Radio Zapatista

Por Aldo Santiago

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

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Por Milagros Panta TeleSISA

Hoy se cumplen 29 años del autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, genocida y ex presidente del Perú que el 5 de abril de 1992 por medio de un mensaje presidencial disolvió el Congreso de la Nación para dar inicio a una dictadura que trajo consigo una de las épocas más nefastas de la historia peruana. A pocos días de las elecciones el pueblo peruano pide memoria, verdad y justicia.

Con apoyo militar del Ejército, de la Marina y de la fuerza Aérea intervinieron el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones como los medios de comunicación para tener total control sobre ellas. Ordenó detenciones y persecución a sus opositores, allanamiento a locales partidarios y principales sindicatos. Teniendo el control del Congreso, decretó una nueva constitución la del ’93 que le permitió postular a la re elección e introdujo consigo el modelo neoliberal y la aplicación de políticas que flexibilizaron los derechos laborales que legalizó la explotación, se dio pase libre al extractivismo trayendo consigo una profunda pobreza y desigualdad.

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«Mis dibujos, son palabras que me salen del corazón, es solidaridad para las y los demás compañeros que están luchando desde algún lugar del mundo».

El 1 de abril de 2021, el compañero Marcelino Ruíz Gómez indígena del pueblo maya tsotsil, lanzó una exposición grafica virtual llamada “Por la vida y la Libertad”. Marcelino fue detenido arbitrariamente el 5 de febrero del 2002 y actualmente se encuentra preso en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 10 de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

En entrevista con Radio Pozol, Marcelino menciona que a través de los dibujos da a conocer la palabra que no se puede expresar o lo que no se puede escribir. Comparte que cada dibujo expresa la falta de acceso a la justicia, la discriminación y la violencia que a enfrentado por un delito que no cometió pero por el cual fue sentenciado a más de 30 años de prisión. Hoy día lleva más de 19 años preso y los dibujos «son una manera de liberarme», externa el indígena chiapaneco.

Marcelino expresa su dolor porque «la Madre Tierra esta sufriendo, los poderosos, quienes con el afán de poseer sus riquezas cada día más incrementan el despojo y la destrucción». «Todos somos territorios y los invito a defendernos», dice con voz firme el originario de la zona altos.

Ruíz Gómez, recuerda que cuando lo detuvieron fue esposado y vendado de sus ojos con el objetivo que no viera a donde lo trasladaban. En el lugar donde permaneció detenido fue torturado física y psicológicamente durante tres días, tras sufrir varios golpes entre otras formas de tortura como el permanecer atado a una silla durante esos días, también le rociaron la nariz con tehuacán con chile fue obligado a firmar para autoinculparse, todo ello ha sido documentado y denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

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La labor que ha realizado la organización Artículo 19 en los últimos 15 años en México permite observar los desafios que enfrentan las trabajadoras y trabajadores de medios alternativos, públicos y privados, para ejercer el derecho a comunicar.

En esta ocasión es la propia organización Art 19 quien recibe ataques por el grupo en el poder. Lxs invitamos a conocer su historia y trabajos que realizan.

Entrevista con Mayra López Pineda -Artículo 19:

(Descarga aquí)  

Ver en línea : Artículo 19

Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.

La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.

 Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN,  pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.

La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.

La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.

Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”

Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.

La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.

Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

(Por Dalia Souza y Ximena Torres; Ilustraciones: Fernanda Kovacs)‍

Para leer la investigación completa el enlace al sitio de ZonaDocs: http://zonadocs.mx/especiales/Mujeres-y-tortura-en-Jalisco

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EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!

Carlos Joaquín La omisión es cómplice de los feminicidios.
Exigimos justicia!!
Este fin de semana, la impunidad se ha llevado dos hermanas más en el Estado de Quintana Roo.
El caso de Tulum a manos de la policía y su abuso de poder.
Y en el caso de Holbox a manos de la impunidad y hermetismo machista que viven en la isla.
En el Estado las autoridades se preocupan más por el turismo que por la seguridad del pueblo.

EL PARAÍSO HUELE A SANGRE!!!
Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO!!!

En Tulum, Holbox y en el Estado completo constantemente vivimos violentadas por los cuerpos policiales y no es la primera vez q una mujer es víctima de su violencia.

Esta vez se llevaron la vida de una mujer a plena luz del día.
La mujer pidió ayuda en reiteradas oportunidades por no poder respirar y la policía siguió ejerciendo fuerza sobre el cuerpo hasta quitarle la vida.

Victor Mas Tah y Nivardo Mena Villanueva , los hacemos responsable de lo sucedido y exigimos respuestas.

Que los responsables sean nombrados públicamente y eliminados de sus cargos con la pena por los delitos correspondientes y exigimos toda la atención y debida diligencia en la investigación para encontrar a los responsables del asesinato de nuestra hermana.

BASTA DE IMPUNIDAD

(Foto de portada vía Defensoras Digitales Quintana Roo/Comunicado vía https://www.facebook.com/MareaVerdeQuintanaRoo/)

Texto y fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- “Toda la noche y Palacio Nacional no alcanzan para nombrar a las mujeres que han sido desaparecidas y asesinadas”. Así lo dijo una madre que se unió a la convocatoria que realizó el colectivo AntiMonumenta para realizar una velada frente a Palacio Nacional.

Aproximadamente 60 madres de Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México compartieron sus historias y recordaron a sus hijas víctimas de violencia en la fría velada que duró 12 horas, de seis de la tarde a las seis de la mañana de este lunes.

Andrea Soto, madre de Verónica Soto Hernandez, se acercó a la valla para amarrar una cruz junto a la lona con la foto de su hija. La chica tenía 22 años cuando la asesinaron el 1 de noviembre del 2019 en Naucalpan, Estado de México. Fue a una fiesta de disfraces con una amiga y nunca regresó. Al día siguiente, alguien avisó a la señora Andrea que su hija estaba en el Semefo de Naucalpan.

Una a una comenzaron a compartir sus testimonios frente a otras madres. Al finalizar, se gritaban: “no estás sola”.

La señora Soto cuenta que no le dan ganas de salir de su cama. Pero en esta ocasión decidió acudir al llamado para sentir que está haciendo algo para exigir justicia para su hija. Ella cree que las autoridades se justifican en la pandemia para no continuar trabajando en las investigaciones que den alguna pista más sobre el asesinato de su hija.

Acompañada por su hijo, Andrea Soto reunió fuerzas para pasar frente a las demás madres y narrar con voz entrecortada y haciendo constantes pausas los hechos que conoce y sobre los que exige se investigue más. También recordó amorosamente lo buena mujer que era su hija y el trabajo que le ha costado seguir viviendo desde que la perdió.

Muchas de las madres acudieron para seguir visibilizando los casos de sus hijas y exigir verdad y justicia, “Yo no tengo dinero, no tengo influencias, no puedo ofrecer recompensa”, expresa la señora Soto con los ojos cristalizados. A 17 meses del asesinato de su hija siente que tiene que hacer algo para ser escuchada y la ayuden a conocer la verdad.

“Yo no le tengo fe al presidente”, expresa con ahínco y dolor la madre de la joven enfermera, dice no saber quién paga ese evento pero a ella no le pidieron ni un peso; agradece que se realicen porque si no quién las escucharía.

“Espero ver llegar la justicia para mi hija pero si muero en el intento pienso que seguirá mi hijo por mí”. Lo dice porque ha conocido algunas historias de lucha que llevan 7, 10 o más años y ella no cree aguantar tanto.

Las madres fueron acompañadas por algunos otros familiares que aguantaron junto a ellas el frío de la larga noche y que en breves momentos se calentaban el alma cuando recibían un fuerte abrazo de otra madre que comparte y entiende su dolor, por esa noche se acompañaron y retomaron un poco de fuerza para continuar su caminar de exigencia solas.

BOLETIN DE PRENSA

Ciudad de México 30 de marzo de 2021.

REPUDIAMOS LA VICTIMIZACIÓN DE LA VÍCTIMA

DENUNCIAMOS LA DISCRIMINACIÓN Y DESPRECIO CON LA QUE FUERON ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES

NUESTRA COMPAÑERITA MARICELA, EN SU DESAPARICIÓN NO LE FUERON APLICADOS LOS “PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA¨ COMO INFORMA LA FGJCDMX

CONDENAMOS LAS FILTRACIONES QUER HACE LA FGJ CDMX

EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA PARA MARICELA ESCORZA SALINAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE NOS ACOMPAÑAN
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, CNI-CIG
PRESENTE.

Por este medio frente a la victimización de la víctima, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Durante la noche del 21 de marzo de 2021, Maricela Escorza Salinas integrante de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, no regresó al campamento que mantiene instalado la comunidad en la calle de Roma 18, Colonia Juárez, CDMX, por lo que su familia acudió a la Agencia del Ministerio Público identificada como CUH-2 a denunciar su desaparición.
Dentro del esquema de “búsqueda” de escritorio que generalmente utilizan las autoridades frente a la desaparición de una persona, el día 26 de marzo de 2021, el MP investigador requirió la implementación de la correspondiente Alerta Amber, dado la minoría de edad de Maricela, siendo el caso que los encargados de dicha Alerta, pusieron en conocimiento del Ministerio Público -y este a su vez de la familia que en el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México se encontraba un cadáver con las características de la víctima, por lo que sugerían la identificación del mismo.

Es el caso que al acudir la familia al INCIFO con el fin de identificar los restos que ahí se encontraban, el personal de dicha instancia, solo les permitió verlos a través de una vitrina, lo que impidió un reconocimiento optimo sobre si efectivamente se trataba de Maricela. Cabe hacer mención que en el momento de dicha diligencia, el personal de dicho Instituto fue insistente en que la familia diera la identificación como positiva, a lo que la familia requirió que se practicaran pruebas científicas, ante lo que hubo una pertinaz negativa por parte del referido personal. Posteriormente la familia requirió que les pusiera a la vista la ropa de la persona que yacía en dicho lugar y que presuntamente se trataba de Maricela, sin embargo se les informó que esos objetos se encontraban en el hospital, y que lamentablemente “los Drs. Siempre tiran la ropa”, “incluso les pidieron no se ofendieran, ya que siempre hacen eso”, finalmente y a manera de burla les informaron que, esos objetos se encontraban en la en la Agencia del Ministerio Público que llevaba la investigación por homicidio, misma que se identifica como CUH-6.

Al acudir la familia a la señalada Agencia del Ministerio Publico (CUH-6), personal de la misma confirmó que en dicha instancia se llevaba la Carpeta de Investigación relativa a un homicidio cometido en tránsito de vehículos, por atropellamiento (hoy sabemos que dicha Carpeta se identifica con el número CI-FICUH/CUH-6/UI1S/D/294/03-2021), en agravio de una persona del sexo femenino y sobre hechos ocurridos en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma. Resulta que la familia al requerir al personal de dicha Agencia del MP sobre la ropa de la persona atropellada, recibió como respuesta que esta no se encontraba en dicho lugar, sino que se “había quedado en el hospital” donde presuntamente se le atendió y que fue en el Hospital General de Iztapalapa del Gobierno de la CDMX.

Ahora bien, ante la desesperación de la familia y también ante la firme sospecha de que las autoridades encargadas de la investigación sobre la desaparición de Maricela, dejaran de llevarla a cabo a consecuencia del hallazgo de los restos ya referidos, organizaciones, colectivos y personas solidarias con la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, llevaron a cabo desde la noche del 26 de marzo de 2021, una difusión en redes sociales para su búsqueda y localización. También organizaciones de Derechos Humanos, realizaron gestiones ante las autoridades de la FGJCDMX, con el fin de que se le brindara a la familia mayores elementos de identificación de los restos y en tanto ello ocurría, se mantuvieran las investigaciones relativas a su desaparición.

De lo anterior el día domingo 28 de marzo de 2021, la familia pudo tener acceso a los videos del C5 a partir de lo cual vieron los hechos ocurridos en Bucareli y Paseo de la Reforma, en los cuales lograron apreciar el atropellamiento de una persona y de manera indiciaria la madre de Maricela, logró identificarla. Además de lo anterior y a consecuencia de las mismas gestiones referidas en el párrafo anterior, nuevamente tuvieron acceso a los restos en el INCIFO, sin embargo otra vez la familia no pudo identificarlos como los correspondientes a Maricela, ello debido al estado en que se encuentran. Ante esto, la familia solicitó la práctica de pruebas científicas de confronta (perfil genético), para lograr la identificación plena, siendo que les fueron tomadas muestras, al mismo tiempo que con sorna se les indico por parte de las autoridades que los resultados podrían tardar hasta un año en entregarlos. Argumentaron las autoridades, que obtener los resultados rápidamente, sería una cuestión de suerte”

En este punto cabe hacer la aclaración de que la familia no solicitó la entrega de los restos, hasta en tanto se lograra la plena identificación, en consecuencia tenemos conocimiento que no se ha llevado, ni iniciado ninguna diligencia al respecto, pues, reiteramos, se dejó claro que se estaría a la espera de los resultados de las pruebas científicas de confronta.

Resulta que el día de ayer 29 de marzo de 2021, corrieron varias notas en medios de comunicación relativas al caso de nuestra compañera Maricela Escorza Salinas, en las cuales coinciden tres elementos que nos generaron muchas sospechas y que consideramos graves, los cuales son:

a) Refieren las notas, que la información en que se sustentan, provienen de “fuentes de la Fiscalía”, refiriéndose a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

b) Se señala en dichas notas que Maricela fue localizada sin vida y con “graves signos de violencia” y que debido a ello se habían instaurado los protocolos de investigación para el delito de Feminicidio.

c) También se indica que el día 29 de marzo de 2021, fueron entregados los restos a sus familiares.

d) Comparan los hechos en los que Maricela perdió la vida, con los ocurridos con comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México, particularmente en lo ocurrido en noviembre pasado, en los que fueron localizados sin vida y destazados los menores de origen mazahua Alan Yair (12) y Héctor Efraín (14), en calles del Centro Histórico.

e) Toda esta información se filtró a Excélsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso del día de ayer.

Ante estas versiones que han circulado en medios de comunicación, consideramos pertinente tomar las calles y acudir a esta Fiscalía, para obtener respuestas directas de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no sin antes CONDENAR ENÉRGICAMENTE el esquema de filtraciones que sistemáticamente se presenta en casos de alto impacto proveniente de esta Fiscalía, pues ello afecta los casos y las investigaciones, a la vez de que revictimiza a las víctimas y sus familias y además genera dudas y suspicacias en la opinión pública, sobre todo si consideramos que en este caso en particular afecta a la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México, que constantemente es presa del desprecio y la discriminación por parte de las autoridades tanto federales, como del Gobierno de la Ciudad de México.

Por ello, hoy venimos a preguntarle a Ernestina Godoy lo siguiente:

1.- ¿Cuál es realmente la investigación que la Fiscalía está siguiendo para el caso de Maricela Escorza Salinas?

2.- ¿Cuál es el resultado de la pruebas científicas de confronta (perfil genético) para lograr una identificación plena de los restos que se encuentran en el INCIFO?

3.- ¿Por qué “fuentes” de la Fiscalía aluden a la investigación con protocolos para feminicidio en el caso de Maricela Escorza Salinas?

4.- ¿Hay algún responsable detenido relacionado al atropellamiento ocurrido en la noche del 21 de marzo de 2021 en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli?

5. ¿A nombre de quien responde la propiedad del Vehículo?, ¿pueden informarnos algo al respecto?

6.- ¿Se mantiene abierta la investigación de búsqueda y localización de Maricela y que líneas se siguen al respecto?

Para la Comunidad Indígena Otomí es crucial obtener respuestas, sobre todo porque tenemos conocimiento que de los hechos relativos al atropellamiento ya referido, existe un vehículo bajo resguardo de la Fiscalía y que es precisamente un auto de la marca Chevrolet, Tipo Aveo, Color Blanco, con número de placas P71BEP (Ciudad de México) y que el esquema de filtraciones respecto al feminicidio, así como las posibles omisiones en la búsqueda y localización de Maricela, correspondan a un probable encubrimiento para quien conducía ese vehículo o a actos tendientes a desviar la atención sobre un acto grave de violencia de género.

Atentamente.
DESDE LA TOMA DEL INPI
FAMILIARES DE MARICELA ESCORZA SALINAS
COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y DEL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO

Freedom Astorga preso político de la revuelta de 20 años de edad, comenzó el pasado 5 de marzo una huelga de hambre indefinida hasta obtener su libertad. A un año de su detención, Astorga acusa inexistencia de pruebas en su contra.

Antofagasta sin duda ha sido uno de los focos hacia donde la represión y persecución política estatal se ha dirigido, esto debido a las arduas movilizaciones y organización territorial desarrolladas desde el estallido social.

El pasado 26 de marzo, Freedom Astorga cumplió un año en prisión preventiva dentro de la Cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, donde se encuentra recluido acusado de robo y porte de armas. Esto en el contexto de un intento de atropello masivo de manifestantes, provocado por Adolfo Gallardo, funcionario de carabineros quien recibió pedradas en respuesta a su ataque.

Aunque las pruebas y testimonios no han corroborado siquiera la presencia de Freedom en este hecho y que la supuesta arma incautada no estaba en su poder, en marzo del 2020 este fue detenido por la brigada de homicidios de la PDI, para luego, según consta en una querella realizada por la Defensoria Popular de Antogagasta, recibir golpes, torturas y amenazas de parte de los represores.

Por estas incongruencias es que Freedom inició una Huelga que ya lleva 22 días, en la cual ha bajado 8 kilos de peso. Una medida que sería radicalizada a una de carácter seca, si es que en la próxima audiencia fijada para el día 9 de abril, no se cambia la medida cautelar en su contra.-