En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria
La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.
Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.
Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.
Francisco Pop Ico, defensor comunitario asesinado el pasado 17 de octubre del 2024.
Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada.
Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.
Condena
En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.
La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.
Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.
Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.
Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia.
“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.
Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados.
El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad.
Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.
El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.
Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos.
Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.
La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman.
Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”.
Protección
En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.
Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.
En portada: Habitantes de la región Libres Oriental, en Puebla, clausuraron de manera simbólica una de las instalaciones de Granjas Carroll, propiedad de Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo.
En las últimas dos décadas, la producción industrial y el consumo mundial de carne han experimentado un crecimiento acelerado, aumentando un 53% a nivel mundial, con el pollo, el cerdo y la res representando casi el 90% del total, proyectándose un aumento del 76% para 2050, alerta un estudio de la organización ambientalista GRAIN.
La creciente demanda mundial de carne, impulsada por países del norte global, ha intensificado la cría industrial en América Latina, contribuyendo a la deforestación y al cambio climático, sostiene la organización. “Este modelo industrial de producción de carne desplaza los sistemas alimentarios tradicionales, se establece en territorios indígenas y campesinos, y provoca la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas, y la degradación del suelo. Además, agrava los problemas de salud pública y exacerba los conflictos por la tierra, alimentando un círculo vicioso de desigualdad y violencia”, subraya en el informe.
Un pequeño grupo de empresas ha controlado gran parte del mercado. Las principales corporaciones que operan en América Latina son la JBS y BRF, ambas de Brasil; Tyson Foods, de Estados Unidos; la Smithfield Foods, de China;Minerva S.A., de Brasil; Hormel Foods Corporation y Conagra, ambas de Estados Unidos.
En portada: Incendios forestales se multiplican en toda la región amazónica. En el Perú, donde miles de hectáreas han sido destruidas, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal aprobada en enero del 2024. Foto: Aidesep.
Los incendios forestales en la Amazonía peruana devastaron, entre agosto y septiembre, miles de hectáreas de bosques ante la inacción del Gobierno. La catástrofe ambiental, que deja 20 personas fallecidas, no se explica solo por la sequía y el calentamiento global: detrás hay políticas denunciadas por los pueblos originarios.
En territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, en conjunto, se perdieron millones de hectáreas en las últimas semanas. Brasil es el mayor afectado, con siete millones de hectáreas quemadas.
No se trata de quema de pastos fuera de control. La agricultura y la ganadería, principales causas de deforestación de la Amazonía, arrasan con inmensas áreas de selva tropical para plantaciones y pastoreo. El fuego también está consumiendo extensas zonas de vegetación en Paraguay y Argentina.
De acuerdo a un reporte publicado en julio por el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP), más de 106 millones de hectáreas de la región, equivalentes al 13% del bioma amazónico, están cubiertas de cultivos. Mientras que el pasto para ganado abarca 76,3 millones de hectáreas, de las cuales Brasil concentra el 92%. La ganadería ocupa el 9% del bioma amazónico.
En el Perú, el fuego tiene el amparo de la nueva Ley forestal, aprobada por el Congreso en enero de este año mediante procedimientos irregulares. Los cambios en la norma, propuestos por sectores políticos aliados a empresas extractivistas, permiten el saneamiento de terrenos deforestados.
Ley antiforestal le llaman las comunidades indígenas y organizaciones sociales movilizadas contra la disposición, pues en la práctica se formaliza la deforestación de bosques amazónicos, favoreciendo a los monocultivos (palma aceitera, cacao, café), la tala, tráfico de terrenos, minería (legal e ilegal) y narcotráfico.
En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.
Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.
Heridos con arma de fuego en la recuperación de tierras garífunas.
La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.
Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.
“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.
Intimidación por policías y civiles armados contra pobladores de Nueva Armenia.
Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.
Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.
Recuperar para resistir
En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.
Monocultivos de palma aceitera cercan a la comunidad garífuna de Nueva Armenia. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.
Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.
“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.
Trabajos en la recuperación de tierras “El Cayo”. Agosto, 2023. Fotos: Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago.
Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras – aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión.
“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.
Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.
“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.
Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.
La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.
Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.
Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.
Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.
Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro
Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial
Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.
Escucha y/o descarga el cuarto capitulo de nuestro programa radiofónico El Fogón de las Palabras “Viaje de Honduras a México” FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.
una niña, su papá trabajaba vendiendo nieves en su troco en Honduras.
Una señora, a ella le da mucho miedo cuando mira las combis de la migración en México, tiene miedo que la deporten.
Lo que mas me duele fue dejar a mi nieta, mi primera nieta.
Una no sabe si va a regresar o no…
Historias de vida de mujeres que salieron de su país “abriendo camino hacia nuestros sueños”. Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.
El Fogón de las Palabras es una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
Desde El Fogón de las Palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
El Fogón de las Palabras es un proyecto de Promedios De Comunicación Comunitaria y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios.
En portada: La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. Foto: Martin Katz.
“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).
En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.
Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.
Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.
A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.
Foto: phoenixglobalresources
Petroleras “carbono neutrales”
Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.
Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.
Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.
Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.
Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.
Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.
Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”
Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.
También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.
Foto: Neuquen.gov.ar
Compensación con la selva misionera
Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.
Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.
Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.
Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.
Foto: Fernando Cattáneo
Monocultivos en Corrientes
Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.
De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.
Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.
“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”
Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.
Unitán en Chaco
Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.
Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.
La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.
El lobby
Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.
AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.
A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.
En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.
En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.
Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.
Mercados regulados y voluntarios
En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.
Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.
En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”
Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.
La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.
La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.
Rechazo de organizaciones internacionales
En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a “Detener los de mercados de carbono“.
“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades, Barrios, Organizaciones, Colectiv@s y activistas que luchan por defender a la Madre Tierra resistiendo y construyendo autonomía en todos los rincones
del Sur Global (Oaxaca, México y el Mundo)
A los medios libres, comunitarios, alternativos, independientes o como se llamen
A quiénes defienden la vida con su vida misma
Estamos a menos de dos meses del Encuentro Global por el Clima y la Vida – ANTICOP 2024, en un momento crucial que nos convoca a unir nuestras fuerzas y corazones en torno a una causa común: la defensa de la Madre Tierra. En nuestra travesía hacia noviembre, ya hemos iniciado el diálogo en nuestros foros virtuales. (https://mirrorssouthglobal.org). Estos intercambios nos sirven como preámbulo a los trabajos que nos esperan y nos ayudan a afinar nuestras propuestas y estrategias.En esta segunda llamada, queremos nombrar a nuestros hermanoas del EZLN y el CNI-CIG, porque su ejemplo y sus pasos nos han enseñado a abrazar con fuerza la lucha contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, a trabajar cada día por ese mundo donde quepan muchos mundos. Su valentía y perseverancia nos inspiran a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen abrumadores. Reiteramos la invitación hecha, sería un honor para nosotros contar con su presencia. Su palabra, ejemplo y guía son cruciales para construir un futuro en el que la justicia y la equidad prevalezcan.Esta iniciativa nació de una profunda reflexión sobre las tormentas que enfrentamos y sentimos en nuestra realidad cotidiana. Tras revisar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida, decidimos unir esfuerzos para hermanar nuestras luchas entre Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades, Barrios, Organizaciones, Colectiv@s y activistas de diferentes rincones del planeta que también están comprometidos en defender a la Madre Tierra y la Vida. Desde el inicio, quienes tomamos la iniciativa, sabíamos que enfrentaríamos a quiénes creen tener todas las respuestas y solo escuchan el dulce sonido de su propia voz. Nos enfrentamos a una amplia gama de actores, desde quienes están en el poder hasta aquellos que aunque lo critican, lo abusan en los espacios comunes. Queden tranquilas las vanguardias, no estamos buscando a sus bases, ni convocando a sus públicos cautivos. Se escuchan rumores, mentiras y silencios cómplices. Parece que es más fácil destruir que construir, juzgar que comprender. Sin embargo, nosotres estamos firmemente comprometidos a dialogar las diferencias, poniendo lo común frente a las adversidades, desde la honestidad y la profundidad de la palabra compañera. Nos dedicamos a la construcción constante y colectiva porque soñamos lo imposible y creemos en un futuro mejor.
El momento para convocarnos es ahora. Este llamado está dirigido a todas las personas quiénes se sienten invisibles, atrapadas en la desesperación y la deuda, a menudo abandonadas y solas, a quienes
sentimos la necesidad de enfrentarnos juntas y organizadas a las tormentas que se avecinan. Es una invitación a soñar en construir o recomenzar nuestros territorios en autonomía y con libre autodeterminación.Hemos sido testigos en diversas geografías del planeta del crecimiento de una “izquierda difuminada” que, poco a poco, reveló su verdadera piel, mostrando su carácter neoliberal y profundamente fascista en sus acciones. Esta supuesta alternativa progresista no protesta contra la militarización ni cuestiona los planes imperialistas. Con una mano ofrece programas sociales, mientras con la otra entregó territorios al capital transnacional. En México, esta izquierda neoliberal puede abrazar a Evo Morales, pero también cierra las fronteras a las personas de Centroamérica y muestra su desprecio por quienes defienden la tierra y el territorio, reafirmando el programa de despojo, exacerbación de los extractivismos y apertura al colonialismo verde.Estamos viendo la continuidad de los megaproyectos de capital transnacional que despreciando a los pueblos continúan imponiéndose sobre nuestros territorios, Estos megaproyectos no sólo arrasan con la tenencia de la tierra, también mutilan la identidad, la cultura, la lengua y la espiritualidad de los pueblos. Denunciamos al mismo tiempo, las imposiciones y complicidades entre gobierno, corporaciones y estructuras criminales para poner al territorio mexicano a jugar en una apuesta de transición energética contrapuesta a los intereses de los pueblos y sus territorios.Quienes convocamos al Encuentro Global por el Clima y la Vida buscamos construir desde abajo, con una organización sólida que recupera las numerosas luchas en defensa de la vida y el territorio de nuestros pueblos. Queremos evitar imponer agendas para escucharnos entre pares, siempre con la lucha por la vida como nuestro horizonte común.
En nuestro encuentro, queremos permitirnos soñar con un diálogo enriquecedor entre movimientos, pueblos, organizaciones, colectivos y activistas. Queremos replantear nuestras estrategias y avanzar más allá de la denuncia, hacia acciones concretas y transformadoras.
¿Qué camino tomaremos después del Encuentro Global? Esa decisión la tomaremos juntas, juntos, juntes. Nos escuchamos en Oaxaca, dispuestos a escribir el próximo capítulo de nuestra historia compartida.
NOTA: El programa general sigue en construcción, será publicado durante la mitad del mes de octubre. NOTA_2: Seguimos respondiendo correos y mensajes, si no has recibido respuesta, insistente mandando la frase “a ver a ver a qué horas”.
Gracias.
ENG 👇🏾
Second callTo where and with whom do we sail?
To the Zapatista Army of National Liberation (EZLN)
To the National Indigenous Congress – Indigenous Council of Government (CNI) To the Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists who struggle to defend Mother Earth by resisting and building autonomy in all corners of the Global
South (Oaxaca, Mexico and the World)To the free, communitary, alternative, independent and independent media
To those who defend life with their very lives
We are less than two months away from the Global Encuentro for Climate and Life – ANTICOP 2024, at a crucial moment that calls to unite our forces and hearts around a common cause: the defense of Mother Earth. On our journey towards November, we have already started the dialogues in our virtual forums (https://mirrorssouthglobal.org). These exchanges serve as a preamble to the work that awaits us, helping us to refine our proposals and strategies.
In this second call, we want to name our sisters of the EZLN and the CNI-CIG, because their example and their steps have taught us to embrace with strength the struggle against capitalism, patriarchy and
colonialism—to work every day for that world where many worlds flourish. Their courage and perseverance inspire us to move forward, even when the challenges seem overwhelming. We insist on our invitation. It would be an honor for us to have your presence. Your word, example and guidance are crucial to build a future where justice and equity prevail.
This initiative was born out of a deep reflection on the tempests we face and feel in our daily reality. After reviewing the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle and the Declaration for Life, we decided to join efforts to unite our struggles among Peoples, Tribes, Nations, Communities, Neighborhoods, Organizations, Collectives and activists from different corners of the planet who are also committed to defend Mother Earth and Life.
From the beginning, those of us who took the initiative knew that we would face those who believe they have all the answers and only listen to the sweet sound of their own voice. We face a wide range of actors, from those who are in power to those who—even while criticizing it—abuse it in common spaces. Let the vanguards rest assured, we are not looking for their bases, nor are we summoning their captive audiences. Rumors, lies and complicit silences are heard. It seems that it is easier to destroy than to build, to judge than to understand. However, we are firmly committed to dialogue the differences, putting the common in the face of adversities, from the honesty and depth of the comrade word. We are dedicated to constant and collective construction because we dream the impossible and believe in a better future.
The time to convene is now. This call is addressed to all people who feel invisible, trapped in despair and debt, often abandoned and alone—to those of us who feel the need to face the storms ahead together and organized. It is an invitation to dream of building or restarting our territories in autonomy and free self-determination.
We have witnessed in various geographies of the planet the growth of a “blurred left” that, little by little, revealed its true skin, showing its neoliberal and deeply fascist character in its actions. This supposedly progressive alternative does not protest against militarization or question imperialist plans. With one hand it offers social programs, while with the other it hands over territories to transnational capital. In Mexico, this neoliberal left may embrace Evo Morales, but it also closes the borders to people from Central America and shows its contempt for those who defend land and territory, reaffirming the program of dispossession, exacerbation of extractivism and openness to green colonialism.
We are seeing the continuity of the megaprojects of transnational capital that, despising the peoples, continue to impose themselves on our territories. These megaprojects not only destroy land tenure, but also mutilate the identity, culture, language and spirituality of the peoples. We denounce at the same time, the impositions and complicities between government, corporations and criminal structures to put the Mexican territory to play in an energy transition bet against the interests of the peoples and their territories.
Those of us who call for the Global Encuentro for Climate and Life seek to build from below, with a solid organization that recovers the numerous struggles in defense of life and territory of our peoples. We want to avoid imposing agendas in order to listen to each other, always with the struggle for life as our common horizon.
In our meeting, we want to allow ourselves to dream of an enriching dialogue between movements, peoples, organizations, collectives and activists. We want to rethink our strategies and move beyond denunciation, towards concrete and transformative actions.
What path will we take after the Global Gathering? We will make that decision together. Together. Together. We will listen to each other in Oaxaca, ready to write the next chapter of our shared history.
NOTE: The general program is still under construction, it will be published during the middle of October.
NOTE_2: We are still answering emails and messages, if you have not received a reply, please insist by sending the phrase “a ver a ver a qué horas”. Thank you.
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Por la comisión de Organización y Coordinación / By the Organization and Coordination Committee:
Comunidad Indígena Binnizá de Puente Madera, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Asamblea de los Pueblos indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Consejo Regional Autónoma de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora
Regional de Acción Solidaria (CORASON), Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, Centro de Derechos Humanos – Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos – ESPADAC, Laboratorio Popular de Medios Libres, Colectivo LEGAIA, Deuda por el Clima México. Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO: Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas – CODEDI, Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca – CODEPO, Frente Indígena Zapoteca – FIZ, Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur – COCISS, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas – UNTA, APIIDTT.
Organizaciones, colectiv@s y procesos que co.convocan en respaldo /
Organizations, groups and processes that co-convene in support:
El Istmo es Nuestro, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapa, Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, ECOOS – Escuela de Economía Social, Zona de Creación, CEACOMUN, Observatorio de Industrias Extractivas, Ñuu Jnama Yuku, ENGENERA – Energía, Género y Ambiente A.C. Colectiva Las Nietas, Contaminantes Anonimus, Red Tierra Común, Red Feminista de Investigación en IA, La Cuadra Provoca Ciudad A.C. / Huerto Roma Verde, Invetia, Ndú Xacúa, Nuestros Datos.org, Ollin Quetza, Boletín Socioambiental CDMX y Área Metropolitana. Tierra Resiliente, Más Música – Menos Balas, Pacto Ecosocial del Sur, Extinción o Rebelión (Ecuador), Comité Campesino del Altiplano – CCDA- (Guatemala), Slow Food (Brasil), Red de Cooperación Amazónica REDCAM (Venezuela), Centro Internacional de Investigación PIRKA (Argentina), Musa Community Development and Sustainability Organization (Zambia, África), Plataforma Global (El Salvador), Associazione Ya Basta Êdî Bese (Nordeste, Italia), Friends of Mother Earth (Bolivia / California), Proyecto Social y EcoPedagógico Tierra Bonita (Colombia), Tejiendo Pensamiento (Colombia), Instituto para el Desarrollo sostenible de la mujer indígena Lenca de Honduras IDESMULH (Honduras), Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador – MILPA (El Salvador), Aquelarre (República Dominicana), IDNOVA (Imagination for Development and the Nature Of Values (Aruba, Caribe), Dandelions (USA), Frente de Justicia Ecosocial (Finlandia), Xicana Tiahui de Chicanx World Making and Futurities Project (EEUU), InsightShare with La Marabunta Filmadora (UK-Mx). Terra Insumisa Alcamo (Italia).
