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La lucha y la condena contra la hija del Lago (El Estor, Izabal, Guatemala): María Choc y la condena en su contra
Texto: Lucia Ixchíu
Fotografías: Vanesa Ordoñez.
Con el agua hasta la cintura María habla sobre la condena penal en su contra, por delitos que ella asegura jamás cometió, y que considera una represalia por su activismo contra la minería, y en favor del desarrollo de la comunidad.
María actualmente reside en el barrio “La Unión” en el Municipio de El Estor. Hija de Natalia Choc y de Manuel Cuc Xol, tiene 5 hermanas y 2 hermanos, nacidos y originarios también en el mismo municipio. Madre soltera de dos mujeres y dos hombres, y sobreviviente de violencia doméstica.
María es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano, ella de forma voluntaria desde que tiene 18 años, ha apoyado a mujeres sobrevivientes de violencia machista para poner denuncias en las entidades gubernamentales, así mismo ha trabajo como traductora para el sistema penal, pues muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma según aseguran testimonios en la comunidad.
La conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal, en el municipio de El Estor (319 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala), es milenaria, cosmogónica y va de la mano con la pesca, una de las actividades comerciales más vitales en la región, y que está en riesgo desde que la contaminación en el lago de Izabal empeoró en 2017 debido a la extracción minera en la zona.
Con una familia de tradición de servicio su padre, ella y varios de sus hermanos, han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. María quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva instalada desde hace más de 60 años en su territorio, es testigo clave en el espantoso crimen cometido contra su cuñado Adolfo Ich Chamán y es fundamental en apoyar y acompañar en caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8, vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomino como un práctica “colonial vigente”. Y es que la colonia no es un hecho histórico o cuestión del pasado, es algo que a simple vista puede verse en los vasto y ancho de este país.
En medio de la impunidad y el incremento de desalojos a los territorios ancestrales indígenas, hechos que se agudizaron desde el 2005 con el desalojo de 37 comunidades del Valle del Polochic, Panzós , Alta Verapaz, María recibe una solicitud de apoyo en traducción para la comunidad Chabil Choc del territorio conocido como Chinamacas,Río Dulce, Izabal, que ha sido despojada de las comunidades en el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación de este con Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta Rimola, relación que evidencia una investigación realizada por el economista Luis Solano en el 2017. ((https://cmiguate.org/chabil-choch-y-su-lucha-lo-que-se-esconde-detras-de-un-desalojo/)
María sin dudar acompañó a las comunidades ante el Ministerio Público a interponer la denuncia contra del desalojo y despojo. “Lo que jamás imaginé es que esto significaría un caso de criminalización en mi contra”, relata María, quien asegura que la denuncia carece de fundamentos y la armaron con testigos falsos.
El pasado 27 de junio del presente año, María fue condenada a dos años de prisión por usurpación agravada. No conoce a las personas que la demandan, y asegura que no participó en los hechos que le atribuyen. No ha sido el único proceso penal en su contra.
Con una familia de tradición de servicio a la comunidad, su padre Manuel Cuc Xol, ella y varias de sus cinco hermanas y dos hermanos (todos, nacidos en El Estor), han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. Su hermano Ramiro Choc fue un líder indígena de la región, a quienes muchos consideran como el primer preso político en el tiempo de la paz. Ramiro estuvo detenido entre 2008 y 2014, por delitos que no cometió, los delitos que le imputaron fueron: usurpación agravada, robo al Estado y detención ilegal. Sin embargo, fue condenado a 8 años de prisión, que meses después fueron reducidos a 6 años, tras el proceso de apelación. El hermano mayor de María murió en mayo pasado derivado del deterioro de su salud como consecuencia de la prisión y criminalización de la cual fue objeto. Falleció siendo un mentor y maestro para María.
“A veces me miro completa, pero por dentro estoy destruida”, admite María. “A veces finjo estar bien para no darle gusto a los que me quieren ver mal, pero hay días en los que siento que ya no puedo más con toda la violencia que nos ha tocado vivir. La pérdida de mi hermano ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado y eso que he vivido mucho”.
María, de 43 años, quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva, instalada desde hace más de 60 años en su territorio, también es testigo clave del asesinato de su cuñado Adolfo Ich Chamán. Además, acompaña el caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8 (comunidad en El Estor), vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomina como una práctica “colonial vigente”, porque se puede apreciar a simple vista en esta y otras partes del país.
Esta lideresa es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano. Desde que tiene 18 años, ha apoyado en forma voluntaria a mujeres sobrevivientes de violencia machista para presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales. También ha trabajado como traductora para el sistema penal porque muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma, según aseguran testimonios en la comunidad.
Las dinámicas de solidaridad y de comunalidad (la vida en comunidad que interfiere con todo el entorno, las personas, la red de la vida) en las relaciones indígenas cotidianas son parte también del día a día y la conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal. Conexiones milenarias, teorizadas y bastamente investigadas. La conexión cosmogónica de estos pueblos con el de toda la zona son fundamentales y van de la mano con una de las actividades comerciales más vitales en la región, la pesca artesanal.
María, la vida diaria y el sustento para su familia
La cocina de María Choc es una invitación a la comida y los platos solidarios, verduras y famosísimo Pachay (comida tradicional indígena de la región) la han convertido en una mujer muy valiosa y querida en su comunidad. Siempre lista para servir y apoyar a otras que necesitan.
El municipio de El Estor, Izabal es parte de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal, con una extensión territorial de más de 2800 kilómetros cuadrados de extensión, considerado las puertas del Caribe Guatemalteco, desde 1871 tiene la huella del despojo neocolonial vigente con lo que denominaron “Reforma Liberal”.
Desde hace cientos de años según el antropólogo Diego Vásquez Monterroso el pueblo Chol y Q´eqchi´ han habitado este territorio , desde la cosmogonía del pueblo Q´eqchi y en su propio idioma se han denominado como Aj Ralch’och’ que en su traducción al castellano significa, hijas e hijos de la tierra.
En el departamento de Izabal más del 50 % de la población son mujeres y un 28% son pertenecientes a los pueblos originarios. Sin embargo la información oficial recopilada en el censo del año 2018 no especifica cuántas mujeres habitan la región. Guatemala es un país sin datos y sin información actual lo que acentúa la brecha de la impunidad y desigualdad en el país.
Estas tierras privilegiadas y muy abundantes han sido saqueadas por siglos por empresas transnacionales que con el uso de las leyes del Estado-nación han despojado y expropiado grandes extensiones de territorios a las poblaciones originarias. La socióloga e investigadora Laura Hurtado, quien tiene más de una década en trabajar y sistematizar información en el área, define que “el Valle del Polochic encarna el despojo neoliberal actual en el país”. Esta cita sirve de referencia para analizar todo el territorio donde habita el pueblo Q´eqchi que tiene un patrón de actuación similar en cuanto al despojo de tierras en Guatemala.
Y como si fuera poco el nombre “El Estor” viene de una palabra en inglés, que hacía referencia a “the store” que significa tienda, debido a que desde 1904 la United Fruit Company, operaba en el área, el nombre originario fue sustituido por El Estor y es el que se utiliza hasta hoy día. El nombre originario de este territorio es Se’Kenel y es una término que las personas Q’eqchi reivindican para no olvidar y que en su traducción al castellano significa “lugar en donde hay piedra para moler el maíz”. Que este territorio actualmente tenga este nombre sin duda es un dato vital para entender el despojo y desde lo simbólico, lo que ha significado para este territorio ser la “tienda” de las transnacionales.
En las luchas históricas y recientes de los pueblos originarios de esta región, la presencia y participación de las mujeres ha existido y ha sido vital para la continuidad de la mismas, de alguna u otra manera las mujeres Q´echi´ han alimentado, criado y sostenido sus hogares y al mismo tiempo su entorno y comunidades.
En todo el territorio nacional parte fundamental de los conflictos actuales tiene un origen respecto a la redistribución de la tierra, en el Estor no es la excepción, la tierra ha sido heredada históricamente a los hombres y en la escala de los despojos siempre son las mujeres indígenas rurales las que se llevan la peor parte. Según la antropóloga Aura Cumes los sistemas de opresión colonial y patriarcal se fusionan sobre los cuerpos de las mujeres indígenas.
Dentro de las realidades que encarna el país, el despojo para las mujeres indígenas empieza en sus cuerpos, en sus casas, en sus comunidades y las luchas que a lo interno tiene que librar en cotidiano contra las violencias machistas muy internalizadas por los mismos movimientos sociales y campesinos. “Nacemos con las historias trazadas” mencionan mujeres indígenas.
María Choc y su mirada al futuro
En la entrevista María nos indica “que su voz es muy pausada”, esto derivado de la criminalización que está sufriendo, se nota tristeza en su relato y se nota un dejo de angustia por el futuro, por el devenir. Con el sonido de los gallos y de las aves al fondo, María relata que durante el mes de mayo y junio de este año se llevó a cabo el juicio en su contra, en donde la empresa Lisbal S.A., era la parte acusadora y de la cual fue acusada por los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas. El juez Jesús Mazariegos encargado de impartir justicia, la condenó únicamente por el delito de usurpación agravada, por lo cual María y su equipo legal apelaron la sentencia el pasado mes de julio y hasta el momento no han tenido resultado de las instancias legales pertinentes.
“Al menos tenemos palabras para gritar” dice María, es lo único que le queda ante el trauma que ella ha sufrido junto a su familia durante estos años de criminalización. El trabajo que ella realiza ha sido “voluntario”. El trabajo de apoyar como intérprete ante la justicia occidental, como ella le llama.
“A María Choc jamás le van comprar su dignidad y su voluntad, tengo palabra para decir con certeza que llevará esta lucha, sea como sea. La fuerza de María Choc viene de los cerros, de la montaña, de su familia y eso la mantiene de pie” afirma con la voz quebrantada.
Con la mirada firme y la voz fuerte, María enfrentará nuevamente a la justica blanca, como ella le denomina, esa justicia que solo sirve para que los empresarios y los corruptos, sigan saqueando y violentado a El Estor, el lugar que vio nacer a María y la vio convertirse en una lideresa indígena que sin dudarlo, acompaña a las mujeres Q´eqchi´ que viven en las orillas de unos de los lagos más lindos de Centroamérica, todo esto mientras las chicharras nos acompañan en el relato de María, como diciendo que la lluvia se acerca, deseando que el agua limpie y purifique el andar que le espera a María en estos meses de espera, para poder abrazar nuevamente a la libertad por la que tanto ha luchado.
Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
Casino, el caso de la empresa francesa vinculada a la deforestación en Brasil y Colombia
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.
En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.
Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.
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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.
Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.
Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.
Colombia
Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.
A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.
“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.
A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.
Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.
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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.
