El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, ha ordenado al gobierno de Bolivia que indemnice al banco español BBVA con $105 millones de dólares tras la decisión de nacionalizar los servicios de administración de pensiones a través de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2009.

Fue el 10 de diciembre de 2010 cuando el Estado boliviano promulgó la Ley de Pensiones y, según la multinacional financiera, se inició un proceso de transición “en el que BBVA colaboró activamente para que la Gestora Pública boliviana asumiera sus funciones”, administrada por BBVA Previsión.

La creación de la Gestora Pública se formalizó en 2015 mientras que el gobierno de Bolivia pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019. Por ello, los demandantes, quienes nombraron a la argentino-brasileña Valeria Galíndez como su representante legal, sostuvieron que BBVA se convirtió en “rehén del Estado al no poder disponer de su inversión, sujeto a un marco jurídico inestable” en todo este tiempo.

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El tribunal internacional conformado por Stanimir Alexandrov (presidente), quien trabaja principalmente como árbitro en controversias entre inversionistas y Estados basados en tratados internacionales, determinó el pasado 12 de julio que Bolivia tenía que pagar 94,8 millones de dólares por concepto de indemnización y 10,2 millones de dólares por intereses, en relación a este supuesto retraso.

El CIADI argumentó que Bolivia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con España “al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión” y adoptar “medidas arbitrarias que la obstaculizaron”.

La respuesta de Bolivia

Bolivia ha anunciado que se prepara para responder al laudo internacional que le ordena indemnizar al banco español BBVA. “El Estado boliviano debe continuar con su defensa para que se tomen nuestros argumentos y las pruebas presentadas” declaró ante la CIADI el vocero de la Presidencia, Jorge Richter.

Por su parte Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación de Bolivia, remarco las denuncias que recoge un comunicado emitido el 16 de julio de 2022, donde enfatiza que “el Gobierno boliviano acusa al Tribunal arbitral de no valorar las pruebas pertinentes presentadas”, agregando que, “a la fecha las entidades competentes del Estado, coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar, que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”.

La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional de Argentina para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).

“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”, sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin EIA puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.

Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.

Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.

En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.

Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.

^{En portada: El evento “Golpe verde en la Amazonia” tuvo lugar en junio en el estado de Acre. A la reunión asistieron líderes indígenas, con representantes del Cimi y de organizaciones pro-indígenas. Foto: Carol Ferraz/Amigos da Terra}

Representantes de 20 pueblos originarios, campesinos, trabajadores rurales extractivistas y organizaciones sociales difundieron su posición de rechazo a la imposición de proyectos de economía verde en el estado de Acre, en la Amazonía brasileña.

Esta articulación fue resultado del encuentro denominado “Golpe Verde en la Amazonia”, efectuado en el municipio de Cruzeiro do Sul, desde donde las y los participantes denunciaron que los proyectos verdes atentan contra la autonomía, los territorios y la vida de los pueblos de la región.

En el evento se abordó las consecuencias de la implementación de programas y estrategias encaminadas a la “compensación” de carbono, las cuales se ejecutan a través de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).

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El estado de Acre constituye un ejemplo de los efectos reales tras la imposición de programas de la economía verde, cuya propaganda creó una imagen de éxito al combate de la crisis climática aún antes de su ejecución.

Consolidación

De acuerdo a un análisis entre organizaciones y comunidades reflejado en la publicación Golpe verde: falsas soluciones al desastre climático, el proceso de mercantilización de la naturaleza en el estado de Acre comenzó con el arribo del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno estatal en 1999, pues dicha administración “adoptó el discurso de que era necesario iniciar un nuevo ciclo económico en Acre, insertando al estado en la ‘era de la economía verde’, para mantener, como se dice, la selva ‘en pie’”.

Esto se consolidó con la promulgación, en 2010, de la Ley Sisa que derivó en la creación del Sistema Estatal de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA). Dicha acción constituyó la primera vez, a nivel mundial, en que la estrategia REDD, creada en el año 2005, se aplicaba para todo un estado.

Durante los años siguientes, la estrategia recibió la promoción a través de REM (REDD Early Movers), un programa estatal alemán que buscaba financiar a las iniciativas pioneras de REDD a nivel global. Con ello, recibió un financiamiento millonario por medio del banco público alemán KfW, el cual transfirió 16 millones de euros al gobierno estatal para consolidar la implementación de REDD en la Amazonía.

A la par, también recibió el apoyo de delegaciones internacionales encabezadas por el Banco Mundial, la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y otros promotores de la estrategia REDD quienes visitaron el estado de Acre, creando con ello la imagen de “historia de éxito” que se desarrollaba en aquel lugar de la selva amazónica.

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Sin embargo, de acuerdo a testimonios de pueblos originarios, comunidades campesinas y organizaciones como el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra Brasil, “las decenas de millones de euros que el gobierno de Acre ha recibido del gobierno alemán no han logrado detener la deforestación”.

“Todo este optimismo capitalista, sin embargo, no fue suficiente para ocultar la verdadera cara de la economía verde: un barniz ecológico que esconde la destrucción, el robo de tierras y la sumisión de las comunidades al régimen de acumulación del capital, transformando la crisis ecológica en negocio”, critica el CIMI de la Amazonas Occidental.

Lucro con la crisis climática

Durante el encuentro “Golpe verde en la Amazonia”, los pueblos y comunidades de la selva amazónica reiteraron que además de ser falsas soluciones a la crisis climática, los proyectos de economía verde empeoran la situación social, climática y territorial que viven actualmente.

En los testimonios subrayan como amenaza el avance acelerado de proyectos del tipo REDD+, PSA (Pagos por Servicios Ambientales) y las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), “que se han presentado como soluciones al desastre climático y ambiental en curso, acosando a nuestros líderes y organizaciones, cooptando a algunas de ellas y provocando graves conflictos internos”.

Para las y los participantes del encuentro, estos proyectos se tratan de esquemas de pago por contaminación, que generan pretextos para permitir que se sigan quemando combustibles fósiles y que continúe el crecimiento económico capitalista. “Los esquemas de compensación climática y ambiental, de hecho, van de la mano con la destrucción causada por los megaproyectos y las invasiones directas en nuestros territorios. Las falsas soluciones, como los mercados de carbono, prosperan a medida que aumentan las amenazas y la violencia”, sostuvieron mediante carta.

Un rostro más de la violencia

Entre las principales amenazas identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades de la selva amazónica, la cuestión de la protección del territorio fue la más destacada durante el encuentro en Acre.

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“Esto se debe a que las invasiones territoriales han provocado cada vez más persecuciones y asesinatos cometidos por mineros, pescadores y cazadores ilegales, madereros y traficantes. Un ejemplo claro es la reciente desaparición del activista indígena Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, quienes, por estar realizando una investigación en tierras indígenas amazónicas, tras salir en un viaje en barco desde la comunidad amazónica de São Rafael, nunca más fueron vistos”, subrayaron mediante la misiva.

“Tenemos un arma, que es la unión de los pueblos”, compartió Derci Telles, cauchera y quien fuera la primera presidenta del Sindicato de Trabajadores de Xapuri (AC). Después de dos años de aislamiento debido a la pandemia del Covid-19, el encuentro del Golpe Verde tuvo la función de tender puentes y fortalecer la lucha de los pueblos de la selva, más allá de discutir las amenazas de la economía verde, porque el objetivo de la lucha sigue siendo el mismo: “En primer lugar, se trata de tierras demarcadas. Sin tierra demarcada, no tenemos salud, ni casa, no tenemos nada”, sostuvo el líder del pueblo Huni Kui en el municipio de Feijóo, Mário Huni Kuim.

^{En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales}

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.