Por Romeo LopCam-Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le propuso al Congreso Nacional Indígena (CNI), formar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombrar a una vocera que sería registrada como candidata independiente a la presidencia de la república, sabía que ambas organizaciones por momentos tendrían que ajustar sus tiempos al «calendario de los de arriba».

El reto será entonces mantener los propios, a la vez que se cumplen los requisitos burocráticos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que heredó el descrédito del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) en virtud de que durante toda su existencia no logró erradicar el clientelismo, la corrupción y los fraudes. Por el contrario, los reforzó.

Todos los partidos caen, en mayor o menor medida, en estos males. Y la gente lo sabe. De ahí que en las elecciones en México, la abstención siempre supera por mucho al porcentaje del candidato o candidata más votado. Por supuesto, eso no significa que la mayoría apoye una alternativa más radical, como la vía armada. Pero tal vez sí respalde una más atípica. Esa es la apuesta del CNI.

Los votos serán lo de menos, se entiende que el piso no es parejo. Lo que se pretende, según se desprende de las declaraciones de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), es aprovechar el revuelo que genera la coyuntura electoral para organizarse como pueblos indígenas y mostrarle al país que existen otras formas de hacer política, en las que se practica el mandar obedeciendo de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

Las reglas y los tiempos del INE

Sin embargo, el CNI tendrá que jugar bajo reglas ajenas y cumplir con varias formalidades antes de empezar a recorrer el país para difundir su mensaje.

En primer lugar, tuvo que constituir una Asociación Civil, a la que denominó «Llegó la hora del florecimiento de los pueblos», con la ayuda de decenas de académicos e intelectuales afines al zapatismo. No podía ser de otra forma dado que así lo exige el Artículo 368, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En segundo, el pasado 29 de agosto el INE estableció que de acuerdo al corte de la lista nominal hecho el 11 de agosto de 2017, el mínimo de firmas necesarias para registrar una candidatura independiente a la presidencia es de 864 mil 536.

Dichas firmas se podrán recabar entre el 10 de octubre de 2017 (fecha en que se hace entrega de la constancia de aspirante) y el 6 de febrero de 2018, mediante una aplicación que funciona sobre teléfonos de «gama media y alta» con el sistema operativo Android 5.0 e iOS 8, o superior.

Además, según el Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los apoyos deben cubrir por lo menos el 1% de la lista nominal en 17 estados de la república. Un cálculo aproximado de las firmas necesarias por entidad es el siguiente.

La aproximación en todo caso es igual o ligeramente mayor a lo requerido, dado que se utilizó la lista nominal del 1 de septiembre de 2017, en la que los números han aumentado.

Finalmente la solicitud de registro deberá entregarse entre el 8 y 11 de marzo de 2017. Los resultados de la verificación del «apoyo ciudadano» se darán a conocer el 23 de ese mismo mes, siendo el día 29 cuando se da la aprobación del registro para las candidaturas de la elección federal.

No todo México es territorio Telcel

En cuanto al método mediante el cual se registrarán las credenciales de elector de aquellos y aquellas que apoyarán la candidatura de Marichuy, sobra decir que el INE ignoró por completo la aún importante brecha digital que existe entre aquellas personas acostumbradas desde jóvenes al uso de computadoras y teléfonos inteligentes, con acceso regular a una conexión de Internet decente; y aquellas que nunca han utilizado dichas tecnologías.

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); un 40.5% de los mexicanos y mexicanas no usan Internet. Un 26.4% no cuenta con un teléfono móvil y del 73.6% que sí, un 24% utiliza un celular común que apenas y cumple las funciones básicas.

Los resultados del INEGI no sorprenden. Si bien su uso se ha extendido en los últimos años, las tecnologías de la información han sido adoptadas principalmente por jóvenes y adultos de entre 12 y 44 años que viven en entornos urbanos. Otros factores que ofrecen cierta correlación con dichos datos son el grado de escolaridad y los índices de pobreza y marginalidad. Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados en los que menos se usa el teléfono celular.

Muchas personas que podrían haber participado recolectando apoyos, dependerán de otras para mostrar el propio. Gente que si bien no sabe mucho de teléfonos inteligentes, sistemas operativos, memes y redes sociales; posee esa sabiduría que se obtiene al defender todos los días a sus comunidades y territorios de los intentos de despojo. 

Tejiendo redes de apoyo y organización

Aunque por supuesto, en el CNI existen jóvenes y no tan jóvenes que hacen un uso cotidiano las tecnologías mencionadas. Además de que las simpatías que despiertan en muchas ciudades no es menor. México, Guadalajara, Puebla, Xalapa, Tijuana, San Cristóbal de las Casas y muchas otras, cuentan con personas y colectivos dispuestos a tejer redes de apoyo para el CIG y su vocera.

En varios estados se han llevado a cabo reuniones con ese objetivo y en los próximos días concejales y concejalas estarán visitando varias universidades. La organización que se derive de estos encuentros resultará fundamental para que, como dijera el abogado y miembro del CNI Carlos González, este pueda «colarse en la fiesta de los de arriba para echárselas a perder».

En el comunicado en el que el EZLN explicó detalladamente la propuesta se apuntó:

Les dijimos que no importaba si ganaban o no la presidencia de la República, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la limosna y la lástima (imagen tan arraigada en la derecha y, quién lo dijera, también en la izquierda institucional del «cambio verdadero» y sus intelectuales orgánicos adictos al opio de las redes sociales), que su atrevimiento cimbraría al sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno, sino en muchos de los Méxicos de abajo… y del mundo.

Así, no quieren un lugar en el juego para ganarlo, saben que los dados están cargados. No son ingenuas e ingenuos. Su intención es más simple: patear el tablero, mostrar una vez más los absurdos límites que el sistema político mexicano le impone a la gente se organiza y trabajar para que ésta pueda coordinarse a nivel nacional con el fin de propiciar cambios realmente significativos.

Click aqui para nota completa

Campesinas y campesinos de San Francisco, mpio de Teopisca, Chiapas.

3 de septiembre 2017

Al Congreso Nacional Indígena.

Al EZLN.

A los medios libres.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A las y los defensores de derechos humanos.

Somos un grupo de hombres y mujeres adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona desde el 2009, empezamos en la lucha como la otra campaña, actualmente somos parte de Semilla Digna, es un grupo formado por comunidades de la Sexta de Chiapas, pertenecientes al CNI, nuestra lucha es la defensa de la tierra y el territorio.

Compañeras y compañeros las invitamos a una conmemoración de nuestra lucha por la defensa de nuestras tierras y territorios, queremos compartirles nuestras resistencias y triunfos que hemos tenido a lo largo de nuestra lucha, el festejo se llevara a cabo el día 20 de septiembre del 2017 desde las 9am.

MOVIMIENTO REGIONAL INDIGENA EN DEFENSA Y RESPETO POR LA VIDA

PRIMERA ASAMBLEA REGIONAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS DE LA SIERRA DE SANTA MARTA

Soteapan, Veracruz, a 27 de Agosto 2017

COMUNICADO

Los pueblos popolucas, nahuas y mestizos de la sierra de Santa Marta, nos reunimos el día de hoy 27 de Agosto del 2017 en la cabecera municipal de Soteapan, con la participación de cerca de 400 personas de 50 comunidades de los municipios de Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, además de visitantes de los municipios de Chinameca, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Acayucan, Chinameca, Minatitlan, Zaragoza, AguaDulce, Las Choapas y Sayula del Sur de Veracruz, de Xalapa y de una representación del pueblo zoque del Norte de Chiapas, en lucha contra el fracking.

Con la coordinación de nuestros concejales popolucas y nahuas del Concejo Indígena de Gobierno, nombrado a nivel nacional por los pueblos integrados en el Congreso Nacional Indígena, realizamos nuestra primera asamblea regional para tomar acuerdos en el seguimiento al proceso iniciado años atrás para la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios frente a la embestida del gran capital trasnacional respaldado por los corruptos y mafiosos que caracterizan la clase política y los gobiernos de nuestro país.

Con su reforma energética y demás reformas estructurales, con la violencia a manos de la delincuencia organizada que han sembrado a lo largo y ancho del país y de nuestra región, están violentando todos nuestros derechos y queriendo despojar y destruir nuestros territorios: entre otras cosas, nos referimos a su negación de reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, a su intento por despojarnos y contaminar nuestros territorios y nuestras aguas con parques eólicos empresariales, con actividad minera, con explotación de petróleo y gas natural convencional y mediante la tecnología mortífera del fracking.

El día de hoy tomamos acuerdos internos para seguir con nuestra lucha;

Declaramos que seguiremos con firmeza nuestro movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de luz y exigiremos a la CFE el cumplimiento de los acuerdos firmados a nivel regional y nacional.

También seguiremos fortaleciendo nuestro movimiento por la defensa territorial y exigiremos el reconocimiento de nuestras actas de asamblea comunitarias que constituyen acciones de autoconsulta como pueblos indígenas. No permitiremos otras supuestas consultas impulsadas por los malos gobiernos y sus dependencias.

En coordinación con otros muchos movimientos a nivel nacional, no permitiremos la entrada de empresas eólicas y extractivistas en nuestros territorios ni ofreceremos nuestros territorios al gran capital extranjero como lo pretenden hacer los malos gobiernos con su Ley de Zona Económica Especial y tampoco permitiremos la privatización del agua.

Con el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno para México, haremos valer nuestro derecho a la autodeterminación y reconstruiremos nuestra autonomía que los malos gobiernos nos han robado desde décadas atrás, es decir que reconstruiremos nuestra capacidad de autogobernarnos para implementar un buen sistema de vida para nosotros los pueblos.

Además denunciamos los asesinatos de defensores de derechos humanos y la criminalización de la lucha social, exigimos la aparición con vida de todos los desaparecidos y desaparecidas y la libertad de los presos y presas políticas.

¡NO NOS DEJAREMOS!

¡YA LLEGO LA HORA DEL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!

Texto y Audio por Fo Gacho.

Chilpancingo, Guerrero Agosto 2017; Entrevista con Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino de Atoyac Guerrero, quien fue desaparecido por el estado el 25 de agosto hace 43 años. Ella nos comenta sobre la  discución en torno a la Ley contra las desapariciones forzadas quese da en México y la justicia en México.

Rosendo Radilla componía corridos y apoyaba las luchas campesinas de guerrero fue detenido en un retén militar, pues para esos años, toda la costa montaña de atoyac era un gran cerco militar que impedía el paso de personas, de alimento, de semillas y labores para el campo, la estrategia era cercar a la guerrilla, pero sobre todo desarticular el tejido social, fracturar y despoblar aquellos territorios.

Los familiares de atoyac por mas de 40 años han buscado a sus familiares, al paso del tiempo esta búsqueda es por la verdad, saber que les hicieron, y el castigo de responsables, por la justicia como garantía de que no se repita. En 2009 la corte interamericana sentencia al estado mexicano por el delito de desaparición forzada para el caso Rosendo, pero junto a una lista de mas de 400 personas desaparecidas en solo ese municipio, entre 1972 y 1979, en los aun no se reconoce la responsabilidad del estado. En 2013 el gobierno mexicano hace un acto de perdon publico como parte de la sentencia, este acto tiene lugar en gobernación ya entrado Osorio chong, 3 días antes de la desaparición de Teodulfo Torres soriano, testigo ocular de las represión en la toma de protesta del 1 de Diciembre de Peña.

Otra parte de la sentencia es cumplir con las excavaciones que durante estos años han sido dirigidas por el estado en observación de organismos internacionales de derechos humanos, pero que hasta el momento siguen siendo parte del control burocrático de administración de justicia, pues muchas de aquellas familias como los Cabañas, no solo fueron desaparecidos, asesinados y encarcelados, sino que a estas alturas podemos ver como el despojo generacional de territorio y tejido social esta muy lejos de la reparación u indemnización que les ofrecen a las familias. Más aun en los últimos años estas familias siguen perseguidas tal como el asesinato de Isabel Ayala esposa de Lucio Cabañas en 2011, el asesinato de Rocio Mesino en 2013 y la misma desaparición del estudiante normalista de ayotzinapa Cutberto Ortiz, en 2014, sobrino de la familia cabañas.

Los desaparecidos nos faltan a Todas y Todos.

Mi nombre es Alberto Moreno Ibarra. Soy parte de la ENAH desde trece años, primero como estudiante oyente en la Licenciatura de Etnología en el curso 2004, después me inscribí y fui parte de la generación 2005-2008 de la misma licenciatura. Me recibí con honores y recomendación para publicación en 2010 y continué la Maestría en Antropología Social, la cual acabé en 2013. A partir de ahí, he sido profesor titular de la licenciatura de Antropología Social en un par de ocasiones como titular de la optativa “Antropología y anarquismo”. Hace un año comencé mi labor como adjunto en un PIF de la misma Licenciatura y este año planeaba continuar allí.

El día 22 de agosto del presente año, antes de comenzar mi labor, llegó una comitiva encabezada por el Jefe de Seguridad Gustavo Márquez Márquez con dos propósitos, primero que le firmara el oficio No. 401.A(1).2017/526, donde se indica que “la Dirección a mi cargo [Mtra. Julieta Valle Esquivel] ha determinado su baja definitiva en su categoría de académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia”; y para indicarme que tenía que salir de las instalaciones de la ENAH en ese momento, que no podía permanecer más dentro de la escuela y que no podría ingresar de nuevo. Leí el documento, no firmé de recibido. Yo le extendí a Gustavo Márquez Márquez mi denuncia, dónde lo señalo como quien ha perpetrado en contra de mi persona amenazas y agresiones, la firmó de recibida sin nombre ni fecha.

En ningún momento se me ha dicho específicamente por qué se me da de baja. La directora de la ENAH arguye que se basa en un documento hecho por Márquez, el cual no conozco, a pesar de que lo solicité por correo electrónico y no se me ha entregado.

La arbitrariedad y el abuso de autoridad son ahora en la ENAH una constante. Mi caso no es el único donde sin más argumento que el clásico “porque lo mando yo” de la Dirección se impone su criterio sobre las instancias y los procedimientos de la propia Institución.

Exijo que haya un debido proceso, que mi versión de los hechos sea escuchada y valorada, no solo por las instancias correspondientes sino también por la comunidad de la ENAH y el público en general. Además, exijo que mi denuncia en contra de Gustavo Márquez Márquez sea recibida y procesada sin faccionalismo ni revancha. He sido objeto de agresiones y amenazas por parte de Gustavo Márquez Márquez y la única respuesta de la Dirección es encubrirlo y darme de baja de mi puesto de trabajo, eso supera todos los límites tolerables dentro de la ENAH.

Pido, en la medida de sus posibilidades, a los colegas, colectivos y miembros de la ENAH que difundan el caso. Que me hagan saber de más casos como el mío para sumar fuerzas. La huella de injusticias y atropellos en la administración de Julieta Valle son demasiados, pongamos un alto.

MTRO. ALBERTO DAVID MORENO IBARRA