Exigimos al Estado mexicano la inmediata búsqueda y presentación con vida del profesor Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información de las autoridades de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, relacionado con la desaparición forzada del profesor Antonio Díaz Valencia (profesor Antonio), líder de comunidad indígena de Aquila y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca (el abogado Ricardo).
Los hechos se llevaron a cabo el día domingo 15 de enero de 2023, aproximadamente las 18:50 horas, en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán, momentos después del término de una asamblea general en el auditorio comunal de Aquila y mientras se trasladaban con dirección a la capital de Colima. La camioneta pick up blanca marca Honda, en la que viajaban fue encontrada en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala y en dicha unidad no se encontró a ninguna persona. Por lo que los habitantes de la comunidad de Aquila han denunciado la privación arbitraria de la libertad por personas desconocidas, situación que pone en grave riesgo la integridad física y la vida del profesor Antonio y el abogado Ricardo.
El profesor Antonio es comunero de Aquila Michoacán, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila Michoacán y el abogado Ricardo es abogado del ejido de Aquila Michoacán.
La desaparición del profesor Antonio y del abogado Ricardo se da en un contexto de asesinatos, amenazas, intimidación, hostigamientos y agresiones físicas a comunidades de la región. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que active todos los protocolos correspondientes de búsqueda y localización; así como una investigación con la debida diligencia para ubicar el destino y paradero con vida.
El indígena David Hernández Salazar, quién fue detenido el día martes (17) por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), estuvo detenido algunas horas y posteriormente fue puesto en libertad. Hernández preside la agencia municipal de Puente Madera, una comunidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La comunidad se ha opuesto a la determinación del gobierno federal y estatal de instalar un parque industrial a escasos mil metros de donde habitan.
Tras la detención de Salazar, su comunidad y diversas organizaciones se alertaron y activaron acciones rápidamente por el miedo de una desaparición, como ha sucedido con otros activistas del país.
Horas después de la detención, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio anunciaron que había sido liberado. Sin más detalle, esta organización anunció que “el compañero David Hernández Salazar ya está libre, se encuentra seguro y con buena salud”.
Noticias de abajo 18 enero 2023 #Podcast #MediosLibres #Noticiero
.::ROMPIENDO FRONTERAS::.
—PERÚ: Resumen de noticias, Masacre en Chala-Perú, en Juliaca, región Puno. Arranca Marcha popular hacia Lima contra la dictadura de Boluarte-Otárola. Comunicado de las naciones Wampis, Archivos de Memoria.
Fuentes:Kaos en la red, avispa, redeco, witness, gtaawajun.
—ALEMANIA: en Lutzerath ante la represión, la respuesta ha sido la solidaridad rebelde enfrentando la violencia del Estado y el Capital. Cayeron barricadas, pero siguen las protestas contra la minera ARW.
—ESTADOS UNIDOS: Semana de Solidaridad Alto a la Ciudad Policía en Atlanta
Capital del Estado de Georgia. EarthfirstJournal, Crimethinc, SavTheForest
—ÁFRICA: La multinacional Shell tendrá que indemnizar con 15 millones de dólares a aldeas en Nigeria afectadas por la derrama de petróleo.
—EL SALVADOR: Detienen a 5 líderes comunitarios de Santa Marta, exigen su liberación ante régimen de excepción en El Salvador
.::Desde el ombligo del monstruo::.
—MICHOACÁN: Demandan presentación con vida del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia ante posible secuestro en la Costa Michoacana.
—MICHOACÁN: Asesinan a comuneros de integrantes de la Guardia Comunal en Santa María Ostula por parte del crimen organizado. CNI
—CAMPECHE: Desalojan con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Desinformemonos.
—OAXACA: Reportan libre después desaparición y detención ilegal de David Hernández Salazar defensor Biniza opositor a Corredor Interoceánico
—CHIAPAS: Agresión al Centro Social Xanobil en San Cristobal de las Casas, Chiapas.
—CDMX: Imponen a la Guardia Nacional en el Metro ante crisis de accidentes y falta de mantenimiento. Protestas contra el militarismo, la falta de mantenimiento y la corrupción.
Música:
-Esto no para aquí – Músicxs Segunda Línea
-Señor Magón – Calesia de la Torre
-Música de las protestas en Lutzerath. El sur global.
Los comuneros de la comunidad indígena San Miguel Aquila permaneceremos bloqueando el tramo carretero de la carretera federal México 200 a altura del puente Coahuayana hasta que nuestros compañeros aparezcan y los queremos vivos.
Le pedimos a quienes los mantienen privados de su libertad que los regresen, lo único que ellos han realizado es el mandato de nuestra asamblea, el cumplimiento de los acuerdos que emanan de nuestra voluntad como lo mandarán nuestros usos y costumbres de nuestro pueblo Indígena nahua, y pueden constatarlo en el Tribunal Unitario Agrario distrito 38 con sede en Colima.
Los compañeros estaban trabajando en la problemática agraria en la que el Tribunal Agrario a afectado a los comuneros de Aquila y negado celeridad en los procesos agrarios.
Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate.
Por nuestra parte desconocemos el comunicado que de manera maliciosa subió una pagina electrónica Costa Ranchito, no buscamos conseguir justicia con injusticias, no vamos a afectar a particulares ni empresas con actos violentos. Sólo vamos a mantener el bloqueo hasta que aparezcan nuestros compañeros el Profesor Antonio Díaz Valencia y Licenciado Ricardo Arturo Lagunes Gasca.
A los organismos internacionales pedimos se recomiende a los gobiernos de ambos estados que atiendan nuestro problema y se de audiencia con funcionarios de primer nivel.
Agradecemos a las organizaciones y comunidades que nos brindan el apoyo para hacer cumplir nuestras exigencias.
Desde el Puente Coahuayana, a 18 de enero de 2023.
Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila.
El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.
Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.
Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.
El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.
Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.
“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.
El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.
Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.
El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazofue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.
Amenazas, en aumento
Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.
La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.
Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.
Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.
Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.
En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.
Promesa incumplida
Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.
“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.
Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.
Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.
Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.
“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.
Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.
Exigen investigación independiente
Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.
Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.
En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.
Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.
El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.
“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.
Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.
Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.
Manifestación de habitantes de Puente Madera quienes rechazan la instalación del parque industrial en tierras de uso común.
En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.
Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.
“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.
Documentos falsos
Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.
“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.
De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.
Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.
“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.
La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.
Protestas
Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.
Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.
Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.
La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.
Fragmento de entrevista a David Hernández, comunero de Puente Madera.
En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula durante los festejos por el décimo aniversario de la fundación de Xayacalán. Foto: Regina López
Tres integrantes de la Guardia Comunal de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, en Michoacán, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados el jueves (12) en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la comunidad por medio de un comunicado.
Los sicarios “acribillaron a nuestros compañneros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado cartel”.
Relatan la “complicidade de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales”. El día cuatro de octubre de 2022 hicieron de conocimiento público que desde el 29 de septiembre de 2022 “el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”
Denuncian que los asesinatos no son un “hecho fortuito o casual”. Los comuneros estaban en un punto de vigilancia para mantener a “raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana”.
Histórico de amenazas
Entre los años 2009 y 2014 Santa Maria Ostula sufrió una “embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios”.
La situación provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La comunidad manifesta que la guarda comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzará las “acciones para combatir y acabar con la presencia de la delinquencia organizada en toda la región”.
Exigen el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos” y el “respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamento de nuestra guadia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”.
Desaparición
Al cierre de esta edición se reporta la desaparición forzada del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.
De acuerdo a una alerta urgente, Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.
El día de su desaparición, domingo (15), Lagunes y Díaz acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50.
Ambos viajaban en una camioneta que fue encontrada el mismo domingo. El vehículo presentaba impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida.
A LOS PUEBLOS DE MéXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
El día de hoy, alrededor de las 8 de la mañana, tres integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y también de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, los comuneros ISAUL NEMESIO ZAMBRANO (de la Encargatura de Xayakalan), MIGUEL ESTRADA REYES (de la Encargatura de La Cobanera) y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO (de la Encargatura de La Palma de Oro), fueron violentamente asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente veinte sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes acribillaron a nuestros compañeros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado Cártel, mismo que actualmente tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja, municipio de Aquila.
Nuestra comunidad se encuentra de luto, profundamente conmovida y acompañando el dolor de las familias de nuestros compañeros asesinados por haberse atrevido a defender con heroica dignidad y valentía la vida y la integridad de la Comunidad, por haber procurado la paz y la seguridad en el municipio y en la región. ¡No olvidaremos este artero crimen que llena de tristeza nuestros corazones!
Al mismo tiempo denunciamos la complicidad de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales, recordando que desde el día cuatro de octubre del año pasado hicimos del conocimiento público que “mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del CJNG, la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz”; y que, sin embargo, “desde el 29 de septiembre pasado el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias fuera del lugar con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional (GN) ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”
Entonces, el asesinato de nuestros hermanos y compañeros en uno de los puntos de vigilancia para mantener a raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana, NO ES UN HECHO FORTUITO O CASUAL, más bien tiene su origen en la sistemática omisión del estado mexicano para brindar seguridad a la población debido a la peligrosa infiltración de las mafias delincuenciales en las instituciones de gobierno, especialmente en las que tienen como tareas brindar seguridad y combatir a la delincuencia; omisión oficial que ha llevado a que nuestra comunidad y nuestro municipio estén rodeados por la presencia criminal del CJNG.
Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS MANIFESTAMOS QUE LA GUARDIA COMUNAL DE SANTA MARÍA OSTULA, JUNTO CON LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y GUARDIAS COMUNALES DE AQUILA Y COAHUAYANA, REFORZAREMOS LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA PRESENCIA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TODA LA REGIÓN, EXIGIENDO EN CONSECUENCIA A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:
1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES Y ROLANDO MAGNO ZAMBRANO;
2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS MILITARES CORRUPTOS;
3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.
¡Castigo a los culpables del asesinato de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano!
¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!
¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!
SANTA MARÍA OSTULA, A 12 DE ENERO DE 2023.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA
ANNOUNCEMENT BY THE MURDER OF THE COMMUNEROS AND INTEGRANTS OF THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN TO THE PEOPLE OF MEXICO AND THE WORLD, TO NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA, TO THE HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS. Today, around 8 in the morning, three members of the Communal Guard of Santa Maria Ostula and also of the Community Guard of the Municipality of Aquila, the communes ISAUL NEMESIO Zambrano (in charge of Xayakalan), MIGUEL IS TRADA KINGS (from the charge of La Cobanera) and ROLANDO MAGNO Zambrano (from the Incharge of La Palma de Oro), were violently killed at a surveillance point close to the Municipal Headquarters of Aquila by a command of about twenty Sicarians of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), who riddled our colleagues, recording various videos in the who made flaunt of cruelty and belonging to the aforementioned Cartel, which currently has its den and center of activity in the town of La Naranja, municipality of Aquila. Our community is in mourning, deeply moved and accompanying the pain of the families of our murdered fellows for having dared to defend with heroic dignity and courage the life and integrity of the Community, by habe r ensured peace and security in the municipality and in the region. We will not forget this artery crime that fills our hearts with sadness! At the same time we denounce the complicity of the federal and state governments with the criminal cartels, recalling that from the day four of October last year we made public knowledge that “while the state of Michoacán are tra overwhelmed by crime and territorial growth of the CJNG, the community of Santa Maria Ostula and the part of the municipality of Aquila with the presence of the Communal Guards, breathe a climate of peace”; and that, however, “since last September 29 the CJNG took control of the municipal head of Chinicuila and displaced individuals and families out of the place for the purpose of exploiting the mines of this municipality, happening that a few days before the National Guard (GN) occupied this town, disarmed and disarticulated its Communal Guard, detained two of its elements and completely recovered said locality. The result: Chinicuila is currently a graveyard in the hands of crime in the hands of the passive presence of federal security agencies. ” So, the murder of our brothers and colleagues in one of the surveillance points to keep at bay the crime that, from Colima and Chinicuila, has enclosed the municipalities of Aquila and Coahuayana, IS NOT A FORTUNE OR CASUAL FACT L, rather has its origin in the systematic omission of the Mexican state to provide security to the population due to the dangerous infiltration of criminal mafias into government institutions, especially in which they have as tasks to provide security and combat to crime; official omission that has led to our community and our municipality are surrounded by the criminal presence of the CJNG. Also remember that between the years 2009 and 2014 our community suffered a fatal ramble by organized crime in complicity with the governments in duty, highlighting the contuberance between the Mexican Navy and the carte I of the Knights Templar; situation that led to 34 murders and 6 forced disappearances of agricultural authorities and communal leaders, as well as the murder of the child Hidilberto Reyes Garcia by the 65th Infantry Battalion of the Mexican Army, which was partially checked by the Commission National of Human Rights (CNDH). BEFORE THE FACTS OF VIOLENCE REPORTED WE MANIFEST THAT THE COMMUNAL GUARD OF SANTA MARIA OSTULA, TOGETHER WITH THE SELF-DEFENSE GROUPS AND COMMUNICAL GUARDS OF AQUILA AND COAHUAYANA, WILL STRENGTHEN THE ACTIONS TO FIGHT AND END THE PRESENCE OF ORGANIZED CRIME IN THE WHOLE REGION, DEMANDING IN CONSEQUENCE TO ALL LEVELS OF GOVERNMENT: 1. THE PUNISHMENT OF THE CULPRIT OF THE MURDER OF ISAUL NEMESIUS ZAMBRANO, MICHAEL ESTRADA REYES AND ROLANDO MAGNO ZAMBRAN; 2. THE DISASTER OF THE CJNG AND THE CEASE OF PROTECTION GRANTED TO SAID CARTEL OFFICIALS AND CORRUPT MILITARY COMMANDS; 3. RESPECT AND GRANTING GUARANTEES FOR THE FUNCTION OF OUR COMMUNAL GUARD AND FOR THE EXERCISE OF OUR FREE DETERMINATION AND AUTONOMY. Punishment to the culprits of the murder of Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes and Rolando Magno Zambrano! Punish the culprits of the murder of our communists in the struggle for land and freedoms of the community! Respect to our Community Guard! HOLY MARY OSTULA, JANUARY 12, 2023. CAREFULLY NEVER AGAIN A MEXICO WITHOUT US Santa Maria Ostula Indigenous Community
En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.
El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.
En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.
En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.
Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.
Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.
Protestas en Tacna, región sur del Perú
Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.
En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.
Represión extrema
En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.
En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.
En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.
Protestas en PunoProtestas en Cusco
El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.
La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.
La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).
La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.
El 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego nuestro compañero Isabel Recinos Trigueros (conocido como compa Chave), dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST). Nuestro compañero sobrevivió pero se encuentra gravemente herido; los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas.
Esta agresión se llevó a cabo después de un sinnúmero de amenazas del grupo paramilitar “MAIZ”, aparecido el año pasado y que manifiesta ser brazo de la delncuencia organizada, y mediante la violencia y amedrentamiento, pretende someter a la sociedad de la región fronteriza y sierra para que deje de oponerse a la operación y saqueo de las empresas mineras que dañan el medio ambiente y la salud de la población.
Los intentos de imponer los proyectos de muerte de las mineras no son nuevos, en el año 2009 cobraron la vida de Mariano Abarca para intentar por la fuerza la apertura de la empresa canadiense “BlackFire” en el ejido Grecia. Desde el 2017 esa empresa ha buscado cambiar de razón social para llamarse ahora “Barita de Chiapas”, y ha coenzado a operar ilegalmente en el ejido Santa María en los últimos meses de 2022 con total impunidad ante la inacción de las autoridades.
Es muy grave que la actividad minera se de al amparo de la delincuencia organizada, justo cuando en el año 2018 se instaló en Chicomuselo la sede del 101 Batallón de Infantería del Ejército, lo que hace presumir que para imponer la minería se pretende aplicar una estrategia contrainsurgente.
La agresión a compa Chave, pretende frenar la movilización por la Vida que diversos sectores de la Sociedad Civil de Chicomuselo han convocado para el 5 de enero de 2023 y a la que este grupo delicuencial ha amenazado con agredir si se lleva a cabo.
Por lo anterior demandamos:
1. Se brinde atención médica y protección a la vida e integridad del compañero Isabel Recinos Trigueros.
2. Se detenga y procese a los agresores por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
3. Se den garantías y seguridad por parte de las autoridades federalesestatales y municipaes a la Movilización por la Vida del 5 de enero.
4. Se desarticule el grupo paramilitar “MAIZ”.
5. Se clausure la mina de Santa María y se cancele la concesión minera de “Barita de Chiapas” oy/o “BlackFire”.
6. Se garantice la vida e integridad de los defensores de la madre tierra y de las comunidades que se oponen a la minería tóxica.
