
Red Multitrueque Tláloc (Nacional-DF)
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Nacional-DF)
Unión de Grupos Ambientalistas, IAP (Nacional-DF)
ORGANIZACIONES SOCIALES:
Consejo Comunal de Santa María Chimalapa (Oaxaca)
Representación Auxiliar de los Bienes Comunales de Villa Milpa Alta (DF)
Unión de Organizaciones de la la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO)
ACADÉMICOS/AS E INVESTIGADORES:
Mta. Araceli Burguete Cal y Mayor (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Dra. Catalina Eibeschutz (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Clara Luz Villanueva Aguilar (asistente de investigación)( Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Mta. Cristina Barros (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Dr. David Barkin (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dr. Héctor Javier Sánchez Pérez (Colegio de la Frontera Sur – ECOSUR)
Dr. Iván Azuara Monter (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Dr. Jorge R. Seibold SJ (Argentina)
Dr. Juan Carlos Martínez, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS Pacífico Sur)
Mtro. Manuel Antonio Espinosa Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dra. Martha A. Olivares Díaz (Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UNAM)
Lic. Martha Guillermina González Escobar (Unidad de Vinculación y Difusión-Universidad de Guadalajara)
Mta. Martha Villavicencio (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mto. Mauricio Macossay Vallado (Universidad Autónoma Chapingo campus Yucatán)
Mto. Miguel Angel Paz Carrasco (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mtra. Miriam Cárdenas (Universidad de Guadalajara)
Mta. Nalleli García Agüero (Universidad de Berna, Suiza)
Mto. Oscar Hernández / Académico/ Programa Indígena Intercultural (ITESO)
Rodolfo Mondragón Ríos (Técnico académico- El Colegio de la Frontera Sur-ECOSUR)
Dr. Sergio Aguayo Quezada (El Colegio de México)
Dra. Silvia Tamez González (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mta. Ushuaia de los Angeles Camarena (Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM)
Dra. Rosa Aurora Espinos (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mta.Yunuén Becerra Cortés (Universidad de Guadalajara)
CIUDADANAS-OS:
Alberto Ruz (Ecologista y Activista Social)
Alejandro Mosqueda (Radio comunicador y Activista Social)
Alicia Carriquiriborde (Ecologista y Activista Social)
Alfredo Menchaca Padilla (Ecologista)
Angel Roldan Parrodi (Agroecólogo y Ecologista)
Antonio Hernández (Médico tradicional tsotsil)
Antonio Villalba (Ecologista)
Araceli Díaz (Ecologista)
Arturo Pozo (Ecologista)
Carlitos Hernández (Ecologista y Apicultor)
Carlos Chávez (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Carlos González (Ecologista)
Carlos Rodríguez Flores (Ecologista)
Carmen Bonilla (Ecologista)
Celeste Chávez Chávez (Ecologista)
Ceyla Cruz Gutiérrez (Abogada Zoque Defensora de Derechos Indígenas)
Claudia Lucía Mora reyes (Ecologista)
Cristina González Serna (Defensora de Derechos de Mujeres Indígenas)
Cristina Lavalle L. (Ecologista y Activista Social)
Cynthia Elena Morales Vázquez (Ecologista)
Daniel Alfaro (Defensor de Derechos Indígenas)
David González (Ecologista)
Dora Julieta Hernández Gómez (Ecologista)
Efraín Velázquez (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Elena Kahn Yarowisnky (Ecologista y Activista Social)
Elsa Stettner (Ecologista)
Enriqueta Chávez López (Ecologista)
Erika Serrano Farías (Abogada Ambiental)
Eugenio Angel Molina (Agroecólogo y Ecologista)
Francisco Chavira (Líder comunitario y Activista Defensor de derechos indígenas)
Francisco de la Cruz Pérez (Líder comunitario)
Geanina Amaya Rodríguez (Ecologista)
Gloria Guadalupe Flores (Abogada Defensora de Derechos de Mujeres)
Guillermo Antonio Pérez García (Ecologista)
Guillermo Monroy (Ecologista)
Guillermo Villaseñor (Analista y Activista social);
Héctor Islas (Ecologista)
Horacio Chávez López (Ecologista)
Horacio Chavira (Ecologista y Activista Social)
Iréri Ceja Cárdenas (Ecologista)
Isabel Reyes Posadas (Ecologista)
Itzxel García Agüero (Ecologista)
Ivonne Lozoya (Ecologista)
Javier Flores (Ecologista)
Jesús Guzmán Flores (Defensor de Derechos Colectivos)
Joel Heredia Cuevas (Defensor de derechos indígenas)
José Antonio Foronda (Ecologista)
José Stalin Pedro Cruz (Ecologista)
Josefina Sibaja (Ecologista)
Juana López (Ecologista)
Kajani García Vázquez (Ecologista)
Lilian Chávez Chávez (Ecologista)
Liza Ma. Covantes Torres (especialista en agricultura sostenible y derecho a la alimentación)
Leonardo Bucio (Ecologista)
Lourdes Onti (Ecologista)
Luis Alberto Adrián García (Periodista)
Luis Bustamante Valencia (Ecologista)
Luis Lopezllera M. (Ecologista y Activista Social)
Luis Miguel Robles Gil Cañedo (Ecologista)
Manuel Rebolledo Antúnez (Abogado Ambiental)
Marcela Álvarez Pérez-Duarte (Educadora Ambiental y Ecologista)
Marco Antonio Rodríguez Badillo (Ecologista)
Marco Buenrostro (Ecologista)
Maria Alejandra Oviedo Mendiola
María del Carmen Alejandra Romero (Periodista)
María del Carmen Leyva González (Abogada Defensora de Derechos de la mujer)
María Elena Mézquita (Ecologista)
María Lilia Fernández Ventura (Experta en Trabajo Social)
María Myers Velázquez (Ecologista)
María Teresa De Jesus Girón (Administradora)
Mario Bladimir Monroy Gómez (Ecologista)
Mario Vázquez Díaz (Ecologista)
Margarita Bolom (Médica tradicional tseltal)
Mauricio Arellano Nucamendi (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Mayte Vidal (Politóloga)
Melitón Bautista Cruz (Productor y director escénico de teatro Zapoteco)
Mercedes López Martínez (Ecologista)
Michael W Chamberlin (Defensor de Derechos Indígenas)
Miguel Angel García Aguirre (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Miguel Angel Velarde Hernández (Radio comunicador)
Mónica Montserrat Villatoro (Socióloga)
Natalia Sylwia Álvarez Grzybowska (Ecologista)
Nora List (Ecologista)
Norma Evelia Guerrero López (Ecologista)
Patricia Vega (Médico y Activista social);
Paulin Chávez Rojas (Ecologista)
Pedro Faro (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Rafael Chávez Rojas (Ecologista)
Rafael González (Ecologista)
Raúl Rangel González (Abogado Ikoot Defensor de Derechos Indígenas)
Rebeca González (Ecologista y Activista Social)
Rebeca Véjar (Ecologista)
enzo D’Alessandro (Sociólogo rural y Ecologista)
Rita Rico (Ecologista)
Rosendo Montiel Pérez (Ecologista)
Sacsy Karol Hernández López (Ecologista)
Santiago Villaseñor (Pacifista y Activista social)
Samuel Cruz Esteban (Ecologista)
Sara Duque (Defensora de Derechos Indígenas)
Saúl E. Angel Carrillo (Consultor en Desarrollo Rural)
Sergio Vázquez Díaz (Ecologista)
Sevelina Martínez (Ecologista)
Silvia Vázquez Díaz (Defensora de Derechos Indígenas y Ecologista)
Susana Clares Fuentes (Ecologista)
Teresa García (Ecologista)
Teresa López (Ecologista)
Teresa Margarita ZepedaTorres (Ecologista y Activista Social)
Tzinnia Carranza (Ecologista)
Verónica García (Ecologista)
Virginia Alvarado (Experta en Cooperativismo)
Yolanda Olvera (Ecologista)
Zenaido Garnica Sánchez (Ecologista)
Ccp.- Lic. Jaime Cleofas Martínez Velóz – Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado de la República
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal
Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza
Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ccp.- Emilio Álvarez Icaza.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Washington, EUA
Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)
Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía
Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México
Ccp – Servicios para la Paz (SERPAPAZ) – Instancia mediadora
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de la Naturaleza
Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.
Chiapas: militarización y saqueo amenazan a indígenas
Publicado en: Contralínea
Con la “guerra” contra el narcotráfico, Chiapas se militarizó de nueva cuenta. Las tensiones entre el EZLN, las bases de apoyo, la sociedad civil en general y el gobierno han aumentado a la par de la criminalización de la protesta pacífica. En entrevista, Víctor Hugo López –director del Centro de Derechos Humanos Frayba– señala que con la militarización también ha aumentado el despojo de los recursos naturales, minerales y energéticos de la entidad.
Caminos rurales y comunidades indígenas de Chiapas fueron ocupados, poco a poco pero de manera contundente, por elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, todavía con el pretexto de combatir al narcotráfico, los militares tienen bajo su control zonas que se habían liberado en la gestión de Vicente Fox Quesada como una muestra de la “voluntad gubernamental” para pacificar la región.
Así, el máximo logro de la “guerra” calderonista en esa entidad del Sureste mexicano no fue exterminar el crimen organizado, sino reposicionar a los militares al punto de que la actual situación es equiparable a la que se vivió hace 2 décadas, cuando se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En entrevista con Contralínea, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, explica que, aunque en Chiapas no se han visto “escenas espectaculares de violencia” y de enfrentamientos en las calles, la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico sí tuvo repercusiones serias en las comunidades. En principio, porque logró un reposicionamiento del Ejército Mexicano y de la Armada en distintos territorios indígenas y en todos los puntos fronterizos de la entidad, caracterizada por su miseria y marginación.
El joven defensor de derechos humanos recuerda que una de las condiciones que la administración foxista relativamente atendió para mantener el diálogo con el EZLN fue la desmilitarización: se eliminaron algunas de las zonas militares más importantes, dice. Sin embargo, “esta situación se perdió con la estrategia de Calderón: mientras que elementos del Ejército patrullan y montan retenes a lo largo del territorio, los de la Armada custodian los puntos fronterizos, incluido el de Guatemala”.
En la actualidad, expone, integrantes del Ejército Mexicano están presentes en distintas comunidades y caminos rurales en los que antes no se les había visto. “Están haciendo nuevamente rondines; están incluso haciendo operativos de desarme. De pronto, dicen ellos, [operativos] discretos, pero están tocando justo la frontera o la línea de fuego aquí en Chiapas. Esto es grave, porque me parece que ellos no están midiendo la posibilidad de registrar nuevamente un enfrentamiento [armado]”.
Víctor Hugo López observa que la estrategia antidrogas tuvo otras graves repercusiones en Chiapas. Una de éstas se refiere a la política de seguridad estatal, expone, porque ahora las policías civiles están al mando de militares.
También, refiere, aumentó la criminalización hacia la sociedad en su conjunto. Ejemplifica con los operativos de las unidades mixtas (militares acompañados por policías municipales y estatales). Éstos, indica, son quienes han estado cometiendo el mayor número de detenciones arbitrarias de jóvenes (hombres y mujeres) en las calles por su simple apariencia; también cometen abusos y torturas.
En ese mismo sentido, se endurecieron las leyes y se legalizaron las formas de violencia y mecanismos de violación a los derechos humanos: “por ejemplo, aunque se eliminó el arraigo en Chiapas y esto se publicitó como un logro del gobierno estatal anterior, aumentaron las casas [de seguridad] de la Procuraduría, en donde se desaparece a las personas, se les tortura, se les detiene de manera ilegal”.
Y a pesar de que tanto los operativos policiaco-militares como las modificaciones legales se han justificado como una estrategia contra el narcotráfico, el defensor de derechos humanos observa que no se reguló la venta y el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas.
“Contradictoriamente con el discurso del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, hemos visto que, de manera exponencial, en distintas comunidades se ha autorizado y se está incluso promoviendo, porque en algunos casos los dueños son los alcaldes, la proliferación de cantinas donde se da un consumo indiscriminado de drogas, y obviamente hasta trata de personas.”
Víctor Hugo López advierte que se están creando las condiciones para mantener el estado de inseguridad. Ejemplo de ello es la alianza entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala: “el argumento es que los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico no operen entre Chiapas y Guatemala; pero estas políticas han endurecido las medidas no contra la delincuencia, sino contra la población”. Particularmente, señala, de las personas migrantes.
“Para nosotros, el blindaje de la frontera, el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada han significado mayor control social y mayor índice de represión contra la población en su conjunto. Y esto ha impactado de manera al parecer invisible, pero presente. Está muy presente aquí en los casos que recibimos día a día de detenciones arbitrarias.
“En el Frayba estamos recibiendo al día de hoy un promedio de entre 900 y 1 mil casos en general; pero hace 3 años recibíamos de 400 a 500 casos. Ahora, de esos 900 o 1 mil casos, unos 400, es decir, el 40 por ciento, tienen que ver con temas de criminalización, acceso a la justicia, detención arbitraria, privación arbitraria de la vida, tortura y judicialización. En nuestro análisis, vemos que son efectos de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada: podríamos decir que un 40 por ciento de esos casos son derivados de la estrategia.”
Megaproyectos, la otra amenaza
A pesar de las evidencias reunidas por el Frayba respecto del aumento de las violaciones a los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal aseguran que en Chiapas se respetan esos derechos. Estos discursos no sólo buscarían ocultar la situación que enfrentan las comunidades, sino también promover las inversiones extranjeras en la región.
Víctor Hugo López explica que “el Estado mexicano ha hecho un trabajo de cabildeo impresionante a nivel internacional de ser garante, promotor y de respetar los derechos humanos en México, y concretamente en Chiapas, en las poblaciones indígenas; para ello ha ratificado, firmado y propuesto todo tipo de leyes, reglamentos, convenciones, protocolos que le puedan generar el amparo de este discurso. México es promotor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuevamente comenzaron a decir que los Acuerdos de San Andrés había que legislarlos y aprobarlos; en Chiapas tenemos leyes locales como la Indígena, una ley de protección a las mujeres, etcétera. Entonces han creado todo el andamiaje jurídico-legal para poder sostener frente a gobiernos del mundo y agencias en el extranjero que ellos están garantizando condiciones de respeto, promoción y protección a los derechos humanos y que, por lo tanto, los niveles de vida, la seguridad social, la tranquilidad y la paz están garantizadas en nuestro estado”.
Agrega que recientemente 12 parlamentarios europeos han visitado Chiapas con el interés de conocer la situación de los derechos humanos, pero, sobre todo, para cerciorarse de las condiciones de seguridad que brinda la zona para la inversión.
“Lo que ellos están diciendo es que el gobierno mexicano está impulsando o reimpulsando proyectos de inversión, ecoturísticos, para las empresas de extracción mineral, de recursos petroleros, diciendo que en Chiapas está todo el andamiaje de respeto y promoción a los derechos humanos que garantizan seguridad en su inversión.”
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dice que en la entidad se va identificando un mapa de conflictividad social provocada por los megaproyectos de inversión privada. Uno de esos conflictos, detalla, es el de la zona de Agua Azul. En el área de cascadas, los campesinos se oponen a la propuesta gubernamental de crear un centro ecoturístico.
“Nosotros vemos que se está reimpulsando la afrenta a las comunidades que defienden sus territorios porque vienen de manera decidida a impulsar los proyectos que han comprometido. Y lo hemos podido corroborar en ese sentido, porque hay un binomio seguridad-inversión-derechos humanos que se está vendiendo en el extranjero. Ellos [los representantes extranjeros] están viniendo a ver si lo que está vendiendo el gobierno de México en el extranjero es real. Entonces nos espera sin duda en este momento y de aquí en adelante nuevamente procesos de tensión en los que las comunidades estarán oponiéndose a esos proyectos que vienen de manera decidida a imponerse.”
En este contexto, Víctor Hugo López advierte que en la lucha territorial hay otro actor: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Ésta, asegura, ha operado como mecanismo de contrainsurgencia: “lo único que busca la Cruzada es dividir a las comunidades, generar mayor dependencia y aumentar las condiciones de pobreza extrema en la entidad”.
Frayba: 25 años de defensoría
El pasado 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cumplió 25 años. Fundado por el ya fallecido Samuel Ruiz García –entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas–, en la actualidad se le considera una de las organizaciones mexicanas más importantes de defensa de las garantías individuales y colectivas.
Respecto de estas 2 décadas y media de trabajo, su actual director, Víctor Hugo López, reflexiona: “Llevamos 25 años de existencia del Centro de Derechos Humanos, pero más de 500 años siendo influidos por los pueblos indígenas que han estado de manera insistente generando propuesta y alternativas ante la crisis de Estado y del sistema”.
En el Centro Frayba, indica, se valora mucho que existan cinco regiones autónomas, cinco Juntas de Buen Gobierno, que mantienen el menor índice de violaciones a los derechos humanos. “Son poblaciones que han logrado hacer frente a todo este sistema de violencia estructural y sus consecuencias. En este contexto es que llegamos a estos 25 años: reconocemos que el Frayba por sí mismo no hubiera logrado tal proyección si no fuera gracias a la influencia de estos actores políticos y del sujeto que es el pueblo indígena”.
Añade que quienes han conocido el proyecto y han colaborado en él son afortunados también por estar en territorio chiapaneco. “Es una tierra en donde se presentan contrastes significantes y muy visibles: la riqueza innegable de los recursos energéticos, naturales, pero también la riqueza cultural y de propuesta política que hemos estado viendo nacer de esta tierra, y que tiene su origen no sólo a partir de 1994, sino que se reconoce su historia de hace más de 500 años, con un actor fundamental que son los pueblos indígenas.
“Nos sentimos afortunados de que nuestra cuna sea fundamentalmente indígena. Justo las poblaciones indígenas en México forman parte de la población en donde la violencia y la violación a los derechos humanos llegan a alcanzar niveles impresionantes. Es decir, si muchos mexicanos nos enfrentamos al tema de la corrupción, discriminación, injusticia, para los pueblos indígenas este tipo de violencia se magnifica, por su condición de ser pobres, indígenas y campesinos.”
Víctor Hugo López refiere que la violencia en Chiapas tiene muchos frentes: aunque la más visible es la imagen del territorio ocupado militarmente, hay un territorio ocupado y copado por proyectos de “desarrollo” que están dividiendo a las comunidades y que están afrontando directamente a territorios enteros para dividirlos y confrontarlos.
Sin embargo, dice, esas condiciones y esas tensiones naturales del propio sistema van generando propuestas y alternativas. Por ello, aunque desde hace 15 años en la entidad se vive lo que él califica como una guerra contra la población, se han ido creando alternativas, muchas de éstas, autonómicas, de propuesta de otra justicia, de reconstrucción del tejido comunitario que, sin duda alguna, pueden ser guías o elementos de experiencia que podrían significar algo en el México actual.
En Chiapas, ejemplifica, han ocurrido situaciones violentas que posteriormente han reproducido su estrategia o sus efectos a nivel nacional, como la masacre de Acteal, en 1997, que impactó a nivel mundial: 45 personas más cuatro que no nacían aún fueron masacradas en una comunidad. Hoy, en el país ha habido un símil de estas masacres, que han ocurrido en distintos contextos y en distintos territorios, como Michoacán, Tamaulipas y todos los estados que están enfrentando la estrategia contra la delincuencia organizada.
En riesgo, 20 por ciento de la biodiversidad de México
Chiapas posee el 20 por ciento de toda la biodiversidad de México y ocupa el segundo lugar nacional en esa materia, indican datos del gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.
De acuerdo con la información oficial, algunos de los recursos naturales más importantes son: 10 cuencas hidrográficas y dos de los ríos más caudalosos del país: Grijalva y Usumacinta; 266 kilómetros de litoral, dos cañones (el del Río La Venta y el del Sumidero); posee siete de los nueve ecosistemas más representativos en el país y 46 áreas naturales protegidas (entre éstas, la Biósfera de Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote y las Lagunas de Montebello).
Actualmente, la administración local planea explotar dichos recursos a través de los proyectos “ecoturísticos”. Al anunciar que Chiapas será la sede de la Feria de Turismo de Aventura 2014, el 12 de mayo pasado se dio a conocer que la administración estatal “prepara un plan integral de desarrollo turístico de la región Norte y Selva, teniendo como eje de partida la Ciudad de Palenque y su zona arqueológica. Este plan proveerá de inversiones en infraestructura, señalética, capacitación y promoción, lo que permitirá consolidar rutas turísticas de la Selva y otras regiones del estado”.
Cuatro días después, los gobiernos federal y estatal señalaron como “necesidad prioritaria” efectuar un ordenamiento territorial de la Selva Lacandona, Reserva de la Biósfera Montes Azules y áreas naturales protegidas:
“El gobierno de la República y de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ordenamiento territorial para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la comunidad lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas. Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 46, que a la letra dice ’en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población’, no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin.”
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Contralínea 389 / 15 de Junio al 21 de Junio