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Tlachinollan entregará información sobre la situación de la población indígena jornalera agrícola migrante.
Tlachinollan entregará información sobre la situación de la población indígena jornalera agrícola migrante en el marco de la visita oficial a México de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias de la CIDH
Tlapa, Guerrero, México. 20 de Julio de 2011- Nota para Editores: Para entrevistas estará disponible la Lic. Margarita Nemesio Nemecio, Coordinadora del Área de Migrantes y Jornaleros Agrícolas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
OBJETIVO | La Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 2011, en atención a la invitación del Gobierno mexicano. Será la segunda visita de esta Relatoría a México, tras una realizada en 2002.
En el marco de la visita, el Relator sostendrá reuniones con las organizaciones de la sociedad civil. El CDHM Tlachinollan presentará la información que ha documentado sobre la situación de la población indígena jornalera agrícola migrantes de la región de la Montaña, en el estado de Guerrero. |
FECHA: | Lunes 25 de julio de 2011 a las 18:00-20:30 Hrs. |
LUGAR: | Ciudad de México. |
QUIÉN: | Margarita Nemesio Nemecio, Coordinadora del Área de Migrantes y Jornaleros Agrícolas del CDHM Tlachinollan. |
ANTECEDENTES: | En los últimos cuatro años el CDHM Tlachinollan ha enfocado parte de su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de las y los jornaleros agrícolas, creando un área de atención específica para dicho grupo.El estado de Guerrero ocupa el primer lugar nacional a nivel de migración interna. La primera explicación a este fenómeno tiene que ver con el alto índice de marginación prevaleciente en la entidad. En el caso particular de la región Montaña, para muchas familias indígenas la migración temporal y permanente hacia los campos de cultivos agrícolas se ha convertido en su medio para subsistir, pero también a través del cual entran a una nueva cadena de violaciones de derechos humanos e invisibilidad, ahondada por la inacción y negligencia del Estado y los particulares
El CDHM Tlachinollan ofrece asesoría y defensa legal a las y los jornaleros y a sus familias. Asimismo, acompaña e implementa acciones que permitan mejorar su situación actual y coadyuvar a revertir las causas estructurales de explotación laboral. |
La visita de la Relatoría se realizará del 25 de julio al 2 de agosto de 2011 y en ella visitará el Distrito Federal; la ciudad de Oaxaca e Ixtepec, Estado de Oaxaca; Echegaray, Tapachula y Ciudad Hidalgo, Estado de Chiapas; Veracruz y Tierra Blanca, Estado de Veracruz; Reynosa y San Fernando, Estado de Tamaulipas. La delegación estará integrada por el Relator para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Comisionado Felipe González; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, y Álvaro Botero, abogado especialista de dicha Relatoría.
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Comunidades de Chiapas se quejan de incumplimiento del gobierno
- Supuestos beneficiarios de programas sociales no han recibido lo pactado
Comunidades de Chiapas se quejan de incumplimiento del gobierno
- Indígenas y campesinos han tenido violencia en respuesta a sus quejas
Viernes 22 de julio de 2011, p. 20
San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de julio. En días recientes se han suscitado, o bien agravado, una serie de hechos represivos contra movilizaciones y protestas indígenas y campesinas en diversas regiones de la geografía chiapaneca, que aun con sus grandes diferencias, tienen dos cosas en común: son grupos que han negociado con el gobierno y participado en sus programas sociales, y lo que ahora reclaman (y los castigan por hacerlo) son incumplimientos diversos de compromisos gubernamentales. Dicho de otro modo, son familias, comunidades u organizaciones que no han estado en resistencia, sino más bien en asistencia.
Se trata de reubicaciones pactadas, algunas consumadas, que hoy naufragan. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Observatorio de Prisiones (OPN) y Maderas del Pueblo del Sureste, al presentar diversos casos que incluyen ya un buen número de presos, torturados y desplazados lo mismo en el municipio de Ostuacán que en Frontera Comalapa, Salto de Agua, Jaltenango y Tecpatán, expusieron:
Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer la comunidad Juan de Grijalva, y hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno para poner en marcha el ambicioso proyecto de ciudades rurales, más que solucionarse los problemas de la zona, se ha generado confrontación dentro de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.
En el caso de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, muchos debieron abandonar sus viviendas porque son inhabitables, mas ya no pueden regresar a su domicilio original en el área conocida como El Tapón, tras las inundaciones del río Grijalva en noviembre de 2007, cuando fueron afectadas decenas de comunidades; a los habitantes de La Herradura (Rómulo Calzada), el gobierno no les ha cumplido, pero ya concesionó sus tierras a empresas de Japón y Estados Unidos para criar tilapia. ¿Quién nos va a devolver lo que se perdió?, el gobierno se comprometió, y nada
, lamentaba el campesino Victorino González.
En este surtido de casos están unas familias choles que han sido desplazadas seis veces, dos de ellas de Montes Azules, y ahora fueron expulsadas por paramilitares
, dicen, de Las Conchitas (Salto de Agua), donde las reubicó el gobierno años atrás con una serie de promesas incumplidas, y ahora ni sus casas conservan. Fueron expulsados y las autoridades no intervienen para protegerlos. Hoy acampan frente a la catedral de San Cristóbal, respaldados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exigiendo justicia.
Llama la atención que, además de las protestas de afectados, también se han reprimido movilizaciones de apoyo por organizaciones como MOCRI-CNPA-MLN. En Tecpatán y Frontera Comalapa, este apoyo costó la cárcel a más de 20 de ellos en semanas recientes. La mitad, de Tecpatán, siguen presos y en muy malas condiciones. Algunos fueron torturados por policías, como Santos Salas Vázquez, de 60 años, a quien le quemaron con fuego ambos codos y no ha recibido atención.
En Jaltenango, decenas de familias a medio reubicar esperan vivienda y llevan dos años en un campamento de refugiados en condiciones de insalubridad y abandono. La Villa Rural (variante de las publicitadas ciudades) Emiliano Zapata, pactada entre la OPEZ-MLN en Tecpatán y el gobierno estatal, y que está casi concluida, lleva abandonada casi dos años pues no es segura; mientras, sus potenciales pobladores viven en condiciones insalubres. En el trayecto, su organización se fracturó, hay dirigentes presos y está en suspenso el futuro de los barrios Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Nuevo Limoncito, Ricardo Flores Magón y Los Guayabos. En sus protestas han ocupado instalaciones de la ONU, por aquello de los Objetivos del Milenio
.
Y aun así, todos ellos siguen esperando del gobierno que pague lo justo
, les cumpla y deje de perseguirlos judicialmente.