El pasado 18 de julio cinco pueblos indígenas concluyeron la “Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área de bosque de Tsimanes”, tras 13 días de recorrido y reconocimiento del Bosque, su territorio,  que ahora ha sido declarado área fiscal por el Instituto de Reforma Agraria (INRA).

La Caminata devela lo que, en perspectiva nacional, enfrentan varios pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos, o por otras acciones del estado y sus instituciones. Pero también señala la respuesta desde las comunidades indígenas, las cuales alarmadas por las continuas agresiones a sus territorios, se movilizan desde sus propios espacios para proteger sus lugares de vida, que por centenares de años han ocupado.

Testimonio de Paulina Nosa, Presidenta de la Organización de Mujeres del TIM:

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En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.

En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

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MANIFIESTO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE

Ante el asesinato de Luis Marileo Cariqueo (24 años) y Patricio González Guajardo (23 años), el brutal allanamiento policial que sufrieron niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui (Región de la Araucanía, Chile) el día 14 de junio de 2017 y frente a la violencia policial sistemática contra comunidades mapuche que impulsan procesos de recuperación y defensa territorial, los profesores y profesoras, estudiantes, activistas, profesionales e integrantes de organizaciones sociales que suscribimos este manifiesto internacional venimos a expresar lo siguiente:

1. Rechazamos enérgicamente que el crimen de Luis Marileo y Patricio González sea calificado como acción de “legítima defensa” frente a supuestos actos “delictuales” o “terroristas” mapuche. El asesinato debe ser contextualizado en la incapacidad que el Estado chileno, la clase política y los gobiernos democráticos han tenido en generar las condiciones para una resolución política a las legítimas demandas del pueblo mapuche por recuperar su territorio y derecho a la autodeterminación. De igual forma, la llamada “legítima defensa” y “paz” que pregonan organizaciones de latifundistas en la Región de la Araucanía, lo que busca es cercenar derechos al pueblo mapuche y acentuar la violencia contra líderes, comunidades y organizaciones que protagonizan procesos de reclamación territorial en el marco de la construcción de autonomías y reparaciones históricas frente al despojo.
2. Repudiamos con indignación la violencia policial que sufrieron los niños y niñas de la Escuela G-816 de Temucuicui, quienes producto de los gases lacrimógenos expulsados por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, debieron huir del lugar asfixiados y atemorizados. Estos acontecimientos no constituyen efectos colaterales del actuar policial, por el contrario, son parte de una estrategia política estatal que mediante la violencia focalizada hacia niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pretende infundir terror y desmovilizar a actores que son fundamentales para la reproducción y proyección autónoma de la vida social, política y cultural mapuche.

Esta estrategia de golpear, amedrentar y violentar a niños y niñas, es común en el despliegue de las Guerras de Baja Intensidad (GBI), pero también representa la continuidad de los castigos, la violencia simbólica y los secuestros vividos por generaciones mapuche en las escuelas misionales, estatales e internados durante el siglo XX, como parte de una política estatal de exterminio legitimada en las ideas de “progreso” y “civilización”. La continuidad de esta violencia en nuestros días, justificada en discursos de seguridad nacional, no hace más que aumentar la rabia acumulada producto de una historia larga de violencia y despojos coloniales.

3. Los asesinatos de Alex Lemún (2002), Julio Huentecura (2004), Zenón Díaz Necul (2005), José Huenante (2005), Matías Catrileo (2008), Jaime Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), Macarena Valdés (2016) Luis Marileo y Patricio González (2017), así como la sistemática criminalización y violación de los derechos humanos mapuche durante el contexto democrático post-dictatorial chileno, no constituyen eventos aislados. Se explican por un Estado de Ocupación Colonial que se forjó a raíz de la ocupación militar de la Araucanía y la violenta colonización de la Fütawillimapu en los siglos XIX y XX. Esta estructura colonial profunda, instalada en la organización política del Estado, los procesos territoriales, la economía, la desigualdad estructural en Chile y enquistada en las prácticas cotidianas mediadas por el racismo, en el actual contexto neoliberal se agrava con la violencia que el capital extractivo (forestal, minero, acuícola, hidroeléctrico, etc.) y la economía de activos ejerce sobre el territorio histórico mapuche, las vidas humanas y no humanas que en éste habitan. Es por ello que la defensa mapuche del territorio, es ante todo una defensa y lucha por la vida de todas y todos.
4. La violencia que vive el pueblo mapuche en la actualidad, al no restringirse a una coyuntura exclusiva de los gobiernos democráticos, sino a un problema histórico de profunda complejidad que permea distintos campos de la vida, entre ellos la academia, los trabajadores, los estudiantes, pobladores, inmigrantes y organizaciones sociales diversas, requiere de pronunciamientos y alianzas para generar un cambio estructural de las relaciones de poder en Chile.
5. Consideramos que las posibilidades de resolución del conflicto que el Estado y el gran capital mantiene con el pueblo mapuche, necesariamente deberán considerar la complejidad y magnitud de los procesos históricos, socioeconómicos, políticos e ideológicos que connotan el Estado de Ocupación Colonial. Para ello, el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, la restitución territorial, el freno al capital extractivo, la desmilitarización de las comunidades, la libertad a los presos políticos, el cese a la criminalización, así como la justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y el presente contra el pueblo mapuche, debieran situarse como parte de una plataforma básica desde la cual establecer una negociación política.

Junio de 2017

¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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Fuente: Revista Anfibia

Mariana D. se cambió el apellido hace un año. Es la hija del represor Miguel Etchecolatz. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo. Como las 500 mil personas que se movilizaron en Buenos Aires contra el 2×1, como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la cárcel. “Es un ser infame, no un loco. Un narcisista malvado sin escrúpulos”, dice ella, que padeció la violencia de Etchecolatz en su propia casa.

La hija de Miguel Etchecolatz camina por Avenida de Mayo y Perú buscando a sus dos amigas. No agita el pañuelo blanco ni salta con los cánticos. Podría ser cualquier mujer de las miles que asisten a la marcha contra el 2×1. Salvo sus amigas, ninguna de las 500 mil personas que se amontonan en la Plaza de Mayo y alrededores y gritan “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar” saben que esa mujer anónima es hija de uno de los hombres más conocidos de la represión. Se llama Mariana D. Hace un año se cambió el apellido.

Mariana lloró cuando se conoció el fallo de la Corte que otorgó el 2×1 al represor Luis Muiña. Horas después del fallo de la Corte, Etchecolatz, condenado seis veces por delitos de lesa humanidad, pidió el beneficio del 2×1. Como los que marcharon el 10 de mayo, como millones de argentinos, quiere que los genocidas condenados mueran en la cárcel. Que su padre, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, muera en la cárcel. Mariana D. fue por primera vez a una marcha por los derechos humanos. Nunca se animó a ir a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Por miedo a ser rechazada. Por miedo a no poder soportar el dolor en vivo y en directo. Pero ahora está allí por primera vez para decir que ella, también, desea verlos morir en la cárcel.

Etchecolatz era una presencia fantasmagórica en su casa de Avellaneda. Mariana y sus hermanos varones J .M. y F. M. solo lo veían los fines de semana. De lunes a viernes, el padre conducía el aparato represivo de la ciudad de La Plata y alrededores. Daba órdenes para secuestrar personas, torturarlas, asesinarlas. Los sábados y domingos Etchecolatz casi no hablaba. Se la pasaba echado en una cama mirando televisión. Cada tanto emitía un silbido: había que llevarle rápido un vaso de agua mineral fresca con gas. Si algo no le gustaba, Etchecolatz les pegaba unos bifes con la palma abierta a sus hijos.

Mariana supo de grande que su madre intentó varias veces escaparse con ella y sus dos hermanos. Lo planeó varias veces. Etchecolatz se dio cuenta y la amenazó: “Si te vas te pego un tiro a vos y a los chicos”.

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Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras,  invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica  y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.

Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.

Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano,  ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002.  Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la  mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la  Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1],  es catalogada como  zona estratégica:

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Señor Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron,

haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

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