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Pueblos Indígenas
Los que luchan por la vida nunca mueren
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La luz del sol brilla sobre los tres ataúdes mientras son llevados a la montaña. Las flores de cempasúchil están colocadas en sus marcos de madera y el humo del copal persiste en el aire, limpiando los espíritus de nuestros hermanos y compañeros caídos.
Apenas unos días antes las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) celebraban el día de los muertos, conmemorando a los que vinieron antes y a los que dieron la vida en la lucha.
Los cuerpos y espíritus de tres compañeros más, Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, se han sumado a los más de 40 miembros de sus comunidades que han sido asesinados en esta despiadada lucha en defensa de sus territorios y vidas contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares.
El sábado 5 de noviembre de 2022, Adán, Guillermo y Moisés salieron de los territorios liberados del CIPOG-EZ hacia Chilapa de Álvarez, la cabecera municipal, para comprar repuestos para uno de sus vehículos. A las 14.30 horas fueron detenidos por la policía municipal, que les preguntó sus nombres. Poco después, empezaron a ser seguidos por una moto, que los interceptó cuando salían de Chilapa, de vuelta a la seguridad de sus comunidades. A las 21:30 horas sus cuerpos fueron encontrados muertos en el pueblo de Xochimilco, Chilapa, acribillados a balazos.
Adán, Moisés y Guillermo eran líderes comunitarios nahuas y miembros del CIPOG-EZ, un concejo formado por 24 comunidades indígenas que han estado defendiendo sus territorios contra las empresas mineras transnacionales y los grupos narcoparamilitares como ‘Los Ardillos’ en la región de la Montaña Baja de Guerrero, México.
“Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ.” compartió el CIPOG-EZ en un comunicado tras los asesinatos.
Es necesario destacar aquí el carácter totalmente político de su asesinato. Los tres estaban trabajando en un proyecto reciente, lanzado por el CIPOG-EZ, para crear tres radios comunitarias en sus territorios, llamado Radios Organizando la Lucha por la Autonomía (R-OLA). Este proyecto permitirá a la organización difundir educación política y basada en los derechos humanos, que fortalecerá la capacidad de las comunidades para defender sus territorios legalmente y organizativamente. Estos meses se han estado realizando talleres con miembros de la comunidad de todas las edades.
Las radios también fortalecerán su organización, trabajando por la construcción de la paz en sus comunidades. El fortalecimiento del tejido social fue un problema para estos grupos narco-paramilitares, pero el CIPOG-EZ también afirma que hay raíces más profundas y siniestras detrás de la constante violencia que enfrentan en sus territorios.
El CIPOG-EZ afirma que ven que “hay una cadena de complicidades, se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos”. Afirman que Los Ardillos trabajan como un brazo armado del gobierno y de las empresas mineras transnacionales, que asesinan y desplazan a comunidades enteras para que sus tierras sean luego concesionadas a empresas mineras. Hay periodistas locales que han informado de hallazgos similares.
En julio, escribí un artículo sobre el CIPOG-EZ y la fuerza de su organización. En él citaba uno de los comunicados del CIPOG-EZ en el que se nombraba a Jesús Plácido Galindo, Isaías Posotempa Silverio, Adán Linares Silverio, Benjamín Sánchez Hernández, y a las familias de los desaparecidos Pablo Hilario y Samuel Hernández, diciendo que estaban en el punto de mira de Los Ardillos y que responsabilizaban al gobierno mexicano de cualquier cosa que les ocurriera. Cuatro meses después, Adán Linares y Guillermo Hilario, el hermano de Pablo Hilario, están siendo enterrados mientras su comunidad observa con dolor.
Los asesinatos de Adán, Guillermo y Moisés son una clara demostración de la violencia del sistema, demostrando cómo nuestras comunidades están siendo falladas por todos los niveles de la sociedad.
El CIPOG-EZ lleva años denunciando la violencia que azota sus territorios, nombrando explícitamente a los que son objeto de ella. Le advirtieron al mundo que Adán sería asesinado y lo fue. Sus palabras y su realidad no fueron destacadas por los medios de comunicación ni popularizadas ante las masas. Y el mensaje que esto envió a Los Ardillos fue que podían matar con impunidad y con la complicidad del Estado, y nadie levantaría ni un dedo.
El silencio de los medios de comunicación se sintió aún más agudo junto con el silencio de las instituciones internacionales de derechos humanos como la Oficina de Defensores de Derechos Humanos de la ONU que también falló al CIPOG-EZ. Escribí en el primer artículo sobre cómo, mientras estábamos en Alcozacan, el corazón de los territorios liberados del CIPOG-EZ, la comunidad fue rodeada por vehículos llenos de hombres armados de Los Ardillos en lo que parecía ser un ataque armado. Durante la noche se enviaron mensajes a grupos de derechos humanos a nivel internacional. Se recibió la respuesta de que un Relator Especial de la ONU podría sacar un comunicado para denunciar públicamente las violaciones realizadas en el territorio.
La esperanza que esto dio se desvaneció rápidamente después de que recibiéramos un mensaje en el que se afirmaba que, debido a que las comunidades del CIPOG-EZ están armadas, la ONU no podría emitir una respuesta al respecto. Una vez más, el CIPOG-EZ fue defraudado y se encontró con el silencio y la complicidad. Es importante en esto resaltar el total desconocimiento del contexto de las comunidades, sus derechos legales como pueblos originarios y la violencia de esta “narrativa de la no violencia”.
En primer lugar hay que aclarar que el CIPOG-EZ no es un grupo armado como tal. Tienen una policía comunitaria indígena llamada el CRAC-PC-PF que está reconocida por el gobierno de Guerrero. De acuerdo con el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT de la ONU, los pueblos indígenas tienen “el derecho a conservar sus propias costumbres e instituciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos internacionales”. La CRAC-PC-PF es un ejemplo de este tipo de instituciones. El CIPOG-EZ ha dejado más que claro que no tendrían porque portar armas si fueran capaces de sobrevivir sin ellas. Para ellos, la construcción de la paz en sus territorios es la prioridad.
Esta narrativa de la “no violencia” no sólo ha sido utilizada por las organizaciones de derechos humanos para deslegitimar la organización del CIPOG-EZ, sino también por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Su negligencia hacia la comunidad y sus necesidades prácticas ha quedado explícitamente clara en las últimas semanas.
15 días antes de que nuestros compañeros fueran asesinados el 21 de octubre, miembros del CIPOG-EZ denunciaron ante AMLO la violencia letal que se estaba ejerciendo contra sus líderes comunitarios por parte de Los Ardillos, destacando la complicidad de policías municipales y estatales y de miembros del gobierno como el presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román y el servidor público Bernardo Ortega Jiménez.
“Le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos”, compartió el CIPOG-EZ.
Como si predijeran el futuro, ese día le dijeron explícitamente a AMLO: “Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven”. Esto es exactamente lo que les ocurrió a Adán, Guillermo y Moisés.
Después de escuchar, desde la seguridad de su camioneta con vidrios polarizados, sobre los 40 compañeros del CIPOG-EZ que han sido asesinados en los últimos años y los 20 que permanecen desaparecidos, la respuesta de AMLO fue repugnante.
Dijo :“Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.
A esto, el CIPOG-EZ respondió valientemente: “seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”
Llamar a la paz y al desarme unilateral en un contexto de guerra no genera paz: legitima una masacre.
Para colmo, las instituciones del Gobierno también han fallado a las comunidades. Adán Linares estaba incluido en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de México, como consecuencia de tres intentos de asesinato anteriores. Este mecanismo ha demostrado una y otra vez ser incapaz de proporcionar protección a quienes están en alto riesgo de persecución. Eran conscientes de la situación en sus comunidades. También sabían que Guillermo, el otro compañero asesinado, era hermano de Bartolo Hilario, un líder comunitario del CIPOG-EZ que fue asesinado y brutalmente descuartizado en mayo de 2019. También era hermano de Pablo Hilario, desaparecido forzosamente por la policía municipal de Atlixtac en enero de este año.
Pero las fallas no sólo provienen de los gobiernos e instituciones, sino también como resultado de la contrainsurgencia que emana de las fuerzas reaccionarias de los movimientos sociales que hacen que seamos incapaces de defender a nuestros compañeros y sus procesos de manera real. Muchos movimientos no están trabajando en la construcción de poder de manera local, y por lo tanto son incapaces de hacer que las luchas de nuestros pueblos sean relevantes para las masas.
Se les ha enseñado a ser fuerzas reaccionarias: a reaccionar ante la muerte y criminalización de nuestros defensores con fotos e infografías declarando la solidaridad, pero no a defender sus procesos en vida. Si bien sus acciones pueden aportar visibilidad, la realidad es que no se acerca a la fuerza interconectada que se necesita para defender los procesos de resistencia de nuestras comunidades.
“Cuando tocan a uno, tocan a todos” no debería ser una frase que la gente ponga en pancartas en las protestas si no está dispuesta a construir el poder para hacerla cumplir. Cuando hayamos hecho el esfuerzo para que las comunidades de todo el mundo sostengan a otros defensores y líderes sociales en la vida, como si fueran suyos, los gobiernos y las empresas sabrán que habrá repercusiones de las comunidades de todo el mundo si los tocan. Entonces, el poder con el que manifestamos ese tipo de solidaridad será reconocido como un elemento disuasorio para tocar a esos defensores y a sus comunidades. Para llegar a esta fase, primero tenemos que construir el poder en nuestras comunidades.
Hay ejemplos de procesos que están catalizando esta dirección concreta en la diáspora como la Revolución Educativa del Inter-Aprendizaje Activo para Reparaciones Planetarias (PRALER, por sus cifras en inglés), así como los que están consolidando sus esfuerzos de construcción de poder entre las masas como están haciendo con la Plaza Tonatiuh en Sunset Park, Brooklyn. El aspecto más fuerte y esencial de esta fuerza de defensa reside en la interconexión de nuestras comunidades de resistencia de la Mayoría Global en todas partes.
Ahora debemos popularizar los nombres de Jesús Plácido Galindo, Benjamín Sánchez Hernández, Prisco Rodríguez Morelos, y las familias de Adán, Moisés y Guillermo, que actualmente están siendo amenazados por Los Ardillos. Jesús Plácido Galindo, un promotor del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, ha denunciado que en los últimos días, cada vez que sale de su comunidad, es vigilado y seguido por vehículos sospechosos de Los Ardillos y por la policía municipal de Chilapa, con la intención de intimidarlo a él y a su comunidad.
Para Adán, Moisés y Guillermo, y los niños y familias que forman parte del CIPOG-EZ, no perdonaremos ni olvidaremos. Los que luchan por la vida nunca mueren.
Luis Villoro: Autonomía y ciudadanía de los pueblos indios
Publicado en Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México
Desde el siglo XVI los pueblos indios de América han sido, para criollos y mestizos lo otro, lo otro juzgado y manipulado para su explotación o, por lo contrario, para su redención. Somos nosotros, los no-indios, los que decidimos por ellos. Somos nosotros quienes los utilizamos, pero también quienes pretendemos salvarlos. La opresión de los pueblos indígenas es obra de los no-indios, pero también lo es el indigenismo, que pretende ayudar a su liberación. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su propia suerte; sujeto capaz de juzgamos a nosotros según sus propios valores, como nosotros lo hemos juzgado siempre, sujeto capaz de ejercer su libertad sin restricciones, como nosotros exigimos ejercerla. Ser sujeto pleno es ser autónomo. El «problema» indígena sólo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios.
El convenio político
Nadie les consultó si querían formar parte del convenio. Sin embargo, acabaron aceptándolo. Unos de buena gana, otros con las armas en la mano. Quienes se rebelaron fueron vencidos, los demás acabaron percatándose de que les convenía más aceptar la nueva asociación política. Asúmanlo de buena o de mala gana, con mayores o menores reticencias, el convenio político no fue el resultado de una libre decisión de los pueblos indios.
Pero toda asociación política libremente consentida supone ciertos elementos de consenso entre las partes que se asocian. Se funda, por lo tanto, en la aceptación común de un núcleo de valores. Ese núcleo consensual constituiría lo que Ernesto Garzón Valdés ha llamado un «coto vedado».’
El fundamento del derecho de los pueblos a su autodeterminación es, pues, anterior a la constitución del Estado-nación. El orden jurídico no puede fundarlo sino sólo reconocerlo. La diferencia entre derechos otorgados y derechos reconocidos en la constitución de un Estado es importante. Por desgracia, la mayoría de las reformas constitucionales de América Latina que han pretendido incorporar los derechos indígenas parten de un error de principio: la promulgación constitucional se interpreta como una fundación de derechos, cuando no puede ser más que el reconocimiento legal de la libertad de decisión de los pueblos indios, condición de toda promulgación de sus derechos. Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo de asociarse con otros en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en libertad.
Autonomías
La libre determinación de un pueblo puede ejercerse de distintas maneras. Puede reservar para sí la decisión última sobre su destino, sin estar supeditado a leyes más altas que las que él mismo se otorgue. Entonces, el ejercicio de su libertad conduce a un estatuto de soberanía. Es el caso de todos los Estados nacionales y de algunas nacionalidades que aspiran a convertirse en Estados. Pero hay otra manera de ejercer la libre determinación: aceptar formar parte de un Estado soberano, determinando las competencias, facultades y ámbitos en que se ejercenan los derechos propios. Eso es autonomía.
Las comunidades podrían congregarse entre ellas, formando nuevos municipios de mayoría indígena, que podríamos llamar «municipios indios». Los municipios, a su vez, podrían coordinar sus acciones y proyectos, llegaríamos a la región autónoma, pero sería el resultado de las acciones concertadas y voluntaria de las propias comunidades que, desde abajo, se irían congregando en entidades cada vez más amplias, gozando de facultades de autogobierno. Habría así una vía para llegar a regiones autónomas sin necesidad de reformas legales radicales, planificadas desde arriba. Pero las leyes nacionales deben reconocer el derecho a seguirla; ése es todo el punto.
Ciudadanía
El término «ciudadanía» está ligado a la concepción del Estado-nación moderno. «Ciudadano» es un individuo igual a otro en derechos y obligaciones frente al Estado. El uso de ese concepto tuvo una función: eliminar del orden político la legitimidad de todas las reivindicaciones de diferencias basadas en la sangre, el rango o la pertenencia a cuerpos o comunidades distintivas. En las revoluciones norteamericana y francesa se utilizó para suprimir las prerrogativas de la realeza, la aristocracia y el clero, en la América hispánica tuvo además otra consecuencia: la desaparición de las denominaciones de castas y de los derechos comunales de las distintas etnias. Desde la independencia, no puede hablarse ya de «indios» frente a «mestizos» o «criollos», todos son solamente «ciudadanos» iguales; la «cuestión indígena» ha desaparecido.
2) El concepto de ciudadanía, en el Estado moderno, tiene la función de garantizar la igualdad de trato de todo individuo por parte de la ley. Cualquier diferenciación de derechos conduciría a un trato inequitativo. Invitaría a la discriminación (aunque sea «positiva») de un grupo por otros.
Los pueblos indígenas, en Indoamérica, plantean una doble exigencia: autonomía para decidir sus formas de vida y continuidad en la unidad del Estado. La solución deberá hacer justicia a ambas pretensiones. No consistirá, por lo tanto, en la diferenciación de la ciudadanía sino en la separación entre ciudadanía y nacionalidad dominante. Una ciudadanía común a todos los miembros de un Estado multicultural garantiza su unidad y no tiene por qué ser incompatible con el establecimiento de autonomía, con tal de no incluir en la ciudadanía ninguna característica inaceptable para cualquiera de los pueblos que deciden convivir en el mismo Estado.
Facultades de las autonomías
El fin de las autonomías es garantizar el mantenimiento de la identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco del Estado plural. Las facultades autónomas serán, por lo tanto, las que contribuyan a ese fin.
El instrumento privilegiado del predominio de una nación en el Estado es la lengua. En un Estado plural podría admitirse una lengua predominante para uso administrativo, pero todas las lenguas deberían tener validez en los territorios en que se hablen.
Las autonomías no serían viables sin una justa participación en los beneficios obtenidos por la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios, exceptuando aquellos que la Constitución declare propiedad exclusiva del Estado. Todo ello implica un nuevo diseño de la política impositiva, que permita transferencias de recursos de las entidades federales a las autónomas.
Las competencias de las entidades autónomas deberán ser negociadas y consignadas en estatutos de autonomía variables según la situación de cada pueblo. En los Estados federales, para no contradecir el pacto federal, los estatutos de autonomía tendrían que ser otorgados por las legislaturas de los correspondientes Estados. Nada de esto viola la ciudadanía común. Ciudadanía y autonomía no son términos contradictorios.
NOTAS
1. Ernesto Garzón Valdés, «Representación y democracia», Doxct (Madrid), n,° 6 (1989), pp. 160-162,
2. Una excepción podna ser la Constitución de Paraguay, que habla de los pueblos «anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo». Podna añadirse también la nueva versión del artículo IV de la Constitución mexicana, que atlrma la «constitución pluricultural» del Estado, «sustentada originariamente en sus pueblos indígenas». El adverbio «originariamente» es susceptible de ser interpretado como anterioridad en el tiempo, condición inicial por lo tanto de la constitución misma del Estado.
3. En la Constitución mexicana no se menciona la «comunidad», sólo aparece en la Ifey agraria. Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar demandan el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho, en el artículo 115 de la Constitución.
4. Les Déclalions de Draits de rHomine, ed. L. Jaume, Flamarion, París, 1989, p. 146.
5. Will Kymlicka, Multicultural Citizensiiip, Clarendon Press, Oxford, 1995.
6. /tó/„p. 75.
* Incluyo en este artículo algunos párrafos de un escrito anterior: «Los pueblos indios y el derecho a la autonomía», Nexos (México), n.° 197 (mayo 1994).