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LA TRIBU YAQUI EN LA MIRA REPRESIVA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
El abasto de agua en la ciudad de Hermosillo viene siendo una problemática ya añeja, propiciada por la propia naturaleza de una geografía semi-desértica en donde han bajado de manera significativa el nivel de los mantos acuíferos de la región y propiamente el lugar donde se ubica la ciudad, habiendo poco afluencia de lluvias.
Mas sin embargo estos no son elementos fundamentales para expresar de manera critica la escasez del líquido vital. En esencia desde el historial de los años 50 del siglo pasado la sobre-explotación de los mantos acuíferos por la voracidad de la burguesía regional de aquel entonces en la perforación de un sin número de pozos para los campos agrícolas, principalmente en la Costa de Hermosillo llevo a disminuir drásticamente el nivel de agua en los pozos, ocasionado un cambio en el patrón de cultivo; dejando de sembrarse trigo, algodón, por otros cultivos que menos agua consumen como la uva, la nuez etc; además de dotar alta tecnologías de riego para dichos cultivos.
Esa voracidad de los dueños de los campos agrícolas, no conforme con la explotación de miles de jornaleros agrícolar por acumular ganancias al precio que fuera, llevo los recursos de los mantos acuíferos hasta prácticamente el agotamiento.
En lo que se refiere al agua para el consumo humano de la capital sonorense, y dada la apertura de la Inversión Extranjera Directa a empresas trasnacionales, ofreciéndoles por parte del gobierno del Estado, toda una infraestructura, entre ellas dotarlas de suficiente agua para sus actividades empresariales. Las empresas que más consumen agua en Hermosillo son la Ford, las refresqueras.
En las redes de tuberías de la ciudad prácticamente se pierde el 40% del agua a través de las fugas.
El agua es manejada de acuerdo a las políticas del gobierno Estatal y municipal en turno, como proyecto Neoliberal; trátese de panistas o priistas cualquier proyectos es para beneficiar a esa Oligarquía Nacional y Estatal desde las filiales panistas de Felipe Calderón y Guillermo Pádres Elías y las empresas Trasnacionales.
Muchos han sido los intentos de hacer llegar agua a la ciudad, con proyectos como la desaladora, y ahora el famoso “Acueducto Independencia”, todos con la marca de negocios y ganancia de los empresarios.
Quien maneja los recursos hidráulicos desde el gobierno federal y estatal, es quien reparte los privilegios entre empresas y amiguismo validos de cooperar en las obras de infraestructura, al fin y al cabo es un negocio lucrativo bajo el agua. El Acueducto esta concesionado por 50 años a Carlos Slim y otros socios que comparten el mismo proyecto de la carretera costera y otros proyectos neoliberales en la zona.
Uno de los principales afectados del Proyecto “Acueducto Independencia” es la Tribu Yaqui. Desde el gobierno del General Lázaro Cárdenas a través de un decreto restituyo al Pueblo Indígena Yaqui el reconocimiento de sus tierras y sus aguas que desde siempre, por ser originarios de estas tierras les han pertenecido como Pueblos Indios. En entrevista que hizo la Radio Comunitaria “Regeneración Radio” desde el D.F. a Mario Luna integrante de la Tribu Yaqui denuncio el estado de sitio en que se encuentra la comunidad Yaqui en Vicam Sonora desde hace más de un mes, por parte de 70 patrullas estatales que el gobierno del estado Guillermo Pádres Elias envió con actitud represiva, ante el intento de autodefensa de sus elementales derechos de la comunidad Yaqui por detener dicho proyecto “Acueducto Independencia”. Esta defensa es considerada como una defensa Ante la Vida, y la condena de la Tribu sin el agua a la Muerte en la Región; pues de las 18 mil hectáreas que siembran, con dicha restricción de agua solo alcanzarías a sembrar 8 mil hectáreas por lo cual prácticamente se terminaría la Vida en la Comunidad; además de afectar a parte del Sur de Sonora a comuneros, propietarios en pequeño, colonos. Aunque el Latifundio, ricos agricultores se han colgado de la lucha del Pueblo Yaqui, pero fundamentalmente el arrase es contra los pueblos originarios de estas tierras y contra los de abajo, los pobres.
El compañero Mario Luna agrego las actitudes provocadoras de los cuerpos policiacos y judiciales, las agresiones y golpes y la detención de 9 compañeros, ya libres bajo fianza y 10 procesados por acusación de ataques a la vías generales de comunicación. Ante los Tratados Internacionales y los Derechos de los Pueblos Indios de consultarles por parte de los gobiernos sobre cualquier proyecto que se intente hacer en su Territorio y estos por supuesto dar el aval, para ello.
Los Pueblos Yaquis ante tal situación en lugar de dividirlos, los ha unido; pues prácticamente es un Intento de desaparecer la vida comunal Yaqui y de los pueblos Indios en Sonora; con lo cual la respuesta de la comunidad es organizada, pacífica, y con Dignidad.
LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD SONORENSE, en torno a las Demandas de la Comunidad Indígena Yaqui.
¡ Alto a la Represión!.
Raúl Jardón T.
La Otra Campaña en Sonora.
A punto de estallar otros Acteal
Por: Laura Castellanos
La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.
En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.
El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.
El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.
En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.
Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.
Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.
En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.
En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.
¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?
Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.
De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.
El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.
Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.
Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.
El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.
Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.
En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.
El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.
Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.
El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.
EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.
Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.
Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.
La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.
Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.
De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.
Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.
También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.
De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.
Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.
La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.
Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.
Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.
Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad y Roberto Barrios.
Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.
La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.