LAS LENGUAS MUEREN ENTRE LAS POLÍTICAS OFICIALES, LA IMPUNIDAD Y LA INJUSTICIA
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades Originarias de Michoacán a 21 de febrero de 2024.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:
Hoy, en el #DiaInternacionalDeLaLenguaMaterna se cumple un año del asesinato del defensor de los bosques, el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de Sicucho, Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado la noche del 21 de febrero de 2023, sin que a la fecha haya ni un solo detenido o procesado judicial.
En este contexto, suman 70 líderes indígenas, autoridades tradiciones y defensores de los derechos humanos asesinados o desaparecidos por luchar por un país más justo o por proteger el territorio, los bosques o la vida, los primeros casos datan de 1974, con la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, cuyo proceso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. En todos los casos, la respuesta es la misma, impunidad total e injusticia sistémica.
Históricamente, el Estado mexicano ha sido el principal causante de la desaparición de nuestras lenguas ancestrales, imponiendo unilateralmente métodos educativos que tienen como objetivo la aculturación, la incorporación y el integracionismo, baste recordar las técnicas de castellanización forzada que fueron impuestas como política pública. De igual forma, según las cifras oficiales (INEGI 2020), en nuestro país existen más de 120 millones de personas, de las cuales el 6.2% habla alguna lengua indígena, sin embargo, en perspectiva, durante el Censo de Población de 1930 (INEGI), el 16.0% de los mexicanos hablaba un idioma indígena, es decir, las estadísticas reflejan el fracaso de los gobiernos en turno para “rescatar” nuestras lenguas. No basta con que organicen conferencias y conversatorios, posando para la fotografía para que después se olviden de los problemas de las comunidades originarias.
Las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia, pero pese a todo, los idiomas de nuestros antepasados continuarán floreciendo en la organización, la resistencia y los bienes comunales. Justicia para el compañero Alfredo Cisneros Madrigal.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
Comunicado FPDTA-MPT
A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A la Europa Insumisa
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los pueblos, organizaciones, colectivos, organismos civiles de derechos humanos y personas rebeldes de México y el mundo
Al pueblo en general
Al mal gobierno
Cinco años se han cumplido del artero asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes sin que exista verdad y justicia de los motivos de su asesinato y castigo a los responsables por parte de las instituciones obligadas a procurar justicia.
Tomando piezas de un rompecabezas para mostrar una imagen, acompañamos este comunicado con un pequeño mapa de actores y mensajes que han salido a la luz pública en torno al asesinato de Samir Flores Soberanes. Este cuadro cada quien lo puede leer a su entender, lo presentamos para que lo vean y nos digan que ven; y es que, aunque está ahí la imagen, las conexiones, los motivos, los contextos, los mensajes, para algunos las piezas del rompecabezas muestran relaciones evidentes, pero para otros (como la Fiscalía), ni siquiera las ven.
En el mapa se señalan 4 colores que son las líneas de investigación principales que el Fiscal de Morelos planteó sobre el asesinato de Samir en 2019. En rojo, se encuentra la línea de investigación del crimen organizado, que lo mató el Comando Tlahuica por “puto chismoso”, lo que decía la cartulina del fiscal (“que se perdió”); otra línea de investigación es azul y es la que podría ser por un juicio laboral que Samir ganó junto con otros extrabajadores del Ayuntamiento de Temoac que fueron despedidos injustamente hace 20 años aproximadamente, lo que generó una deuda importante para el municipio, poniendo como principal sospechoso al Presidente de Temoac Valentín N; la tercera línea de investigación en morado está relacionada al conflicto sobre un predio destinado para escuela primaria que es del ejido de Amilcingo, en el predio se llevaron a cabo construcciones, sin consentimiento del ejido, por parte de la CFE como parte de las obras sociales impuestas a Amilcingo por la instalación del Gasoducto Morelos, en dicho conflicto resalta Humberto N, el principal líder del grupo de choque contra la resistencia que Samir impulsaba en su comunidad contra el Gasoducto. Y como cuarta y quinta línea de investigación que tenía la Fiscalía, era por motivos de la labor de Samir como comunicador indígena y opositor al Proyecto Integral Morelos, esa como ustedes pueden ver esta en línea amarilla y podría continuar de manera cíclica por casi todo el mapa, pero no es así, porque la Fiscalía no ve nada de eso, y no ha caminado nada de lo que ahí se ve.
Pareciera que las líneas de investigación sobre el crimen organizado, demanda laboral y conflicto de la escuela primaria fueron las más trabajadas por la Fiscalía de Morelos e incluso hay un detenido, Javier “N”. Pero en la teoría del caso de la Fiscalía de Morelos, las 4 personas que probablemente son responsables de la ejecución material de Samir no forman parte del Comando Tlahuica; incluso, dos son de un grupo criminal y el detenido es de otro grupo diferente. La Fiscalía de Morelos presentó a estas cuatro personas, pero sin decir los motivos porque asesinaron a Samir, los cuales entonces, están propensos a relacionarse a cualquier línea de investigación.
La línea de investigación del asesinato de Samir por su oposición al PIM y su labor de comunicador no fue explorada por 4 años y medio por la Fiscalía de Morelos. En agosto de 2023, la presión de los pueblos concretó la atracción del caso hacia la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), parte de la Procuraduria General de la República. Eso implica que se perseguirá la línea de investigación ignorada por la Fiscalía de Morelos, la participación de Samir en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador indígena. Nosotrxs añadiríamos: en el contexto de una consulta ilegal impuesta por el Presidente de la República en donde la opinión pública de la región era importante y Samir era clave en la información y opinión pública que la gente pudiera tener al momento de emitir su voto sobre el megaproyecto e incluso organizarse.
Hay un hilo muy grande, claro y lleno de aristas en torno al Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir, ustedes pinten a discreción el mapa como les parezca y unan las líneas de los colores que consideren y dígannos: ¿Quién mandó matar a Samir? ¿Por qué no avanzan las investigaciones?
Seis meses lleva el caso de Samir con la FEADLE y no se ha celebrado a la fecha audiencia para continuar con las investigaciones y el proceso. Así que, ante tanto silencio de la autoridad, ponemos a disposición pública de la FEADLE este mapa de actores y mensajes que se encuentran en torno al asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para que agilice sus investigaciones y teja los hilos que tenga que tejer.
De cualquier forma en este mapa ustedes podrán ver claramente que el crimen organizado y la imposición de un megaproyecto como el Proyecto Integral Morelos, están directamente relacionados, así como también sucede en el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, la minería a cielo abierto, la disputa del territorio en Santa María Ostula y cientos de lugares más en nuestro país.
En algunos lugares ocupan grupos delictivos, en otros grupos de choque, en otros casos criminalización, intimidación, difamación, militarización, todo esto ha sucedido desde 2012 a la fecha en la lucha contra el PIM y sus proyectos conexos.
Es por ello que a 5 años del asesinato de Samir, denunciamos lo que el poder judicial no ha querido ver, ni investigar y exigimos haga su trabajo, porque aunque no creemos más en este sistema de gobierno capitalista, exigimos y seguiremos exigiendo castigo a los responsables del asesinato de Samir, porque mientras estén en el poder o no, deben responder por lo que hicieron, sabemos que no van a querer responder, pero por eso debemos obligarlos a responder de manera civil y pacífica y una herramienta es la denuncia. Denunciar lo que es evidente y el gobierno no quiere ver, denunciar las innumerables violaciones a los derechos humanos causadas por el PIM. Exigir alto a la impunidad.
Por lo que, ANUNCIAMOS que, en la búsqueda y construcción de la justicia, a 5 años del asesinato de Samir, en próximas fechas estaremos presentando un informe de violaciones a los derechos humanos que ha causado el PIM, para el que pedimos su difusión, cobertura y apoyo.
Seguiremos luchando en la construcción y reconstrucción de la autonomía de nuestros pueblos frente a la defensa de la vida que tenemos que realizar en nuestros territorios ante innumerables problemas causados por el capitalismo depredador.
… aquí estamos Samir y aquí seguiremos.
T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi
Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala
En el sur de Tanzania, con el argumento de la conservación de la naturaleza y el financiamiento del Banco Mundial, más de 20 mil personas del pueblo Maasai se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado debido a la expansión del Parque Nacional Ruaha (RUNAPA, por sus siglas en inglés).
Fue en octubre 2022 cuando Angeline Mabula, del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos del país africano, anunció que las aldeas de Luhanga, Madundasi, Msanga, Iyala y Kalambo, sumando una población de 21,252 personas, junto con 47 subaldeas dentro de la región de Mbeya, serían dadas de baja y sus residentes desalojados para la expansión del RUNAPA.
Los intentos de desalojo en dicha área se dispararon como consecuencia del programa Gestión Resiliente de Recursos Naturales para el Turismo y Crecimiento (REGROW, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, un proyecto de 150 millones de dólares que tiene como objetivo la financiación de infraestructura y gestión para el desarrollo de cuatro parques nacionales en el país africano.
Pobladores Maasai son agredidos físicamente por guardaparques del RUNAPA para presionarlos a abandonar sus territorios.
El informe Irresponsable y cómplice: El Banco Mundial financia los desalojos y los abusos de los derechos humanos en Tanzania, elaborado por el Instituto Oakland, acusa al ente financiero por “consentir” los desalojos, violaciones y asesinatos que se han registrado para la expansión del RUNAPA, el cual el gobierno pretende ampliar de uno a más dos millones de hectáreas.
“La violencia perpetrada por los guardabosques de la vida silvestre y las incautaciones desenfrenadas de ganado se están llevando a cabo para obligar a la gente a salir de sus tierras”, denuncia el Instituto quien también señala casos de violencia sexual y otras prácticas de crueldad por parte de los guardabosques financiados por REGROW.
Entre los testimonios recopilados para el informe, destacan la actuación de los guardabosques armados, quienes han sido involucrados en asesinatos. “Los tratan con crueldad, incluso los matan sin razón. No hay estado de derecho. RUNAPA está arrebatando tierras a agricultores y pastores y nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras ancestrales”, comparte un poblador Maasai.
Guardaparques del RUNAPA amenazan a la población Maasai que utiliza los territorios para la agricultura y el pastoreo.
Según una alerta de la organización Salva la Selva, “estas estrategias de violencia y desplazamiento no son nuevas para los pueblos indígenas de Tanzania: más de 100,000 Maasai luchan por sus tierras y medios de subsistencia en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti”.
La alarma ante el desplazamiento de 80,000 habitantes de Ngorongoro, al norte del país africano, se disparó cuando en enero de este 2024 el gobierno de Tanzania anunció el cambio del estatus legal del Área de Conservación del Ngorongoro para no permitir ningún asentamiento humano. Tras el posicionamiento, las autoridades fijaron el objetivo de evacuar a 20,000 personas antes de marzo del presente año.
Estos desplazamientos se suman al caso del parque Ruahua, donde el gobierno de Tanzania afirma que, desde 2008, los límites del RUNAPA abarcan los territorios de las aldeas que busca desalojar en la actualidad. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que dicha demarcación se limitó a un anuncio del gobierno que nunca fue implementado y, las aldeas que se ubican en dicho lugar que han permanecido durante generaciones, nunca otorgaron su consentimiento para la expansión del área protegida. Por ello, 852 pobladores mantienen una lucha legal ante el Tribunal Superior de Tanzania para detener los desalojos.
Acorde al informe del Instituto Oakland, las amenazas de desplazamiento repercuten negativamente en la cotidianidad de las poblaciones africanas. Esto debido a que grandes extensiones de arrozales no se han cultivado ante el temor de que los desalojos masivos sucedan en cualquier momento.
“En varias comunidades ya se han señalado casas para su demolición. Las obras de construcción de una escuela secundaria en la villa de Luhanga se han paralizado. En el pueblo de Iyala, el número de alumnos que pasan de la escuela primaria a la secundaria ha disminuido drásticamente. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la amenaza de desalojo”, detalla el documento.
Turismo y conservación a costa de las personas
A pesar de que el informe del Instituto Oakland revela las violaciones del gobierno de Tanzania, producto del financiamiento del Banco Mundial, éste informó que su “mandato no se extiende a supervisar el comportamiento de organismos de los gobiernos de los países miembros” y se excusó de la violencia debido a que “en la medida en que el gobierno lleve a cabo desalojos con el fin de ampliar los límites del parque, tales actividades quedarían fuera del ámbito del proyecto”.
Ante las declaraciones del banco, Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland, acusó que el proyecto REGROW, que argumenta enfocarse en proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, por el contrario, financia un modelo represivo y violento de crecimiento económico con base en el aumento de los ingresos por turismo.
Cabe resaltar que el sector turístico en Tanzania representa uno de los mayores generadores de divisas, por lo que el gobierno del país africano se basó en estudios del Banco Mundial que busca aumentar la llegada de uno a ocho millones de turistas para 2025, principalmente de aquellos provenientes de China, India y Rusia.
Guardaparques del RUNAPA reciben financiamiento del Banco Mundial pese a denuncias de violencia contra la población Maasai del sur de Tanzania.
“En vista de la condena internacional de los desalojos forzosos de los Maasai en Ngorongoro y Loliondo, resulta asombroso que el banco sea cómplice de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar la ampliación de otro parque nacional para el turismo”, condenó Mittal.
El programa REGROW se ejecuta desde el año 2017 y está previsto para implementarse hasta 2025. El proyecto abarca cuatro zonas protegidas: Parque Nacional de Mikumi, Parque Nacional Nyerere, Parque Nacional de las Montañas Udzungwa y Parque Nacional Ruaha, todos ubicados en lo que el Banco Mundial considera zonas turísticas prioritarias en el sur de Tanzania.
De un presupuesto total de 150 millones de dólares, 106 se destinarán a la ampliación de infraestructuras en áreas protegidas para con ello construir carreteras para mejorar el acceso a lugares turísticos, pistas de aterrizaje y centros de visitantes. También se encamina a la consolidación de puestos de seguridad y para el equipamiento de los guardaparques para evitar el uso “ilegal” de los recursos con actividades como la agricultura y el pastoreo.
Para octubre de 2023, el Banco Mundial había desembolsado ya 92 millones de dólares del programa, de los cuales 28 millones se entregaron tras efectuarse la queja oficial de los miembros de la comunidad Maasai en junio de 2023.
Para organizaciones como Salva la Selva, la situación en Tanzania es una muestra del peligro que representa la implementación de modelos de conservación como los que promueve la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad COP 15. Esto debido a que en 2022, casi 200 países acordaron colocar bajo protección el 30% de sus tierras y aguas para el año 2030.
“Si esta propuesta se implementa de mala manera, hasta 300 millones de personas podrían llegar a perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Sin embargo, la expansión indiscriminada de las zonas protegidas no detendrá la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de especies”, sostiene la organización ambientalista.
En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.
Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.
La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.
En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”
De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.
El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.
En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.
Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.
De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.
Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca. Foto: Karen Castillo.
En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.
Nueve años de prisión política
En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.
En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.
Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.
“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.
El caso de Marcelino Miramón
Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.
El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.
Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.
Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.
“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.
Familias desplazas de Eloxochitlán
En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.
Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad
“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.
Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.
Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.
El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.
Este miércoles 14 de febrero, miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) iniciaron manifestaciones en varias partes del territorio mexicano. Bloquearon las vías del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Oaxaca, donde intervino la Marina. Reportan que dos de sus dirigentes fueron detenidos.
Las diversas acciones han sido en torno a las exigencias de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el aumento de sus pensiones, ya que argumentan que lo que reciben actualmente es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Los jubilados, personas de la tercera edad en su mayoría, señalan que han sostenido 18 mesas de negociación sin resultados satisfactorios. Las protestas se suscitaron simultáneamente en la Ciudad de México, donde bloqueando calles cercanas a Palacio Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua y también en áreas del Tren Maya en Campeche, así como las vías del tren Interoceánico en Matías Romero.
La intervención de elementos de la Marina, la policía estatal y municipal permitió que el flujo en las vías del Tren Interoceánico volviera a la normalidad. Mientras tanto, se desconoce la situación legal de los dos líderes ferrocarrileros detenidos durante el desalojo en Matías Romero, Oaxaca.
José Luis Godínez, fue aprendido mientras reclamaba su libre derecho a manifestarse y por solicitar un diálogo directo con la nueva secretaria de gobernación.
Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal ya suman un listado de acciones de represión contra diversas protestas en torno al tren y al Corredor Interoceánico en su conjunto.
Recientemente, el indígena zapoteca David Hernández, quien resiste al lado de su comunidad a la imposición de un parque industrial en Puente Madera, fue condenado a 46 años de prisión. El activista es acusado, entre otros delitos, de “obstrucción a las vías federales de comunicación”.
También están en prisión nueve activistas de Mixtequilla, Oaxaca, quienes se oponen a la imposición de otro parque industrial en su comunidad que forma parte del Corredor Interoceánico.
En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop
El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.
En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.
En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.
De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.
Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.
El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.
¿Tolerante a la sequía?
Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.
Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.
Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.
Contaminación
El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.
El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.
Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.
La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.
La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.
El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.
A lo largo del año y hasta la fecha, la población civil ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, bajo escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse. Además, resulta de gran preocupación el fenómeno de la desaparición. Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza.De acuerdo a la documentación que sirve de fundamento al presente informe, los grupos criminales desarrollan varias estrategias para conseguir el control del territorio. Se documentaron enfrentamientos generalizados y recurrentes, vigilancia permanente, ocupación física de parcelas privadas que incluso vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras; entre otras. De igual manera, los grupos se abocan al control de la población : a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, con estrategias de persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.
La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.
A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.
Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas
Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.
Las consecuencias del terror, del control de los cuerpos, mentes y territorios son terribles para la población. Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con que destino. Sin embargo, podemos afirmar que la combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han arrojado al desplazamiento forzado interno a al menos 7,500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023. En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.
Las prácticas de los grupos de la delincuencia organizada en la región frontera de Chiapas producen una situación generalizada de violaciones graves de derechos humanos cuyas implicaciones atentan contra el sentido más básico de protección humanitaria. La evaluación de estos impactos puede ser problemática a primera vista en la medida en que no son agentes estatales quienes están violentando directamente los derechos humanos. A su vez, de momento no hay un reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (o Conflicto Armado no Internacional) en la zona. Sin embargo, sí existen grupos armados con la capacidad para generar graves impactos a la vida, la dignidad y la integridad personal de todos sus habitantes, quienes no forman parte del conflicto y cuya protección sí es responsabilidad del Estado.
Ante este panorama, las formas de intervención estatal han sido ante todo de omisión, aquiescencia y en algunos casos de colaboración. Ante la indefensión generalizada derivada de la disputa territorial entre los grupos de la delincuencia organizada, la población en repetidas ocasiones ha reclamado la urgente intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. En contraste, ha sido a su vez la inacción y connivencia por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad del estado lo que ha llevado a que haya demandas por parte de la población civil exigiendo su retirada de ciertos lugares.
De hecho, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.
9º Aniversario del Café Zapata Vive
“Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”
24 de febrero, a partir de la 12:00 Hrs.
A nuestros herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A nuetr@s Hermanos del Congreso Nacional Indigena, CNI-CIG
A los pueblos, comunidades, colectivos, organizaciones, redes, e individu@s que luchan y resisten contra el sistema capitalista y patriarcal.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A la Sexta Nacional e Internacional
A quienes encuentran en el trabajo colectivo, la tierra fértil, para contruir “El Común”
Herman@s tod@s
Hace 9 años nacimos como un espacio de encuentro, resistencia y rebeldía; pero, sobre todo, de solidaridad con otras rabias y dolores; es decir, con otros pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones que luchan y resisten, -como dijeran nuestros hermanos zapatistas-, para “contener esta destrucción capitalista que no distingue pueblos o colores y que en su ceguera crónica solo reconoce todo aquello que alimente esa misma destrucción vestida de guerras permanentes, mercados injustos y descomunales ganancias para unos pocos…”.
Por todo ello y con alegre rebeldía les compartimos que, desde territorio zapatista, es decir, desde tierras recuperadas, dos barcos navegaron en una nueva travesía, para llegar a buen puerto, y desembarcar en este espacio de encuentro, resistencia y rebeldía; es decir, en el Café “Zapata Vive”.
Con este obsequio que hicieron nuestr@s herman@s del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ratificamos la enorme responsabilidad colectiva que tenemos en la lucha y resistencia contra el sistema capitalista; pero también, para invitarl@s y junt@s construyamos “un camino para poder cruzar la tormenta y llegar con bien al otro lado”
Compañer@s, estos barcos diseñados, forjados, tallados y bordados por las manos de hombres y mujeres zapatistas, dan cuenta de que no solo son grandes constructores de navíos; son también, grandes constructor@s de sueños, esperanza, dignidad, autonomía, resistencia y rebeldía, lo mismo que nos han traído a este espacio. Estos navíos, son producto del trabajo colectivo y colectivos deberá ser el trabajo para llegar al siguiente puerto, “El Común”. ¿Le Entras o no le entras?
(Estos barcos se exhibirán en el 9º Aniversario del Café Zapata Vive, te esperamos.)
Por todo lo anterior, hacemos atenta INVITACIÓN, no solo para abordar el barco, sino para celebrar y participar en el…
9º Aniversario del Café Zapata Vive
“Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”
24 de febrero, a partir de la 12:00 Hrs.
El 9º Aniversario llevará a cabo con las siguientes actividades: Iniciaremos con un breve Homenaje al compañero de lucha Román Sánchez Núñez. También habrá: *Tianguis Cultural, *Música, *Poesía, *Libros, *Carteles, *Artesanías de las Comunidades Zapatistas, *Playeras, *Lele Rebelde, *Pintura, *ExpoZapatista, *Talleres, *Rifas, *Café y Miel orgánicos de las comunidades zapatistas y mucho más…, cerraremos con un baile de resistencia y alegre rebeldía…
Durante el día y la noche tendremos estas participaciones: John Pablo Almaráz, Bohemia y trova; Pablos, Ik_, Poesía en Resistencia; Cyrenia y Tarango, Trova y Música Méxicana; Tiembo Prieto, Ritmos de los pueblos vivos (Cumbia y ritmos del caribe); Ederick y Tajín, Música de Folklor Latinoamericano; La Mixanteña de Santa Cecilia, Chilenas, sones, boleros, cumbias y merequetengues; Mexican Saund System, Música del Barrio, Salsa y cumbia; Toque Bulanga, Son Cubano y salsa; Sembrando Son, Música tradicional de la costa Chica y Sones de tariama de Guerrero; Desta_k2 Musical, Cumbia y Ranchera y mucho más…
En el Café “Zapata Vive”, también podrás disfrutar de alimentos, bebidas, postres y de un rico y aromático Café Zapatista.
Cita: Café “Zapata Vive”. 24 de febrero, a partir de las 12:00 Hrs.
Sede alterna, Antropólogos 56 (antes 21 B), Col. Apatlaco. Iztapalapa. Metro. Apatlaco.
¡¡¡ENTRADA LIBRE!!!
ATENTAMENTE
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡VIVOS LOS LLEVARÓN, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡ALTRO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!
¡VIVA EL EZLN!
¡VIVA EL CNI-CIG!
¡VIVA “EL COMÚN!
UPREZ Benito Juárez y Café Zapata Vive
Ciudad de México a 10 de febrero de 2024
En una declaración pública emitida el pasado sábado (10), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, reafirmaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijos.
En su comunicado, denunciaron los intentos del gobierno actual de dividirlos, asegurando que permanecerán unidos en su lucha. Además, criticaron al gobierno por pactar con la élite económica y militar “para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”, puntualizan.
El comunicado también aborda la crisis humanitaria causada por miles de asesinatos y desapariciones en todo México, así como la falta de recursos y avances en las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.
Así mismo, destacan la continua violencia que afecta a las poblaciones campesinas e indígenas, ya que “son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad”, advierten.
Las madres y padres criticaron la estrategia del gobierno de dividir a los movimientos sociales y socavar la lucha de izquierda e independiente. Llamaron a redoblar esfuerzos y unificar las luchas con otros movimientos sociales, incluyendo sindicatos, colectivos de desaparecidos y universidades públicas.
“Las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del SME, el STRM, la CNTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el EZLN, las Universidades Públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras”, han anunciado.
Finalmente, adelantan diversas acciones de protesta y movilización que serán realizadas los próximos días, con el objetivo de mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia.
Repudiamos enérgicamente la sentencia dictada en contra de David Hernández Salazar, en la que pretenden privarlo de su libertad con 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciocho pesos) y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015 (un millón cien mil quince pesos), estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
El día de ayer, 7 de febrero, después que el Ministerio Público de Tehuantepec presentará su dictamen de delitos y sanciones, el Juez de Distrito encargado de dictar sentencia, ignoraron por completo la información arrojada durante los días de debate que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante. En este sentido, decidieron incriminarlo de delitos fundamentados en falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. Esto es un claro ejemplo de la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas.
Recordar que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, detenido ilegalmente y golpeado por policía municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.
Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, ha sido judicializado y perseguido por: el Municipio de San Blas Atempa, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional. Enfrentando una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.
En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero. En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo.
Esta condena no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata, tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022), continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda.
Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común del PITAYAL que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario.
Antes esta situación como ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, hacemos un llamado a:
Emitir pronunciamientos exigiendo la revocación de esta sentencia en contra de David Hernández Salazar y el desistimiento de la Causa Penal 446/2022 donde existen las órdenes de aprehensión en contra de 17 habitantes de la localidad de Puente Madera.
Acciones en solidaridad, a los modos y formas de cada individualidad, colectividad y organización, con la digna resistencia de Puente Madera en contra del Parque Industrial y el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Apoyar solidariamente de forma económica para solventar los gastos que está representando la defensa legal de estas demandas.
Por último, queremos aprovechar este comunicado, para dar la primera llamada e invitación a la celebración por los tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, a realizarse del 14 al 17 de marzo de 2024, en la comunidad en rebeldía de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca.
Desde la Barricada en El Pitayal
REITERAMOS QUE
¡DEFENDER EL PITAYAL ES DEFENDER EL COMÚN, ES DEFENDER LA VIDA!
¡SI TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS!
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
