Boletín de prensa 003

Ciudad de México, 15 de agosto de 2023

La comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, podría ser despojada de su territorio autónomo. En el contexto del reciente y violento asesinato de Lorenzo Froylán las amenazas no cesan. La comunidad de Xayakalan fue notificada sobre la ejecución de un desalojo de alrededor de 700 hectáreas de tierra. Esta decisión fue comunicada por el Tribunal Unitario Agrario 38, a cargo del magistrado Jesús Antonio Frías Cardona. La comunidad denunció  que con esta acción se favorece a grupos criminales en la región.

La notificación se realizó el 11 de agosto, un día después de que se localizó el cuerpo torturado y sin vida de Lorenzo Froylán, integrante de la Guardia Comunal. Sin embargo, el documento está fechado el 23 de junio dentro del expediente 78/4 a favor de “supuestos pequeños propietarios”, señala la comunidad que se declara en alerta y en defensa de su territorio comunal.

Michoacán es particularmente violento para el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio. Las personas defensoras ambientales se enfrentan a una serie de agresiones sistemáticas como desplazamiento, desalojo, asesinato, amenazas, desaparición forzada.

La Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) documentó que el 6 de septiembre de 2022, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió un mensaje de amenaza de desalojo al afirmar que estaba empeñado en “dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”, haciendo énfasis en el municipio de Aquila, en donde está ubicado Ostula.

Durante la historia de autonomía de Santa María Ostula, se contabilizan 40 personas defensoras asesinadas y 5 personas desaparecidas, sin que exista un proceso de justicia, reparación ni cese a las agresiones. El discurso gubernamental ha contribuido a criminalizar este proceso organizativo y deja un mensaje de impunidad para el goce de los grupos criminales.

Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señalamos nuestra preocupación ante la arbitraria decisión emitida por el Tribunal Agrario, que atenta contra la comunidad nahua, poniendo en riesgo la vida, la seguridad física, y el ejercicio mismo de la autonomía y libre determinación.  Esta órden es violatoria del derecho a defender derechos humanos, así como del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo que contiene el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios.

Por lo que instamos a las autoridades agrarias, Estatales y Federales:

• Que se adopten las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del Derecho de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso con perspectiva y enfoque  intercultural y comunitario, apegado a los más altos estándares internacionales.

• Se ponga fin a cualquier acto de desalojo, hostigamiento, amenaza o ataque que ponga en riesgo la vida, la seguridad física, de las personas que conforman la comunidad y ejercen su derecho por la defensa del territorio.

• En todo momento garantizar el respeto para la construcción de acuerdos y búsqueda de soluciones, y evitar el uso de la fuerza pública o la violencia.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

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Boletin-urgente-Ostula

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Comuneras y comuneros de Santa María Mixtequilla, quienes se organizan desde que se anunció la instalación en sus tierras de uno de los mayores polos de desarrollo enmarcados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reiteran las denuncias sobre desinformación, manipulación y división de su comunidad para imponer las obras de dicho megaproyecto.

Así lo demuestran testimonios recolectados por una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, integrada por personas de 23 organizaciones, periodistas y académicos, quienes visitaron la región del Istmo durante los últimos días de julio.

Resaltan que el complejo industrial, previsto para operar en Santa María Mixtequilla, es el más grande de los 10 polos anunciados para la primera fase del CIIT, ocupará 502 hectáreas. Ante ello, la resistencia civil pacífica de la región denunció que será en agosto de este año cuando se realizarán las licitaciones para las obras del polo, cuestión que preocupa a la comunidad pues aún no cuentan con información sobre los impactos que ocasionará en las tierras indígenas.

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Debido a las irregularidades, desde hace cuatro meses, comuneros y comuneras ocupan la oficina de Bienes Comunales para reclamar por la falta de información, la realización de consultas a modo y la división de la población ante el megaproyecto.

“En realidad el polo de desarrollo fue aceptado por 263 personas aproximadamente que eso nada tiene que ver con una consulta indígena, de ahí en fuera jamás se volvió hacer en ninguna otra sección, ni colonia para dar información (…) la poca información que tenemos complica la situación porque no tenemos un panorama de como asimilar este impacto que nos traerá este polo de desarrollo, no tenemos ni siquiera un plan de desarrollo, ni de protección civil de lo que pueda suceder en la comunidad”, denunciaron las y los comuneros.

Por su parte, integrantes de la misión de observación señalaron acciones de intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes se han presentado en las asambleas comunitarias sin contar con el permiso para ello. Los habitantes de Santa María Mixtequilla también denunciaron expropiación de tierras a diversos campesinos y la compra de hectáreas por casi 20 pesos el metro, “a veces ni para un kilo de tortillas”, reclamaron acerca del monto.

Comunidades afectadas

Además de visitar a las comunidades afectadas por el polo de Santa María Mixtequilla, en la zona norte del Istmo, organizadas en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, la misión de observación también realizó encuentros con comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en la comunidad de Puente Madera.

Durante conferencia de prensa, realizada en Juchitán al final de la documentación, la misión enfatizó su preocupación ante las agresiones registradas contra las comunidades afectadas por el CIIT. Acorde a las denuncias recopiladas, durante 2023 se registra un aumento en la violencia contra defensores del territorio. Resalta que, durante las labores de la misión, ésta fue testigo de incidentes de seguridad, tales como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Los perpetradores de estas agresiones son integrantes de la Marina y la Guardia Nacional, así como elementos del ejército, policía estatal, secretaría de comunicaciones, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Estos funcionarios han participado en distintos actos de criminalización, detenciones arbitrarias y desalojos violentos contra las personas que participan en el campamento de Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

“De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico”, resaltaron los integrantes de la misión que también responsabilizaron a grupos armados y caciques locales.

A ello, se añaden las agresiones contra la comunidad binnizá de Puente Madera, la cual ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 18 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo”, ubicado en el municipio de San Blas Atempa.

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La misión de observación alertó también por los ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 2023, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.

Cabe destacar que, de acuerdo al informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión contra defensores en el periodo entre 2019 y 2022.

De acuerdo a la documentación, existen 21 casos de intimidación hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; se registraron 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los medios libres y autónomos
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos
A la Misión Civil de Observación Sexta
Al Pueblo de Guerrero

14 de agosto de 2023

¿Pretender desestabilizar al gobierno de Guerrero? No señora Evelyn Salgado, no nos confunda, paz y justicia, son las demandas que hemos impulsado por más de 8 años, lo mismo que lleva la guerra de los grupos de la delincuencia organizada, en contra de nuestras comunidades. Llevamos años denunciando esta situación de violencia que vivimos como parte de una guerra de exterminio del grupo narco-paramilitar los ardillos en contra de nuestras comunidades, organizadas en el CIPOG-EZ, sin embargo, ésta continúa.

La mañana del día de ayer 13 de agosto, aproximadamente a las 11:20, dos de nuestros compañeros fueron asesinados en Chilapa, territorio controlado por el grupo narco-paramilitar los ardillos. Esteban Xochitempa de 40 años de edad y Juan Xochitempa Macario de 16 años, de la comunidad de Xochitempa, perteneciente al CIPOG-EZ.

En el contexto de la violencia que recorre a nuestro Estado y nuestro territorio, donde los ardillos han demostrado que controlan municipios enteros y que se sientan a negociar con presidentas municipales y autoridades, la violencia se hace sentir nuevamente en nuestros territorios, mientras que las autoridades federales, estatales y municipales, sólo sirven para administrar la muerte, a éstas les interesa que la cifra de asesinatos no rebase la de la administración anterior, para poder decir que son mejores, que la 4T está reduciendo la violencia, pero eso es mentira pues la muerte se vive todos los días en el Estado de Guerrero, con su consentimiento y complicidad.

Llamamos a las compañeras y compañeros a que sigamos denunciando al Estado por su complicidad con los grupos criminales, pues está claro que están de su lado y no del lado del pueblo. Nos queda claro que el país vive una guerra que tiene que detenerse, pero ni se detendrá sola, ni el Estado la detendrá, pues para éste -hoy controlado por la 4T-, es necesaria la guerra, la muerte, el dolor, para lucrar con este escenario, administrar la muerte y tener el número suficiente de votos y cinismo para quedarse nuevamente con el poder en el país.

Llamamos al movimiento popular guerrerense a organizarse, pues es y será la única manera en la que sobreviviremos a ésta guerra que se vive y que se agudizará.

Por nuestra parte, sepan que no muere quien es semilla e inunda al mundo de más resistencia y más organización.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

*Foto destacada Acapulco Sur Periódico de Guerrero

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

14 de agosto de 2023.

Boletín No. 18

La Suprema Corte de Justicia de la Nación actor clave de la impunidad en México

• Justicia y verdad son pendientes del gobierno mexicano, sigue siendo una deuda histórica de los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la década de los noventa en Chiapas.

El crimen de Estado que se perpetró el 22 de diciembre de 1997, es una herida abierta conocida como la Masacre de Acteal. Dentro de ese proceso hay una situación de otras violaciones a los derechos humanos como la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se negó a investigar el fondo del caso y dio paso a la liberación de un grupo de autores materiales,  fijando la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la verdad.

Derivado de esta impunidad activa en la actualidad se ha favorecido el aumento de violencia en la zona Altos de Chiapas, por los sucesores del paramilitarismo que quieren implementar un control territorial con la permisividad de los tres niveles del gobierno.

Lo anterior también ahonda situaciones de inseguridad, a través de grupos que ejercen la violencia armada para controlar el territorio. Estos hechos se dan con la colusión de los funcionarios e instituciones implicadas en fomentar el actual contexto en el que nos encontramos, con impactos psicosociales en la población más vulnerable como las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores en las regiones de los Altos, pero también en el Centro, Selva, Frontera y Costa de Chiapas.

Las autoridades gubernamentales que han atendido la situación han recaído en acciones y acuerdos con grupos que no representan a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), lo que ha profundizado la ruptura del tejido social en las comunidades con presencia histórica y actual de la organización.

El Lekil Chapanel[1], no llegará completo por parte del Estado mexicano, por ello no cesaremos de señalar a las instancias del Estado que son perpetradoras, como la SCJN, y ahora el gobierno de la llamada cuarta transformación que ha continuado con la contrainsurgencia y no reconocimiento de la impunidad perpetrada por los gobiernos anteriores abonando a una perpetuidad. Combatir estas formas de violencia que han lacerado a los pueblos y comunidades en Chiapas es un deber para la Justicia y Paz en los territorios vulnerados.

Nos sumamos a la denuncia de Las Abejas de Acteal y a su caminar de dignidad y persistente lucha por el ejercicio de sus derechos como pueblo tsotsil, reivindicado la Memoria, Verdad, y Justicia, construcción de autonomía y paz; ejemplo de la resistencia rebelde que construye horizontes de vida.

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[1] Justicia verdadera en idioma tsotsil, implica el reconocimiento del delito y formas de reparación integral.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, un 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares, y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997.

Con este hecho se reveló totalmente que los Ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror, ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar y muchos ya habían sido sentenciados. Es decir que de nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechas por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados, pues así cancelaron definitivamente el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quiénes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y ésa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el Plan de Campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la Masacre, e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad.

Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestras aclaraciones. Y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la Masacre. Como resultado, hoy ninguno está en la cárcel pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad.

Violando el derecho de las víctimas, como que si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que sólo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal.

Hoy persiste la impunidad y la injusticia, cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país.

Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la guardia nacional, la verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos armados criminales que se pelean el control del territorio; esto junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta que en realidad nunca han parado en nuestro Municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la Parroquia católica de Santa Catarina en Pantelhó.

El hecho de que desde el pasado 28 de abril se siga apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licenciada con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023, sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra los que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas, así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros, pendientes del desarrollo de este proceso.

Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no ha llegado la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeoran cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia.

Hoy debemos asumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9: “Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales.

Dejemos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el Horizonte dónde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido, veamos la claridad y no la oscuridad.

Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de la organización de Las Abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).

Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso, hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados. Y, por supuesto, que no liberen del Cereso No. 14 “El Amate” al probado responsable material del asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien por lo menos debe purgar la condena de 25 años con la que fue sentenciado.

¡No a la impunidad!

¡Sí a la justicia!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023.

Atentamente,

 La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Con profunda pena y rabia, informamos que el dia de hoy, alrededor de las 00:20 horas, a la altura del kilómetro 129+700 de la carretera Coalcomán-Aquila, en el municipio de Chinicuila, fue localizado el cuerpo sin vida de nuestro hermano y compañero Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, quien el primero de agosto había sido “levantado” por un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Coalcomán, mismo que finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje.

Esta brutal ejecución por parte del cártel criminal se da ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo.

Denunciamos la colusión de la Guardia Nacional destacamentada en Chinicuila y Coalcomán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán de Coalcomán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG, mediante la protección otorgada a Cemei Verdía y el fortalecimiento de toda suerte de negocios ilegales que dañan la vida en nuestra comunidad, en la región y en todo el país.

Exigimos al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia en Michoacán hacer su trabajo y llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos, en su momento denunciados por la familia del hoy fallecido, castigando a los culpables de este terrible crimen y desarticulando al CJNG, asimismo, de todos los niveles de gobierno, exigimos:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE LA TORTURA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS Y DEL ASESINATO DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CÁRTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS CORRUPTOS.

3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los autores intelectuales y materiales de la tortura y ejecución de nuestro guardia comunal, Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 10 DE AGOSTO DE 2023

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Meseta Purépecha a 9 de agosto de 2023.

En el marco del #DiaInternacionalDeLosPueblosIndígenas, cientos de comuneras y comuneros bloquean permanentemente 7 carreteras federales en exigencia de servicios básicos y obras de infraestructura, manifestando que el Estado mexicano “es ciego, sordo y mudo” con las comunidades originarias.

A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, que aglutina a 70 comunidades de la entidad, informó que las tomas de carreteras surgen por una decisión la asamblea general de autoridades tradicionales y con el objetivo de visibilizar los problemas que persisten sus comunidades, argumentando que históricamente, es mediante la movilización, la resistencia y la lucha, como los pueblos originarios han logrado obtener reivindicaciones sociales y no con la sumisión o cooptación política.

Las carreteras que fueron bloqueadas son:

▪️Carretera Cheran-Zamora en Zopoco.
▪️Carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de San Juan Tumbio.
▪️Carretera Paracho-Uruapan en el Parque Comunal.
▪️Carretera Uruapan-Los Reyes en la comunidad de Nuevo Zirosto.
▪️Carretera Morelia-Zacapu en la entrada a Santa Fe de la Laguna.
▪️ Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin
▪️ Carretera Paracho-Charapan en la comunidad de San Francisco Corupo.

En su pliego petitorio exigen cinco puntos: una mesa de trabajo con la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, para trabajar en la falta de servicios elementales en las comunidades indígenas como lo son agua potable, drenaje y electricidad; una mesa de trabajo con el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a quien acusan de no atender a las 500 comunidades indígenas existentes en la entidad; el respeto al autogobierno de la comunidad de Turícuaro y la transferencia de la parte proporcional del presupuesto por parte del ayuntamiento de Nahuatzen; la presentación con vida de Cesar Ciprés Murguía, promotor cultural e integrante de los Barrios Tradicionales de Uruapan, desaparecido desde el pasado 6 de julio y el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán donde mandata al Presidente Municipal de Hidalgo José Luis Téllez Marín sesione en cabildo y autorice la entrega del presupuesto directo a la comunidad de San Matías el Grande.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

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La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

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A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día 1 de agosto de 2023, 3 habitantes de la comunidad de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos en camioneta y otro en su motocicleta. Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos.

Los tres permanecieron varios días retenidos por el grupo criminal hasta que al ser interrogados dos de ellos fueron liberados y sólo el que es miembro de la Guardia Comunal, Lorenzo Froylán, quedó retenido por el CJNG hasta este momento.

Las autoridades comunales, guiadas por las personas secuestradas y luego liberadas, harán efectivo su derecho y pondrán la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades de seguridad estatales cumplan con su trabajo e investiguen el paradero de nuestro guardia, así como garanticen su liberación.

Cabe destacar que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, sin embargo el CJNG actúa con total impunidad.

Esté cartel criminal está compuesto, entre otras, por algunas personas que anteriormente eran habitantes de nuestra comunidad, quienes luego de traicionarla, decidieron seguir una carrera como delincuentes: Cemeí Verdía Zepeda, Leonardo Bravo Manjares, alias Gorraprieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

Nuestra comunidad se encuentra organizada y unida para enfrentar estos ataques, tenemos a nuestra Guardia Comunal y a nuestras instituciones; estamos acompañando a las familias de nuestros compañeros liberados y a la de nuestro guardia retenido.

Señalamos que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que ha cometido el CJNG no sólo en contra de nuestra comunidad, sino en contra de otras comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla.

Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica, mayor protección en Michoacán y Colima y ampliar sus redes políticas dentro de los gobiernos de estos dos estados.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Secretaría de Marina y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, incluyendo el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y tan sólo este año, el 12 de enero, 3 de nuestros guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados por este grupo denominado CJNG.

El 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Migue Aquila, fueron desaparecidos también por este grupo.

El 1 de abril, el comunero Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado a manos de miembros de este CJNG y el 14 del mismo mes, nuestro ex jefe de Tenencia, Juan Medina fue también asesinado por un criminal ligado a este grupo.

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