Por Ñanì Pinto

^{En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.}

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

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MAGDALENA ALDAMA, CHIAPAS. OCTUBRE DE 2021.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA AMNISTÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI.
AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG.
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA.
A LAS MUJERES QUE LUCHAN.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NO GUBERNAMENTALES.
A LAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES LOCALES, NACIONALES, INTERNACIONALES E INDEPENDIENTES.
AL PUEBLO DE MÈXICO Y AL MUNDO.

Presente.

Somos la Voz del Pueblo.

Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho, somos un pueblo de lucha y de resistencia. Somos la semilla de nuestros antepasados Mayas. Somos pueblo. Que hoy en día corre la sangre en nuestras venas. Somos bats`i vinik-antsetik. Somos Tsotsiles.

El problema no es nuevo, a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) en los años 70s en una resolución presidencial de José Portillo le entregaron 60 hectáreas las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena Aldama después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en el convenio de 1977 respetar el derecho de posesión de Aldama y también que las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama pero los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exige la devolución de 30 hectáreas y en el año 2009, el tribunal unitario agrario resuelve la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama.

En el año de 2016 las problemáticas recrudecieron con el despojo de las tierras durante en el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Por disputa de tierras de 60 hectáreas que fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que operan en Chenalho.

Somos 115 Comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados en nuestros hogares, en nuestras tierras; que ancestralmente nuestros abuelos, padres nos los han heredado y está certificada ante el Tribunal Unitario Agraria y nos reconoce como dueños legítimos de nuestra madre tierra.

En el año 2018 las agresiones de armas de fuego de altos calibres intensificaron y fueron desplazados forzados internos 2036 personas en ese tiempo, hacia las montañas por este grupo armado, lo cual nos atacan en los diferentes puntos de ataques que ellos tienen, desde las localidades de Yok Ventana, Saclum hasta Sector Santa Martha nos rodean de disparos afectando a 10 localidades.

14 de marzo de 2020, nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez fue detenido y fue recluido en el penal de el “Amate“ del municipio de Cintalapa, Chiapas. En la hora de su aprehensión fueron violados sus derechos humanos, así como; recibió agresiones físicas y verbales y fue amenazado por los elementos cuando fue trasladado de San Cristóbal al CRSS No 14 el Amate.

El motivo de la detención de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, es por ser uno de los representantes de los 115 Comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas de tierras, por parte del poblado de Sector Santa Martha, Chenalho.

Cristóbal Santiz, es uno de los rehenes del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos (Secretario de Gobierno), de la Fiscalía del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y de la Fiscalía Indígena de la Zona Altos de Chiapas.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia nuestras comunidades afectando a 12 comunidades y entre 5000 personas; mujeres, niñ@s, ancian@s y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

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^{En portada: En las tierras indígenas de Comexatibá, en Bahía, el pueblo Pataxó -al igual que muchos otros pueblos en todo el país- ha levantado sus propias barreras sanitarias para restringir la circulación de personas y del coronavirus en su territorio. Foto: Ingrid Ãgohó Pataxó}

En 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, 182 indígenas fueron asesinados en Brasil, un aumento de 37% en comparación a 2019. Los conflictos registrados relacionados a derechos territoriales más que duplicaron, pasando de 35 casos en 2019 a 96 en 2020, un aumento de 174%. Los datos fueron revelados en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionario (Cimi).

“La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al contrario de lo que se podría esperar, no impidió que grileiros [invasores de tierras], garimpeiros [minería ilegal], madereros y otros invasores intensificasen aun más sus ataques sobre las tierras indígenas”, aclara el relatorio.

En 2020, los casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos también se incrementaron, aún relación con el ya alarmante número que se había registrado en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron registrados 263 casos, un aumento de 141% en relación a 2018, afectando a por lo menos 201 tierras indígenas, de 145 pueblos, en 19 estados brasileños.

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Los agresores invaden las tierras indígenas para apropiarse ilegalmente de la madera, devastar ríos enteros en búsqueda de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar anchas áreas para la apertura de pasto para ganado. En muchos casos, los invasores dividen la tierra para ser comercializada, inclusivo en territorios indígenas habitados por pueblos aislados.

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Luego de que El MOP y la empresa italiana Astaldi, concluyeran su contrato por la construcción del Embalse Punilla, dejaron en estado de abandono a lxs animalitxs que habían secuestrado durante los violentos desalojos realizados en 2018.

Vecinxs cercanxs de las dependecias de la mencionada empresa italiana Astaldi en la zona de La Punilla, comuna de San Fabián de Alico, denunciaron durante la semana anterior el evidente estado de abandono que presentaban lxs animales secuestradxs por el Ministerio de Obras Públicas y Astaldi, durante los violentos desalojos realizados en octubre de 2018 por la construcción del Embalse Punilla. Desde ese momento lxs animales requisados quedaron en responsabilidad de dicha empresa, siendo sometides desde un principio a constantes maltratos y abandonos, falta de agua, comida y de espacio, hasta hace pocos días, cuando luego de casi 3 años, las 40 vacas que aún se encontraban encerradas en sus dependencias, volvieron con las antiguas familias con las que vivían.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Según los regístros del Equipo veterinario de la Clínica Integral de Chillán, que se han mantenido haciendo un seguimiento de estes animalites, murieron más de 200 gallinas y 6 ganzos a pocas semanas del desalojo por la falta de atención y cuidados, y durante todo este proceso han encontrado a les distintes animales en estado de desnutrición, con resfriós, diarrea, algunos con cataratas y demás afecciones, de lo que ni la empresa ni el MOP se hicieron responsables. Incluso en reiteradas ocasiones impidieron que las familias desalojadas, que criaban a dichos animalitxs, y los equipos veterinarios puedan visitarlos.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Recordamos que el Embalse Punilla es un megaproyecto extractivista que prentende inundar y destuir más de 1.700 hectáreas, de las cuales más de 1.200 son de bosque nativo, territorio ancestral alimentado por el rio ñuble, el río los Sauces, y miles de vertientes y esteros en los que habitan y se nutren distintas especies nativas, incluso algunas en peligro de extinción, como el huemúl.
La Zarzamora. Octubre 2021

Es un territorio declarado como Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO, por la diversidad de especies que existen en el denominado corredor Nevados de Chillán – Lagunas de Laja en la Provincia del Ñuble. Pese a esto, en el 2010, fue aprobada por el servicio de evaluación ambiental la construcción de dicho embalse, un proyecto multipropósito que según sus titulares “brindaría riego para más de 70.000 hectáreas de la región, generaría energía eléctrica y favorecería el turismo”.

Desde su aprobación hasta el día de hoy, el proceso de construcción de este proyecto han sido puras negligencias y daños hacia el territorio y las comunidades que lo habitan, según lo que denuncian vecinxs afectadxs y organizaciones afines, bajo el discurso de favorecer la agricultura de la región afectada por la sequía.

Desde el 2013 se iniciaron los procesos de expropiación de los territorios que comprenden el espacio donde se realizaría el embalse, y de las mas de 80 familias que residían en ellos, para les cuales el MOP debía implementar un Plan de Desarrollo Social que les garantizara a estas familias poder relocalizarze y continuar con su estilo de vida, de las cuales la mayoría se dedicaban a la crianza de animales. Dicho plan, según la Resolución de calificación ambiental, debía ser actualizado antes del comienzo de la obra, lo cual se incumplió, segun lo que alegaba Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, representante de las familias afectadas.
La Zarzamora. Octubre 2021

Mas de 10 familias no aceptaron el PDS ofrecido por faltas de garantías, y el MOP y Astaldi, que desde el 2016, se hizo cargo de la conseción del proyecto, autorizaron una violenta represión y desalojo con las fuerzas especiales de dichxs vecinxs en Octubre de 2018, dejandolxs en la calle y secuestrando lxs animalites que criaban, impidiendoles el paso a sus terrenos y demoliéndoles sus casas.

Lxs vecinxs que se movilizaron con distintas organizaciones afines y autoconvocadxs, presentaron una demanda ante el 3er Tribunal de Valdivia, en contra de la Sociedad concesionaria Aguas de Punilla (SCAP, Astaldi) y el MOP por los incumplimientos a la resolución de calificación ambiental y por el daño ambiental y psicosocial generado hacia el territorio y su comunidad por dichas partes. Sin embargo, en abril de 2020, el mencionado Tribunal rechaza esta petición, alegando que no habría pruebas para demostrar el daño generado, como así también fue ignorado, por parte de las autoridades, el recurso de reclamación que interpusieron lxs vecinxs de la zona en julio del año anterior, bucando la anulación del proyecto ” Líneas de alta tensión Punilla-San Fabián”, un tendido de alta tensión que recorrería de manera paralela el Rió Ñuble y la ruta N-31, que sería construido junto con el embalse, lo que significa un daño absoluto para el bosque nativo y las distintas especies que coexisten en el, lo cual tampoco fue contemplado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-bío, que a pesar de las denuncias, en agosto del 2020 aprobó la evaluación ambiental de dicho proyecto.

Luego de que la empresa Astaldi sufriera un quiebre financiero, la advertencia de un error abismal del MOP en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, que sería mucho menor a la acordada, sumado a la demanda por incumplimiento de contrato por parte de la empresa, en 2019 el MOP decide poner fin al contrato con dicha empresa ante la comisión arbitral, quedando a la espera este proceso por la situación sanitaria.
La Zarzamora. Octubre 2021

Finalmente, el 9 de octubre de este año, el gobiero confirma el fin de contrato con Astaldi, quien recibiría aproximadamente 18 millones de dólares por el término anticipado de la concesión, y se retirarían del territorio, dejando abandonadxs lxs animales que tenian bajo su responsabilidad, por casi una semana.

Pese a todas las controversias, irregularidades, ilegalidades y daños que ha causado la construcción del embalse, el Minesterio de Obras Públicas confirmó para el próximo mes de Diciembre la relicitación del proyecto.

NO AL EMBALSE PUNILLA.
BASTA DE EXTRACTIVISMO.
AGUAS LIBRES.

Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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Por Vanessa Garcìa Navarro

^{En portada: Familiares y organizaciones civiles se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, Honduras, en contra de la medida de prisión preventiva de los ocho defensores del río Guapinol. Foto: Cejil}

Hace más de 26 meses ocho activistas hondureños: Arnol Alemán, Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Porfirio Sorto, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, quienes se organizaban en la defensa de su territorio contra la industria minera, fueron encarcelados de manera “preventiva”, a conveniencia del dueño de una empresa multimillonaria quien los consideraba un obstáculo para sus negocios extractivistas.

Recientemente, los esfuerzos de las familias de los activistas y organizaciones a nivel internacional, nacional y estatal se habían tornado en una oportunidad para, por fin, liberar a sus seres queridos; no obstante, la respuesta no fue la deseada.

Guapinol por el Agua y la Vida

En 2014, los mecanismos hondureños otorgaron-sin consultar como correspondía a los habitantes de Guapinol- dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.

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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.

Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.

Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.

Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.

A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.

Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.

El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.

La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.

No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.

Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo. 

Por Vanessa Garcìa Navarro

^{Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.}

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.