La norteamericana Cargill y la holandesa Bunge, ambas compañías transnacionales del sector de producción y procesamiento de alimentos, están asociadas a la deforestación de por lo menos 101 mil hectáreas de bosques en la Amazonia (el mayor bosque tropical del mundo) y en el Cerrado brasileño (la mayor sabana tropical del mundo), desde Marzo de 2019. Los datos son de la investigación divulgada por la herramienta de monitoreo Mighty Earth que rastrea, en conjunto con la organización de investigación Aidenvironment, los vínculos entre la cadena mundial de comercio de soya y carne bovina con la destrucción de los bosques brasileños.
Además de Cargill y Bunge, el estudio rastreó otras empresas, como la brasileña JBS, todas vinculadas al abastecimiento de los mercados de carne y soya de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia.
Solamente en el Reino Unido, la Cargill detiene una cuota de 70% del mercado de importaciones de soya brasileña, que entra en la cadena del abastecimiento de los supermercados británicos. De acuerdo con Mighty Earth, 78% de las exportaciones directas de soya de Brasil para el Reino Unido posee origen en el Cerrado y Amazonia. Las exportaciones directas de soya del Cerrado y de la Amazonia también representan más de 50% de los volúmenes totales de soya de Brasil para Francia, Países Bajos y Alemania.
Brasil exportó para estas regiones, solamente en 2018, un total de 7,1 millones de toneladas del grano. “Esta soya es, entonces, molida y refinada y vendida a las empresas de producción de carne, para raciones para pollo, puercos y ganados. Los supermercados, subsecuentemente, venden pollo, puerco, leche y quesos a los consumidores en productos de ‘marca propia’ o de empresas de carnes bien conocidas tales como a Moy Park (en Reino Unido), Le Gaulois e Maitre Coq (en Francia) o Vion (en los Países Bajos)”, dice el estudio.
Parte de la producción de carne de ganado también se da en tierras de deforestación. Brasil exportó alrededor de 180 mil toneladas de carne para la Unión Europea y casi 80 mil toneladas para los Estados Unidos, solamente en 2017, a través de empresas como la JBS que, según el estudio, está vinculada a la desforestación de 42,5 mil hectáreas de bosques. “Esta carne de vaca es después vendida por supermercados como carne de vaca brasileña ‘de lujo’ o productos de carne de vaca procesada tales como carne enlatada Hereford (Reino Unido) o AH Excellent South American beef (Países Bajos)”, sostiene la organización en su informe.
Deforestación
Los números del Instituto Espacial Brasileiro (INPE) enseñan que por lo menos 11 mil km2 de foresta tropical en la Amazonia fue eliminada entre Agosto de 2019 y Julio de 2020, el valor más elevado en más de una década. La herramienta Mighty Earth rastreo un poco más de 2 mil Km2 , de algunos de los peores casos de deforestación y tala en el país.
A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.
No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.
El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.
Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.
La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.
La Violencia Paramilitar
La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.
La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.
Represión de protestas ante la privatización de la salud y educación. Tegucigalpa, Abril 2019
La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.
El sector de seguridad privada genera gran flujo de capital
La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.
En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.
En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.
Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.
Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.
Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar
La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.
Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.
CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).
Tegucigalpa, Mayo 2019
El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.
Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.
Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.
La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).
Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.
En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.
Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.
Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.
Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.
Este jueves14 de enero el presidente Alejandro Giammattei presentó su primer informe de gestión, pero la población no lo recibió como él esperaba, y nuevamente salió a las calles a manifestar el descontento y a exigir su renuncia.
Por Gilberto Escobar
El rechazo popular a la gestión de Giamattei se centra en la desatención que brindó a los sectores vulnerables de población durante la pandemia de coronavirus, sumado a la falta de apoyo a las comunidades que lo perdieron todo durante las tormentas tropicales Eta e Iota que golpearon al país en noviembre; los sectores sociales, colectivas feministas, autoridades indígenas, sindicalistas, estudiantes, también señalaron la imposición de estados de prevención durante el paso de las caravanas de migrantes hondureños, el incremento de femicidios y violencias contra las mujeres, embarazos por abusos sexuales en niñas; incremento de la pobreza y desnutrición, entre otros.
Foto: Nelton Rivera.
Ciudad de Guatemala
En la mañana del jueves 14 de enero, varios sectores sociales se concentraron en el parque central de la plaza de la Constitución, en donde repudiaron el primer año de gobierno de Giammattei, otros sectores como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos recordaron la excesiva violencia de las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones ciudadanas del 21 de noviembre #21N y las sucesivas, donde la población también salió a cuestionar la gestión del Gobierno y como resultado dos personas perdieron un ojo, varias heridas y hasta denuncias de torturas durante las detenciones.
Grupos como Sororidad Guatemala en el marco del primer año de gobierno también publicaron en sus redes sociales una serie de estadísticas donde señalan la incompetencia del Gobierno, señalando que en los primeros días de enero se han activado 43 alertas Alba Kent y durante el 2020 unas 695 mujeres se reportaron desaparecidas con la alerta Isabel Claudina, sumado a 455 femicidios y 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes en las edades de 10 a 19 años.
Otros de los motivos que la población señaló fueron el mal manejo de fondos y falta de transparencia durante la pandemia (10 programas sociales) y el abandono institucional durante las tormentas Eta y Iota, ya que varias comunidades aún siguen sin recibir atención e incomunicadas; la gota que derramó el vaso en la recta final del 2020 fue el presupuesto que se pretendía aprobar para el 2021 por parte de los diputados del Congreso.
En Quetzaltenango
Varios líderes comunitarios, autoridades ancestrales y sectores sociales se fueron sumando en la tarde del jueves, para iniciar con una caminata pacífica en rechazo al primer año de Giammattei, en el departamento de Quetzaltenango, en el trayecto varias personas se fueron sumando y la caminata concluyó en el parque central de esa localidad con varios discursos.
En las afueras de la municipalidad se encontraban unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el edificio.
Foto: Gilberto Escobar.
Entre los mensaje que portaba la población en algunas pancartas se destacaron: “un pueblo pasivo es un pueblo oprimido, el pueblo está en total abandono por el Gobierno; si eres neutral has elegido el lado del opresor, el pueblo exige cuentas claras”.
Foto: Gilberto Escobar.
José Luis Ramírez, autoridad del pueblo maya K’iche’ comento que los motivos de la movilización fueron en torno a la presentación del informe del mandatario “durante la pandemia y las dos tormentas tropicales la población quedó desprotegida y el gobierno no cumplió en proteger la vida de la población”.
Ramírez recalcó que “la población no acepta el informe del mandatario”.
Para el académico Percy Aguilar, de ese departamento, quien portaba una pancarta señalando al gobierno como “reprobado”, además calificó como “nefasto al gobierno de Alejandro Giammattei” e indicó que por eso rechazan su gestión, así como el actuar del Congreso y de las autoridades del sector justicia del país.
Aguilar señala que a nivel local también se están dando grandes actos de corrupción en varias dependencias.
La población de Quetzaltenango también hizo un llamado para conformar una asamblea plurinacional de carácter urgente, para abordar las problemáticas nacionales.
Las autoridades ancestrales de ese departamento también expresaron que en abril enviaron un documento al mandatario Giamattei con sus propias propuestas para abordar la emergencia durante la pandemia de coronavirus, pero nunca recibieron respuesta.
Marta Elena Toj, de las autoridades comunitarias de Quetzaltenango, tomó el micrófono y en su discurso cuestionó al gobierno de Giammattei, e indicó que también se debe discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Este lunes 7 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad. El agua, el vital líquido para la vida en el planeta tierra, ha sido enmarcado en los flujos de la oferta y la demanda del mercado financiero. Tal cual como cotizan en el mercado de futuros el trigo, el maíz, la soja, el petróleo y el oro, su escases comenzará a fluctuar como una mercancía más (commodity) en la bolsa de valores de New York, con el índice Nasdaq Veles California Water Index, con la clave de pizarra NQH2O, así lo ha informado CME Group.
La arquitectura de este nuevo instrumento financiero ha sido creada por CME Group Inc., la bolsa de futuros más grande del mundo. Esta empresa estadounidense ha decidido comenzar a cotizar con el agua de California, un mercado de 1.100 millones de dólares, son los primeros de su tipo en los EE. UU. Pero se espera que sea un referente para el mercado mundial del agua.
De acuerdo con los especialistas de CME, la determinación de incluir el agua en la ley de la oferta y la demanda del mercado de futuros se debe, en principio, a que los grandes consumidores de agua de California, y el resto de los Estados Unidos, se puedan proteger contra el aumento de los precios y apostar por su disponibilidad en un futuro, en el cual se avizora una mayor escasez. Actualmente, según datos de la ONU, más de 2 mil millones de personas, sobre todo aquellos en situación de pobreza y marginalidad, no tienen acceso al agua.
Esta determinación permite, también, especular con lo que se ve venir en un futuro no muy lejano para el planeta entero, ya que la propia empresa estadounidense prevé que casi dos tercios de la población mundial enfrentará una monstruosa escasez de agua para 2025. Estamos hablando de que, a mayor escasez, una mayor demanda eleva los precios de este commodity.
“La escasez de agua es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades y las personas en la actualidad en todo el mundo”, dijo Tim McCourt, director global de índice de acciones y productos de inversión alternativa en CME.
Apostar por la vida o el mercado
A menudo se han emitido conjeturas argumentado que las próximas guerras serán por el agua. Esto parecía algo muy lejano o algo que sonaba más próximo a una teoría de la conspiración. Pero el nuevo escenario ha comenzado. Quien gobierne los mercados del agua tendrán, incluso, un mayor poder que los llamados Carbon Major, las 20 compañías de combustibles fósiles que han tenido en sus manos las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón y, con ello, toda la matriz energética que ha sostenido el mercado basado en los combustibles fósiles.
El nuevo mercado del agua es en sí mismo el mercado por el derecho a la vida, porque los automóviles y las fábricas podrían quedarse sin energéticos, pero la humanidad perecerá sin el acceso a este vital líquido.
De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos ricos.
Este informe también asevera que, si continúa la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, se afectará principalmente la producción de alimentos y esto golpeará principalmente a los más pobres. “Para 2050 estará en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción mundial de cereales”, puntualiza el informe.
El acceso al agua y la militarización
La ONU advierte que una de las regiones que serán fuertemente golpeadas por la escasez de agua será América Latina y el Caribe. “Se prevé que en América Central y América del Sur continuarán produciéndose los cambios observados en el flujo fluvial y la disponibilidad de agua, los que afectarán a las áreas más vulnerables”, señalaron expertos de la ONU.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia empresas como Coca-Cola, Nestlé, Du Pont, Monsanto, Cargill, ADM, entre otras, han privatizado ríos, manantiales y aguas subterráneas para la agricultura y la ganadería industrial, las mismas que han contaminado los espejos de agua existentes a su alrededor.
Pero también hay presencia militar. Un ejemplo es la llamada Triple Frontera donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coinciden con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esta área se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante. Esta es una zona estratégica dónde ha habido presencia militar de los EEUU.
Está área tiene una importancia de ámbito geopolítico, incluso, el Banco Mundial (BM), junto con la ONU y organizamos como la Organización Estados Americanos (OEA), viene implementando, desde los años 1990, procesos de administración y privatización de los principales mantos freáticos. Los planes de protección y conservación son mecanismos de administración de estas zonas estratégicas.
“En el año 2000, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron el Proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, para estudiar y planificar la gestión a largo plazo del SAG. El proyecto tardó dos años en desarrollarse y fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como principal financiador internacional, y por el Banco Mundial en julio de 2002”, señala el documento An Independent Evaluation of the World Bank’s Support of Regional Programs.
Por otra parte, están los conflictos por este vital líquido que ya han comenzado años atrás – la guerra del agua en Bolivia hace 20 años es un caso emblemático – y, para ello, se requerirán nuevos sistemas de seguridad, como los que esta implementando el Comando Sur como parte de su adiestramiento en los países aliados.
Mientras que el mercado del agua ha dado su siguiente paso con el sector financiero, ahora solo queda esperar que disponibilidad tendrán los pueblos y comunidades donde se encuentran los principales reservorios de agua dulce.
Por: Talita Tamikuã Pataxó, Tierra Indígena Comexatibá- Prado, Extremo sur de Bahía
Nací en una cultura y tradición que tiene como misión honrar a la naturaleza, vivir de ella y para ella. Soy nieta de pajé[i], una mujer pajé, lo que hizo mi conexión con la naturaleza más fuerte aún. Mi pueblo es un pueblo que honra mucho la abundancia y cuenta que antiguamente era mucha la abundancia que la naturaleza ofrecía. Una abundancia que iba desde el mar hasta la tierra. Soy de una generación que encontró solo un poco, muy poco, de esa abundancia.
Yo recuerdo ver a mi bisabuela llorando a la orilla del jirau[ii], yo era muy pequeña, no entendía. Ella lloraba porque sentía pesar de sus nietecitos, porque vendrían tiempos difíciles. Hoy entiendo cada una de sus lágrimas. Ella lloraba nuestros alimentos que, a cada día, disminuye. Hoy, lucho por la soberanía alimentaria para mi territorio, con un pueblo sabio y fuerte que sabe la hora correcta para plantar y cosechar, que pide permiso para entrar en la naturaleza.
Sin Territorio, no hay vida
Me encuentro a la orilla de un lugar conocido como “Costa del Descubrimiento”, donde fue el primer contacto con los malditos portugueses. Cuentan nuestros ancianos que, cuando los portugueses llegaron –inmundos y enfermos-, los pueblos originarios los cuidaron y trataron sus males. Fue la medicina indígena que curo a muchos de ellos. En contrapartida, recibimos odio, ira, explotación y genocidio. En nombre de una supuesta civilización, los pueblos originarios tuvieron sus lenguas y modos de vida perseguidos. Algunos, inclusive, fueron declarados extintos, lo que es una gran mentira. Esa palabra, “civilización”, es demasiado pesada para mí. Es lo mismo que la colonización. No es por acaso que, nosotros, los indígenas desconfiamos de los colonizadores, que ya traían ese odio en su interior. El colonialismo persiste actualmente y continúa intentando exterminarnos. Por eso, yo no creo que exista diálogo y asociación con el latifundio, con el capital, con el Estado – todo eso representa la continuidad del sistema colonial.
Horas antes que iniciase la marcha programada para el viernes 4 de diciembre, en apoyo al paro agrario, algunos se preguntaban si seguirían malogradas las cámaras de seguridad en puntos estratégicos de Lima, tal como sucedió en las marchas del mes pasado, cosa que se descubriría cuando se intentó encontrar la grabación del lugar, día y momento en que fueron asesinados Inti y Jack.
Cabe recordar que no solo se había convocado marchas en Lima, sino en otras ciudades del país también.
Finalmente, luego de 5 dias de movilizaciones, el viernes 4 de diciembre se logró que el Congreso derogara la Ley Chlimpler o Ley de Promoción del Sector Agrario Agrario por 114 votos. Fueron 5 días que los y las agricultoras mantuvieron el paro, con tomas de carreteras tanto en la Panamericana Sur como en la Panamericano Norte, accesos claves para la caótica Lima.
Sin embargo, el costo de esta derogación ha sido la muerte de un joven, Jorge Muñoz el cual fue asesinado durante el paro agrario en La Libertad el día jueves 3 de diciembre, producto de un disparo de proyectil de plomo en la cabeza.
Ana Llao LLao, zomo mapuche con años de resistencia y lucha territorial, nos habla sobre escaños reservados para Pueblos Originarios y como en $hile los políticos convierten un derecho ganado por la calle, en un nuevo instrumento de vulneración y opresión hacia los Pueblos Originarios.
No es novedad ser testigos en este paí$ de actos racistas y llenos de violencia de parte de todos los sectores de la clase política hacia los pueblos originarios. No basta con años de invisibilización a sus legítimas demandas políticas territoriales, si no que ahora también privan a los pueblos Indígenas asegurar escaños reservados para nuevo proceso constituyente conforme a derecho ganado por la gente en la calle.
¿A que le temen? ¿Por qué esta negativa a la representatividad de los pueblos indígenas en esta nueva constitución? Conversamos con lamngen Anal Llao quien nos trasmite su rakizuam.
Por La Zarzamora
La no participación representativa de los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución, no solo da cuenta de la falta de legitimidad del proceso, sino también de la poca voluntad política de reparación con la deuda histórica que tiene el paí$ con los pueblos originarios. Lleva semanas en congreso el trámite legislativo que aprueba la participación de los pueblos originarios en la nueva constitución, entre acuerdos y desacuerdos solo se revela el temor de los grupos de poder a perder en manos de los defensores de la tierra sus privilegios.
Para la lamngen Ana Llao no podemos quedar al margen de este proceso, debemos escribir nosotros mismos las nuevas reglas ya que fue la misma sociedad la que hizo conciencia de la urgente necesidad de un cambio. Y las demandas son claras, representación participativa para cada Pueblo Originario del país, aprobar los correspondientes al proporcional del 12,8% de personas que en el censo del 2017 se auto identificaron como indígenas en el territorio. Este número debe ser supra numerario, es decir fuera de los ya 155 escaños para la población en general.
Esta demora legislativa es parte de la negación sistemática que han venido haciendo la clase política de este paí$. Es seguir no reconociendo la historia verdadera de este país llamado Chile. Hoy día siguen desconociendo nuestros derechos colectivos, nuestros derechos históricos como pueblos originarios y en particular como pueblo mapuche. Hemos visto el show, que han tenido durante más de un mes ya prácticamente, o más bien dicho desde el 15 de noviembre del año pasado cuando hicieron la cocina de la política.
Al consultarle a lamngen Ana Llao por la demora y bloqueos políticos a los que se ha llevado esta discusión en las distintas cámaras y comisiones, ella nos relata que esta elite añeja y tradicional, no quieren que venga gente nueva a cambiar la política, a recordar que es para la gente y se hace con la gente, ellos ya han perdido ese principio.
Comenta que pese a todas las experiencias negativas que los pueblos originarios tienen con el Estado, están dispuestos y quieren participar, porque son los mismos pueblos los que tiene que redactar esta nueva constitución plurinacional, en donde con la asesorías de todos los jóvenes profesionales indígenas, se construya una nueva política con la gente y para la gente, por eso es necesario unirnos y luchar como sea para llegar a ese proceso y colocar en la mesa nuestras demandas históricas.
Negar y excluir nuevamente a los pueblos originarios es seguir repitiendo el negacionismo, racismo y discriminación histórica.
COMUNICADO PUBLICO ANTE EL NO ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE ESCAÑOS RESERVADOS PARA LOS 10 PUEBLOS ORIGINARIOS
Las organizaciones, dirigentas y dirigentes que suscriben el presente Comunicado, en razón de la última sesión de la Comisión Mixta el día 2 de diciembre de 2020, que discute la reforma constitucional para reservar escaños para Pueblos Originarios en la integración del órgano constituyente, considerando las intervenciones de cada legislador, y las conclusiones que apuntan a reducir nuestro legítimo derecho de estar representados de manera digna en esta Convención Constituyente de Chile, declaramos:
1. Que dirigentes y dirigentas de diferentes pueblos nos hemos reunido, y hemos acordado iniciar un Proceso de Movilizaciones en los diferentes territorios a nivel nacional desde el lunes 7 de diciembre, manifestando nuestra indignación y disconformidad absoluta frente al poder Legislativo, que en complicidad con el Ejecutivo representado por sus Ministros, nos están tratando como ingenuos sobre el derecho que nos asiste.
2. Exigimos que todos los Pueblos Originarios estén representados con al menos 24 constituyentes, donde cada uno de los 10 Pueblos queden representados.
3. Si no existe acuerdo concreto y satisfactorio por parte de la Comisión de aquí al lunes 7 de diciembre, no descartamos convocarnos a una Marcha de los Pueblos Indígenas con destino a La Moneda.
4. Denunciamos el Racismo y Discriminación con que el Estado de Chile ha tratado y trata a nuestros Pueblos, estableciendo de hecho una interdicción a nuestras capacidades, y al legítimo derecho de participación política, legislando, “desde el menosprecio y el autoritarismo institucional y antidemocrático que lo han caracterizado históricamente”, para “nosotros y nosotras”…. Pero sin nosotros y ni nosotras.
¡¡¡Sin los Pueblos Indígenas… No hay Constituyente legítima y democrática!!!
Basta de Racismo, Genocidio y Discriminación
Adhieren al presente comunicado las siguientes organizaciones:
Agrupación Artesanal, Social, Cultural y Turística de Flamenco.
Agrupación Changos Caleta Agua de la Zorra.
Agrupación Changos Camanchacos de Atacama.
Agrupación Changos Camanchacos, sector Salitre.
Agrupación Changos Cazadores, sector El Gaucho.
Agrupación Changos Chasco.
Agrupación Changos Corona del Inka.
Agrupación Changos Costeros Freirina.
Agrupación Changos de Maldonado.
Agrupación Changos de Punta Obispito.
Agrupación Changos de Ramada.
Agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo – Caleta Chañaral de Aceituno.
Agrupación Changos Pajonales.
Agrupación Changos Punta Frodden.
Agrupación Changos Recolectores, sector Playita.
Agrupación Changos Vivientes de Paposo.
Agrupación Changos Vivientes Finado Loreto
Agrupación Cultural Changos Caleta San Pedro, La Serena.
Agrupación Cultural Changos de Chañaral.
Agrupación Cultural y Social del Pueblo Chango, Punta de Choros.
Agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar.
Asociación de comunidades Indígenas de Walaiwe
Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas Leftraru, Región de Coquimbo
Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche
Asociación Gremial Caleta Las Conchas, Los Vilos.
Asociación Gremial Caleta Palito, Chañaral.Lo
Asociación Gremial de Pescadores de Caldera
Asociación Inche tañi Mapu de Talca
Asociación Indígena Ad Kimvn, Temuco
Asociación indígena de Cultores Ruraq Maki, Alto Loa Calama. Lickanantai
Asociación Indígena Escuela de Artes y oficios Nagche Folil Kimuntun
Asociación Indígena Kiñe pu Liwen de La Pintana
Asociación Indígena Regional Newen, Región de Coquimbo
La Radio CIDSUR es una producción del Núcleo Antipatriarcal constituido en 2018 por las mujeres, mapuche y no mapuche, que integran nuestra organización. Quienes crean este espacio, unidas por la solidaridad y la justicia social, para poner en discusión temas de género con una perspectiva intercultural.
Nuestro proyecto radial busca contribuir a la articulación de una red entre diferentes orgánicas y territorios generando espacios de información relacionada con herramientas para la defensa, acorde al complejo escenario de criminalización que se encuentra actualmente en el país para lxs manifestantes y defensores del territorio, sumado al contexto de emergencia sanitaria que nos afecta. Buscamos ser un espacio radial de carácter remoto y comunitario que pueda ser accesible en diversos territorios. Además, de potenciar en ese mismo tejido social economías solidarias a través de la promoción de productorxs locales que puedan intercambiar y/o vender entre lxs radioescucha.
PROGRAMA 4
Las cápsulas de este programa se titulan “Represión policial en la revuelta” y “Protesta y criminalizasound”, a cargo de los abogados de Cidsur: Sebastián Saavedra, Pablo Ortega y Cristopher Corvalán, quienes comentan aspectos legales, políticos y estadísticos en torno a la represión policial llevada a cabo por Carabineros de Chile y del Poder Ejecutivo en contra de la ciudadanía durante la revuelta popular, su calificación como delitos de lesa humanidad, así como la creación artística y musical derivada de la protesta. Además de abordar la represión histórica hacia el pueblo mapuche y sus defensas.
Conduce: Rayen Daza Pilquinao, abogada y Morin Ortiz Herrera, periodista.
Empezó Ica con el paro agrario y ahora se han sumado Piura y La Libertad, donde lamentablemente ya se ha producido un muerto, de nuevo por la violencia policial. ¿Por qué protestan? Mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360 y el Decreto de Urgencia N° 043-2019 que extendió por 10 años la Ley de Promoción del Sector Agrario.
Julio Carbajal Palomino, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica, dijo a OjoPúblico que, pese al crecimiento de la agroexportación, los sueldos de los trabajadores no se han incrementado en los últimos años. “Pedimos la remuneración diaria de S/70 porque el trabajo en el campo es arduo”, explicó Carbajal Palomino. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los funcionarios. El congresista Lenin Bazán, quien presentó un pedido para derogar la Ley de Promoción Agraria ante el Pleno del Congreso, reconoció que no se puede incrementar el salario de los trabajadores porque están en el sector privado. Sin embargo, señaló que sí se les puede reconocer mayores beneficios laborales.
Al día de hoy no hay aún visos de solución al diálogo que se está produciendo entre el gobierno y los trabajadores, con ausencia de representantes de las empresas agroexportadoras.
Dado que toda esta coyuntura de protestas está tratando de ser manejada políticamente por conocidos grupos para sacar beneficio y obtener mayor cuota de poder sin importar que de paso se desestabilize al país, y también para pedir justicia para Jorge Muñoz Jiménez, el trabajador asesinado el día de hoy, se ha convocado a una Marcha de Protesta el día de mañana, viernes 4 de diciembre.
Paro Agrario en La Libertad, foto de Juan PabliniParo Agrario en La Libertad, foto de Juan Pablini
