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Último día del Encuentro El Sur Resiste: Megaproyectos como parte de una transformación sistémica

El último día del Encuentro El Sur Resiste en el Caracol Jacinto Canek, San Cristóbal de Las Casas, se dedicó al pensamiento colectivo en once mesas de trabajo, donde se compartieron problemáticas y se identificaron responsables, así como estrategias y procesos de construcción actuales en los territorios y propuestas de estrategias de lucha locales y globales.

Los riquísimos diálogos entre los 1,200 participantes nos permitieron tener una visión de las problemáticas del país y del mundo que van de lo local a lo global.

En ese sentido, la participación de la delegación centroamericana, que enfrentó hostigaiento y dificultades para poder ingresar al país, contribuyó para entender los megaproyectos en el sur-sureste de México como parte de una gran tentativa de reordenamiento territorial a nivel Mesoamericano. En Centroamérica se están planeando una serie de corredores para interconectar Mesoamérica en la misma lógica que los megaproyectos mexicanos y articulados con los mismos, para beneficio del capital: el Canal Interoceánico de Guatemala, conectado con rutas ferroviarias y energéticas; el Canal Seco de Honduras; el Canal de Nicaragua; el Canal Verde de Costa Rica; y el Tapón de Darién, además del ya existente Canal de Panamá.

Escucha y/o descarga las palabras y el pronunciamiento de la delegación centroamericana:  (Descarga aquí)  

Según el testimonio de lxs delegadxs, esto con la intención de crear un gran corredor energético, militar e industrial en toda la región, que incluye megaproyectos turísticos, polos industriales y zonas económicas especiales. En este contexto, al igual que en México, se observa una fuerte militarización de la región, articulada con el Pentágono y el Comando Sur estadounidense. Cabe notar que los gobiernos involucrados, al igual que México, son presumiblemente progresistas, y que están logrando lo que la derecha no había podido hacer hasta ahora.

Entre las preocupaciones más urgentes en casi todos los territorios están la militarización (de la mano con el intervencioneismo estadounidense) y el crimen organizado y su imbricación con el Estado y el capital.

Síntesis de las mesas de trabajo:  (Descarga aquí)  

En todos los territorios, la destrucción ocasionada por las grandes industrias implica ruptura del tejido social; destrucción medioambiental; pérdida de valores y principios comunitarios, espiritualidad y ancestralidad; represión de las resistencias, muchas veces por parte no sólo de las fuerzas represivas del Estado, sino cada vez más de la delincuencia organizada en complicidad con las empresas. Se trata sobre todo de las industrias extractivas como la minería, los proyectos energéticos, la agroindustria, el turismo, la maquila. Y todo esto muchas veces de la mano de desplazamientos poblacionales y conflictos agrarios derivados de las tentativas de despojo.

Las problemáticas alrededor del agua y su defensa fueron también una constante en todas las mesas de trabajo, así como otras afectaciones medioambientales.

La migración es también un problema cada vez más presente que representa una tragedia para millones de personas alrededor del mundo. Se trata de desplazados económicos, por conflictos bélicos y territoriales, por la miltarización, por los efectos devastadores del cambio climático, por la violencia sistémica. La problemática se agrava gracias a los discursos unilaterales desde los Estados, la discriminación y la violencia.

La discriminación en todas sus formas también estuvo presente en las diferentes mesas. En particular, la discriminación de género y la violencia que la misma conlleva.

Entre las estrategias existentes y propuestas para enfrentar estas problemáticas, se encuentran: la defensa legal; la acción directa; las acciones destinadas a preservar la memoria, la ancestralidad y la espiritualidad; la formación contínua, sobre todo para la infancia y las juventudes; las acciones artísticas y culturales; las estrategias de comunicación; la creación y manutención de espacios físicos de resistencia; la creación de espacios de debate y compartición; estrategias para la salud en los territorios, incluyendo la partería y la medicina tradicional; acciones para garantizar la soberanía alimentaria; la investigación y sistematización; iniciativas de economía autónoma y solidaria; acciones globales coordinadas; la autodefensa.

Un eje fundamental, reiterado en las diversas mesas, es la creación y fortalecimiento de alianzas: entre colectivos y organizaciones, con los medios libres, con la acadmia compañera y las ciencias, con organizaciones e indiviuos de apoyo legal.

Al final del encuentro, se leyó un pronunciamiento de los miembros del CNI que participaron en la caravana; la síntesis de los trabajos en las distintas mesas; los acuerdos emanados del encuentro interno del CNI realizado el 5 de mayo; y el pronunciamiento final de la Caravana y Encuentro El Sur Resiste. Además, se leyó una carta del pueblo Romaní en Berlín; una carta de Manuel Gómez Vázquez, preso político base de apoyo zapatista, detenido en el Cereso 16 de Ocosingo, Chiapas, por un crimen que no cometió; un mensaje de Miguel Peralta, criminalizado por su lucha en defensa del territorio; y un testimonio desgarrador del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), muy revelador de lo que sucede en este país.

A continuación, todos los audios del segundo día del encuentro:


Fotos: Juana Machetes (Radio Pozol), Karen Castillo (Observatorio Memoria y Libertad) y Radio Zapatista

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Radio Zapatista

Encuentro internacional El Sur Resiste: Reflexiones imprescindibles para nuestros tiempos

Cartas náuticas para tiempos tormentosos. No hay duda de que las palabras compartidas en el Encuentro Internacional “Capitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía”, que se llevó a cabo en el Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, el 6 y 7 de mayo, son justamente eso. Reflexiones imprescindibles que nos ayudan a navegar los tiempos aciagos que vivimos.

Durante diez días, la Caravana El Sur Resiste recorrió los territorios donde se construyen los megaproyectos del Corredor Transístmico y el Tren Maya, visitando las comunidades afectadas por los mismos, con la mirada y la escucha atentas para entender qué significan realmente esos proyectos para los pueblos y para el país. Con ese acúmulo de dolores y luchas, unas 1,200 personas se reunieron en el Caracol Jacinto Canek para sentipensar lo vivido y juntarlo a las reflexiones de otras y otros pensadores. Durante dos días, un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios; activistas y pensadores de varias partes del país; y visitantes internacionales de El Salvador, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Austria, Cataluña, Bélgica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Canadá, Chipre, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Euskal Herria, Italia, Francia, Finlandia, Suiza, Grecia, Honduras, Kurdistán, Reino Unido, Suecia, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Wallmapu, reunimos las muchas historias de despojo y resistencia en tantas geografías para ir formando una imagen del momento histórico que vivimos.

En esta primera de dos entregas sobre el Encuentro, intentamos sintetizar los análisis que se compartieron el primer día, en la voz del pensador uruguayo Raúl Zibechi; la militante colombiana Vilma Almendra, del pueblo nasa en la región del Cauca; las mujeres de Kurdistán; la pensadora Ana Esther Ceceña; y el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena.

Compartimos también los audios completos de las ponencias, así como la síntesis de lo que la Caravana descubrió en su recorrido y, finalmente, el pronunciamiento final de la Caravana y del Encuentro, que aunque fue leído el último día, lo incluimos aquí por su importancia.

Contexto mundial

Para entender lo que sucede en México, coincidieron todos los ponentes, es necesario entender el momento histórico que vivimos a nivel mundial. Atravesamos, como tantas veces se ha dicho, un momento de profunda crisis planetaria de la mano de un reacomodo geopolítico en el que Estados Unidos y China se disputan el poder mundial. En ese reacomodo, advirtieron Raúl Zibechi y Ana Esther Ceceña, es importante no encantarse con la posible caída del imperio estadounidense y aplaudir la emergencia de China como poder global —un país sin duda capitalista y profundamente patriarcal—. Se trata, en efecto, de dos formas distintas de capitalismo; capitalismo éste que, como explicó Carlos González, atraviesa una crisis nunca vista debido al crecimiento exponencial del capital financiero en detrimento del capital productivo.

Aunque esta disputa se da sobre todo en el Indo-Pacífico, el sureste mexicano no es ajeno a la misma, pues América Latina es una región estratégica para los intereses estadunidenses: militares, por un lado, pero sobre todo económicos, pues ante la crisis de suministros, recrudecida por la pandemia y más aún por la guerra en Ucrania, los países del sur aportan la reposición necesaria. El capitalismo actual, explicó Zibechi, depende de las guerras de despojo para sobrevivir. Según análisis rigurosos, el 40% de la tierra en América Latina aún se encuentra en manos de campesinos, comunidades indígenas y negras, pequeños productores, pescadores, recolectores, etc. Y esas tierras son codiciadas por el capital, lo que significa que la guerra de despojo que presenciamos recién comienza y es de larga duración.

De ahí dos fenómenos ineludibles: la militarización y el vínculo entre crimen organizado, Estado y capital.

La militarización llegó para quedarse, dijo Zibechi, pero ahora con nuevas características. Mientras antes la izquierda siempre se opuso a la militarización, ahora los gobiernos progresistas, como los de México, Argentina, Chile y Colombia, la promueven con mucho más éxito de lo que la derecha jamás lo había podido hacer. El caso de México es desde luego el más extremo, y aquí entendemos que el militarismo no sólo se utiliza como mecanismo de control para el reordenamiento territorial, sino también como fuente de acumulación de capital, al utilizarse el Ejército y la Marina para construir y administrar megaproyectos en los que participan grandes empresas transnacionales y que, como se observó a lo largo de la caravana, en nada benefician a los pueblos.

Esta militarización no es ajena a los intereses de Estados Unidos en su disputa por el poder global. El 3 de febrero del año pasado, México por primera vez permitió que las fuerzas armadas de Estados Unidos realicen ejercicios militares en territorio nacional. Esto como parte de la nueva estrategia del Comando Sur estadounidense para Latinoamérica.

Por otro lado, la alianza entre fuerzas armadas, Estado, capital y crimen organizado, tan evidente en los testimonios recabados en el recorrido de la Caravana y en los que escuchamos en las mesas de trabajo durante el Encuentro, es ya un elemento sistémico global. Como dijo Zibechi, el capital funciona al estilo del narco, y el narco es una empresa capitalista sumamente exitosa.

Vilma Almendra detalló cómo en Colombia (como en México), el narco se utiliza para romper movimientos, resistencias y autonomías. Así, el territorio del Cauca, que hasta 2018 estaba controlado por las comunidades indígenas de la mano de la guardia comunitaria, está ahora bajo el control de los grupos armados, cuyo gran motor es el narco. Como en México, en Colombia el narco está incrustado en todos los niveles del gobierno. “Nos gobiernan los mejores narcos —dijo Almendra— y ellos nos señalan como narcos y nos matan.” En México la evidencia más burda de esto es desde luego Genaro García Luna, pero como los muchos testimonios (y la experiencia de casi cualquier ciudadano) demuestran, el narco-Estado está más vivo que nunca en nuestro país.

Más allá de la dimensión militar, los megaproyectos de la 4T son de gran interés económico para los Estados Unidos. Carlos González recordó que los proyectos eólicos se han logrado frenar en el Istmo de Tehuantepec, pero aclaró que no como respuesta a los reclamos de los pueblos afectados, sino porque la política energética del gobierno actual prioriza el gas y petróleo producidos en el sur de Texas. Al gasoducto de Texas a Tuxpan, Veracruz, inaugurado en 2019, se le planea añadir otro trecho para conectarlo con el Corredor Transístmico y con la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Por otro lado, el Corredor funcionará como un muro contra la migración, sobre todo centroamericana. El muro fronterizo que Donald Trump anunció sería costeado por México se construye ahora no en la frontera norte, sino en el Istmo de Tehuantepec, para detener el imenso flujo de migración ocasionado tanto por la crisis económica como por la militarización y la crisis ambiental planetaria.

Megaproyectos de la 4T: un solo proyecto

Carlos González enfatizó que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos (por el que perdió la vida Samir Flores Soberanes y que finalmente se logró detener), el aeropuerto de Santa Lucía, los gasoductos y líneas eléctricas y todo el resto de infraestructura planeada no son proyectos aislados, sino componentes de un mismo proyecto cuyo principal objetivo es el reordenamiento territorial para beneficio del capital.

El Tren Maya contempla la construcción de grandes hoteles, un aeropuerto en Tulum, la modernización de los aeropuertos de Chetumal y Palenque, “ciudades desarrolladas” y polos industriales con inversiones de alrededor de mil millones de dólares cada uno. El Corredor Interoceánico, que se conecta con el Tren Maya, además de la línea de tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz, incluye otra de Coatzacoalcos a Palenque y una tercera de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Esto, como describió la delegación centroamericana al final del segundo día del encuentro, se articula con megaproyectos en toda América Central con el mismo propósito de reordenamiento territorial para usufructo del capital. Se reconstruyen también un oleoducto y un gaseoducto de Jaltipan a Salina Cruz, una red profunda de fibra óptica y más de 15 mil hectáreas de polos industriales. Todo esto con la participación de empresas multinacionales como Mota-Engil, Grupo Carso, Grupo Aspid, ICA, empresas inmobiliarias como Real Estate Market and Lifestyle, Grupo Industrial Hermes, Ferromás, Grupo México, FEMSA y más.

Todos estos proyectos, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental y social serios, invaden los territorios de los pueblos y destruyen el tejido social. Se trata, como dijo Ana Esther Ceceña, de un saqueo no sólo físico, sino de sentidos, de símbolos y referentes. En el proceso de construcción de estos proyectos, se saquean piezas arqueológicas y se destruyen edificios prehispánicos para dar paso al tren. Además de las graves afectaciones ambientales, la tala de millones de árboles y la destrucción del hábitat de muchos animales, nuestra historia está siendo destruida y profanada en aras de un progreso que sirve a unos cuantos.

Ante las inevitables resistencias, estos proyectos están custodiados no sólo por las fuerzas armadas, sino por el crimen organizado. Como advirtió Carlos González (y como es evidente por los relatos de varias organizaciones presentes en el encuentro), son el narco y los grupos paramilitares quienes dan protección a las empresas mineras, a los agronegocios, a los gasoductos y a los megaproyectos, incluso participando con grandes lucros en dichos negocios.

“A mí, que llevo tantos años trabajando en la costa nahua de Michoacán, con tantos hermanos asesinados y desaparecidos, este 2023 me recuerda mucho al 2011 calderonista”, dijo González. Y quienes viven en Chiapas tienen el privilegio de conocer de primera mano la rapidísima transformación de un estado bellísimo en un campo de guerra.

Luz en la oscuridad

“Cuando la oscuridad es profunda —dijo Carlos González—, una luz, por pequeña que sea, es fuerte y poderosa.”

La situación de desplazamiento forzado, represión, criminalización, asesinatos y desaparecimientos forzados y todo el horror que se vive en los territorios que resisten el despojo tiene su contraparte en la construcción de vida de los pueblos.

En su caminar por las luchas de América Latina, Raúl Zibechi observa que hay una expansión en curso de las autonomías, al punto que para muchos pueblos el camino autonómico se ha convertido en sentido común, sobre todo entre los pueblos originarios y de la diáspora africana. Se trata de un camino en el que se construyen otras formas de vida y relaciones sociales distintas. Vilma Almendra, por ejemplo, habla del proceso en marcha por la liberación del Cauca no sólo en términos de la recuperación de las tierras de cultivo, sino de una relación no patriarcal, no colonial y no estatal con la tierra. “Tierra para sanar el corazón y liberarnos con ella.” La resistencia kurda, como bien dijeron las mujeres kurdas, es un paradigma de esperanza para el mundo. “El confederalismo democrático en Rojava crea vida y demuestra que el Estado-nación no es la única solución.”

Hay en marcha, también, una insurgencia de la mujer no sólo por relaciones no patriarcales y más justas, sino por repensar nuestra relación con la tierra, entre los seres humanos y con la vida. No por nada el lema de la revolución kurda es “Mujer, Vida, Libertad”. Junto con esto, como quedó claro en las mesas de trabajo, hay una preocupación activa por el papel de la infancia y las juventudes en la construcción de otras formas vivir.

Finalmente, lo que quedó muy claro en el encuentro es que hay un despertar de la importancia de la espiritualidad como fundamento para la lucha y como forma de enfrentar la brutalidad del despojo. Porque es por medio de la espiritualidad que se puede concebir la tierra no como mercancia, sino como algo sagrado que hay que cuidar y respetar. Es la espiritualidad lo que alimenta el arte, que nos permite vislumbrar otros mundos posibles. Es la espiritualidad lo que le da sentido a la construcción de otras formas de relacionarnos entre nosotrxs y con la naturaleza. Es la espiritualidad lo que nos alimenta para no claudicar, para seguir caminando con corazón, con “ternura radical”, como se expresó varias veces, con determinación de que la destrucción y la muerte sólo se pueden enfrentar construyendo vida.

La gran fuerza de lucha y de vida que presenciamos tanto en la caravana como en el encuentro son pequeños faros que alumbran nuestro navegar en las aguas inciertas de nuestros tiempos.

 

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Radio Pozol

Pueblos originarios se reúnen en el Caracol zapatista Jacinto Canek, comparan este año 2023 con el “2011 calderonista”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 6 de mayo. Después de un largo período de más de tres años nuevamente se reúnen pueblos originarios en el Cideci Unitierra, esta vez tras realizar la Caravana preparatoria al encuentro El Sur Resiste, iniciado este fin de semana en San Cristóbal de Las Casas.

La caravana inició en la costa de Chiapas para luego transitar
por seis estados del sureste mexicano, en donde las comunidades que los recibían expusieron las violaciones a sus derechos humanos, a la tierra y el territorio, por parte de los diferentes gobiernos para imponerles la realización de megaproyectos como el Corredor Interoceanico y el autodenominado Tren Maya, así como el Proyecto Integral Morelos entre otros.

En la inauguración del encuentro internacional se realizó un recuento de lo que fue la travesía de la caravana, así también se contó con la participación de oradores nacionales e internacionales que compartieron su forma de resistir y organizarse contra la explotación, el despojo y la represión de gobiernos y empresas que los quieren despojar de su tierra y territorio.

Con 940 participantes de 33 pueblos originarios de México, desde Abya Yala, Estados Unidos, Europa y Kurdistán, el Encuentro Internacional ”El Sur Resiste 2023” da una síntesis de la Caravana y ponencias acerca del capitalismo corporativo mundial, el patriarcado planetario y autonomías en rebeldía, como la revolución del Kurdistán y las luchas y resistencias en Sudamérica.

Durante su participación Carlos González, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), describió la actual crisis sistémica a nivel nacional e internacional con el despliegue de polos de desarrollo y la imposición de megaproyectos como el Corredor Transístmico y el mal llamado Tren Maya; los cuales forman un solo proyecto neoliberal con el Proyecto Integral Morelos, señaló.

El abogado comparó este año 2023 con el “2011 calderonista”, por la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra y el territorio en México, en referencia al sexenio del ex presidente Calderón.

El también luchador social puntualizó que la lucha individual y colectiva de las mujeres: se articula con la resistencia de nuestros pueblos, que da prioridad al cuidado de la Madre Tierra. Estas dos luchas hay que hacerlas crecer en medio de tantos peligros, convocó Carlos González.

Posteriormente desde Chiapas zarpó nuevamente el velero “La Montaña”, ahora en su versión documental, el cual fue presentado por sus realizador@s al finalizar las actividades de este primer día y que cuenta la Travesía del escuadrôn zapatista 421 en su viaje por el océano Atlántico rumbo a Europa, hace dos años (tráiler)

Página del encuentro:
www.elsurresiste.org

Transmisión:
https://fb.watch/kmqdjRaH8e/

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Avispa Midia

En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.

Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.

Te puede interesar – Un aeropuerto sobre manglares, apuesta de El Salvador para desarrollo regional

Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.

Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA

“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).

En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.

Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.

Inseguridad alimentaria

Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.

“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.

A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.

Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.

“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.

Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.

Inversiones

Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.

Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.

El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.

Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.

Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.

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Avispa Midia

EEUU trata con México, migración y la conexión de sus vías con Tren Maya y el Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Este 2 de mayo, en Ciudad de México, fue recibida la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar con la iniciativa migratoria acordada en enero pasado por los mandatarios de ambos países, Andrés López Obrador y Joe Biden. Tras esta reunión, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas para atender los flujos migratorios y el crimen organizado en la región, así como nuevos proyectos estratégicos.

Desde la Casa Blanca se anuncia que lo que se pretende, en primer lugar, es incrementar las “acciones conjuntas para contrarrestar a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.

Estas medidas se complementan con la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente entre Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién y el flujo de drogas. “Hemos realizado más de 10 mil arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado (2022) e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en relación a esta campaña.

En segundo lugar, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en América Central para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las rutas migratorias laborales.

Estos acuerdos se dan justo a unos días de que finalice el Título 42, por disposición de una orden judicial de la unión americana. Este título de salud pública de Estados Unidos –decreto sanitario para evitar la propagación de la pandemia de COVID 19– fue implementado durante el gobierno de Donald Trump. Bajo esta ley EEUU expulsó, hacia territorio mexicano, a un aproximado de 2.5 millones de personas.

La nueva ley con la que se atenderá el flujo migratorio hacia EEUU será el Título 8. “Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata”, sostiene el secretario Mayorkas.

Esta ley, que ya se ha usado con gobiernos anteriores, mantendrá los procesos de permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero establece que quienes no cumplan con el debido procedimiento burocrático para el acceso legal, serán deportados inmediatamente. Así mismo, si el acceso a EEUU se califica como ilegal, se implementará una expulsión acelerada, además, “las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal”, arguye el secretario.

Militarización de la frontera con México

Tras el fin del Título 42, el gobierno de Biden ha ordenado que el Departamento de Defensa movilice a 1,500 militares hacia la frontera con México para atender el flujo migratorio y la contención del flujo de drogas. De acuerdo con el secretario de Prensa del Pentágono, el General de Brigada de las Fuerzas Aéreas Pat Ryder, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional ayudando en estos casos.

Según el general, los militares realizarán actividades de apoyo por un periodo de 90 días vía terrestre, hasta que sean reemplazados por otras fuerzas armadas que, posiblemente, sean militares de reserva.

“En preparación del regreso a la aplicación del Título 8 de inmigración, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están implementando medidas radicales con nuestros socios regionales para reducir la migración irregular, garantizar un procesamiento seguro, ordenado y eficiente, y expulsar rápidamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes (2), justo cuando se realizaba la reunión en Ciudad de México.

Migrantes

Ciudadanos de origen mexicano fueron los principales expulsados bajo el Título 42, contabilizando más de 1.5 millones de personas.

Por otra parte, en las diversas reuniones entre ambos gobiernos no se ha tratado el tema de casi 11 millones de mexicanos que residen en EEUU sin documentos que acrediten su estancia legal. Lo que sí ha reconocido el gobierno de López Obrador, es el flujo de remesas que generan estos trabajadores y trabajadoras en el país vecino y que son enviados a México, del cual se han beneficiado varios bancos y empresas intermediarias.

Según datos del Banco de México, tan solo en 2022, el país recibió casi 60 mil millones de dólares provenientes de familias mexicanas en EEUU, monto que creció un 13.4% respecto a lo registrado en 2021, cuando representó el 4% del PIB nacional.

Proyectos estratégicos

En la reunión del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano también hizo público que la empresa estadounidense Pacific Limited, de Houston, Texas, invertirá aproximadamente 14 mil millones de dólares en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción que ya estaba prevista construirse en el Puerto Libertad, en Sonora.

A través de estos complejos, México importará gas (extraído con el método de fractura hidráulica) de productores estadounidenses y, posteriormente, se exportará a la región de Asia.

López Obrador también entabló un dialogó con directivos de las compañías ferroviarias Canadian Pacific-Kansas City Southern (CPKC), recientemente fusionadas, para establecer una asociación con el gobierno mexicano y ampliar las conexiones que ya están establecidas desde Canadá y EEUU con aproximadamente 35 mil kilómetros de vías en total.

Lo que se pretende es conectar el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Actualmente, ya existe una conexión ferroviaria hasta el centro de México y los países del norte. “Al presidente le gustaría que (la red ferroviaria del CPKC) conectara con el sur del país”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Esta conexión entre los tres países permitirá un servicio ininterrumpido del trasporte de materias primas y mercancías que cruzarán entre el Atlántico y el Pacífico para atender los diversos mercados globales.

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Avispa Midia

(English) They promised to get Argentina out of poverty with fracking; now they’re poorer

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

By Santiago Navarro

Translated by Elizabeth L. T. Moore

Patagonia, southern Argentina, ancestral territory claimed by the Mapuche village and fought-over by transnational companies that combust hydrocarbons. Even though the land is quite far from the military conflict between Russia and Ukraine, energy price volatility has put them on the geopolitical map for being the second world reserve of unconventional gas and fourth in crude oil of the same origin.

Here, almost 28 thousand m³ of oil and 44 thousand m³ of gas is extracted daily, even though almost nobody talks about the impacts it leaves on the communities that live in this area.

It was in 2019, in a civil court in Santiago de Chile, when the Mapuche village presented cases of environmental damage and violations of human rights in Argentina by the exploitation of oil and unconventional gas, extracted by the method known as hydraulic fracturing (fracking), a technique that, according to the Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), has been used in the country since 1959.

Fracking consists of injecting additive fluids at a very high pressure to generate cracks in the bedrock, thus allowing the hydrocarbon to flow to the well. The mixture is “basically formed by water (more than 90%) and some sand,” announces the IAPG platform.

Photo: Alejo di Risio

The country’s Ministerio de Economía has documented, this year in 2023, in its report Argentina Productiva 2030 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, that “in an unconventional well, 60 million liters of water and 10 thousand tons of sand are injected.”

Three years after the Mapuche village’s complaint, between March 29 and April 5 of this year, various environmentalists from the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza conducted an inspection in the Neuquén and Río Negro region, where Cuenca Neuquina is found, that makes up the main hydrocarbon producer of the country, better known as Vaca Muerta. The delegation managed to verify and document several environmental impacts and human rights violations that fracking has caused.

One of the main problems the delegation has focused on has been water use. Environmentalists warn that the region is already experiencing a water crisis, when barely five of the 31 companies that have concessions in the the region are in the exploitation phase. Meanwhile, this year the demand for water could possibly double. Furthermore, this is added to the storage of the toxic waste left by the extraction of these energies.

Environmentalists have registered the presence of oil landfills, trash containers and mountains of waste accumulation, products of drilling the wells, which do not have any security measures. This has led observers to conclude that the authorities are complicit.

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“Without a shadow of a doubt, there are institutions in charge of controlling all these activities. But they’re on the edge, or they’re total accomplices of what’s happening. It would be enough to look at the open-air landfills of accumulated petroleum,” said Alberto Acosta, former presidential candidate of Ecuador, who has also been part of the environmental delegation in Neuquén.

Since 2020, the Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas has promoted before the law an order to enter the plants where they are depositing the petroleum waste from Vaca Muerta. It criminally accused the company Comarsa for accumulating and concentrating toxic waste in its installations. It denounced petroleum companies like YPF, Shell, Chevron, among others, for producing these residues in the drilling marks.

Among the irregularities the lawyers registered, they found what they classified as “petroleum trash.” Trash that, they declared in a statement, “contains radioactive remains and heavy metals. Also found was ground contaminated by petroleum, liquids with oil and liquids with petroleum, whose origins are not found registered.”

The spokesperson of the Argentinian lawyers, who has also joined the delegation that has reviewed the south of the country, affirmed/stated/claimed that only the company Comarsa, between 2016 and 2019, assembled/gathered around 720 thousand metric tons of toxic trash in open-air.

Acosta, the Ecuadorian, has warned that what’s currently happening on these lands is a huge social environmental disaster. “This region is literally drying up. A region where rural inhabitants, above all, the indigenous Mapuche villages, are being robbed of the rivers. The rivers are disappearing and that water goes to extractivist activities,” the Ecuadorian affirmed and added that “only a well can use up to 90 million m³.”

The observer team concluded that “what’s more, the Mapuches were not consulted, even though the country ratified Convenio 169 of the OIT which establishes the requirement of free and informed enquiry and the need for consent from indigenous villages. Not only that, they’ve been victims of other forms of violence. They even try to deny their ancestral presence in said territories,” it recorded.

Furthermore, it’s not just the use of millions of cubic meters of water, but also the quantity of toxic chemical products that are filtered from the well and affect the flow of underground water. “Añelo (department) is one of the clearest examples. It’s the petroleum capital of the region, and water can’t be consumed there,” says the first recommendation conducted by the members of the Argentinian government delegation.

The observers have also documented a large quantity of seismic movement in the area, highlighting furthermore that cancer indications are on the rise, just like diseases caused by heavy metals in the blood.

More petroleum to get out of poverty

When the exploitation of Vaca Muerta was beginning, they promised there would be energy autonomy, external debt and poverty in the country would be over. One decade later, in Argentina “40% of the population lives in poverty, at least 4 million people live in destitution, which represents 8% of the population,” detailed Natalia Greene, secretary of the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

The same discourse gained strength again in 2023. The country’s Ministerio de Economía clearly affirms in its document called Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico 2030 that “the context of the war between Russia and Ukraine has opened a new opportunity for Argentina to earn participation in the global energy markets. The maturation of the Vaca Muerta oil field coincides with this setting,” through which it will be possible to generate quality jobs and lower poverty.

It even justifies the exploitation of the Cuenca del Neuquén, considering that this gas is considered clean and necessary for the so-called energy transition. “We’re sure it’s possible to double exportations: the energy transition brings us a favorable backdrop so we can develop the potential Vaca Muerta exporter, of low-emission hydrogen and minerals like lithium or copper,” points out the development plan.

The environmentalist Greene strongly affirms that these discussions that justify extractivism to deal with poverty, “that run across Latin America from top down, from north to south, from east to west, are always false.”

Court

This court made up of prominent figures in the care of the environment was born in Quito, Ecuador, in 2014 as a space of civil society that judges the cases of violation of rights of nature and environmentalists. In this way, it considers Nature as a legal subject with rights equal to humans.

Photo: Alejo di Risio

Those who join the court have traveled various countries documenting and denouncing the affectations to nature, mainly, the conflicts caused by the exploitation of hydrocarbons and megaprojects.

In this instance, they’ve traversed not only the area exploited by fracking in the Argentine Patagonia, but also they’ve joined government representatives, oil companies, social organizations and communities affected by the activity.

The environmental delegation will present a report that will be analyzed by a panel of more than 60 judges that make up part of the court, elected by their career path, like the Hindu doctor, physicist, philosopher and writer Vandana Shiva, to present the relevant recommendations.
Although it’s not binding, it is a precedent to be consider by the rulers in office. “We hope this sentence serves, in one sense, to provoke society’s conscience, to mobilize in something the conscience of the rulers, which is often difficult, if not impossible. Above all, we hope that it will serve as an element for the communities’ struggles”, said the Ecuadorian economist Acosta.

 

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Cargill, responsable por la expansión de la soya en la Amazonía

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Un campesino limpia el suelo para evitar que el fuego llegue a su parcela en la Amazonía brasileña.

Ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas del estado del Pará, en la Amazonía brasileña, en la región del río Tapajós, han denunciado los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos provocados por la empresa multinacional de Estados Unidos Cargill, una de las líderes mundiales en la exportación de commodities agrícolas.

La empresa es responsable por la construcción de infraestructura, como puertos, para dinamizar la exportación de granos, como la soya, en expansión en las regiones norte y centro de Brasil para el mercado exterior, principalmente Europa y Estados Unidos.

Cargill llegó a la región hace 20 años. Primero en el municipio de Santarém, después expandió su actuación en otra parte del río, en el municipio de Itaituba, distrito de Miritituba, donde construyó una estación de transbordo de cargas. La empresa opera entre 650 y 700 embarcaciones en el mundo, según declaró el presidente de la empresa en Brasil para la Revista Forbes.

De acuerdo con el estudio Sin Licencia para Destrucción: Cargill y Violación de Derechos en el Tapajós, realizado por Tierra de Derechos Brasil, la empresa debe ser responsabilizada por el avance de la producción de monocultivos de granos en la región. “La cuenta es muy simple: si existe un puerto – o un complejo de puertos en el caso de Miritituba – para fluir la producción hacia el mercado exterior con bajo costo, eso significa que poseer haciendas de monocultivo en la región resulta en alta rentabilidad”.

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Avispa Midia

En Argentina, el trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

Fuente: Avispa Midia

Por Darío Aranda

En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

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Perú: defensores de la tierra se levantan contra narcoestado

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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Ecuador | Pueblos se organizan para expulsar a la minera británica Anglo American

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Asamblea Plurinacional Antiminera realizada el 15 de abril

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.