San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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Este martes 12 de febrero, alrededor de las 7:40 de la mañana, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro abordaron un taxi colectivo en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, como parte de su trayecto hacia a Chilpancingo; sin embargo, no llegaron a su destino. Esa fue la última ubicación que se dio a conocer y se señaló que compañeros vieron como abordaron el taxi, sin que se sepan qué sucedió en el camino.

Obtilia Eugenio Manuel es defensora de derechos humanos y dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), apoyó a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en su proceso de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo a finales del año pasado que fuera nombrada parte del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla elegido por usos y costumbres. Derivado del acompañamiento en el caso de Inés Fernández Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales desde el 2009, las que actualmente sigue vigentes.

En noviembre del año pasado ella denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas vía telefónica (1), en donde le decían que sería ella quien respondería por el Consejo y le daban señas de cómo iba vestida y por donde andaba, para hacerle saber que estaba vigilada. El motivo que en ese momento identificó la señora Eugenio de esas llamadas fue una estrategia para destruir el nuevo sistema comunitario, ya que se buscaría atacar la corrupción de las autoridades y tener un sistema de asamblea y de escucha al pueblo, lo que probablemente provocó a grupos del crimen organizado.

Se tiene conocimiento que derivado de las amenazas se interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado, siendo parte de las acciones que se habían implementado para su seguridad ir acompañada de un elemento de seguridad quien es quien la acompañaba y ahora se encuentra desaparecido el señor Hilario Cornelio Castro.

Como Espacio OSC hemos reconocido a Guerrero como uno de los Estados más peligrosos para ejercer la labor de defensa y el periodismo(2). Como mujer defensora indígena, aparte del riesgo adicional que pueda sufrir, su desaparición representa un atentado más al derecho a la  vida y seguridad de los que siguen marcando al Estado como un foco rojo para la protección de las personas defensoras que se enfrentan a un contexto de violencia muy alto y donde las autoridades son omisas.

Es muy preocupante que aún con medidas provisionales de la Corte Interamericana no se haya brindado la protección adecuada y que ahora nos enfrentemos a un hecho de desaparición. Exigimos al Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, el Subsecretario de Derechos Humanos, la Comisionada Nacional de Búsqueda y el Gobernador del Estado que realicen las acciones de búsqueda inmediata, mismas que impliquen entre otras cosas movilizar a fuerzas de seguridad a la zona para garantizar la presentación con vida de la señora Eugenio Manuel y el señor Cornelio Castro.

Tenemos claro que en caso de escalar estos hechos a un estado de mayor gravedad el Estado mexicano estará enfrentándose a la responsabilidad internacional por no garantizar la protección de la señora Eugenio.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC:
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México

1. Para mayor información: https://suracapulco.mx/impreso/2/la-amenazan-a-ella-y-a-otros-integrantes-del-concejo-municipal-de-ayutla-obtilia-eugenio/
2. Para mayor información: http://espacio.osc.mx/la-deuda-del-estado-mexicano/

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de febrero de 2019

Chiapas en el epicentro de la violencia 

• Grave clima de violencia y conflictividad en Chiapas registra incremento de ataques y asesinatos a civiles en varias regiones de la entidad.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas observamos que durante los últimos meses, en distintos municipios de Chiapas, se han registrado hechos de violencia y conflictividad que han dejado como saldo el asesinato, desaparición, secuestro, amenazas, agresiones y daños al patrimonio de distintas personas que por distintas causas han resultado afectadas.

Como colectivos hemos acompañado de cerca varios de estos procesos, por ello les compartimos a continuación algunos de los hechos más relevantes denunciados por la Sociedad Civil organizada, organismos civiles, periodistas y medios libres y que hemos documentado de cerca los graves acontecimientos que han segado la vida de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y, particularmente, de mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida.

Contexto de violencia:
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Este 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Mixhuca. Presentamos aquí el reporte de organizaciones de derechos humanos presentes al momento, así como algunos videos y un audio grabado por uno de los detenidos, grabado a bordo de la patrulla.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.

Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y la detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de las Caravanas del Éxodo Centroamericano por parte de la Policía de la Ciudad de México.

Entre la noche del domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1500 personas que forma parte de las llamadas Caravanas del Éxodo Centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el deportivo Magdalena Mixhuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones, se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Sin embargo, en una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos.

En el desalojo hubo forcejeos y se registraron heridos, la Policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la Caravana que veían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la Caravana. Desde las 15:00hrs de hoy tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos seis personas: cinco de ellas migrantes y uno de ellos defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente otras dos compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras dos personas migrantes.

Testimonio del defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez, a bordo de la patrulla MX704 N2:
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Video de la agresión y detención arbitraria:

Además, el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala.

Preocupaciones:

• Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes y las personas que viajan con las Caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera Sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad
  de México.
• Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales
  grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la
  atención humanitaria y se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
• Lamentamos el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de
  algunas autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que estas se
  retiren del espacio donde prestaban sus servicios.
• Nos preocupa la discriminación y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTTI+, incluso
  al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas
  del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad.
• Urgimos a tener mecanismos accesibles de para la regularización migratoria y a mantener la ayuda
  humanitaria para quienes continúan su tránsito.
• Llamamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz, sensible a las necesidades de
  las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde
  la violencia construyamos un trabajo por las personas y por nuestras comunidades que nos piden
  coincidencias y no violencia.

Exigimos:

A las autoridades el cese al hostigamiento y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración tanto a personas migrantes como a defensores de derechos humanos.

A las autoridades federales; al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la Caravana y de quienes les acompañan.

Firman:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Programa Casa de Refugiados

La Policía del Distrito Federal acaba (a las 14:45 horas el día 15 febrero) de GOLPEAR y de DETENER ARBITRARIAMENTE a varias personas afuera del Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Entre esas personas, golpeadas (no detenidas) están las defensoras de derechos humanos Andrea Gonzalez y Andrea Margarita Nuñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sanchez Sanchez y el migrante hondureño Denis Omar Contreras.

A Cristóbal Sánchez y a Denis Omar Contreras lo llevan en la patrulla MX704 N2. Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar.

Urgimos a las autoridades competentes acabar con esta criminalización y caza de defensores de derechos humanos y migrantes. Urgimos también saber el paradero de Cristóbal Sánchez y Denis Omar Contreras y que se liberen junto con las demás personas detenidas.

Foto de portada: Conexión migrante

Los Yes Men, conocidos por su activismo a través de la ironía y del humor, lanzaron una falsa campaña llamada “Somos el Muro”, que desvenda la xenofobia de muchos mexicanos contra los migrantes centroamericanos.

Este próximo 21 de febrero de 2019, el juicio de la weichafe Moira Ivana Millán se llevará a cabo en Argentina. Los cargos: “coacción agravada”, por organizar una manifestación pacífica en 2017 por las violaciones a los derechos de las comunidades mapuches cometidas por la gendarmería argentina en las redadas de septiembre de ese año. Dichas redadas, autorizadas por el juez federal Guido Otranto, fueron parte de la investigación por la desaparición forzada del luchador Santiago Maldonado en agosto de 2017, y cuyo cuerpo fue hallado en octubre de ese año. Durante las redadas, la gendarmería golpeó y humilló a la población mapuche.

Moira Millán fue absuelta de todos los cargos en septiembre de 2018 por el juez Gustavo Lleral, pero el fiscal apeló la sentencia. De ser declarada culpable este próximo 21 de febrero, Moira Millán podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión.

Colectivo Paso doble

A tres meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, las protestas y los movimientos de resistencia contra sus proyectos desarrollistas, han proliferado en varios estados del país, entre ellos, Morelos, paradójicamente, a punto de cumplirse, este 10 de abril, cien años de la traición y asesinato del general Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, y habiendo decretado el 2019, como el “Año de Zapata”.

La virtual declaración de guerra contra los pueblos originarios, particularmente del sureste de la República, que significan la continuidad del proceso de militarización, a través de la Guardia Nacional, junto con megaproyectos como el Tren Maya, la siembra de un millón de hectáreas con árboles en la Selva Lacandona y el canal seco en el Istmo de Tehuantepec, entre otros, llega a tierras del zapatismo histórico al pretender imponer el gobierno de la cuarta trasformación, como los gobiernos neoliberales anteriores, el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM).

Impulsado e iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PIM es un megaproyecto que consiste en poner en marcha dos termoeléctricas, un acueducto y un gaseoducto, cuya finalidad primordial y real es proporcionar energía eléctrica a los enclaves industriales de Morelos, Puebla y Tlaxcala que ya existen, y estimular el proceso de industrialización en otras regiones del centro del país.

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EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA
NO AL TREN MAYA Y EL CORREDOR TRANSISMICO, NO A LA GUARDIA NACIONAL.
SÁBADO 16 DE FEBRERO 2019, 11:30 HORAS
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Periférico sur y Zapote S/N, Colonia Isidro Ganela, Ciudad de México.

PARTICIPAN:
Carlos González García (Abogado CNI-CIG)
Bettina Cruz Velázquez ( Concejal del de pueblos indigenas del Itsmo)
Yamili Chan Dzul y José Ángel Koyoc Kú (Concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán)
Magadalena Gómez Rivera (Maestra de la UPN y columnista en La Jornada)
Adrián Flores (Geocomunes)