^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

^{En portada: Refinería de petróleo, propiedad de Exxon Mobil, es la segunda más grande de Estados Unidos ubicada en Baton Rouge, Luisiana.}

Poco antes del inicio de la COP27, reunión anual para las negociaciones climáticas promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), organizaciones ambientalistas advierten que las iniciativas mundiales para alcanzar las “cero emisiones netas” tienen profundos y preocupantes vínculos con los mayores contaminantes a nivel global.

El documento “Un conflicto más allá de la credibilidad” analiza tres de las más destacadas iniciativas de “cero emisiones netas” que han revelado normas o publicaciones. Es el caso del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono (Consejo de Integridad), el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de Emisiones Cero de las Entidades No Estatales (HLEG) y la campaña Race to Zero (Carrera a Cero en español) impulsada por las Naciones Unidas.

El caso del Consejo de Integridad, quien se describe a sí mismo como “un órgano de gobierno independiente para el mercado voluntario de carbono”, tiene como objetivo el garantizar que dicho mercado aplique normas de referencia globales definitivas “basándose en la mejor ciencia y experiencia disponible, de modo que los créditos de carbono de alta calidad movilicen eficazmente la financiación hacia la mitigación urgente y el desarrollo resiliente al clima”.

No obstante, el Consejo está integrado por ejecutivos con historiales de escasa supervisión reguladora e incluso, con vínculos a las mayores corporaciones de combustibles fósiles como ExxonMobil, Petrobras, China National Offshore Oil Corporation, Institute of International Finance, Blackrock, Standard Chartered Bank, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, Drax, Shell y Total.

Entre sus integrantes destaca Annette L. Nazareth, presidenta del Consejo, quien además trabaja como consejera principal de un bufete de abogados que asesora a grandes empresas contaminantes como ExxonMobil, Petrobras, la China National Offshore Oil Corporation y el proveedor de servicios petrolíferos Baker Hughes. De acuerdo al análisis, en su anterior etapa en la Comisión de Valores de Estados Unidos fue acusada de estar “demasiado asociada a la débil supervisión federal que contribuyó al colapso bancario”.

Sonja Gibbs, miembro del consejo de administración del Consejo es responsable de finanzas sostenibles del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), entre cuyos miembros se encuentran 33 de los 50 principales financiadores de combustibles fósiles del mundo. Solo en los últimos tres años (2019-2021), estas 33 instituciones han dirigido más de 2 mil millones de dólares hacia los combustibles fósiles, lo que supone más del 86% de la financiación de combustibles fósiles del mundo.

El análisis de las organizaciones ambientales subraya la preocupante credibilidad de los tres representantes del mercado que asesoran al Consejo: David Antonioli, director general de Verra, un organismo de certificación de compensaciones de carbono cuya metodología fue criticada por los expertos en 2021 por estar “basada en un sistema defectuoso” y tener un “importante problema de credibilidad”. Además, señalan también a Jeff Swartz, director de clima de British Petroleum y a Chris Leeds quien trabaja para la financiera de combustibles fósiles Standard Chartered.

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“Los tres representantes del mercado del Consejo de Integridad sugieren el preocupante escenario de que los principales financiadores de combustibles fósiles y las empresas de petróleo y gas pueden aumentar la financiación y la expansión de los combustibles fósiles mientras certifican y compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar su imagen pública, en lugar de reducir realmente las emisiones en origen”, denuncia el informe.

En cuanto al grupo de expertos del HLEG, el análisis destaca la participación de Catherine McKenna, ex ministra de Medio Ambiente canadiense quien apoyó la operación del multimillonario oleoducto Trans Mountain y autorizó el vertido de 8 mil millones de litros de aguas residuales. Helena Viñes Fiestas, quien durante su mandato en sostenibilidad de BNP Paribas Investment Partners, entre los años de 2016 y 2020, se convirtió en el mayor financiador de combustibles fósiles en la Unión Europea.

Captura

Para las organizaciones es particularmente preocupante que la campaña Carrera a Cero, convocada por las Naciones Unida, la cual integra entre sus miembros a bancos que invirtieron más de 500,000 millones de dólares en combustibles fósiles solo en 2021 y presionaron con éxito a la iniciativa para debilitar los criterios para la eliminación de proyectos de extracción de carbón.

“Este análisis solo araña la superficie de lo profundamente conflictivas que son estas iniciativas de ‘cero emisiones’”, dijo Sara Shaw, coordinadora del programa internacional de justicia climática y energía de FOEI. Acorde a Shaw, los promotores de este discurso obstruyen otras políticas de combate al cambio climático, al mismo tiempo que intentan ganar credibilidad en su imagen ecologista.

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Por su parte, Rachel Rose Jackson, directora de investigación y política climática de Corporate Accountability, señaló que la manera en que se coloca a las industrias contaminantes y sus financiadores para dirigir y dar forma a las estrategias de “cero emisiones” es un claro lavado de cara de la industria.

Según las agrupaciones, evidenciar estos vínculos cobra relevancia frente al inicio de la COP27, a realizarse en Egipto, donde esperan que las corporaciones lancen “su próxima ofensiva de relaciones públicas” para promover las “cero emisiones”. Ante esto, miles de organizaciones de todo el mundo abogan por un marco de rendición de cuentas para la CMNUCC. En un caso, más de 425 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado para frenar el acceso de los grandes contaminadores, a través de estas iniciativas y de otras, a las conversaciones anuales sobre el clima. “Durante tres décadas, los mayores contaminadores del mundo han tratado la CMNUCC como una feria comercial. Patrocinadores corporativos para las conversaciones políticas. Cientos de grupos de presión de la industria trabajando en los pasillos. Un sinfín de anuncios para iniciativas corporativas no vinculantes e ineficaces. Ya es suficiente, la captura corporativa de este espacio debe terminar y los grandes contaminadores no pueden tener más voz en la CMNUCC”, compartió Coraina de la Plaza, del GFC.