La Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) expresamos profundo dolor y repudio por el asesinato del joven Luis Fernando Ayala de 16 años, quien participó en acciones por la defensa de la tierra, así como en protestas post electotares en el nor occidente del país.

El cadaver de Luis Ayala fue encontrado hoy en la mañana en la aldea Concepción Sur en el departamento de Santa Barbara, sin manos y con otros signos de tortura. Según integrantes de su organización Luis Ayala fue visto por última vez con vida el día anterior.

Ayala y su familia han sido miembros activos del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, donde hace más de tres años se lucha contra la concesión minera para la extracción de yeso otorgada por un período indefinido y que amenaza con desaparecer la comunidad de Arenales en ese municipio.

Es importante recalcar que desde el proceso de elecciones fraudulentas realizado en Honduras en noviembre del año pasado, se han registrado más de 40 asesinatos a hombre y mujeres que se han opuesto al continuismo y proyectos extractivos.

Como articulación nacional, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras nos solidarizamos con el MAS, organización que integra este espacio, condenamos enérgicamente el asesinado de Luis Ayala y exigimos una investigación exhaustiva y castigo a los responsables de este brutal crimen.

Demandamos la desmilitazicación inmediata del país, alto a la persecusión y asesinato a lideres y liderezas que se oponen a los proyectos del capital transnacional.

Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
20 de Febrero de 2018

NACIONALES

-OAXACA Asesinato de integrantes del CODEDI, mensaje de terror para defensores en Oaxaca. Radio Planton

La aurora del veintiséis de enero

Por Ignacio Andrés
[Fotografía: Karynn Cabrera Rosales]

El pasado sábado 27 de enero, en la plaza ubicada en la intersección entre Avenida La Bandera y calle Sargento Candelaria, se celebró la conmemoración del 48° aniversario de la toma “26 de enero”, primer nombre del campamento que derivaría en la actual Población La Bandera.

Un 26 de enero de 1969, a las 3 de la madrugada y con consignas tales como “casa o muerte”, alrededor de 300 familias —a las que poco a poco se sumarían más— realizaron la ocupación del Fundo La Bandera, constituyendo lo que en un principio se denominó el “Campamento 26 de Enero” y más tarde la “Población La Bandera”. Este suceso marcó un punto de inflexión para otras ocupaciones de terreno que se desarrollaban en Santiago en aquel entonces, logrando generar instancias de coordinación entre las mismas, como lo fue el “Congreso Provincial de Pobladores” en 1970. Es así como en el origen de esta Población se correlaciona el problema de la vivienda, la ascendente movilización social y la colaboración del Movimiento de Izquierda Revolucionaria o MIR*.

 Acerca de la conmemoración del 48° aniversario de la toma “26 de enero”

La jornada comenzó al caer la tarde, tras los preparativos llevados a cabo principalmente por los Talleres Libres Veintiséis de Enero, con un pasacalle en donde participaron la comparsa “La Sin Nombre”, la batucada “Bombanda”, los zanquistas de “Pensamiento Rebelde” y la agrupación “Chikitinkus”.

A continuación tuvo lugar la presentación en escenario de los distintos talleres impartidos. Fue el caso del taller de cuentacuentos, de teatro y de defensa personal. En paralelo, fueron exhibidos los trabajos del taller de arte, de xilografía y telar, cuyo montaje fue distribuido por la plaza. En el caso del taller de huerto, fueron entregadas semillas a modo de reconocimiento para sus participantes. Aparte, lo aprendido en el taller de tinku fue manifestado en el pasacalle previo.

Más tarde fue el momento de la música, a cargo de Abraham, quien tocó trova con un repertorio propio. En simultáneo fue pintado un mural a cargo de Camilo Aguirre y otros compañeros, dedicado a la agrupación “Chikitinkus”.

Por otro lado, la misma jornada valió para el lanzamiento del libro “El árbol” de María Luisa Bombal Anthes (1910 – 1980), cuento escrito en el 1939, impreso para la ocasión y editado por Colectiva Púrpura. El mismo caso para “Sororidad”, una serie de ensayos sobre sororidad, con relatos y testimonios sobre la misma, así como también del fanzine de “Maracas insumisas” que abarca el estereotipo de la femineidad y lo bello, instrumental al patriarcado. En el mismo stand de Colectiva Púrpura se contó con medicina y cosmética natural vegana.

Para el cierre fue dejada la proyección de los documentales “La toma de La Bandera” (2014), acompañado del estreno de “Recogiendo memoria”, producidos por los Talleres Libres Veintiséis de Enero y todavía en proceso de edición.

El primero revela la historia de la toma, remitiéndose a los tiempos en que el sector era un fundo, la organización para la toma, la resistencia al desalojo. Proceso representado por un elenco infantil, compuesto principalmente por niñas. Una crítica implícita, cuando no explícita, a una historia en la que sobresalen los dirigentes —que no perduran en el posterior desarrollo de la Población—, y que oculta el desarrollo político cotidiano, sostenido en el hogar y conducido principalmente por pobladoras.

Lo anterior es fundamental a la hora de abarcar el devenir de la población durante la dictadura, así como desde la transición pactada hasta el presente. Algo que abarca el documental que se mostró a continuación, donde se recogen testimonios de organización en el período dictatorial —que en ciertos casos prefiguraban una sociedad nueva desde la misma organización barrial—, y que al mismo tiempo, expone los nada extraños casos de violencia doméstica, frente a los cuales fueron constituidos incipientes órganos de autodefensa femenina, según detallan algunos relatos.

No menos relevante es señalar que el pasacalle —así como el carácter de la jornada misma— fue dedicado a las pobladoras, que explotadas y oprimidas, mantienen la organización territorial. En virtud de ello, fue citado al comienzo de la actividad el caso de Lorenza Cayuhan Llebul, mujer mapuche quien el 17 de octubre de 2016 fue obligada a parir engrillada y frente a la presencia de un gendarme hombre, en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción**, así como también el caso de Joane Florvil, quien murió el 30 de septiembre del 2017, tras un mes de hospitalización en la Posta Central, por golpes supuestamente autoinfringidos —los que en realidad fueron propinados por carabineros según se constató más tarde***—  luego de haber sido acusada de abandonar a su hija de dos meses de edad. Más tarde quedaría establecida la inocencia de Joane, quien murió sin volver a ver a su hija****.

Como resultado, la conmemoración, lejos de ser un evento nostálgico, formal o de acento patrimonial, fue una denuncia de la violencia sistemática hacia las Poblaciones por parte del Estado, con especial ensañamiento hacia  las mujeres y niños, así como también de la violencia en el hogar, muchas veces omitida, tanto como el importante rol de las pobladoras en el pasado y presente de la organización territorial.

Pero además, a partir de todo lo anteriormente expuesto, entramos en cuenta de que tales problemáticas —enraizadas en lo más profundo de nuestra sociedad—, lejos de suponer un impedimento para el encuentro entre vecinas y vecinos, lo fomentan, y que La Bandera, además de ser un territorio de digna memoria, es una comunidad rebosante de  (auto) organización, donde la lucha, la sencillez y el afecto van de la mano y perduran todavía, desde aquella madrugada de 1969, en el alma de la Población.

Notas

* Para una breve revisión del origen de la Población recomendamos dos artículos, de distinto origen y énfasis contrapuesto. En primer lugar, “No éramos del MIR los pobladores, nosotros estábamos por una necesidad que era la vivienda: Los pobladores del campamento Nueva La Habana y el MIR, 1970-1973”, disponible en http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php?journal=RHyG&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=1202&path%5B%5D=973. En segundo lugar, “Historia de la toma de la Bandera (La 26 de Enero)” a cargo del Colectivo Miguel Enríquez, disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11483.

** “Querellas y manifestación por caso de mujer mapuche obligada a partir engrillada y con presencia de gendarmes hombres”, disponible en http://www.mapuexpress.org/?p=12201.

*** “Director de la Posta Central declara que Joane Florvil habría sido golpeada en la comisaría”, disponible en http://www.24horas.cl/nacional/director-de-la-posta-central-declara-que-joane-florvil-habria-sido-golpeada-en-la-comisaria-2545581.

**** “El mes de injusticia que apagó la vida de la haitiana Joane Florvil en Chile”, disponible en http://www.eldesconcierto.cl/2017/10/06/el-mes-de-injusticia-que-apago-la-vida-de-la-haitiana-joane-florvil-en-chile/.

Continua vulneración de derechos indígenas en Bolivia: balance de años

El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera, elaboró una sistematización sobre vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia del 2006 al 2017, titulada “Mapa de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia”, cuyo resultado final fue presentado el segundo semestre del año 2017.

A 12 años del gobierno del Movimiento Al Socialismo y 8 de la creación del Estado Plurinacional, resulta fundamental para todxs saber datos sustentados, y  debatir sobre esa base, respecto  la situación de pueblos indígenas, territorios indígenas y áreas protegidas que están superpuestas a éstos. En este marco, difundimos, con previa coordinación con el autor, la investigación completa en formato PDF de descarga libre, con el ánimo de impulsar el debate sobre cuestiones de fondo que están señaladas en todo el documento.

Sobre la base de una amplia revisión de datos, testimonios y hemerografía, Ribera identifica que durante 11 años de gobierno del MAS, existieron 65 violaciones de derechos indígenas, varias de ellas revisten mucha gravedad. Así como señala nueve situaciones estructurales relacionadas a la aprobación de normas legales que afectan seriamente a  los pueblos indígenas. Aunque la lista está abierta a ampliarse, como señala el autor, la cronología, formas y detalles de las sucesivas normativas y acciones impulsadas desde el estado que se muestran en la investigación, nos permiten establecer por lo menos tres puntos centrales que proponemos:

• Los derechos de pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en el país así como las normas internacionales, han sido desconocidos y vulnerados de manera continua desde los primeros años de gobierno. A pesar de la retórica estatal sobre la Asamblea Constituyente y la plurinacionalidad, fue la época en que el gobierno realizó las primeras concesiones petroleras inconsultas en territorios indígenas, a empresas transnacionales asociadas con YPFB. Situación que no ha hecho más que agravarse. También es importante incluir los casos de comunidades campesinas como es el caso de Tariquía, (Tarija), donde existen proyectos de exploración hidrocarburífera que se están concretando ahora.
• Esta ola de vulneraciones están profundamente relacionadas con la destrucción de organizaciones indígenas, en las cuales empresas mineras o petroleras y el estado han impulsado el divisionismo, la creación de organizaciones paralelas afines al gobierno, situaciones de violencia entre comunidades y por correlato la desintegración comunitaria. Lo cual es una agudización y continuación del proceso colonialista de desestructuración de matrices comunitarias.
• La sistemática agresión contra territorios indígenas, derechos y desconocimiento de las propias formas de producción y vida de las comunidades, ha significado una nueva fase de transformación de territorios como la amazonía, el Chaco y áreas protegidas, en zonas para la explotación del capitalismo extractivista, donde el empresariado nacional, agrupado en entes como CAINCO, y transnacional, se han visto ampliamente beneficiados.

Sin embargo, frente a un panorama desolador también se evidencia que existen núcleos de resistencia que están cuestionando las formas de imponer los proyectos extractivos y de mega infraestructura en los territorios, así como a las ideas de “desarrollo” y “progreso” a nombre de las cuales se pretende arrasar a comunidades y regiones biodiversas enteras.

Invitamos a su revisión, lectura, debate y acciones.

Sigue este enlace para consultar el MAPA DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA elaborado por Marco Antonio Ribera (2017)

En Bolivia, Machi Francisca Linconao toma la palabra

(La fuerza de Tralkan)

A pesar del revuelo y especulaciones, varias de ellas con aire racista,  en la prensa y el ámbito político en Chile sobre la  llegada de Machi Francisca Linconao a Bolivia,  ella estuvo aquí la anterior semana simplemente porque tiene el derecho de viajar a donde quiera, después de haber sido absuelta por segunda vez en el caso Luchsinger-Mackay.

Francisca Linconao, Machi de la Lof Rahue, en Temuco, accedió a brindarnos un testimonio sobre su vida en estos últimos años. La vida de una mujer mapuche, autoridad espiritual de su comunidad,  en la cual podemos ver reflejadas de muchas maneras la vida y la lucha en Bolivia de mujeres en comunidades indígenas que están siendo amenazadas en su propia existencia por actividades extractivas, expansión de monocultivos, proyectos de mega infraestructura, mineros o petroleros.

Machi Francisca, fue la primera mujer mapuche en interponer y ganar un Recurso de Protección el 2009, haciendo cumplir por vez primera en Chile el convenio 169.

Para muchos de nosotrxs, el  nombre de Francisca Linconao,  fue desconocido hasta varios años después, cuando  la prensa difundió la noticia sobre su primera detención en enero de 2013 por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Antes de que medios corporativos y el estado chileno a través de la Ley Antiterrorista, vincularan e inculparan a la Machi Linconao y otros 10 comuneros mapuche por la muerte de los dos hacendados, la lucha más subterránea de Francisca Linconao se había desarrollado en Temuco, cuando ella decidió proteger las plantas medicinales y los Menokos (o fuentes de agua) de su lof,  interponiendo un Recurso de Protección frente  a la Forestal Palermo, representada por Alejandro Taladriz.

Francisca Linconao es Machi Tralkan, es decir sus poderes de curación y sanación están ligados al trueno. Su victoria frente a una forestal que realizaba la tala ilegal de árboles, la plantación de especies nocivas como los pinos y eucaliptos, que afectaron los bosques nativos y los manantiales de la comunidad,  no solo es la victoria de sus conocimientos de sanadora  frente al poder de las empresas forestales, sino una de las claves, nos dice la Machi, para entender la persecución posterior que aún continúa enfrentando.

Ella, que ganó un recurso de protección a una forestal,  y ahora, por decisión del poder judicial y presión de la familia Luchsinger, a sus 61 años,  habiendo sido absuelta dos veces, deberá recomenzar por tercera vez el proceso legal por el mismo caso.

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Ayer, 8 de enero, se realizó una marcha en Chile por la Machi Francisca Linconao y los 11 peñis procesados por la reapertura del caso Luchsinger Mackay. En estos momentos se lleva a cabo en tribunales de Temuco la audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.

Escucha aquí:

La Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la Comunicadora Daniela Salazar, quien ejerciendo el derecho a comunicar e informar estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio de 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche Lavkenche, la comunidad Ayin Mapu del Lov Huentelolen.

Producto de esta cobertura informativa Daniela Salazar, fue formalizada este miercoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuche de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en las oficinas de la CONADI por 12 millones de pesos que fueron realizadas, durante un violento desalojo, por FFEE de Carabineros.

Como Red de Medios de los Pueblos creemos que:

1. El Gobierno -sea cual sea su parcela política-, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas, o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche.

2. Los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en el Wallmapu, sobretodo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche por los Estados Chileno y Argentino.

3. Las denuncias de tortura hacia niños y niñas, no pueden ser ocultadas reprimiendo y judicializando a las madres y lamgen denunciantes de la comunidad Ayin mapu, del Lov Huentelolen; ni mucho menos silenciar el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela Salazar para evidenciar estos atropellos hacia los derechos de la infancia mapuche.

4. La libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por lo tanto, no aceptaremos que se intente silenciar, vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular, la diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar -a través de su valiente trabajo- ha logrado visibilizar, rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la elite política, las empresas y los medios tradicionales en el Wallmapu.

5. Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios, televisoras y organizaciones sociales, territoriales y mapuche para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche,

¡Por el derecho a informar y comunicar libremente!

¡No a la criminalización de comunicadores sociales y populares!

¡Termino al cerco informativo y mediático!

¡No más violaciones a los derechos humanos de la infancia mapuche!

RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS

Jueves, 4 de enero de 2018

Privados de libertad, no de dignidad

El 8 de diciembre del 2010 una tragedia enlutó la vida de decenas de familias, dejando además a todo el mundo desconcertado. Tan sólo unas horas antes, un incendio en la cárcel de San Miguel había producido la muerte de 81 reos y dejado a otros 13 gravemente heridos.  El hecho produjo varios motines e intentos de estos, así como huelgas en diversos recintos penitenciarios del país.

Preliminares de una catástrofe

Durante aquella fatídica madrugada del 8 de diciembre, un grupo de internos de la cárcel, subdivididos en “la pieza chica” y “la pieza grande”, —espacios particularmente precarios, desprovistos de iluminación y ventilación— luego de haber ingerido alcohol, comenzaron una riña en donde utilizaron elementos cortopunzantes de distintas dimensiones y un balón de gas acondicionado como lanzallamas.¹

El uso de este último fue lo que detonó las llamas, que empezaron a propagarse alrededor de las 5:00 horas. Los bomberos fueron recién alertados a las 05:47 horas, vía telefónica por un propio interno. Para aquel entonces, el fuego había consumido por completo el ala sur del penal, dejando atrapados a los internos y comenzando a matar por asfixia a  los reos del ala norte. Recién a esa hora se registraron movimientos de Gendarmería.²

Los gendarmes no utilizaron los escasos mecanismos ni protocolos de emergencia existentes, además la infraestructura disponible (mangueras, red seca y húmeda) no funcionó. A esto se suma el hecho de que las pésimas condiciones de la Cárcel de San Miguel eran ya conocidas por la autoridad. Sin embargo, no se adoptó ninguna modificación presupuestaria para mejorar su condición general.

Como si esto fuera poco, luego de la tragedia, no se proveyó ningún recurso judicial efectivo para las víctimas. Dicho en otros términos, el Estado, luego de haber generado las propias condiciones de una catástrofe sin precedentes en la historia del país, no se hizo cargo siquiera de ofrecer un reparo a las familias de las víctimas. Fue ante tales circunstancias que familias de los internos fallecidos decidieron fundar la agrupación 81 Razones por luchar —a partir de ahora 81 Razones—, con el lema “privado de libertad pero no de dignidad”.

Muchas más que ochenta y un razones

Desde su fundación —a fines del 2010— hasta el presente, 81 Razones se ha encargado de buscar mejoras para la situación de los internos en las distintas regiones del país, a través de asesorías jurídicas, pero por sobre todo, atención y afecto. Asimismo, suele convocar a una velatón conmemorativa los primeros días 8 de cada mes, al tiempo que colabora con otras instancias reivindicativas o solidarias con personas encarceladas.

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Carlos Aznárez – Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2017

Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcados a fuego por el Sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamiento durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, exactamente como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice “democrático” y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiarlos, los votan. O sea, impunidad para sus crímenes con aval “popular”, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo.

Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche es muy grave. Léase que no escribo “argentina” cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente, los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad, es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente que en sus mejores momentos (cuando no habían llegado “ellos”) se denominaba Abya Yala.
Son precisamente en esas tierras en disputa, donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político y Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad) en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios puedan seguir usufructuando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que nucleados en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Rural de Bariloche, Rio Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de “un indio menos”. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las trasnacionales y al latifundismo, es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur “operan grupos terroristas”, potenció el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en grados superlativos, imaginó junto a su ministra de Seguridad que allí también hay “gente de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA”. Suena imbécil pero hay muchos que por desgracia, lo creen de la A a la Z porque “lo dice la tele”. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que “a esos indios hay que matarlos a todos”, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. Medios estos que ayudan a poner en la superficie este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan “mapuche muerto en un enfrentamiento” e insultan el sentido común, apuntando que “se resistió con piedras”, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado.

Para “pacificar a estos salvajes”, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A.Roca entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile. Quien hoy quiera recorrer esa zona a ambos lados de la Cordillera se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros, y hasta soldados israelíes (que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino). No olvidar que al Estado terrorista sionista, siempre, desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, hay minerales, hay excelente explotación turística, y hasta petróleo.

De allí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que lo que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los Mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido desde los medios, también el Gobierno desarrolla otra tarea “necesaria” para sus fines. Amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje, que desde que Macri llegara al poder se vienen aplicando un día sí y otro también: despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informativo para que las medidas neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan “asegurar la gobernabilidad”.

Son mil y uno los ataques a las posibilidades de reacción popular, pero sin embargo no pueden ni podrán ocultar lo que se ha hecho evidente.Este Gobierno es parte fundamental de la escalada imperialista en Sudamérica, responde al FMI y al Banco Mundial, y como tal busca amordazar con hambre y represión la respuesta de un pueblo que hasta en las peores circunstancias dio muestras claras de resistencia y lucha. De eso se trata, de que las calles, las plazas y los confines más remotos de este país, muestren el repudio al terror, a los crímenes contra el pueblo mapuche, a las políticas de exterminio social contra el resto de la población. Si no se hace ahora, ellos seguirán ganando terreno y después no servirá de nada quejarse del estado de destrucción social al que se ha conducido al país. Ya se vivió con la dictadura, con Menem y con De la Rúa. Es cuestión de autodefensa no permitir que se repita.