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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú

Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón

PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

  1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
  2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
  3. IDLADS Perú
  4. OXFAM
  5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
  7. Red Muqui
  8. Paz y Esperanza
  9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  10. GRUFIDES
  11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
  13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
  14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
  15. PROÉTICA
  16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  17. Instituto del Bien Común (IBC)
  18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
  19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

 

 

 

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

CIPOG-EZ denuncia falsas acusaciones

Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

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Campaña internacional "Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri"

A Bety Cariño, quien cumpliría 50 años este 8 de abril de 2023

El 8 de abril de 2023, Alberta “Bety” Cariño Trujillo cumpliría 50 años. Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, México. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista finlandés, y varias personas resultaron heridas.
Recordamos a Bety con esta video-entrevista y seguimos exigiendo justicia:
Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño

Campaña internacional “Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri”

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Avispa Midia

Gobernadores de México se comprometen con la transición energética promovida por EEUU

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En la conferencia de prensa semanal del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, que se realizó lunes (27), en la Ciudad de México, el mandatario informó que serán construidos cuatro parques eólicos adicionales en el Istmo de Tehuantepec, sin mencionar las localidades. Hoy existen 28 parques en la región.

La construccción fue uno de los compromisos establecidos, durante la reunión de la sexta Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada semana pasada en Oaxaca, con la presencia de los representantes de Estados Unidos (EEUU), el enviado especial presidencial para el clima de EEUU, John Kerry, y el embajador del país en México, Ken Salazar. Es la primera vez que funcionarios de Estados Unidos participan de la Conago.

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El tema principal de la reunión fue la “transición energética” y la colaboración con los Estados Unidos. “Expresamos nuestro compromiso en el combate al calientamiento global y ratificamos nuestra voluntad, de los 25 gobernadores, de consolidar y profundizar la colaboración con los Estados Unidos en este tema”, dijo Jara Cruz quien funge como presidente de la Conferencia.

Particularmente, Oaxaca “quiere sumar su potencial y su posición geoestratégica para coadyuvar a cumplir los objetivos de la Cumbre de Líderes de América del Norte y colocar a la región a la vanguardia en materia de desarrollo económico sostenible”.

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Jara Cruz señaló que el Istmo de Tehuantepec, con el proyecto del Corredor Interoceánico, es el lugar donde se “comenzará una nueva etapa de la construcción de nuestro (EEUU y México) futuro compartido”.

Durante la reunión acordaron “continuar el diálogo y trabajar conjuntamente para promover inversiones verdes y desarrollar el sector de las energias limpias”.

Esta es la séptima vez, en un poco más de un año, que el enviado especial para el clima aterriza en México. Eso muestra la “importancia que tiene la relación” entre EEUU y México, dijo el embajador Ken Salazar.

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La gira de Kerry a México – que incluyó visita a Guelatao, en razón del natalicio de Benito Juárez, y al Istmo para revisar las obras del Corredor Transístmico – acarreó protestas de colectivos, pueblos y movimientos en diversas partes de Oaxaca y en Ciudad de México, en rechazo al proyecto del Corredor Transístmico.

Deseo de liderar

Antes que hablara Kerry a los gobernadores de México, el embajador tomó la palabra y presentó al funcionario estadunidense como “líder” mundial en el tema climático. “El presidente (Joe) Biden, cuando escogió Kerry para que fuera el líder de nosotros, en todo el mundo, en materia de cambio climático, sabía lo que estaba haciendo porque Kerry ya lleva muchísimos años de su vida trabajando en este asunto”.

En un comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, Salazar reafimó los esfuerzos del país en la búsqueda de liderar mundialmente la “transición energética”. “El presidente Biden está comprometido con esta agenda climática para consolidar el liderazgo de los Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático y hacia las energías renovables”.

Dictando línea

Antes de la Conago, Salazar y Kerry se reunieron con López Obrador y con el director de la mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Manuel Bartlett.

Bartlett expresó, en una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con Salazar, que “vamos a hacer un análisis más amplio, debemos dar la información sobre qué estamos haciendo, cuánto estamos produciendo, cuánto estamos generando y con esos datos adicionales tendremos una reunión en un par de meses, dos o tres meses”.

Ya Salazar fue más enfático. “Ojalá que estas reuniones que se están proponiendo, con todo respeto, Manuel, lo debemos hacer más pronto que en dos o tres meses. Ojalá que tengamos esta reunión, donde tú vengas a Washington y ponernos en plan de más acción”, expresó Salazar.

El embajador dijo que, desde la primera visita del enviado especial Kerry a México, han “tenido avances”, pero “el trabajo no se puede quedar en la mesa, sino que tenemos que profundizarlo y llevarlo a la realidad”.

Entre los temas tratados, según informó López Obrador en su conferencia de prensa matutina, está la construcción de por lo menos tres plantas adicionales de energía solar en Sonora, con una inversión de 5 mil millones de dólares. También abordaron el programa de rehabilitación de las hidroeléctrica en todo el país. México asumió el compromiso de producir el 35% de la energía con renovables para el 2024.

La visita de Kerry a México ocurrió durante las consultas que inició el gobierno de Estados Unidos, el año pasado, dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para cuestionar la política energética del gobierno de López Obrador.

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Avispa Midia

2022: año más violento para la prensa en México desde 2007

Fuente: Avispa Midia

En el informe anual Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, la organización registró 696 ataques contra la prensa en México en el año 2022, convirtiéndos en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.

Fueron registrados 12 periodistas asesinatos lo que también sella el año más letal para la prensa junto con 2017. “México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra”, sostuvo la organización.

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Artículo 19 expuso, durante presentación del informe en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.

En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.

El informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.

Registró que, en 2022, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.

Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.

En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social.

Militarización y espionaje

El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.

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También se señala que el hackeo a SEDENA ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.

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Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.

Sin respuesta

Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1,592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias, contando las cuatro logradas el año pasado.

Durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos. De cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En este mismo sentido, Artículo 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH ha demostrado, según Artículo 19, una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual.

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Frayba

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas

  • Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
  • La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.

Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.

Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.

Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.

Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.

A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.

Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.

Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.

Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.

Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.

La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.

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Avispa Midia

Litio: modelo propuesto por México está lejos de promover la nacionalización del mineral

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hectáreas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía (Sener).

El decreto está respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que “reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

López Obrador, en la ocasión de la firma del decreto, señaló que así como el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) recuperó el petróleo con la expropiación petrolera, “ahora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio”.

La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio “quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”.

Para eso se creó la empresa estatal,Litio para México (LitioMx), operada por la Secretaría de Energía. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por López Obrador.

A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalización del litio en México, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, “falta un análisis crítico” de este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización del litio “de forma errónea”.

Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberanía nacional, resume. “En realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público”, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), publicó el informe Explotación de litio en México, ¿interés público oextractivismo transnacional?

De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.

La empresa pública LitioMx tendrá exclusividad en la administración de estas actividades, sin embargo, podrá asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.

El Artículo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para “administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio”, la empresa estatal “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. Así, “lo que se instrumenta es un modelo idéntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008”, sostienen las organizaciones en el informe.

El propio López Obrador, en ocasión de la creación de la empresa pública, sostuvo que la inversión privada será necesaria. “No nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión”, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.

Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad pública y estratégico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.

Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, “nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la información, la desinformación, la manipulación y la imposición para fabricar la aceptación social del proyecto; el linchamiento mediático y político de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalización y uso de la fuerza pública, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participación de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado”.

Carros eléctricos para los EEUU

La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transición energética, recalca Isabel Velázquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética demandan el aumento de la explotación minera.

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“Bajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracción de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería”, analiza Quesada.

En este escenario el litio saltó a la escena mundial y, en México, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producción de baterías. “Si bien se ocupa en las baterías de muchos aparatos que la industria electrónica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de los automóviles”, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para vehículos eléctricos. Es más, “es al calor de la expansión y acomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra en México”.

Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista está siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos, armonizando así la región con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.

Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,“se imprimió un significativo sello regional en la fabricación de automóviles a través de los estímulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma región”, dice el informe.

Así, para poder calificar un vehículo para la exportación libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendrán que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las baterías de litio.

Ante este cambio, la industria en los tres países se está ajustando para cumplir con este nuevo estándar. Con el dominio de países asiáticos en la producción de baterías de iones de litio, el T-MEC está impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracción y procesamiento de litio y la fabricación de baterías dentro de los tres países que pertenece al T-MEC.

Proyectos

En un informe anterior, las organizaciones señalaron que existían 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que sólo tres de éstas tenían algún nivel de avance de sus proyectos.

El resto, eran proyectos de mera especulación financiera, útiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas “juniors”, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases

de prospección y exploración.

El único proyecto de litio avanzado en el país es el proyecto Bacanora en el estado
de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.

Las declaraciones públicas del presidente han indicado que es poco probable que se actúe para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declaró: “En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla, y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar”.

Las organizaciones llaman la atención hacia el hecho de que, según la información más reciente del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la mayor parte de los depósitos económicamente viables de litio en México son en arcillas. “Un tipo de depósito que no tiene antecedente de explotación comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones económicas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotación no distarían mucho de otros proyectos mineros”.

Agua

Las organizaciones también hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde están los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospección del SGM – está en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que más de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo hídrico alto.

Las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que “nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos”.

 

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento conjunto para la verdad y justicia de Simón Pedro

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de marzo de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Obstaculización del acceso a la justicia en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos del pueblo maya tsotsil Simón Pedro

Quienes firmamos este pronunciamiento reconocemos que Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), fue un defensor de derechos humanos, indígena tsotsil, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), asesinado el 5 de julio del 2021, en el municipio de Simojovel, Chiapas.

Reconocemos la persistente lucha por la Memoria, Verdad y Justicia de los familiares de Simón Pedro y Las Abejas de Acteal, y su acción que ha evidenciado las fallas y obstáculos en el caso, como la falta de líneas de investigación y la vinculación con su trabajo como defensor de derechos humanos. Chiapas es uno de los estados más peligrosos para el ejercicio de defensa y promoción de los derechos humanos, en medio de una violencia e inseguridad generalizada, lo que hace que aumente el riesgo a la vida, seguridad e integridad de las personas defensoras, no solo por la actuación de grupos de la delincuencia y sus vínculos con las autoridades estatales, sino por la constante impunidad que permite que estos actos de violencia se cometan.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la insistente cancelación de la audiencia del juicio oral en el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López. Se ha dilatado la verdad y la justicia. El pasado 10 de marzo la audiencia de juicio fue suspendida, debido a que el acusado no fue trasladado y en la sala del Juzgado de control de Pichucalco tampoco se encontraba su defensor, este hecho se da por tercera ocasión, por lo que fue reprogramada para el jueves 16 de marzo de 2023, a las 12:30 hrs.

Presenciamos un proceso legal desgastante, el juez no muestra preocupación porque se cumplan los elementos mínimos para llevarse a cabo las audiencias. Hay una falta preocupante e irrisoria de capacidades técnicas y profesionales por parte la Fiscalía del Estado, desde lo más básico, como confundir el nombre de Simón Pedro con el de quien está imputado por su asesinato.

Denunciamos al Estado mexicano de implementar una estrategia de desgaste físico, emocional y económico en contra de Las Abejas de Acteal, Frayba y peritos independientes. Además de la revictimización de los familiares, de la comunidad y la obstaculización del acceso a la justicia en el presente caso. Exigimos abrir líneas de investigación sobre la labor de Simón Pedro como persona defensora de derechos humanos que realizaba en la región de los Altos de Chiapas, en un contexto de violencia y control de grupos criminales a quienes denunció, incorporando una perspectiva culturalmente adecuada.

Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional estar atentos y manifestar su solidaridad en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en el caso del asesinato de Simón Pedro Pérez López.

Firmantes:

Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Indigenous Peoples Rights International IPRI en México

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Con la Observación Internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR

 

       
radio
Red Ajmaq

Campaña gráfica por la libertad del compañero Manuel Gómez Vázquez

  Valle de Jobel, 14 de marzo 2023.

A todxs nuestrxs compañerxs artistas gráficxs, pintorxs, diseñadorxs y a todxs aquellxs que plasman su corazón por medio de las artes visuales:

Queremos extenderles una invitación a la campaña gráfica para exigir la libertad de nuestro compañero Manuel Gómez Vázquez. Como saben nuestro compa Manuel es Base de Apoyo Zapatista (BAZ), y desde hace 2 años y 3 meses fue privado arbitrariamente de su libertad.

Esto es una muestra clara de la forma de proceder del actual gobierno de la supuesta transformación, sigue utilizando al Estado y toda su maquinaria de muerte para golpear de diferentes formas a quienes luchan por la vida . En este caso la cárcel como una herramienta más para reprimir y generar desgaste. Pero sabemos que eso nunca nos detendrá y lucharemos hasta que nuestro compañero Manuel salga libre. Haremos todo lo que nos dé nuestra creatividad para exigir la libertad de nuestro compañero.

En ese sentido les queremos pedir desde nuestro corazón colectivo se solidaricen con esta causa y desde su creatividad y su talento hagan una o varias piezas para exigir la libertad e nuestro compa Manuel. Por cuestiones prácticas les pedimos que sean en formato digital para que podamos reproducirlas y difundirlas por las calles, plazas, centros sociales, escuelas, redes sociales y todos los espacios que ocupamos lxs compañerxs de la Sexta. Las piezas se recibirán desde el día…

De la misma manera hacemos un llamado a todxs lxs compas de la Sexta Nacional e Internacional a reproducir y difundir las piezas que nuestrxs compas artistas nos proporcionarán.

Un abrazo desde nuestro corazón colectivo desde le Valle de Jobel.

¡Libertad a Manuel Gómez Vázquez!

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Las cárceles nunca nos detendrán!

Leer la denuncia: https://redajmaq.org/es/libertad-para-manuel-gomez-vazquez-base-de-apoyo-del-ezln

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Bienaventurados los que trabajan por la justicia… Simón Pedro, un testimonio de acompañar al pueblo que busca la Paz


 Bienaventurados los que trabajan por la justicia…
Simón Pedro, un testimonio de acompañar al pueblo que busca la Paz

UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS


La vida social de Simón Pedro, se desarrolló en su entorno comunitario, en la vida ejidal, así como en las actividades como integrante de Las Abejas de Acteal y en las actividades religiosas, muy involucrado en el proceso del III Sínodo dioce-sano, en el que llegó a ser nombrado coordinador general del Sínodo de niños de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Gran parte del desarrollo de Simón Pedro fue participar en actividades religiosas, compartiendo la palabra de Dios y las experiencias de lo que históricamente ha sucedido en su región, como la masacre de Acteal que fue un hecho que impactó a él y a su familia y que lo llevó a replantearse su vida y el trabajo por la solidaridad, la justicia y la paz. Por su palabra certera y su testimonio de vida como una persona defensora de los derechos humanos; por su compromiso en orientar a Las Abejas de Acteal en las tomas de decisiones, fue nombrado en 2014 integrante de la Mesa Directiva y en el 2020 Presidente de la organización. Ser integrante de la Mesa Directiva es un cargo muy importante que la asamblea le confiere a personas de calidad moral, para ejercer los trabajos que se desempeñan.

El acompañamiento a las comunidades que vivían en medio de la violencia en Pantelhó consistía en animarlas, predicar la palabra de Dios; se involucró en buscar caminos y rutas de solución, trabajando para que ya no hubiera más asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, drogas, alcohol y armas.

IMPACTOS PSICOSOCIALES


El asesinato de Simón Pedro, por la naturaleza violenta del hecho, generó un impacto emocional muy fuerte para toda la familia, desestructurando su proyecto de vida a nivel familiar y modificando profundamente su funcionamiento, su rutina diaria; y, alterando su dinámica económica y productiva, generando graves consecuencias a nivel de su familia núcleo, como de su familia de origen.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia se encuentra aún en etapa de duelo, ya que, debido a la forma de la muerte de Simón Pedro, ésta se vuelve más difícil de superar, al tratarse de una muerte violenta, con la intencionalidad de generar daño directo a Simón Pedro. El sentimiento de miedo es real, así como la alteración de las creencias básicas anteriores al asesinato. El asesinato ha despertado en la familia una sensación constante de alerta, la cual puede asociarse a un cuadro clínico de estrés postraumático que, desde la cosmovisión comunitaria e indígena tsotsil, le llaman “susto”.

Para Las Abejas de Acteal Simón Pedro tenía una cualidad especial que le permitía ejercer un liderazgo en su organi-zación; perder a un integrante con esas características fue muy doloroso para sus integrantes. El asesinato de Simón Pedro representa una injusticia más en la lista de los múltiples hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que la organización ha vivido desde su fundación, como son los múltiples desplazamientos forzados, la masacre en el año 1997, entre otras agresiones que, cabe señalar, la mayoría de ellas han quedado impunes.

MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO


Una estrategia para romper el miedo es la comunidad como apoyo de lucha; las redes de apoyo familiar, religiosa, comunitaria y organizacional han sido fundamentales para afrontar los impactos psicosociales ante el hecho traumático. Desde su dolor, la familia y Las Abejas de Acteal han decidido compartir su historia, sus fuerzas y sus esperanzas como parte de su proceso de búsqueda de la justicia; la familia ha decidido reestructurar su vida, sin negar el hecho traumático, el contexto de violencia y así proyectar un futuro inmediato.

La parte religiosa ha sido fundamental para afrontar este hecho violento y les ha impulsado a continuar su trabajo como servidores de la iglesia, buscando la paz y la reconciliación comunitaria.

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