^{Foto: Kai-Wenzel / Unsplash}

La justicia del estado de Campeche, México, otorgó la suspensión definitiva a las actividades que han generado mortandad de las abejas en comunidades mayas del municipio de Hopelchén, además de reconocer a las abejas como sujetos de derechos y a las comunidades mayas como sus guardianas.

El anuncio fue hecho por las organizaciones Alianza Maya por las Abejas Kabnalo ́on y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes por medio de un comunicado a la prensa.

El día 20 de mayo pasado, representantes de diversos pueblos mayas de Hopelchén presentaron un juicio de amparo, por las graves omisiones de los gobiernos federal, estatal y municipal que han ocasionado la muerte de millones de abejas en la entidad como consecuencia de la deforestación inmoderada y el uso excesivo de agrotóxicos. La decisión es válida hasta que se culmine el juicio de amparo.

La determinación es contra los actos y omisiones reclamados a las autoridades responsables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), contra el presidente de México y contra la Comisión Federal para la Pretección de Riesgos Sanitarios.

Entre los puntos reclamados está la omisión de las autoridades de gobierno por no dar respuesta a las múltiples solicitudes, denuncias y peticiones realizadas para que establezcan medidas de protección para las abejas en relación a la deforestación y uso indiscriminado de agrotóxico. Además, por la omisión de aplicar una política ambiental que proteja a las abejas y que atienda y prevenga la problemática de la mortandad y la disminución de las colmenas.

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Como parte de la demanda, los apicultores y apicultoras mayas solicitaron al juzgado la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables no otorguen autorizaciones, concesiones o asignaciones sobre proyectos de infraestructura a gran escala que puedan generar impactos socioecológicos negativos sobre el patrimonio biocultural en el municipio de Hopelchén, incluyendo la suspensión de desmontes y fumigaciones.

De esta manera, las autoridades responsables deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo al medio ambiente.

Causa de la suspensión

La suspensión definitiva otorgada a favor de las comunidades se da como consecuencia de la evidencia probatoria presentada en el juicio que demuestra el incremento de la mortandad de abejas en la región asociada a las fumigaciones y a la deforestación.

En el primer caso, destacan las organizaciones en el comunicado, existen múltiples análisis realizados por instituciones federales y centros de investigación, que acreditan que la utilización de pesticidas como el fipronil, prohibido en 36 países, incluyendo la Unión Europea, es uno de los principales causantes, aunque no el único, del envenenamiento de las abejas.

En el caso de la deforestación, Hopelchén es de los municipios más afectados por este fenómeno a nivel nacional, a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien ha omitido cumplir con su obligación de investigación y sanción, sostienen las organizaciones.

Sujeto de derecho

Recuerdan que la suspensión se enmarca en una demanda de amparo cuyo fin último es que se reconozca a las abejas como sujetos de derechos y a las comunidades mayas como sus guardianas, con lo cual se tendrían que establecer medidas, junto con esas comunidades, para construir políticas públicas con una lógica ecocéntrica y desde la mirada de las comunidades y en ejercicio de su libre determinación y autonomía.

Señalan que las abejas y los polinizadores no sólo son indispensables para la economía de la región, pues la apicultura es una de las principales actividades y fuente de ingreso de muchos pueblos mayas en la Península de Yucatán, sino que tiene un alto valor cultural para el Pueblo Maya por ser una práctica prehispánica.

“Declarar judicialmente a las abejas como sujetos de derechos y a los pueblos mayas como sus guardianes, abriría la puerta para construir, desde una perspectiva ecocéntrica, un nuevo paradigma en donde el respeto al patrimonio biocultural sea el eje de la política pública en la región”, defienden.