¡Descubre la Urgencia de la Soberanía Alimentaria en Nuestro Nuevo Podcast!
Acompaña a Nury Martinez de Colombia y Arturo Aliaga de Cuba mientras exploran el concepto de Soberanía Alimentaria desde su perspectiva única, arraigada en sus vidas diarias como campesinxs. Este concepto, surgido de movimientos de base como La Vía Campesina a finales de los años 90, se ha convertido en una respuesta crítica a las crisis que afectan a nuestro planeta y a la humanidad en la actualidad.
En su núcleo, la Soberanía Alimentaria defiende el derecho a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos de manera sostenible y ecológica. Empodera a las personas para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, asegurando el control de lxs productores de alimentos sobre recursos esenciales como la tierra, el agua, las semillas y la biodiversidad.
Nury y Arturo discuten cómo la Soberanía Alimentaria ofrece un salvavidas mientras luchamos contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las amenazas ambientales. No se trata solo de agricultura; se trata de dar forma a una sociedad que aborda las principales crisis de nuestro tiempo. Se opone a las “soluciones” de las élites globales, que ponen un mayor énfasis en la seguridad alimentaria y a menudo resultan en la apropiación de tierras, poniendo en peligro a lxs pequeños productorxs.
Si te preguntas cómo un retorno a la producción de alimentos localizada, el conocimiento tradicional y el empoderamiento comunitario pueden ayudar a abordar los problemas más apremiantes del mundo, este podcast es imprescindible.
PALESTINA: Un mes de genocidio en Palestina por el Estado de Israel y más de 70 años de ocupación militar. Más de 10 mil víctimas mortales, de las cuales más de 4 mil son infancias.
PANAMÁ: Tercera de semana de movilizaciones masivas en el contexto del paro contra la minería. Exigen cancelación de contrato minero.
Desde el ombligo del monstruo::.
CDMX: Otomies en resistencia y rebeldía resisten ante intento de desalojo en su lucha por la vivienda digna y contra el olvido. Bloquean avenida por más de 20 días y doblegan al gobierno. Tercer aniversario de la TomaINPI, ahora la Casa de los Pueblos.
GUERRERO: Costa de Guerrero es destruida por huracán Otis categoría 5. Ante ineficiencia del gobierno y militarización, el pueblo se organiza. Más de 800 cientos mil personas.
CHIAPAS: Comunicados zapatistas anuncian cambios en la estructura de sus autonomías y llaman a actividad en zona rebelde por los 30 años del levantamiento.
OAXACA: Convocan a Faena por los presos de Eloxochitlan de Flores Magón el 18, 19 y 20 de noviembre.
JALISCO: ¿A dónde van los desaparecidos? Ante una grave crisis de desapariciones forzadas en el país. Madres buscadoras de Jalisco encuentran un crematorio clandestino, el tercero en el estado.
Fotos: Indígenas que viven en aislamiento en Perú. Fuente: Ministerio de Cultura de Perú
Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en territorios del Perú son amenazados por la expansión de proyectos extractivistas. Desde el Estado y gremios empresariales, se intenta desconocer su existencia para sumar concesiones de infraestructura y explotación de hidrocarburos, minerales y madera.
Se estima que 7,500 indígenas (5,200 sin contacto y 2,250 en contacto inicial), distribuidos en unos 20 pueblos originarios, viven aislados en áreas remotas de la Amazonía peruana.
Para su protección, en 2006 se promulgó la Ley 28736 (Ley PIACI), que dispone la creación de reservas en zonas de asentamiento temporal y tránsito de las comunidades nómadas.
Se trata de la única norma que los resguarda en las ocho naciones suramericanas que comparten la selva amazónica, donde se tiene referencias de 114 pueblos aislados, de las cuales 60 han sido confirmadas, según el Observatorio Regional Amazónico.
Desde entonces se crearon dos reservas para pueblos en aislamiento. De otras cinco planificadas con este objetivo, solo dos son adecuadas para las comunidades indígenas. Otras seis se encuentran en la etapa de solicitud.
En comparación con la experiencia reciente en Ecuador del “Sí” al Parque Nacional Yasuní, una histórica consulta popular que rechazó la actividad petrolera que afecta a la reserva, habitada por pueblos transfronterizos, “existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano”, observan Guisela Loayza y Eduardo Pichilingue, de la alianza Cuencas Sagradas.
Por: Marcos Arana, Observatorio del Derecho a la Salud
Condenar a Israel por sus crímenes no es un acto de antisemitismo. Con su desmedida crueldad e insensibilidad por la vida de la población civil palestina, y especialmente de sus niños, Israel traiciona los fundamentos del judaismo en los que existe un mandamiento por encima de todos los demás, y que habla del poder y de la importancia de la empatía “no oprimirás a un extraño, porque conoces el corazón de un extraño: fuisteis extraños en la tierra de Egipto” (Shemot 22:20)
Con su desprecio por la vida de los palestinos, el Estado de Israel despoja al pueblo la autoridad moral y el valor simbólico que el mundo confirió a los judíos al término de la Segunda Guerra Mundial por su sacrificio y resiliencia; y cuyo testimonio debió haber sido para toda la humanidad, un recordatorio perenne de que las atrocidades que padecieron fue un crimen que jamás debió repetirse. Sin embargo, en lugar de honrar la historia de los millones de judíos europeos que fueron exterminados, el gobierno de Israel distorsiona la narrativa para justificar el despojo y matanza de palestinos. Del mismo modo, chantajea y manipula las culpas que persisten entre los dirigentes de los países que se mostraron pasivos, silenciosos o colaboradores ante la barbarie nazi. El chantaje de Israel tiene como objetivo el de conseguir respaldo de esos gobiernos para su campaña etnocida y para neutralizar los esfuerzos de las Naciones Unidas para lograr el alto al fuego.
Estados Unidos y la Unión Europea garantizan la impunidad de Israel incluso cuando éste viola reiteradamente el derecho internacional. Israel comete aahora el mismo tipo de excesos que lo mismos países que lo apoyan cometieron durante los momentos más obscuros episodios de sus historias coloniales.
Su complicidad impide el cese al fuego y avala el genocidio en Gaza y Cisjordania. La posición de estos gobiernos los llenará de vergüenza y llenará de culpas en el futuro por haber sido colaboracionistas de uno de los más grandes crímenes masivos de la historia reciente. Algún día deberán rendir cuentas por reprimir y desoir el clamor se sus ciudadanos que exigen un freno a la agresión de Israel. De este modo, los gobiernos de estos países no sólo han permitido, sino ayudado para que el Estado de Israel use abusivamente del nombre y la historia de un que fue pueblo victimado para convertirse en verdugo.
La escalada militar que lleva a cabo Israel contra Gaza es mucho más que un acto de desmedido castigo; constituye una acción premeditada y largamente planeada para que aprovecha como pretexto el ataque de Hamas para poner en marcha su solución final al problema palestino. De manera similar al “Endlösung der Judenfrage” o solución final que los genocidas nazis ejecutaron contra judíos y gitanos. En estos momentos, el gobierno de Israel instrumenta una solución final contra los palestinos; el escenario cambió, ya no es el Ghtetto de Varsovia o la Galizia Ucraniana; ahora es Gaza. No es ya la cruz gamada, sino la estrella albiazul de la bandera de Israel. La solución consiste en aniquilar a los palestinos desde la cuna y el vientre de sus madres y arrojar a los sobrevivientes al desierto de Egipto. Este es es plan, meticulosamente realizado por Israel. Biden, Macron, Sunak, Scholz y otros líderes auropeos lo avalan, y forman el círculo que protege el linchamiento.
Para llevar a cabo la “solución final”, los alemanes coordinaron y perpetraron el asesinato de los judíos de Europa. Asesinaron a los judíos por medio de la implementación de políticas que llevaron a la inanición, a las enfermedades, a actos aleatorios de terrorismo, a fusilamientos masivos y a la muerte por gaseo. La diferencia es que en el Holocausto Palestino, el fuego para el sacrificio proviene de las armas estadounidenses.
Afortunadamente, el gobierno de Israel no representa a todos los judíos ni a todos los israelíes. Decenas de miles de judíos se oponen al etnocidio, marchan y levantano su voz para exigir que Israel detenga la masacre y para decirle “ ¡No en nuestro nombre!”.
Los Judíos por la Paz, que exigen a Israel poner un alto a la masacre de palestinos nos recuerdan la digna diferencia que hubo entre los alemanes que se sumaron a romper ventanas y denunciar a los judíos y los que escondían y protegían a los perseguidos a inicios de la Segunda Guerra Mundial.
No es aceptable que los millones de personas que en todo el mundo se oponen al genocidio y despojo del pueblo palestino seamos impotentes para detener el genocidio. Podemos exigir a los gobiernos los países de América Latina a retirar a sus embajadores en Israel y romper relaciones diplomáticas. De manera valiente, el presidente Petro de Colombia ya lo anticipó. Mientras terminaba de redactar este texto, la República Pluricultural de Bolivia anunció su ruptura de relaciones diplomáticas con Israel mediante una enérgica denuncia por el genocidio de los palestinos. Ojalá otros países dela región tomen la misma decisión.
Exijamos el aislamiento y el boicot económico a Israel; demandemos que Netanyahu y Yoav Galant, el ministro de defensa de Israel sean formalmente acusados como los criminales de guerra que son; solicitar que se expidan ordenes de arresto internacional en su contra, que no puedan viajar, que sean aislados, señalados, acusados, que no queden impunes.
Y junto con los otros promotores de la guerra, quienes se han lanzado en una guerra de exterminio contra el pueblo palestino, son también culpables distraer al mundo entero de la urgente tarea de luchar contra un cataclismo climático mundial. Sus maquinarias de guerra aceleran vertiginosamente su intensidad. Sus maquinarias de guerra también nos asesinan.
En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.
En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.
Sequía en el Perú. Foto: Agencia Andina
“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.
Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.
Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras
El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.
“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.
Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.
Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.
Foto: Red de Comunicación Regional
“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.
En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.
En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.
Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A los medios de comunicación.
Hoy 12 de octubre se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo; pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal; y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México,
Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente.
México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y los cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI.
México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución, nunca antes vista, de migrantes mediante el uso de la guardia nacional y las fuerzas castrenses.
Particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales, mismo que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace tres décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando los más de 100 ataques, entre 2019 y 2023, que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.
Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F
Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado.
Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.
La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.
Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.
En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez
Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.
El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.
Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.
La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.
Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.
“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.
Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.
“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.
Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.
Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.
Se expande la contención en Chiapas
El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.
Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.
Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.
“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.
Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.
En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.
Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez
Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.
Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.
“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.
Paran los números
Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.
El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.
Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.
Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.
Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).
Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.
Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.
En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene
El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.
El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.
A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.
La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.
De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.
“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.
Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.
De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.
Avance de la coca
El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.
“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.
“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.
Herramientas legales
Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.
Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.
Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.
Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.
El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.
La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.
Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.
CHIAPAS: NotiFrayba: Chiapas; la memoria, la lucha por la justicia y libertad. Por Cdh Frayba.
MÉXICO: Conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Por Noticias de Abajo
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