Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Un soldado estadounidense observa mientras un helicóptero de asalto AH-64 Apache vuela por encima durante un patrullaje por los campos petrolíferos de Suwaydiyah en la provincia de Hassakeh, al noreste de Siria. 13 de febrero de 2021}

“A medida que se desaten la hambruna, las enfermedades y las catástrofes derivadas del cambio climático abrupto, las necesidades de muchos países excederán su capacidad de respuesta. Eso generará una sensación de desesperación, que probablemente desemboque en una agresión ofensiva para recuperar el equilibrio (…). Las perturbaciones y los conflictos serán características endémicas de la vida”.

Este fue el diagnóstico de un estudio encargado en 2003 por el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EEUU, a la consultora Global Business Network. La advertencia era que el cambio climático podría conducir a una “nueva Edad Media”.

La concepción que se fue consolidando principalmente en la última década por los Estados del norte mundial y por organismos transnacionales, como la alianza militar de los países del norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es que el cambio climático es un ‘multiplicador de amenazas’ o un ‘catalizador de conflictos’ y que, por lo tanto, socavará la seguridad mundial y, consecuentemente, la seguridad interna de estos países.

Un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, de 2016, sobre los efectos del cambio climático en la seguridad nacional, describe los efectos de la crisis climática para los próximos 20 años: el aumento de las tensiones sociales y políticas, efectos adversos sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos, inundaciones de las costas, aumento de las migraciones, aumento de los riesgos para la salud humana y escasez de agua.

Señala que los países con “instituciones políticas débiles, con malas condiciones económicas, o donde otros factores de riesgo en términos de conflictos políticos ya están presentes, serán los más vulnerable a la inestabilidad relacionada con el clima”.

En un escenario previsto de guerra, la crisis climática ha sido incorporada a la lógica militar, pasando a ser considerada como un problema de seguridad. “Antes creían que el cambio climático era soft power [poder blando, término inglés para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones de otros] pero ahora se han dado cuenta de que es una cuestión vital”, declaró Annalena Baerbock, ministra de exteriores de Alemania, durante la cumbre de la OTAN, en junio de 2022, compuesta por 30 países de la zona norte del Atlántico.

Concretamente, lo que se ha llamado seguridad climática se integra cada vez más en las estrategias de seguridad nacional, en la planificación de la defensa, las evaluaciones de inteligencia y los planes operativos militares de organizaciones como la OTAN, países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y bloques como la Unión Europea.

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“A medida que la destrucción ambiental se agudiza y la disponibilidad de fuentes energéticas disminuye, la respuesta militar se ve fortalecida”, sostiene la socióloga y especialista en economía ambiental, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), Maritza Islas Vargas.

En los Estados Unidos, el expresidente Barack Obama, en su último año de gobierno, en septiembre de 2016, en el memorándum presidencial Cambio Climático y Seguridad Nacional, “ordena a los departamentos y agencias federales que garanticen que los impactos relacionados con el cambio climático se consideren plenamente en el desarrollo de la doctrina, las políticas y los planes de seguridad nacional”.

Su sucesor, el expresidente Donald Trump, puso en cierta pausa la securitización de la crisis climática; sin embargo, una de las primeras medidas del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue la retomada de dicha política.

En una orden ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, de enero de 2021, resalta que “es política de mi Administración que las consideraciones climáticas sean un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Establece que el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto “considerarán las implicaciones de seguridad del cambio climático (…) al desarrollar la Estrategia de Defensa Nacional”.

Ordena que el director de inteligencia nacional prepare estimación “sobre los impactos del cambio climático en la seguridad nacional y económica” y que distintos órganos de seguridad realicen “un análisis de las implicaciones de seguridad del cambio climático que se pueden incorporar en el modelado, la simulación, los juegos de guerra y otros análisis”.

A partir de enero de 2022, el Secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto pasaron a tener que presentar una “actualización anual, a través del Consejo de Seguridad Nacional, sobre el progreso realizado en la incorporación de las implicaciones de seguridad del cambio climático en las normativas y procesos” que involucran la seguridad de los Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y autor del libro ‘Geopolítica, espacio poder y resistencia en el siglo XXI’, David Herrera Santana, el Pentágono trabaja con la concepción de que es necesario adaptarse “a lo que ya está, ya que las disrupciones sociales y políticas son inevitables; a partir de esta adaptación hay que producir un sistema resiliente, un sistema capaz de sostenerse, de reproducirse, de mantenerse, a pesar de las disrupciones que se revelen en el futuro”.

La OTAN sigue la misma lógica. En junio de 2022 volvió pública la actualización de su “concepto estratégico”, que establece su estrategia militar y de seguridad para 10 años, en el que se detallan las amenazas que enfrentan sus aliados y explica cómo pretende enfrentarse a ellas. Por primera vez, la crisis climática es considerada como uno de los retos de seguridad.

“Es un hecho lamentable pero inevitable que el cambio climático aumentará considerablemente los riesgos para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los militares de la OTAN, y la Alianza en su conjunto, desempeñarán un papel activo y sustancial para ayudar a abordar estos riesgos”, describió en un informe de 2022 el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Herrera Santana enfatiza que es importante entender el contexto de la militarización en los días de hoy, sin olvidar que no se trata de algo completamente nuevo.

“La guerra es el escenario y el eje de articulación del mundo capitalista. La guerra es la fundación del estado moderno y del sistema mundial. La guerra es una constante que se vuelve política, que se normaliza, que se hace cuerpos, se hace escala, se hace una cotidianidad. Lo que estamos viviendo hoy es una reestructuración de estas formas militares”, con el enfoque ‘verde’.

Justificación para el intervencionismo

El aumento de los conflictos por acceso a los recursos derivado de la agudización de la crisis climática es una proyección recurrente en los informes de seguridad e inteligencia.

En el documento Cambio Climático y la Seguridad Internacional, de 2008, el entonces Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana Madariaga, subrayó que de los conflictos potenciales más significativos por los recursos se deriva de una intensificación de la competencia por el acceso a los recursos energéticos y su control.

“Debido a que gran parte de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran en regiones vulnerables a la incidencia del cambio climático y debido a que muchos Estados productores de petróleo y gas hacen frente ya a desafíos sociales, económicos y demográficos de importancia, la inestabilidad aumentará probablemente”, menciona Madariaga.

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Además, previó acertadamente desde hace 14 años que “a medida que, por efecto del cambio climático, se abran regiones anteriormente inaccesibles, se intensificará la carrera por los recursos”, hecho que está ocurriendo con el deshielo glaciar en los polos, por ejemplo, que deja al descubierto recursos minerales nuevos.

El mandatario alerta que, si la comunidad internacional no hace frente a las amenazas, “la incidencia del cambio climático dará a las a la política del resentimiento entre los
mayores responsables del cambio climático y los más afectados por el mismo (…)”.

Recomienda que, en especial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el G8 (el grupo de los ocho – Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) así como en los organismos especializados de las Naciones Unidas, centren su “atención en los riesgos para la seguridad relacionados con el cambio climático”.

Para la socióloga Islas Vargas, incorporar el problema climático o ambiental a la lógica militar “permite justificar el intervencionismo en territorios con amplia disponibilidad de combustibles, minerales, agua, tierra”. A su vez añade que “las zonas de provisión de recursos se vuelven áreas de conflicto; las resistencias socioambientales, objetivos de guerra o potenciales enemigos”.

Las organizaciones FUHEM Ecosocial y el Transnational Institute (TNI), en su estudio Aproximación a la seguridad climática: Los peligros de militarizar la crisis climática, también alertan sobre los riesgos de las soluciones a la crisis climática basadas en la seguridad. “El problema fundamental cuando se considera el cambio climático como un asunto de seguridad es que se responde a una crisis provocada por la injusticia sistémica con soluciones de ‘seguridad’, configuradas en una ideología e instituciones concebidas para buscar el control y la continuidad”.

Además, las soluciones basadas en la seguridad excluyen otras soluciones de tipo colaborativo. “En esta época en que controlar el cambio climático y
garantizar una transición justa exigen la redistribución radical del poder y la riqueza, la
estrategia de seguridad busca perpetuar el statu quo”.

¿Quién gana con el militarismo verde?

De acuerdo con el estudio de FUHEM Ecosocial y TNI, las ventas acumuladas de la industria de armas se duplicaron entre 2002 y 2018, de 202,000 millones de dólares a 420,000 millones de dólares, y grandes empresas, como Lockheed Martin y Airbus, ampliaron su ramo de negocio a todos los ámbitos de la seguridad.

La industria prevé, según el mismo estudio, que el cambio climático y la inseguridad, que traerá aparejada, impulsarán aun más esas ventas. En un informe de mayo de 2021, Marketandmarkets pronosticó que el sector de la seguridad nacional tendrá más ganancias debido a “condiciones climáticas dinámicas, el aumento de las calamidades naturales, el énfasis del Gobierno en las políticas de seguridad”.

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Otro factor es que las fuerzas militares de todo el mundo son los mayores contaminantes del planeta – por ejemplo, un informe del Congreso de Estados Unidos indica que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de petróleo del mundo; y el 16% del presupuesto del departamento de defensa de los Estados Unidos está destinado a la protección militar de transporte de combustible.

En torno al 66% de las misiones militares de la Unión Europea están relacionadas con asegurar la extracción y el transporte de combustibles fósiles, de acuerdo con estudio de la organización Ecologistas en Acción.

Entonces lo que están planteando es una transición energética de las propias fuerzas militares, presumiendo un militarismo ‘verde’. Por ejemplo, en 2010, de acuerdo con el informe de las organizaciones, Boeing obtuvo un contrato por 89 millones de dólares con el Pentágono para desarrollar el avión no tripulado SolarEagle, que tiene la ventaja de considerarse una tecnología ‘verde’.

Otro ejemplo mencionado en el estudio es que, en 2013, el Pentágono invirtió 5 millones de dólares para desarrollar balas sin plomo que, según las declaraciones de un portavoz del ejército de Estados Unidos, “pueden matarte o dispararle a un objetivo sin peligro para el ambiente”.

Afectación a las estructuras militares

Otra preocupación recurrente en los diferentes reportes militares son las consecuencias del cambio climático en las instalaciones e infraestructura militares, ya sean fijas o desplegadas.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses, por ejemplo, registran que han perdido más equipos e infraestructuras militares por las catástrofes naturales que por los conflictos armados de Afganistán e Irak juntos.

Un informe del Pentágono de 2018 revela que la mitad de 3,500 zonas militares padecían los efectos de seis categorías clave de fenómenos meteorológicos extremos, como marejadas ciclónicas, incendios forestales y sequías. Identificaron 1,774 bases expuestas al aumento del nivel del mar. Una de ellas, la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, es uno de los mayores centros militares del mundo y padece inundaciones anuales, según el estudio de las organizaciones.

La OTAN también ha manifestado dicha preocupación, “tendremos que adaptar nuestro equipo, formación, instalaciones, operaciones, tecnologías y asociaciones, con el fin de mantener nuestra eficacia operativa en el clima cambiante”.

  Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

10 de noviembre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Al Pueblo de San Pedro Chenalhó

Hermanas y hermanos:

Hace 25 años una comisión de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, en el mes de octubre de 1997, vino a advertirle al presidente municipal priista de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que hablara con su gente armada o sea el grupo paramilitar que cesaran las agresiones, las quemas de casas, robo de pertenencias y amenazas de muerte hacia los miembros de Las Abejas. Sin embargo, en lugar de escucharnos con respeto y entablar una plática seria, nos acusó de “provocadores y de ser zapatistas”. Y después, 5 días antes de la masacre de Acteal, se intentó hacer un diálogo en la comunidad Las Limas, son testigos los gobiernos de Chiapas y federal, además de varias organizaciones de derechos humanos y la misma CONAI, y este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró.

Hoy, al igual que hace 25 años, a pocos días de cumplirse 25 años de la cruel masacre de Acteal, venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez (familiar y vecino de Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla) y a todo su ayuntamiento, que, no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997.

En estos tiempos, los partidistas de varias comunidades del municipio oficial de Chenalhó, violan flagrantemente los derechos humanos de varias familias miembros de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, las causas son; porque seguimos señalando que la Masacre de Acteal es un crimen de Estado y que los paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros.

Desde la Masacre de Acteal, el pueblo de San Pedro Chenalhó se dividió, los paramilitares y la guerra de contrainsurgencia producto del Plan de Campaña Chiapas 94, vino a romper el tejido social y el sentido de vida comunitaria que nos unía como hermanas y hermanos tsotsiles. El ayuntamiento de Chenalhó, que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte.

Y a pesar de tanta burla y desprecio que nos tienen nuestros propios hermanos que se han cegado por la ira del poder y del dinero, no nos cansamos en despertarles su conciencia y quitarles el velo de la mentira y de la simulación que los esclaviza.

Es entonces que este día venimos a recordarle al presidente y a todo su ayuntamiento de Chenalhó, que convoque de inmediato a sus agentes en las comunidades de Campo Los Toros y Bach’en para que de manera urgente reconecten los servicios de agua como derecho humano y la luz eléctrica a las 4 familias de Campo Los Toros que se les cortó dichos servicios desde hace 21 meses y a las 2 familias de Bach’en, que en el mes de agosto de este año también se les privó de dichos servicios.

El motivo del corte de agua y luz eléctrica de las familias Abejas de Campo Los Toros, fue porque una compañera nuestra se casó con un hombre de otra comunidad el cual decidió integrarse a nuestra Organización. Cinco días después de casarse, nuestra compañera y su esposo fueron a hablar con los representantes para pedir su incorporación a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y solicitarles que les apoyaran para pedir los servicios de agua y luz ante la comunidad, como se hace normalmente, pagando las cuotas necesarias de entrada. Pero, la envidia de la gente partidista decidió castigarlos sin ninguna razón, cortándoles dichos servicios, porque se molestaron de que el esposo de nuestra compañera haya decidido unirse a nuestra organización.

Y la razón de la suspensión de servicios de agua y luz eléctrica de nuestros dos compañeros de Bach’en, fue porque nuestro compañero Miguel Pérez Pérez quién actualmente es representante de Las Abejas de Acteal, no aceptó un cargo de comité de educación, porque tienen un acuerdo estipulado en un acta de acuerdo elaborado el día 5 de diciembre de 2014 ante la asamblea de dicha comunidad, que en una de sus cláusulas dice al pie de la letra, en el consejo parroquial, zonas y coordinadores de la religión católica fungirán tres años consecutivos como discípulos de nuestro dios todo poderoso, al dejar dicha encomienda, tendrá el derecho de descansar tres años consecutivos en la comunidad y en su posterioridad podrá ocupar cualquier cargo si la comunidad a si le ve conveniente. Nuestro compañero Miguel, se avaló de este acuerdo, porque lleva menos de un año haber dejado su cargo de Consejo Parroquial de Chenalhó. Pero, la asamblea violó su propio acuerdo. Y lo peor es que a dicho documento le cambiaron las cláusulas sin el consentimiento de toda la gente quiénes habían participado en ello desde el 2014. Queremos mencionar que el síndico municipal de Chenalhó, avaló este documento falsificado, concluyendo que nuestro compañero no tiene la razón.

Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia.

Otro caso que queremos hacerlo público es de un compañero de Las Abejas en la colonia Puebla de nombre Francisco Arias Cruz, el pasado 14 de octubre fue encarcelado por el agente y comisariado de dicho lugar por órdenes de la asamblea, porque dos de sus hijos no quieren estudiar la secundaria, según dicha comunidad tiene un acuerdo que todos los jóvenes deben de estudiar y, la familia que no cumpla con dicho acuerdo paga una multa de 5 mil pesos por cada hijo o hija que no quiera estudiar. Sin embargo, los hijos de nuestro compañero ni siquiera tienen certificado de primaria, ya que en tiempos de covid muchos de las y los niños no pudieron seguir estudiando, pero, el comité de la escuela secundaria, insiste en “que estudien los hijos de nuestro compañero, que no importa que no tengan certificado, el maestro de la secundaria lo va a aceptar”. Nuestro compañero estuvo 8 horas privado de su libertad y después se le dejó “libre”, con la condición de que pague los 10 mil pesos por sus dos hijos.

Y el último caso que queremos evidenciar, es de la comunidad Nuevo Yibeljoj, que en el año del 2000 se creó esta comunidad como reubicación de campamento de las familias de Las Abejas que estaban desplazadas en el Campamento X-oyep por la guerra de contrainsurgencia en Chiapas. Pero, las políticas de desgaste del mal gobierno cooptaron a un grupo de personas, para causar la división de en nuestra organización Las Abejas de Acteal en el año de 2008. Estas mismas personas, simularon hacer una asamblea para cambiar el nombre de la comunidad Nuevo Yibeljoj, sin consultar al resto de las y los fundadores de dicha comunidad. El mismo secretario municipal quien es actual síndico municipal de Chenalhó, avaló esta asamblea manipulada, pidiéndole al INE que haga cambio del nombre de dicha comunidad por “Centro Nuevo Yibeljoj”, aunque por la presión de las familias Abejas se recuperó el nombre original de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Ahora el grupo partidista “Centro Nuevo Yibeljoj”, niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas.

De los tres casos como de las comunidades: Campo Los Toros, Bach’en y Nuevo Yibeljoj, recurrimos al ayuntamiento de Chenalhó para que dichos problemas se resuelvan de manera dialogada y en base al respeto, sin embargo, tanto el presidente municipal y los agentes municipales correspondientes, se han negado a llegar a soluciones favorables y nosotros como organización hemos ofrecido propuestas para que dichos problemas se resuelvan de verdad.

Además, tanto el presidente municipal como sus agentes, usan estrategias para desgastarnos, por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó.

Le decimos al presidente municipal que estos hechos que viven nuestros compañeros ya mencionados, son casos de emergencia y de gravedad que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla.

Ante la cerrazón y falta de seriedad del ayuntamiento de Chenalhó, dijimos ¡Ya Basta! de tanta mentira y simulación de justicia, es la razón por la que estamos denunciando todo públicamente en este día.

Ante todo, lo anterior exigimos al presidente de Chenalhó y a su ayuntamiento:

1. En el caso de las familias Abejas de Bach’en, se les restituya inmediatamente el servicio de agua y electricidad en un lapso de 11 días a partir de mañana.
2. A las familias de Campo Los Toros también se les reconecte los servicios de agua y electricidad, del mismo modo dentro de 11 días a partir de mañana.
3. A nuestro compañero de la colonia Puebla, se le retire la sanción impuesta con la cantidad de 10 mil pesos.
4. Al agente de Centro Nuevo Yibeljoj y su gente, acudan a los citatorios que les hace su presidente municipal y que nuestros compañeros de Las Abejas de esa comunidad se les reconozcan sus derechos que les corresponden hacer uso de dicho campamento creado desde el 17 de octubre del 2000, ya que el conflicto que dio origen a la masacre de Acteal, sigue impune.
5. Y, por último, pedimos al ayuntamiento de Chenalhó, reanude las pláticas de los casos correspondientes y que esta vez sean con seriedad y buena voluntad, ya estamos cansados de tantos engaños.

Hermanas y hermanos: les pedimos urgentemente exijan junto a nosotros enviando cartas y llamamientos a los tres niveles de gobierno a que nuestros compañeros y compañeras sean reconectados sus servicios de agua y luz eléctrica y se detenga toda la violencia en contra de nuestra lucha. En este 22 de noviembre en el marco de la conmemoración mensual de la Masacre de Acteal, haremos público los resultados de nuestras exigencias al ayuntamiento de Chenalhó.

Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                                  Secretario

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

Publicado en Camino al Andar

09 de noviembre de 2022

Por Arturo Anguiano

1. En su libro, Estado plural, pluralidad de culturas (Paidós/UNAM, México, 1998), Luis Villoro llama la atención sobre la mundialización capitalista y la manera como ha puesto en crisis el orden mundial caracterizado por la existencia generalizada de los Estados-nación. Menciona “una radical transformación de las relaciones entre las naciones: la globalización de la economía, de las comunicaciones, de la ciencia y la tecnología e incluso, en gran medida, de las decisiones políticas” (p. 48). Un nuevo culto al mercado, unas cuantas grandes empresas transnacionales, capitales que se mueven sin que se les pueda controlar en ningún país. “Estamos, escribe Villoro, ante un nuevo poder mundial del que depende la suerte de una gran parte del mundo. Un poder sin fronteras, sin contrato social, sin leyes ni sanciones”. Los Estados nacionales disminuyen o pierden su capacidad de acción y de regulación, resulta imposible que en forma aislada puedan hacer frente a los “grandes desafíos que conciernen a todo el planeta” e incluso a sus economías internas. Ante el debilitamiento de los Estados-nación, la crisis se manifiesta en su incapacidad para “mantener un orden homogéneo en la sociedad y en la emergencia de reivindicaciones nacionales y étnicas”. Escribe: “los individuos buscan revivir sus vínculos personales en comunidades cercanas, capaces de ser vividas y no sólo pensadas, que puedan dar un nuevo sentido a sus vidas. La nostalgia del individuo por una comunidad perdida no se satisface en el Estado nacional, anhela formas de pertenencia a las que pueda integrarse su vida”. Así, cuando el mundo parece unificarse por la globalización, “asistimos al desmembramiento de países y a la formación de naciones nuevas”. La geografía del planeta y de numerosos Estados se trastoca y rehace.

Un Estado soberano, una única nación, el Estado-nación centraliza su poder e impone su dominio político. El nacionalismo se vuelve la ideología dominante que integra hacia el interior y excluye lo que aparece ajeno, extraño, posible enemigo.

Es muy rica la visión de Villoro, que aquí simplifico en extremo. En América hispana, como la llama, se desarrolla un proceso similar del cual nos habla. En especial sobre México, después del fin de la larga colonización y luego de la derrota de las rebeliones de Hidalgo y Morelos, serán los criollos y mestizos quienes tratarán de crear el “nuevo Estado homogéneo e individualista”, imponiéndose a la multiplicidad de etnias y regiones del país. De entrada, “los pueblos indios no son reconocidos en la estructura política y legal de la nueva nación”. Pero Villoro observa desde el inicio una situación peculiar: “los dos siglos de vida independiente pueden verse, desde entonces, bajo una luz: la contraposición de dos corrientes que responden a ideas distintas de la nación. Por un lado, la construcción del Estado-nación moderno, que había imaginado el grupo fundador; por el otro, la resistencia de las comunidades que no encajan en ese proyecto” (p. 42).

Frente a los pretendidos valores de la libertad individual y la igualdad formal ante la ley, que parecen orientar al nuevo Estado que emerge en el fondo como una salida contrarrevolucionaria, se confrontan la comunidad, la solidaridad y la justicia de esos campesinos y plebeyos de Zapata y Villa que a pesar de su fuerza devastadora fueron derrotados como Hidalgo y Morelos. Nuestro autor se pregunta si “¿No empezará a revivir actualmente esa idea otra de nación?”. El Estado no muy cambió con la Constitución de 1917 y reafirmó de nuevo una suerte de Estado liberal (con matices entonces inéditos) y una Federación que tardaron en unificar a la nación toda, centralizar el poder y reproducir la homogeneidad en una sociedad en extremo diversificada y desigual, que no dejó de transformarse en el transcurso de los años. Villoro concluye que el proyecto liberal que “respondía al reto de unificar a la nación” en realidad conduce a “aumentar la escisión entre estos dos México”.

3. Tardó décadas en articularse y lograr su consolidación un Estado unitario y fuerte que en verdad poco tenía que ver con el viejo liberalismo (o con ningún otro). Aunque se construyó un mercado que permitió modernizar y semi-industrializar al país bajo la batuta del Estado interventor (no muy liberal), la sociedad no asumió la forma de una maraña de ciudadanos titulares de derechos, más que individuos aislados fueron corporativizados, al menos en sus sectores fundamentales. Esto es, sus organizaciones y asociaciones, sus comunidades perdieron cualquier tipo de autonomía y fueron encuadradas como parte del aparato estatal a través del partido de Estado, del PRI. En tanto que la mayoría de la población no organizada, reducida a la pobreza y la pobreza extrema, fue sometida por medio de relaciones clientelares o la violencia, por el ogro filantrópico (como lo llamó Octavio Paz) en que devino el poder central encarnado en el presidente. De manera que lo colectivo fue desnaturalizado y las comunidades y pueblos tampoco dejaron de sufrir el acoso, el despojo y su desnaturalización. El Estado homogéneo, como lo llama Villoro, se impuso en forma autoritaria a la sociedad, asentado en la dominación corporativa y la ausencia de procesos democráticos efectivos. Hay que precisar que los titulares de la riqueza material y los capitales fueron favorecidos a pesar de también haber sido encuadrados en corporaciones que, empero, no perdieron su autonomía y vivieron un tiempo bajo la sombra de Estado y siempre bajo su protección.

Pero las propias transformaciones materiales y sociales a que dio lugar el desarrollo del propio Estado-nación aunados a los grandes cambios acarreados por la mundialización del capital, también desgastaron y luego lanzaron a la crisis al Estado-nación mexicano, la cual se anuncia en forma reveladora durante el movimiento estudiantil-popular de 1968, cuando la sociedad irrumpe en el ámbito resguardado de la política. Hoy parece obvio que la República ilusoria y la Federación ficticia que los liberales mexicanos imaginaron y que disimulaban la dictadura encubierta y la estatización de la sociedad que denunció José Revueltas, no han logrado encontrar una solución de continuidad a la crisis estatal interminable que nos aqueja.

Luis Villoro encuentra una posibilidad en el reconocimiento de una realidad en extremo compleja, caracterizada por la multiplicidad de culturas diversas que no han dejado de resistir a los intentos de aplastamiento y uniformización e incluso no dejan de renovarse, enriquecerse y fraguar incluso su autonomía. “Frente al Estado-nación homogéneo, explica, se abre ahora la posibilidad de un Estado plural que se adecue a la realidad social, constituida por una multiplicidad de etnias, culturas, comunidades” (p. 47). La reforma del Estado-nación permitiría superar a través de una suerte de síntesis las dos ideas de nación que chocaron en México desde la Independencia. “Tenemos que diseñar un nuevo tipo de Estado, escribe, que respete nuestra realidad y termine con el intento alocado de imponerle por la violencia un esquema pretendidamente racional. Tendría que ser un Estado respetuoso de todas las diferencias. Sería un Estado en que ningún pueblo, ni siquiera el mayoritario, impondría a otros su idea de nación. El Estado plural no renunciará a la modernización de país, si por ella se entiende progreso hacia una sociedad más próspera y más democrática. Pero la modernidad deseada no consistiría en la destrucción de las estructuras locales y su supeditación a las fuerza ciegas de un mercado mundial, sino en la participación activa de todas las identidades sociales en un proyecto común de cambio. El Estado se reduciría a coordinar, en este proceso, los proyectos diferentes de las comunidades reales y a proponerles una orientación común. La sede del poder real se acercaría cada vez más a las comunidades autónomas que constituyen la sociedad real. El adelanto hacia un Estado plural es, así, una vía hacia una democracia radical” (pp. 47-48).

4. Aunque lo ve como un proceso que tendría que irse desplegando y dibujando con el tiempo, Luis Villoro propone varias ideas articuladoras: una soberanía parcialmente compartida, la integración de un Estado múltiple, la democracia participativa y el Estado equitativo.

Una soberanía que no excluya ni aísle, que sea compatible con la interdependencia pero que igualmente posibilite la defensa frente las grandes empresas mundiales y los Estados hegemónicos en el planeta. Volver a controlar la política económica y los recursos internos y relanzar la regulaciones necesarias en defensa del aparato productivo y la desigual competencia de capitales. También implicaría la posibilidad de avanzar en regulaciones y acuerdos de integración con otros Estados-nación, sin perder la autodeterminación. Incluso Villoro plantea la urgencia de “un poder político mundial con facultades coercitivas, restringidas a asuntos específicos de interés general y encargado de tomar decisiones y emprender acciones en esos asuntos que afectan la vida de todos” (Los retos de la sociedad por venir, FCE, México, 2007, pp. 178-179).

El Estado tendría que partir de la diversidad real del país, de la existencia de numerosas etnias, culturas, regiones distintas -y yo añadiría clases- que tendrían que encontrar vínculos, una forma de asociación plural. De esta forma, las comunidades reales participarían en el poder a la vez que reafirmarían su autonomía específica. La autodeterminación de los pueblos se combinaría con la adhesión libre al Estado nacional. “Formar la patria, escribe nuestro autor, no sería tratar de uniformar a todos los componentes del país en un solo molde, sino desarrollar en un acuerdo superior la riqueza de una multiplicidad de expresiones y de formas de vida” (ídem, p.180).

La democracia participativa (que en otros textos denomina radical) parte, según Villoro, de la lucha por la autonomía, la cual se puede realizar en todos los ámbitos y por todos los núcleos sociales (lo mismo en comunidades y pueblos que en sindicatos, centros de trabajo, escuelas, colectivos de todo tipo), cada uno según su modo, sus prácticas sociales y sus tradiciones dentro de sus circunstancias sin duda singulares. Este es un “movimiento de difusión del poder hacia la base de la sociedad [que] puede aprovechar las estructuras de las instituciones democráticas de los Estados ya existentes” (ídem, p.180). El municipio podría desempeñar un papel fundamental como correa de transmisión del Estado pero igualmente en tanto ”la estructura política del Estado para la transferencia del poder a las comunidades locales”. Es la instancia territorial donde la gente vive su vida en común, aunque la herencia española no es muy buena, incluso ahora no contamos siquiera con tres mil municipios, mientras en Francia, por ejemplo, se organizan alrededor de 35 mil comunas. Habría que recuperar la experiencia de pueblos y comunidades que han sobrevivido a pesar de despojos, acosos y cercos múltiples que el Estado les ha impuesto a lo largo de la historia. Por lo demás, los municipios formales se organizan arbitrariamente, sin criterios claros y cambiantes, sin respetar a los pueblos y comunidades, las demarcaciones verdaderas. Por algo los zapatistas del EZLN plantearon desde el inicio de su rebelión la necesidad de una reorganización de los municipios en Chiapas y al final lo hicieron a su modo en su zona de influencia. Lo mismo la federación que también nació artificialmente y no corresponde a las comunidades reales, según apunta Villoro. Tendría que organizarse un federalismo radical que “corrigiera las divisiones geopolíticas” existentes, situándose bajo el signo de la descentralización de recursos y poderes, para “acercar las decisiones colectivas a los lugares en que pueda ejercerse una participación real del pueblo”.

Luis Villoro teoriza ampliamente sobre las distintas figuras de la democracia en varios de sus textos, en los que regresa a la democracia participativa una y otra vez, a la que entiende como “el tránsito del Estado homogéneo a una nueva forma de Estado múltiple, respetuoso de la diversidad interna”. En especial vuelve de tiempo en tiempo a la experiencia que realizan en la actualidad las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas, que recuperan las tradiciones ancestrales de organización, autogobierno y autogestión pero renovándolas imaginativamente, y donde se ensaya una democracia directa y se atisba el germen de una sociedad futura. Por lo demás, nos dice: “El Estado plural no nacería de una repentina destrucción del Estado actual, sino de un lento proceso de reforma de las instituciones existentes” ( Los retos…, cit.,p. 183)

En fin, el Estado plural, múltiple, lo concibe Villoro asentado no solo en la tolerancia, sino sobre todo en la cooperación. No se trata de tolerar al otro, sino de compartir con él, con todas, con todos los diferentes, colaborar activamente en un propósito común. “El Estado tendría que disminuir y eliminar la marginación o discriminación que impida alcanzar la igualdad de oportunidades y consenso entre todas las comunidades e individuos que componen la nación. Ésa es la equidad, otro nombre de la justicia” (p. 184).

5. Todavía en su libro póstumo, La alternativa. Perspectivas y posibilidades de cambio (FCE, México, 2025), Luis Villoro ataca duramente al Estado-nación homogéneo, lo considera un artificio que se rige por la simulación de una voluntad del pueblo que decide el sector hegemónico de la sociedad y lo confronta con el Estado plural multicultural. En cambio, considera que el Estado plural “daría lugar a una nueva forma de comunidad”; esa sería la alternativa frente a la sociedad excluyente que genera el Estado homogéneo.

Cuando trata de definir un nuevo proyecto, esto es, de buscar una alternativa, rechaza toda dominación y plantea “la resistencia que podría llegar hasta la eventual reconciliación con el dominador”. Repasa y recapitula la historia de México a través de varios conceptos fundamentales como revolución, democracia y pluralidad, polemizando con el liberalismo realmente existente que nos tocó, sus contradicciones y la alternativa de la democracia que ahora desemboca en la democracia comunitaria.

Sin duda, Luis Villoro ve la urgencia de “transitar hacia otro tipo de Estado, un Estado que reconociera un pluralismo jurídico y social, con la existencia de derechos, no sólo individuales sino también colectivos, los que podrían ejercer los pueblos indígenas del país. Este sería el paso de la actual ‘partidocracia’ a una democracia auténtica. Solo ésta podría resolver la llamada ‘cuestión indígena’. En la Constitución tendría que haber explícitamente el reconocimiento de los derechos de las culturas indígenas. Esto fue, en gran medida, el resultado del alzamiento zapatista, en el estado de Chiapas. Una de sus acciones fue establecer las Juntas de Buen Gobierno en las comunidades chiapanecas. ¿No fue ésta la mejor respuesta al capitalismo?”, se pregunta y concluye Luis Villoro. (La alternativa…, cit., p. 58).

Hay mucho que reflexionar sobre cuestiones claves que aborda Luis Villoro, como el Estado, el poder, la dominación, la igualdad y la emancipación. En realidad, percibo en muchas de sus consideraciones una vena utópica, pues concibe un Estado que pueda coordinar sin dominar, un poder que no oprima, un cambio sin ruptura, una igualdad que puede resultar del establecimiento formal de la igualdad de oportunidades. En fin, un pensamiento muy rico, abierto, inacabado e inagotable. Luis Villoro, cien años. Irreductible, disruptivo. Seguiremos compartiendo mucho con él.

Tlalpan, Ciudad de México, 6 de noviembre 2022

ROMPIENDO FRONTERAS
—-KURDISTÁN: Campaña internacional contra el uso de armas químicas de Turquía en Kurdistán.
—-HONDURAS: Violento desalojo contra la comunidad garífuna más antigua de Honduras. Fuente_Avispa Midia, Copinh y Contracorriente
—-CHILE: -Coordinadora Arauco Malleco se adjudica 15 sabotajes y se opone al TPP11. Fuente_ContraApra
-Palabras de Emilio Berkhoff ante la reciente condena en su contra. Fuetes: anticarcelaria
—-MUNDO: COP 27 reclamos urgentes ante una crisis climática que no da tregua. Radio Temblor y Nodal

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–GUERRERO: -Frente a la vida, los ardillos y los malos gobiernos imponen la muerte. Asesinan a 3 compañeros del CIPOG-EZ. -Comunicado del #CIPOGEZ, Se lo dijimos al presidente, ¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!. Fuente_RadioZapote y Cipog
—–CDMX: La lucha contra la ciudad mercancía y sus proyectos ecocidas en el PGD Y PGOT. Información sobre el recurso de revisión en contra de la sentencia que negó el amparo a favor del humedal de Xochimilco. Fuente: Pueblos, barrios y colonias de Xochimilco.
—–CHIAPAS:
Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro. De Sare Frabes
Fuente: Avispa Midia
—–Música
Evelyn Cornejo – Sacrificados
Sampedro- Una “Llorona” dedicada a Samir Flores y a quienes luchan por la vida

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Greenpeace cuestiona a BP sobre su slogan “más allá del petróleo” en un contexto del mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.}

Las principales empresas de hidrocarburos, entre ellas ExxonMobil, Chevron, British Petroleum (BP) y Shell, han incluido un sinnúmero de programas y supuestos estudios científicos en sus sitios web que ofrecen soluciones frente al cambio climático.  Un ejemplo de ello lo muestra el sitio web de ExxonMobil, donde se enfatiza la necesidad del uso de energía a nivel planetario y por ello, resaltan ser “pioneros en nuevas investigaciones y buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones (de CO2)”.

No obstante, el pasado mes de septiembre la congresista estadounidense Carolyn B. Maloney, junto a Ro Khanna, presentaron un informe al Congreso de Estados Unidos (EEUU) donde develan que esta empresa eliminó de sus documentos internos la afirmación sobre su plan para aumentar la producción en 1,000% en el estado de Delaware, conocida como la cuenca del Pérmico.

La denuncia presentada por los congresistas se enfoca en lo que denominan como una campaña de desinformación sobre el cambio climático y sus efectos por parte de estas empresas, ya que “han sabido desde fines de la década de 1970 que sus productos contribuyen al cambio climático”, puntualizan.

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Pero en lugar de tomar medidas, desde la década de 1990, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, el Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) y la Cámara de Comercio de EEUU se unieron “contra posibles regulaciones sobre el cambio climático y presionaron al gobierno de los EEUU para descarrilar acciones climáticas internacionales para reducir las emisiones contaminantes de carbono”, informaron los parlamentarios.

No fue sino hasta el año 2021 que, en una audiencia, los ejecutivos de los combustibles fósiles admitieron bajo juramento “que el cambio climático es real, que la quema de combustibles fósiles contribuye a ello y que es una amenaza existencial para el planeta”. Aunque ninguno de ellos se comprometió a poner fin a su producción, por el contrario, invirtieron en otras estrategias para desviar la atención.

Lavado verde

“Necesitamos reinventar el negocio de la energía”, declaró en su discurso el director ejecutivo de BP en la Universidad de Stanford en marzo de 2002. En ese mismo tenor el directivo remarcó, “necesitamos ir más allá del petróleo”, siendo ésta una de sus principales premisas publicitarias durante las dos ultimas décadas.

BP ya sostenía desde el año 2002 que habían reducido sus “emisiones de gases de efecto invernadero en un 10 %”, pero la investigación presentada por los congresistas arremete contra la empresa al asumir que lo que han logrado hasta el momento es un “lavado

verde” a través de “publicidad engañosa”.

BP ha apostado por el llamado Uso y Almacenamiento de la Captura de Carbono (CCUS por sus siglas en inglés) como una herramienta para cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París, pero, contradictoriamente, esta tecnología permite continuar con la explotación y uso de hidrocarburos, por ejemplo, en “industrias de uso intensivo de energía”, agregan el documento presentado al parlamento estadounidense.

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Según las empresas con esta tecnología el carbono capturado se puede utilizar “para mejorar la recuperación de petróleo”, es decir, para ser inyectado en los pozos petroleros y hacerlos más productivos. Esta misma estrategia es utilizada por la petrolera Shell con su programa Sky scenario, que según esta corporación “describe lo que creemos que es una ruta tecnológica, industrial y económicamente posible hacia adelante, consistente con limitar el aumento de la temperatura promedio global a muy por debajo de los 2°C desde los niveles preindustriales”.

Actualmente, solo la empresa Exxon opera una instalación de captura de carbono, en Schute Creek, Wyoming. A su vez es socia de una instalación en Australia y una más en Qatar. Durante la vida útil de las instalaciones de Schute Creek “solo ha capturado y almacenado el 3 % de su dióxido de carbono bajo tierra”, que al ser inyectados a los pozos desgastados continúan provocando las mismas emisiones, asevera el informe. Mientras, el proyecto de Australia ha fallado repetidamente en alcanzar su objetivo de almacenamiento en aproximadamente un 50%.

Mientras que estas empresas se han comprometido en sus discursos a reducir de manera integral las emisiones, los congresistas puntualizan que esto es incierto al no considerar “la quema de los combustibles fósiles que venden y que representan aproximadamente el 90% de las emisiones de la industria”.

Una muestra es ExxonMobil, que se supone ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 75 millones de toneladas, “en realidad, casi todo el dióxido de carbono que Exxon ha secuestrado se ha vendido a otras compañías de combustibles fósiles para inyectar en sus campos de petróleo agotados”, detalla el informe.

En diciembre de 2021, Exxon prometió que para 2030 alcanzaría emisiones de carbono al punto cero en sus operaciones en la cuenca Pérmica, ubicada en Nuevo México y el oeste de Texas. “Esta promesa es engañosa, porque solo cubre fugas, quema y otras emisiones operativas de CO2 y excluye la gran mayoría de las emisiones de la quema de los productos de petróleo y gas que Exxon extrae en la región”, arguyen los parlamentarios.

De hecho, en febrero de 2022, Exxon se comprometió a seguir aumentando su producción en la cuenca con la extracción de un millón de barriles de petróleo por día hasta 2024, frente a 460 mil barriles diarios que producía en 2021.

En septiembre de 2021, cuando inició esta investigación, se enfocó principalmente a lo que denominan “campaña de desinformación climática y lavado verde de la industria de los combustibles fósiles”, develando así el engaño de las industrias, sobre todo, al asumir su apoyo al Acuerdo de París. Este conjunto de empresas fue citado a una audiencia el 8 de febrero de 2022. “Se invitó a los miembros de los directorios de Exxon, Chevron, Shell y BP a testificar en esta audiencia, junto con científicos y defensores del clima, pero se negaron a comparecer”, señala la investigación.

Por su parte, los congresistas, argumentan que las promesas climáticas y la publicidad ecológica “se centran en tecnologías que las empresas han admitido en privado están a décadas de distancia para su implementación”.

Falsas alternativas

Exxon gastó al menos $68 millones de dólares en publicidad en una supuesta investigación sobre la producción de biocombustibles a base de algas.  Los congresistas alegan que esta supuesta alternativa es “engañosa”, porque se requieren millones de toneladas de algas para la producción de este tipo de energía, algo que la empresa no menciona, ya que, de lo contrario, atraería la atención del sector científico.

Por tanto, los congresistas sustentan que las compañías de petróleo y gas han tratado de crear la impresión “de que están tomando medidas ambiciosas para reducir las emisiones, sin hacerlo realmente”.

La estrategia de los gigantes del petróleo, según los parlamentarios, se basa en trucos contables, lenguaje engañoso y tácticas de demora, al grado de que se han comprometido públicamente a reducir sus gases de efecto invernadero a “cero netos” para 2050. Pero en realidad, “las compañías de combustibles fósiles se han comprometido a reducir un pequeño porcentaje de las emisiones de sus propias operaciones y disminuir la llamada “intensidad de carbono” de sus operaciones, una medida engañosa que permite que las emisiones totales de la empresa continúen aumentando con la producción de combustibles fósiles, sostiene la investigación.

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De tal modo que las empresas de los combustibles fósiles vienen desplegando, con mucha precaución, una maquinaria publicitaria “para pintar la imagen de la industria como limpia y aliada con aquellos preocupados por el cambio climático, una táctica conocida como lavado verde”, puntualiza el informe.

Los documentos recabados por el equipo de la investigación muestran que “las promesas de las empresas se basan en tecnologías no probadas” que más bien están funcionando como “una licencia social para seguir produciendo combustibles fósiles en las próximas décadas”.

Las empresas que más han contaminado con emisiones desde 1988 son: ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Peabody, Total y BHP Billiton. Las principales empresas estatales incluyen Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex y CNPC (PetroChina).

Las emisiones de carbón de China están representadas por el estado, en el que los productores estatales clave incluyen Shenhua Group, Datong Coal Mine Group y China National Coal Group.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

Por Kathia Carrillo

GTANW 8/11/22.- Representantes de las naciones Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar se reunieron en la V Asamblea de las Naciones Originarias el 6 y 7 de noviembre para tratar la problemática de la industria petrolera y derrames en sus territorios. Tras la reunión, emitieron una resolución donde se exige el cese de la expansión de la frontera petrolera, oponiéndose a nuevas concesiones, así como demandando la anulación del lote 64, adjudicado a Petroperú y ubicado en territorio Achuar y Wampís.

Como hace años vienen alertando la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el proyecto del lote 64 implicaría la destrucción de biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de ambas naciones, afectando seriamente su subsistencia, por lo que siempre han comunicado su oposición al mismo.  La operación del lote tendrá además impacto en las partes altas del sitio Ramsar Abanico del Pastaza, un área de humedales de alta biodiversidad.

En la resolución, los gobiernos autónomos también demandaron la remediación de los sitios impactados y los pasivos ambientales que han generado los constantes derrames de petróleo, en especial los de 2016 en territorio Wampís (CN Mayuriaga, río Morona) y en territorio Awajún (distrito de Imaza, ríos Chiriaco y Marañón), y el de 2019 que afectó a las comunidades Awajún de Chapis y Santa Rosa (Manseriche, Datem del Marañón). A su vez, exigieron la atención en la contención y limpieza del derrame producido en el km 177 del ONP que lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y que está afectando territorios Chapra y Wampís.

Como se recordará, en pronunciamientos públicos anteriores[1] respecto al tema del derrame en el km 177 y la problemática del deterioro por antigüedad del oleoducto norperuano, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha exigido al gobierno hacer respetar la norma sobre transportes de hidrocarburos a Petroperú para que lo adecúe y no permita que haya bombeo de petróleo hasta que realice dicha adecuación de manera integral.

Además de la clara oposición a proyectos e infraestructura petrolera que invaden el territorio amazónico, los gobiernos autónomos se pronunciaron en oposición al traslado del crudo de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87 por medio del oleoducto norperuano. Como se sabe, en días recientes Petroecuador y Petroperú han sostenido reuniones para discutir el proyecto de interconexión de oleoductos entre Perú y Ecuador que permita procesar el crudo ecuatoriano en la Refinería de Talara.

Finalmente, los gobiernos autónomos señalaron su rechazo a la militarización de sus territorios que pretende Petroperú so pretexto de la “protección” del oleoducto norperuano.

Puede leer la resolución;

RESOLUCIÓN-FRENTE-A-LAS-ACTIVIDADES-PETROLERAS