Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Foto de La Tinta

Productores de alimentos, educadores, organizaciones campesinas e indígenas, semilleras, huerteros, comercializadoras, distribuidoras agroecológicas y organizaciones de economía social y popular de Argentina sostienen la campaña nombrada #semillazos, un conjunto de acciones contra la privatización de la semilla nativa y criolla en el país.

El presidente de ultraderecha, Javier Milei, ha enviado al Congreso legislativo el proyecto de Ley Ómnibus, con 600 artículos, que, entre otras medidas, promueve la “flexibilización de las protecciones ambientales de los bienes comunes del país”, explica Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que hacen parte de las movilizaciones contra la ley.

Uno de los “ataques a las leyes ambientales del país”, señala Baldiviezo, está la propuesta de que Argentina sea asignataria del Acta de 1991 del Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuya creación partió de la iniciativa de empresas europeas de Fito-mejoramiento, para definir los principios básicos de “protección” de nuevas variedades vegetales, creadas a través de modificación de la estructura genética de los vegetales.

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