La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público capturó este martes 14 de diciembre a dos exviceministros de Energía y Minas, Ekaterina Parrilla Artuguina y Edwin Ramón Rodas, junto a siete personas más, y emitió una orden de captura en contra del exministro, Érick Archila Dehesa, señalados de participar en un caso millonario de corrupción denominado “Amperios un negocio deslumbrante”.
Los exfuncionarios son acusados por defraudar al Estado e incumplimiento de deberes, a través de una estructura que operaba en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) que, entre 2014 y 2016, creó la necesidad de adquisición de energía eléctrica mediante un contrato para favorecer a la empresa la Libertad.
Por este caso, también se giró una orden de aprehensión en contra del exministro Archila, por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes, quien también tiene otra orden de aprehensión vigente por otros dos casos en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que recientemente obtuvo una licencia de trabajo en Estados Unidos. Según las autoridades, por este caso, aún hay cinco órdenes de captura pendientes.
De acuerdo con el Ministerio Público, los exfuncionarios convirtieron una licitación a corto plazo, de dos años, en una de largo plazo, favoreciendo de forma directa a la mencionada empresa, por intervención y autorización del entonces Ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Empresa que, a través del contrato, a septiembre de 2021, fue beneficiada con pagos que ascienden a más de Q826 millones.
El ministerio que amplió de manera ilegal la licencia del proyecto minero Fénix
Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Otto Pérez Molina, ahora implicados en un nuevo caso de corrupción, otorgaron beneficios a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) durante su paso por este ministerio.
Érick Archila, en su calidad de ministro, fue el responsable de ampliar de manera ilegal la licencia del proyecto minero Fénix. Él autorizó la ampliación del proyecto minero, beneficiando a CGN, subsidiaria de Solway Investment Group, por 247.9 kilómetros cuadrados por 25 años para la licencia Fénix.
La Corte de Constitucionalidad declaró ilegal la licencia en 2019, debido a que, según la legislación nacional, las licencias de explotación deben ser por “un polígono cerrado no mayor de veinte kilómetros cuadrados”. A CGN, el Ministerio de Energía y Minas otorgó una licencia ilegal 12 veces más grande que lo permitido.
Ekaterina Parrilla, exviceministra de Desarrollo Sostenible, aseguró en 2012 que “tras evaluar el proyecto Fénix había constatado que la empresa había cumplido con la responsabilidad social y protección ambiental”. De acuerdo con su hoja de vida, Parrilla fue viceministra entre enero y diciembre de 2012, trabajando junto a Archila. Completó sus estudios universitarios en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia.
Fue titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segeplan) entre 2013 y 2016, tiempo en el que también fue secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en el que colaboró estrechamente junto a Otto Pérez Molina, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo K’atun. En ese tiempo también integró el Consejo Directivo del INDE.
“Amperios” no es el primer caso de corrupción en el que están implicados estos exfuncionarios del MEM. En abril 2014, la Contraloría General de Cuentas (CGC) los denunció a ambos, junto a otros 10 miembros del Consejo Directivo del INDE por anomalías en la suscripción de un contrato con la empresa brasileña Intertechne, para realizar estudios de factibilidad para la construcción de la hidroeléctrica Xalalá en el área de las Verapaces.
La denuncia detallaba que el negocio se realizó sin que la empresa tuviera representación legal en Guatemala y que se le pagó un anticipo de Q9 millones. En ese entonces, el MP confirmó que el expediente fue enviado a la CSJ, debido a que la denuncia incluía a Erick Archila y a Ekaterina Parrilla, quienes tenían derecho de antejuicio en ese momento.
Por su parte, Edwin Ramón Rodas Solares, también fue viceministro de Energía y Minas en el área energética y trabajó junto a Érick Archila. Rodas estuvo detenido en 2015 por el Caso Redes, acusado por el delito de tráfico de influencias junto a Filadelfo Reyes Cáceres, exsubsecretario de Planificación del mismo ministerio.
En Brasil el conflicto en el campo se ha disparado en 2021. Datos parciales del monitoreo realizado por El Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), divulgado este viernes (10), revelan que las muertes por consecuencia de los conflictos en el campo aumentaron 1.044% en relación a 2020, sumando 103 muertes, de las cuales 102 son de indígenas de la Amazonía.
Entre enero y agosto de 2021, 418 territorios en el país sufrieron violencia, de los cuales 28% son territorios indígenas, 23% quilombolas [comunidades afrodesciendentes]; 13% son territorios de sintierra, entre otros.
Entre la violencia en el territorio se registró un aumento de 94% en la destrucción de casas; un aumento de 104% en la destrucción de pertenencias; un aumento de 153% en la expulsión de los territorios; un aumento de 113% en la práctica del grilagem [apropiación ilegal de tierras]; y un aumento de 1057% en acciones que impiden el acceso a lugares de uso común. Estos datos, de enero a agosto de 2021, superan los números registrados en todo el año 2020.
Entre los responsables por estas acciones figuran los hacendados (23%), empresarios (18%), Gobierno Federal (14%), grileiros [personas que se expropiaron tierras públicas] (13%).
Asesinatos
En 2021, fueron registrados hasta el momento 26 asesinatos relacionados con conflictos en el campo, en relación a todo el año 2020, lo que representa un aumento de 30%. De los asesinados, 8 eran indígenas, 6 catalogados como sin tierra (todos muertos en la Amazonia), 3 pequeños propietarios, 3 quilombolas, 2 personas que trabajaban la tierra resultado de programas de distribución de tierras, 2 mujeres que trabajaban con cultivos de ‘coco babaçu’. Alrededor de 80% de los asesinados ocurrieron en la Amazonia.
Resistencia
Tras el aumento de la violencia y muertes en el campo brasileño en 2021, también hubo aumento de acciones de resistencia de los pueblos, comunidades tradicionales y movimientos sociales, después de un descenso en el primer año de pandemia.
En los primeros 8 meses de 2020, fueron registradas 768 protestas. En el mismo período, en 2021, fueron registradas 1278 manifestaciones
Además, también aumentó el número de familias en ocupaciones y en acciones de recuperación de tierras en 558,57%, un total de 3.418. “Eso significa que a pesar de la pandemia, las familias necesitan resistir para mantenerse vivas y en los territorios tradicionalmente ocupados. La ofensiva contra los pueblos del campo, de las aguas, y de los bosques no entró en cuarentena”, sostiene el informe de la CPT.
Cinco sindicatos de pescadores artesanales de Quintero que agrupan a 517 integrantes, iniciaron movilizaciones marítimas demandando al Estado la creación de una zona franca energética en la zona y el pago de las indemnizaciones por el derrame de petróleo ocurrido en la bahía el año 2014.
Según indica el sumario instruido en aquel año por la Fiscalía Marítima, el hecho se generó cuando el buque tanque Mimosa se encontraba descargando el crudo en instalaciones de la refinería ENAP en Quintero alrededor de las 04:00 horas del 24 de septiembre del año 2014 , horario en que se produjo la rotura de la tubería flexible cuando la nave Puyehue quiso corregir la posición del buque tanque. Según pudo establecer el Fiscal Marítimo se habrían vertido al mar 37 mil 800 litros de petróleo.
Las movilizaciones que se están desarrollando para lograr la justicia ambiental y social son lideradas por los Sindicatos de Pescadores Artesanales S-24, Nº5, Caleta Embarcadero, Caleta Papagayo y Sindicato Por la Razón o la Fuerza, quienes el sábado 4 de diciembre anunciaron la toma de la bahía como medida de presión.
El vocero de los pescadores, Hugo Poblete Salinas, sostuvo que, “en 7 años nuestra demanda indemnizatoria no ha sido llevada a cabo, este año en 6 oportunidades la Corte de Apelaciones ha dilatado la conciliación de la empresa, el 26 de noviembre debíamos tener una respuesta y el Ministro la dilató ahora para el 6 de enero”.
Los pescadores manifestaron además, que a la espera de una solución por parte de las autoridades, continuarán con las movilizaciones, bloqueando la salida de barcos petroleros a pesar de la intervención de lanchas de la Armada en la bahía.
Desde el domingo 5 de diciembre a esta fecha, los pescadores artesanales lograron plantar una bandera con sus reivindicaciones en la Monoboya ENAP de Descarga de Petróleo situada en el corazón de la bahía de Quintero.
Las acciones de los pescadores artesanales se caracterizan por la prudencia en las maniobras, guardando distancia de los enormes barcos petroleros según se puede apreciar en los vídeos que comparten en redes sociales, pero sin embargo, la Armada de Chile está utilizando lanchas tipo Defender que son de tamaño menor y poseen motores potentes y rápidos, además de una Lancha de Servicio General, de mayor tamaño con las cuales crean grandes ondas de agua que golpean peligrosamente el costado de las lanchas artesanales a babor o estribor, con el peligro inminente de un accidente a lo menos.
Posicionamiento para la defensa integral del territorio y sus espacios de vida
Ante la acción marrullera del ministerio de Ambiente, quien dentro de la delimitación que hizo del páramo de Guanacas, excluyó de dicha área toda la zona de Gabriel López y, en donde al verificar se encontraron grandes extensiones de cultivos de papa y otras actividades extractivistas como la minería las cuales ponen en riesgo la vida toda; los 11 pueblos indígenas que hacen parte del CRIC, y las autoridades del pueblo Misak filiales a la AISO, se dieron cita en el páramo de Las Guanacas, el 06 de diciembre, con el fin de mandatar la protección, conservación y cuidado de los espacios de vida para la armonía y equilibrio de nuestra Madre Tierra y todos sus seres vivos.
El lema de este importante encuentro fue la Unidad, un principio básico con el que nos tejemos los pueblos indígenas. La lucha no es contra nosotros mismos, sino contra quienes nos joden con leyes que nos despojan, para esclavizar la tierra. Nos juntamos para Liberar a nuestra Madre.
“Yo siempre he soñado con que se unan las organizaciones, se unan los pueblos, los movimientos y luchemos juntos” menciona una autoridad del pueblo Misak y agrega “importante que los campesinos se pararon duro, porque si no, no habíamos podido relacionarnos con ellos”.
Y así fue, en medio de las confusiones y malos entendidos generados por la desinformación frente al posicionamiento en el páramo, algunos campesinos, bloquearon la vía en el corregimiento de Gabriel López, esta acción permitió dialogar y dejar en claro que este posicionamiento político es un tema de protección colectiva, una acción que nos compete a todos los sectores y pueblos indígenas.
“Los campesinos manifiestan que es territorio de ellos, no estamos diciendo que es de nosotros. Estamos unidos defendiendo el territorio. Los páramos de todos” agrega un participante.
Nos une la defensa del páramo y la vida toda, nos une la música y los colores que representan la alegría de cada pueblo, con la que seguiremos luchando contra quienes nos despojan con leyes que van en contra de nuestra Madre Tierra y contra nuestros cuerpos.
“Unámonos como se unen las dos manos para trabajar, unámonos así todas las organizaciones y los pueblos para que el fruto sea el territorio, la educación, la salud y la buena justicia”.
Es por ello que en minga todos los pueblos hijos e hijas de este territorio, tenemos que seguir caminando por la libertad de la Tierra, mandato comunitario con el que iniciaron nuestros procesos de lucha y resistencia para vivir en armonía y equilibrio.
Recordemos un aparte del documento Libertad para la Madre Tierra del año 2005, en donde nos hace uno con la tierra y con la lucha.
“Mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”.
Es por ello que nuestro posicionamiento y nuestro caminar, seguirá orientado en el deber de defender la vida y rechazar rotundamente todo el plan de muerte con sus leyes de despojo venga de donde venga, ya que todos los territorios indígenas en su integralidad son sagrados.
Esta acción nos deja ver por encima de muchas cosas, la unidad de los pueblos, de aquí y de allá, del valle, paramo y montañas para unificar los territorios por la libertad de la madre Tierra, este posicionamiento es un logro de todo el movimiento indígena.
Por acá les dejamos el pronunciamiento con el que se mandato la protección, conservación y cuidado del territorio como espacio de vida.
Por: Tejido de Comunicación para la verdad y la vida.
“Os hemos dado las semillas de la rebelión contra el colonialismo y el capitalismo” – esto es lo que anunció el grupo de zapatistas que nos visitó aquí en Leipzig en nuestra última noche juntos. Todavía estoy procesando este importante momento, que ahora parece un sueño. Pero fue todo lo contrario, algo muy real: un encuentro de mundos para la perspectiva de una solidaridad global. Los zapatistas y su resistencia contra el capitalismo colonial han sido una inspiración para mí y para muchos compañeros estudiantes y activistas. Nunca he estado en Chiapas ni he estudiado a fondo su organización política. Pero cuando me enteré de este “viaje por la vida” y del plan de los zapatistas de viajar a Europa y conocer los movimientos locales, me intrigó. Como estudiante de antropología y activista social, me enfrento constantemente al estancamiento de nuestras acciones y reflexiones, que todavía están contenidas en un marco limitado y eurocéntrico. En última instancia, no se puede avanzar en una transición justa a menos que tengamos en cuenta todas las voces y perspectivas y formemos alianzas entre actores de todo el mundo. El viaje de los zapatistas, pensé, podría ser una oportunidad para poner en práctica estas ideas al tiempo que se abordan las cuestiones socioecológicas de una manera que considera las luchas locales en un contexto global y proporciona al movimiento global la herramienta más importante: la esperanza.
En octubre del año pasado, los zapatistas anunciaron que iban a “colonizar” Europa para encontrarse con los movimientos de aquí y escuchar y compartir ideas sobre una vida mejor más allá del capitalismo. La gente de toda Europa se ha unido ante la perspectiva de este importante momento, invitando a los compas a sus ciudades y pueblos, planificando y organizando ansiosamente su estancia. Como parte de la red de Leipzig, nos hemos reunido semanalmente, discutiendo ideas y planes. Ha sido un proceso enriquecedor pero difícil, ya que no estaba claro si los zapatistas llegarían o cuándo lo harían y qué debíamos tener en cuenta. En algún momento de este verano, ni siquiera estábamos seguros de que el viaje seguiría adelante, pero reconocimos que ya habían logrado uno de sus principales objetivos: motivar a la gente y a los grupos a organizarse en sus propios “hogares” y formar alianzas para el cambio. Fue aún más sorprendente cuando nos enteramos de que la primera delegación, el Escuadrón 421, había zarpado y llegado finalmente a España este mes de junio.
El primer grupo estaba formado por compas que se adelantaron para coordinar la llegada de la delegación principal, junto con las estructuras locales. Este sería un proceso difícil, que conllevó luchas para obtener pasaportes y visas, así como restricciones causadas por la actual crisis covídica. Esto fue representativo de las restricciones de movilidad a las que se enfrentan muchas personas marginadas y racializadas cuando intentan entrar en los países europeos. En agosto protestamos frente al consulado honorario de México en Leipzig, para presionar a las autoridades y concientizar a la gente de estos hechos. Fue aún más irónico cuando nos enteramos de que el cónsul es el director general de Porsche Leipzig; no es de extrañar que ignorara nuestras demandas. Este verano participé en los campamentos climáticos de Leipzig y Munich, donde impartí talleres sobre los temas del zapatismo, el decrecimiento y la pluriversalidad. Participé en debates sobre cómo nos posicionamos como activistas climáticos en Alemania, y cómo podemos relacionar nuestras historias y luchas con las de los zapatistas, los kurdos de Rojava o con muchos movimientos de resistencia más pequeños que están en marcha.
Tras el campamento de Munich, finalmente, la delegación principal de 170 compas llegó a Viena (de entre todos los lugares) a mediados de septiembre. Todo esto sucedió muy rápido y requirió que la gente trabajara en conjunto para apoyar a la red austriaca, tratando de organizar el alojamiento y facilitar la llegada a última hora. El ambiente en el aeropuerto fue muy fuerte, ya que celebramos y cantamos canciones para dar la bienvenida a los compas. Conocerlos después de todos estos meses de anticipación y lucha fue increíble, y una importante fuente de esperanza. A partir de ese momento, la gente trabajó día y noche para planificar los siguientes pasos del viaje. Se decidió entonces que las compas viajarían en grupos de cinco a diferentes regiones en tres etapas. Así, el 22 de septiembre recibimos en Leipzig a dos grupos que permanecieron con nosotros durante una semana, participando en numerosos actos y encuentros con los movimientos locales. De alguna manera, nos las arreglamos para elaborar un programa, encontramos proyectos de vivienda local para que se quedaran y cocinamos la comida. Para nuestra sorpresa, prefirieron las salchichas, la pizza y la coca cola a la calabaza y el arroz: otra prueba de que no podemos trasladar nuestras normas morales a los contextos de otras personas. Como la compa dejó claro, el objetivo principal del viaje era reunirse con los movimientos locales en un entorno íntimo, más que hablar en actos públicos o conferencias. Por ello, organizamos reuniones con organizaciones feministas, grupos postcoloniales y la comunidad latinoamericana de Leipzig, además de visitas a lugares significativos de resistencia en la ciudad y sus alrededores.
“Hacemos el compromiso de que para 2030, Microsoft será carbono negativo”, declaró Satya Nadella, director general de la compañía tecnológica con sede en los EEUU, a principios del año 2020, durante un evento en el que detallaron los procedimientos que dicha empresa ejecutará para eliminar más carbono del que emite a la atmósfera cada año.
Acorde a Nadella, la estrategia consiste en la reducción de sus emisiones contaminantes mediante la compra de instrumentos financieros denominados créditos de carbono, así como por la implementación de tecnologías experimentales que, entre otros aspectos sobre la manipulación del clima, pretenden secuestrar carbono del aire y almacenarlo en el suelo.
Esto es parte de un discurso nada nuevo. Otro gigante informático, Google, prometió desde el año 2007 convertirse en la primera gran corporación trasnacional en alcanzar la “neutralidad de carbono”.
A pesar de la existencia de estos conceptos desde hace 15 años, es hasta ahora que las mayores empresas alrededor del planeta nos bombardean con estas frases en sus campañas publicitarias donde se comprometen a realizar acciones para evitar la catástrofe climática.
Corporaciones productoras de alimentos, de transportes y enfocadas en la generación energética, incluidas aquellas extractoras de combustibles fósiles, es decir, las mayores responsables por la emisión de contaminantes a la atmósfera, también prometen “mitigar”, “compensar” y “neutralizar” el carbono liberado producto de sus actividades mediante la realización de pagos para conservar bosques.
Pero, ¿cómo fue posible crear esta idea de que la contaminación puede ser neutralizada con dinero? Avispa Midia conversó con Jutta Kill, bióloga, investigadora e integrante del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), quien nos ayuda a comprender el proceso de una década y media durante el cual la discusión encaminada a combatir la catástrofe ambiental fue desviada mediante la creación de una estrategia de nombre extravagante, cuyo principal objetivo es la mercantilización de la naturaleza: la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD).
Bosques como mercancía
La peligrosa idea de la compensación de carbono cobró fuerza entre los años 2005 y 2007. Fue en la Conferencia de las Partes (COP11), realizada en Montreal, Canadá, cuando a solicitud de los representantes de Papua Nueva Guinea y Costa Rica, se discutió la estrategia REDD por primera vez en estas reuniones.
“Es una idea que ha sido impulsada por organizaciones conservacionistas: The Nature Conservacy, Conservation International; las más grandes, mayormente de EEUU, incluida también la WWF”, señala Kill sobre sus principales promotores, quienes colocaron a los bosques como su principal área de interés.
Desde entonces este mecanismo también fue promovido por grandes corporaciones y entidades financieras como el Banco Mundial, superando hasta 2020 una inversión de mas de mil millones de dólares en las que el gobierno de Noruega es el mayor financiador. Paralelamente, una vez que las Naciones Unidas comenzaron a hablar de REDD, comenzaron a surgir nuevas compañías para lucrar en el nuevo mercado multimillonario.
“Esta era la gran promesa con REDD, el dinero detendría a la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones”, contextualiza Jutta Kill. Para ello fueron creados programas piloto como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el Programa REDD Early Movers, este último gestionado por el banco de desarrollo alemán KfW, lo cual ha contribuido a que REDD se convierta en el mecanismo predominante en la política forestal global, detalla la investigadora en su artículo “REDD: Los peligros de la conservación de los bosques conforme al mercado”.
Actualmente, a 15 años de las primeras implementaciones de REDD, el escenario ante la catástrofe ambiental es menos alentador. Eso porque la estrategia fue silenciosamente rediseñada a través de las negociaciones climáticas anuales, pasando a convertirse en un instrumento para la gestión del campesinado, el cual restringe la agricultura campesina y también el uso de los bosques por parte de los pueblos indígenas.
Está también el tema de la deforestación. “Si comparas la deforestación global desde 2005 al día de hoy, ves que si algo está pasando es que la deforestación ha incrementado. Y eso no es sorpresa, porque si miras en proyectos e iniciativas REDD de los últimos 15 años, ves que ninguno, si acaso cinco proyectos, han sido dirigidos contra la destrucción corporativa de los bosques”, denuncia la integrante de WRM.
Pagos sin sustento
Un escenario que ilustra el peligro en la financiación de los programas REDD es lo que sucede en Brasil bajo lo que se conoce como “esquemas de pago por resultados”, donde las crecientes tasas de deforestación demuestran que dichos pagos no se pueden garantizar.
En febrero del año 2019, el Fondo Verde para el Clima acordó pagar 96 millones de dólares al gobierno de Jair Bolsonaro, por la conservación de bosques que capturaron la cantidad de 18.82 millones de toneladas de dióxido de carbono, referentes a los años 2014 y 2015.
“Se concedió un pago por resultados a pesar de que los cambios en la política gubernamental, tras la elección de Jair Bolsonaro como presidente a finales de 2018, han provocado un aumento vertiginoso de los niveles de deforestación en la Amazonía. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación aumentó un 30% con respecto al año anterior y se elevó al nivel más alto desde 2007-08”, destaca Kill sobre la incongruencia de que Brasil recibiera un pago por emisiones evitadas en el pasado, a pesar del aumento vertiginoso de la deforestación, solo en la Amazonía, sino en diversos ecosistemas de gran riqueza natural en el país sudamericano.
Esta situación particular cobra mayor relevancia si consideramos el riesgo de que los pagos de REDD que se realicen por resultados solo existan en el papel, además de que las normas alrededor del programa, que fueron aprobadas durante negociaciones de la ONU, mantienen referencias infladas, esto debido a que el tamaño del pago se determina comparando las tasas reales de deforestación con la tasa media de deforestación de un periodo que va entre últimos 10 hasta 20 años, lo cual deja abierta la posibilidad de calcular una amplia gama de “reducciones” de emisiones, advierte la investigadora en su artículo publicado en 2020.
Ante este panorama, ¿quiénes están interesados en mantener REDD?, a pesar de no cumplir con detener la deforestación e incluso participar en el despojo de bosques habitados por pueblos originarios
“Son por supuesto las compañías petroleras y mineras, también las grandes corporaciones de alimentos, Unilever, JBS, Mars, Nestlé y la industria financiera como BlackRock. Ellos tienen 100 o 500 de ellas (empresas) que dicen públicamente que, en 2030, 2035, diferentes años, tendrán negocios de carbono neutral. Por supuesto, no van a detener la quema de petróleo, carbón o gas, pero ¿cómo serán capaces de decir que para 2030 van a tener un negocio así cuando mantienen la destrucción de almacenes de carbono del subsuelo? Van a comprar créditos de carbono de sus proyectos (…) y necesitan porciones de tierras inmensas para decir que el daño que provocan al clima por la quema de los combustibles fósiles ha sido ‘mitigado’ o ‘compensado’”, enfatiza la investigadora.
“Son las grandes corporaciones, quienes tienen interés en el control de la tierra, para quienes la estrategia REDD ha sido increíblemente exitosa”, remarca Kill.
La investigadora alerta que ha cambiado la discusión acerca de la deforestación. “Las corporaciones han desaparecido, se han vuelto invisibles en las discusiones sobre deforestación porque virtualmente todos los proyectos de REDD son acerca de campesinos e indígenas y nadie menciona la destrucción de los bosques por parte de las corporaciones (…) Y es un gran éxito para las corporaciones petroleras, carboníferas y de gas natural, así como para los países industrializados cuyas economías se benefician enormemente de los combustibles fósiles como Noruega, Alemania, Reino Unido. Ellos han ganado 15 años en los que la sociedad civil fue desviada por el tema REDD y no se enfocó en las demandas contra el cambio climático como la de mantener el petróleo en el subsuelo, se trata de todos los almacenes de carbono subterráneos que son importantes, son los mismos depósitos que son destruidos con la extracción de gas, carbón y petróleo”, subraya.
Si esta es la solución, ¿cuál es el problema?
En la cadena de actores involucrados para mantener vivo el concepto de la neutralidad de carbono, además de las empresas, ongs y consultores, se encuentran también las certificadoras. Hablamos de compañías como Verra, quien gestiona el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés) el cual permite a los proyectos certificados convertir sus reducciones y eliminaciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en créditos de carbono comercializables.
“Ellos cobran aproximadamente 100,000 dólares para auditar un proyecto, después tienes que pagar otros 100,000 dólares para registrar tu proyecto REDD en su base de datos y después por cada crédito de carbono que el proyecto vende, ellos obtienen una comisión. Al certificador se le termina pagando más en cuanto mas créditos de carbono sean vendidos, lo cual es un gran conflicto de interés”, destaca Juta Kill sobre la contradicción en que reposa este mercado. Es decir, aquellos encargados de fiscalizar los resultados de los proyectos para la conservación de la naturaleza son los mismos quienes se ven beneficiados de la existencia de este sistema de comercio, pues de no existir la certificación no se podrían comercializar los créditos.
También destaca la promoción que realizan las ONGs conservacionistas, “las cuales siempre han visto REDD como una manera de incrementar su control territorial (…) control sobre tierras donde los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales son ignorados”, denuncia Kill.
Debido a las numerosas denuncias y críticas por parte de comunidades, activistas y organizaciones ambientalistas a la estrategia REDD, es que actualmente este concepto se encuentra en desuso. Pero no es que haya desaparecido, sino que se ha transformado en una nueva idea: las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), el cual para Jutta Kill representa un peligro aun mayor.
“REDD no ha desaparecido, solo cambió su nombre y ahora lo que era REDD es llamado SBN, solo cambiaron los nombres, pero lo mismo continúa”, sostiene la investigadora. “Cuando ves las paginas web de organizaciones como TNC, CI o WWF puedes ver que difícilmente hablan de REDD, hablan de SBN. Y los gobiernos están haciendo lo mismo”.
“Noruega es otro ejemplo que usa la terminología porque ve el potencial en el término, que es peligrosamente seductor y tan atractivo, ¿por qué sería malo tener a la naturaleza como solución? Las voces críticas tienen que señalar qué es lo peligroso de estas SBN, tienen que preguntar, ¿si ésta es la solución, ¿cuál es el problema? Porque claramente no es el cambio climático. Si la promesa es evitar la catástrofe climática, claramente la solución es detener la extracción de combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema que estás intentando resolver con lo que llamas SBN? No pueden ser los problemas de los agricultores campesinos porque lo que proponen para ellos no es una solución. Y lo único que puedo pensar es que es una solución para las compañías de carbón, petróleo y gas y cualquiera que se beneficia de acumular y lucrar con la extracción de combustibles fósiles. Mucha gente comienza a darse cuenta que, para prevenir la catástrofe climática, se le acaba el negocio. Así que las SBN resuelven su problema para no perder ese lucro por unos años más. Claramente se debe decir no a las SBN porque no es nuestra solución, nunca resolverá los problemas, las muchas crisis que vivimos diariamente”, reflexiona la integrante de WRM.
En portada: Inauguración de la microcentral hidroeléctrica de la cooperativa de luz “Mártires y Héroes de la Resistencia” en la Unión 31 de mayo, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva
En el marco de la campaña Luces de las Resistencias, diversos pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de distintas partes de México proponen una transición energética desde el campo popular. Plantean la construcción de una propuesta que priorice las necesidades reales de la reproducción de los pueblos y que sea construida a partir del debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.
“Es posible pensar en una transición energética popular que no sea de la mano del capitalismo verde, del poder centralizado de los Estados. Es posible pensar la energía como un bien común”, sostuvo Sofía García Pacheco, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales – Onergia, de Puebla, una de las organizaciones que hace parte de la campaña.
Los pueblos y organizaciones que hacen parte de la campaña proponen algunos principios, que denominaron ‘luces’, para guiar la reflexión de lo que sería una transición energética desde abajo. “En ellas [las luces] están algunas de las rutas de pensamiento para una transición socioambiental popular, la autonomía energética y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducción de la vida”, proponen a través de un comunicado.
Construcción colectiva del dique de la microcentral hidroeléctrica comunitaria en La Taña, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva
Jóvenes indígenas masehuales de la cooperativa energética Tonalzin, en Cuetzalan, hacen una instalación de paneles solares en el techo de la cooperativa de ahorro Tosepan Tomin. Foto: La Sandía Digital
Taller de electricidad para mujeres organizado por la cooperativa Onergia, en la ciudad de Puebla. Foto: La Sandía Digital
La primera de ellas es limitar la participación de las grandes empresas en el proceso de transición. “La mayor motivación [de estas empresas] en participar en este mercado es la acumulación (…). Profundizan el modelo de acumulación de capital que, pintado de verde, genera especulación financiera, mercantilización de la energía, degradación de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial”, sostienen.
Otro punto de reflexión es la centralidad dada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la propuesta de Reforma Energética en debate en el Congreso Nacional mexicano. “La generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos”, afirman.
Megaproyecto como asunto estratégico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios “estratégicos” seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército.
La extracción del litio: En relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado…y como áreas prioritarias”, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominación colonial y de acumulación de capital, ampliando cada vez más las fronteras extractivas.
La prohibición del fracking: El fracking persiste en México a pesar de que el gobierno federal se comprometió a erradicarlo. Año tras año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra.
La soberanía tecnológica: Las organizaciones proponen el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del Norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del Sur.
Cambio de modelo económico
Asamblea de los pueblos maseuales, totonakus y mestizos en defensa del territorio. En esta asamblea se anuncio la cancelación del proyecto “Línea de alta tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín”, que incluía la construcción de una subestación eléctrica en las comunidades de la región. Cuetzalan, Puebla. Diciembre 2019. Foto: La Sandía Digital
Las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, siderúrgico y maquilador, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Para las organizaciones es inalcanzable materializar una ruta de transición energética justa si no se cuestiona el modelo económico que fomenta este consumo.
“Cuando hablamos de una transición energética no hablamos de cambiar simplemente una tecnología por otra. También estamos hablando de una transición a un modelo económico alternativo”, añade Sofía García Pacheco.
La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café Anacafé.
En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II
La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.
Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.
Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.
En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán
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Las hidroeléctricas y el préstamo
Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.
Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.
El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.
Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.
San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos
San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.
La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.
Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.
En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.
La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.
De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.
Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.
Wallmapu, 01 de diciembre.
«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.
El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.
