La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

(Continuar leyendo…)