Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación de pobladores de Homún, en la capital de Yucatán, para exigir que la Secretaría de Desarrollo Sustentable acate la orden judicial y revoque los permisos ambientales para la operación de la megagranja porcícola, propiedad de PAPO, ubicada en la localidad maya. Foto:Tapanco Centro Cultural.}

El pasado jueves (15), habitantes de Homún e integrantes del Colectivo Maya Kanan Ts’ono’Ot (Guardianes de los Cenotes) se movilizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que acate la sentencia de un juez federal, quien, un día antes, resolvió una demanda de amparo ordenando la cancelación de autorización ambiental para la operación de una megagranja porcícola ubicada en la comunidad maya.

Mediante comunicado firmado por la comunidad y organización maya, y difundido por el Equipo Indignación, enfatizan que la resolución judicial corresponde a una demanda de amparo interpuesto por habitantes de Homún, en la que se determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió la operación de la megagranja porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en dicho municipio.

Te puede interesar – ¿Porcicultura sustentable?: mito basado en despojo, desigualdad, contaminación y corrupción

Como parte de la resolución, el juez también ordenó a la SDS la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún, toda vez que es requisito para cualquier empresa presentar una MIA para obtener la autorización de cualquier permiso ambiental, en este caso, para la operación de la megagranja porcícola. En la resolución, se hace alusión a que dicha consulta deberá cumplir “los más altos estándares y [se deberá] emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida”, cita el comunicado.

No obstante la orden para revocar los permisos ambientales de la mega granja porcícola, las y los habitantes de Homún consideran que la resolución es parcial y la decisión del juez es “tibia y tardía”, pues pone en evidencia lo que consideran como un procedimiento ilegal, al reiterar que se requiere la realización de una consulta previa antes de autorizar cualquier MIA, ignorando que ya existe una autoconsulta donde la población de Homún se posicionó por un rotundo NO a la operación de la megagranja.. Acorde a la comunidad y organización maya, “todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”.

Cabe recordar que, mediante el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en marzo de 2023, se identificaron 507 coordenadas de la ubicación de posibles granjas solo en este estado de la península.

Con fundamentos científicos y para dar seguimiento a las denuncias presentadas durante años por dversas comunidades de la región, la Semarnat ubicó una mayor presencia de las granjas en municipios como Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Entre las localidades con mayor densidad de granjas se encuentra Homún, con 15 instalaciones para la cría de animales para la agroindustria.

Ante la victoria legal y mediante la protesta, los pobladores y organizaciones demandaron a la SDS que se abstuviera de impugnar la resolución. El plazo para solicitar la revisión de la resolución judicial vencía este lunes (19). La secretaría no incurrió en dicho procedimiento.

Exigen respeto a autoconsulta

Sostienen que realizaron por su cuenta una consulta para decidir sobre la operación de la mega granja propiedad de PAPO.

Te puede interesar – Pueblo maya obtiene freno legal contra megaproyectos que amenazan cenotes en Yucatán

“Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia. Alrededor de 790 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja”, recordaron.

Por esta razón, exigieron a la SDS que respete los resultados de su consulta, la decisión del pueblo maya de Homún de rechazar la mega granja y también la reparación de los daños ocasionados por la operación de esta industria en la región.

“¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo”, reiteraron los pobladores mayas.

Siete años después

La comunidad maya de Homún destaca que, tuvieron que transcurrir siete años para obtener una resolución a su favor.Esto debido a que desde noviembre del 2017, tras la aprobación de la MIA, el pueblo de Homún promovió el juicio de amparo debido a que argumentaron omitió estudios decisivos, y tampoco consideró posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida.

Desde aquel momento, denuciaron lo que consideraron una autorización irregular de la MIA y que, en consecuencia, cualquier operación de la megagranja constituía una ilegalidad.

“Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y ‘para efectos’”, afirmaron en referencia a la orden de realizar una consulta, a pesar de que el pueblo de Homún ya tomó una decisión para no permitir la operación de la megagranja porcícola.

Según la comunidad maya de Homún, este largo proceso demuestra que “la ‘justicia’ no es justicia para el pueblo maya”. Además, enfatizaron que la reciente sentencia no contempla la reparación del daño. “Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?”, cuestionaron mediante su declaración ante la resolución judicial.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro}

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.

Te puede interesar – Crisis de desplazamiento en Chiapas: 2,300 personas huyen de violencia del crimen organizado

En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjunto albergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

Te puede interesar – Entre la guerra de cárteles en Chiapas, Rolando, comisariado ejidal, desapareció por defender su pueblo

La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento del estado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.

Te puede interesar – Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de barita en Chicomuselo

Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

Te puede interesar – Los intentos de invisibilizar la guerra en Chiapas

“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

Julian Assange presentará esta semana su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición. Si es extraditado, significará el fin de las investigaciones sobre el funcionamiento interno del poder por parte de la prensa.

Assange – por Mr. Fish

LONDRES – Si a Julian Assange se le niega el permiso para apelar su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Superior de Londres esta semana, no le quedará ningún recurso dentro del sistema legal británico. Sus abogados pueden solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud de la Regla 39, que se concede en “circunstancias excepcionales” y “sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero no es nada seguro que el tribunal británico esté de acuerdo. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción de la Regla 39 o puede decidir ignorar una solicitud del TEDH para permitir que el tribunal escuche su caso.

La persecución de casi 15 años de Julian, que ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se realiza en nombre de la extradición a los Estados Unidos, donde sería juzgado por presuntamente violar 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917. con una pena potencial de 170 años.

El “crimen” de Julian es que publicó documentos clasificados, mensajes internos, informes y videos del gobierno y el ejército de Estados Unidos en 2010, que fueron proporcionados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto tesoro de material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en la Bahía de Guantánamo y las condiciones a las que fueron sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes –incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que mataron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos capturados en el vídeo de Asesinato Colateral– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense busca borrar de la historia.

La persecución de Julián es un mensaje siniestro para el resto de nosotros. Desafía al imperio estadounidense, expone sus crímenes y, sin importar quién seas, sin importar de qué país vengas, sin importar dónde vivas, serás perseguido y llevado a Estados Unidos para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Si Julián es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación en el funcionamiento interno del poder estatal. Poseer, y mucho menos publicar, material clasificado (como hice yo cuando era reportero del New York Times) será criminalizado. Y ese es el punto, como lo entendieron The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, quienes emitieron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos en su contra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y otros legisladores federales votaron el jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pusieran fin al encarcelamiento de Julian, señalando que se debía a que él “hacía su trabajo como periodista” para revelar “evidencias de mala conducta por parte de Estados Unidos”.

El caso legal contra Julian, que he cubierto desde el principio y que cubriré nuevamente en Londres esta semana, tiene una extraña cualidad de Alicia en el país de las maravillas, donde jueces y abogados hablan en tonos solemnes sobre la ley y la justicia mientras se burlan del principios más básicos de las libertades civiles y la jurisprudencia.

¿Cómo pueden avanzar las audiencias cuando la firma de seguridad española en la Embajada de Ecuador, UC Global, donde Julián buscó refugio durante siete años, proporcionó vigilancia en video de las reuniones entre Julián y sus abogados a la CIA, destripando el privilegio abogado-cliente? Esto por sí solo debería haber hecho que el caso fuera desestimado por los tribunales.

¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julián y permitir que la Policía Metropolitana de Londres ingrese a la Embajada de Ecuador (territorio soberano de Ecuador) para llevar a Julián a una camioneta policial que lo espera?

¿Por qué los tribunales aceptaron la acusación de la fiscalía de que Julián no es un periodista legítimo?

¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la extradición por delitos políticos?

¿Cómo se permite que siga adelante el caso contra Julian después de que el testigo clave de Estados Unidos, Sigurdur Thordarson, un estafador y pedófilo convicto, admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian?

¿Cómo se puede acusar a Julian, un ciudadano australiano, en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos cuando no participó en espionaje y no se encontraba en Estados Unidos cuando recibió los documentos filtrados?

¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julián sea extraditado a Estados Unidos cuando la CIA (además de poner a Julián bajo vigilancia digital y por video las 24 horas mientras estaba en la Embajada de Ecuador) consideró secuestrarlo y asesinarlo, planes que incluían un posible tiroteo? en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando, como hizo Daniel Ellsberg, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó?

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor de The New York Times o The Guardian por publicar el mismo material filtrado en asociación con WikiLeaks?

¿Por qué Julián está recluido en aislamiento en una prisión de alta seguridad sin juicio durante casi cinco años cuando su única violación técnica de la ley es violar las condiciones de la libertad bajo fianza cuando solicitó asilo en la Embajada de Ecuador? Normalmente esto conllevaría una multa.

¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza después de que lo enviaron a la Prisión de Belmarsh?

Si extraditan a Julián, su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público (salvo en raras ocasiones) y se le seguirá liberando bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, donde el gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté formado en gran medida por personas que trabajan o tienen amigos y familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede no lejos del tribunal, sin duda contribuye a esta serie de decisiones judiciales.

Los tribunales británicos, desde el principio, han hecho que el caso sea notoriamente difícil de cubrir, limitando severamente los asientos en la sala, proporcionando enlaces de video que han sido defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

Como es habitual, no se nos informa sobre horarios ni horarios. ¿El tribunal emitirá una decisión al final de la audiencia de dos días el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para emitir un fallo como lo ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH conozca el caso o enviará inmediatamente a Julian a Estados Unidos? Tengo mis dudas sobre que el Tribunal Superior pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario para los Derechos Humanos, se oponen a la “detención, extradición y procesamiento” de Julian porque representa “un precedente peligroso para los periodistas”. ¿El tribunal honrará la solicitud de Julian de estar presente en la audiencia, o se verá obligado a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Thamesmead, al sureste de Londres, como también ha sucedido antes? Nadie es capaz de decírnoslo.

Julian se salvó de la extradición en enero de 2021 cuando la jueza de distrito Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster se negó a autorizar la solicitud de extradición. En su fallo de 132 páginas, encontró que existía un “riesgo sustancial” de que Julian se suicidara debido a la gravedad de las condiciones que soportaría en el sistema penitenciario estadounidense. Pero este era un hilo delgado. El juez aceptó todos los cargos presentados por Estados Unidos contra Julian como presentados de buena fe. Rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas, que no obtendría un juicio justo en Estados Unidos y que su procesamiento es un asalto a la libertad de prensa.

La decisión de Baraitser fue revocada después de que el gobierno de Estados Unidos apeló ante el Tribunal Superior de Londres. Aunque el Tribunal Superior aceptó las conclusiones de Baraitser sobre el “riesgo sustancial” de suicidio de Julian si fuera sometido a ciertas condiciones dentro de una prisión estadounidense, también aceptó cuatro garantías en la Nota Diplomática estadounidense núm. 74, presentada ante el tribunal en febrero de 2021, en la que prometía que Julián sería tratado bien.

El gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías “responden enteramente a las preocupaciones que llevaron al juez [del tribunal inferior] a despedir al señor Assange”. Las “garantías” establecen que Julián no estará sujeto a misiles antiaéreos. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no estará recluido en el Centro Administrativo Máximo (CAM) en Florence, Colorado.

Suena tranquilizador. Pero es parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julián.

Nadie permanece detenido antes del juicio en el CAM de Florence. El Centro Administrativo Máximo de Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. donde Julian puede ser encarcelado. Podría ser ubicado en una de nuestras otras instalaciones similares a Guantánamo en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que replican el aislamiento casi total impuesto por los SAM. Las “garantías” no son jurídicamente vinculantes. Todos vienen con cláusulas de escape.

Si Julian hace “algo posterior a la oferta de estas garantías que cumpla con las pruebas para la imposición de SAM o la designación al Centro Administrativo Máximo (CAM)”, admitió el tribunal, estará sujeto a estas formas de control más severas. Si Australia no solicita un traslado, “no puede ser motivo de crítica a Estados Unidos, ni motivo para considerar que las garantías son inadecuadas para satisfacer las preocupaciones del juez”, se lee en el fallo. E incluso si ese no fuera el caso, a Julian le tomaría entre 10 y 15 años apelar su sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sería tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional dijo que “las garantías no valen ni el papel en el que están escritas”.

Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Superior para que le concedan permiso para apelar varios de los argumentos contra la extradición que el juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se concede la apelación, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una “grave violación” de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que tanto el Reino Unido como los Estados Unidos consideran. el tratado de extradición no lo permite; que Julian está acusado de “delitos políticos puros” y las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. el tratado de extradición prohíbe la extradición en tales circunstancias; que Julian no debería ser extraditado para enfrentar un proceso judicial donde la Ley de Espionaje “se está extendiendo de una manera imprevisible y sin precedentes”; que los cargos podrían modificarse y que Julián enfrentaría la pena de muerte; y que Julián no recibirá un juicio justo en Estados Unidos. También piden el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julián.

Si el Tribunal Superior concede permiso a Julian para apelar, se programará una audiencia adicional durante la cual argumentará los motivos de su apelación. Si el Tribunal Superior se niega a conceder permiso a Julian para apelar, la única opción que queda es apelar ante el TEDH. Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue llevada a cabo por la administración de Donald Trump luego de la publicación por WikiLeaks de los documentos conocidos como Bóveda 7, que exponían los programas de guerra cibernética de la CIA, incluidos aquellos diseñados para monitorear y tomar el control de automóviles, Televisores, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

El liderazgo del Partido Demócrata se volvió tan sediento de sangre como los republicanos luego de que WikiLeaks publicara decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos funcionarios demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Los correos electrónicos de Podesta expusieron que Clinton y otros miembros de la administración Obama sabían que Arabia Saudita y Qatar (que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton) eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton dio a Goldman Sachs, por las que le pagaron 675.000 dólares, una suma tan grande que sólo puede considerarse un soborno. En los correos electrónicos se vio a Clinton diciendo a las elites financieras que quería “comercio abierto y fronteras abiertas” y creía que los ejecutivos de Wall Street estaban en la mejor posición para administrar la economía, una declaración que contradecía sus promesas de campaña de reforma financiera. Expusieron la estrategia autodenominada “flautista” de la campaña de Clinton, que utilizó sus contactos con la prensa para influir en las primarias republicanas al “elevar” a lo que llamaron “candidatos más extremos”, para garantizar que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento avanzado de Clinton sobre las cuestiones en un debate primario. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como uno de los arquitectos de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que mejoraría sus credenciales como candidata presidencial.

Los periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los registros de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

El liderazgo demócrata, que intentó culpar a Rusia por su derrota electoral ante Trump (en lo que se conoció como Russiagate), acusó de que los correos electrónicos de Podestá y las filtraciones del Comité Nacional Demócrata fueron obtenidos por piratas informáticos del gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el ex FBI director, “no desarrolló pruebas admisibles suficientes de que WikiLeaks supiera, o incluso estuviera intencionalmente ciego a” cualquier presunto hackeo por parte del estado ruso.

Julian es perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del gobierno de Estados Unidos desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, no era partidista. Su objetivo era el poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes y puestos de control estadounidenses, entre ellos mujeres embarazadas, ciegos y sordos, y al menos 30 niños.

Hizo públicas las más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes y la tortura y el abuso de unos 800 hombres y niños, de edades comprendidas entre 14 y 89 años, en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

Nos mostró que Hillary Clinton en 2009 ordenó a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros representantes de la ONU de China, Francia, Rusia y el Reino Unido, espionaje que incluía la obtención de ADN, escaneos de iris, huellas dactilares y contraseñas personales. .

Expuso que Obama, Hillary Clinton y la CIA respaldaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, reemplazándolo por un régimen militar corrupto y asesino.

Reveló que Estados Unidos lanzó en secreto ataques con misiles, bombas y drones contra Yemen, matando a decenas de civiles.

Ningún otro periodista contemporáneo se ha acercado a igualar sus revelaciones.

Julián es el primero. Nosotros somos los siguientes.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En el sur de Tanzania, con el argumento de la conservación de la naturaleza y el financiamiento del Banco Mundial, más de 20 mil personas del pueblo Maasai se enfrentan a la amenaza de desplazamiento forzado debido a la expansión del Parque Nacional Ruaha (RUNAPA, por sus siglas en inglés).

Fue en octubre 2022 cuando Angeline Mabula, del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos del país africano, anunció que las aldeas de Luhanga, Madundasi, Msanga, Iyala y Kalambo, sumando una población de 21,252 personas, junto con 47 subaldeas dentro de la región de Mbeya, serían dadas de baja y sus residentes desalojados para la expansión del RUNAPA.

Los intentos de desalojo en dicha área se dispararon como consecuencia del programa Gestión Resiliente de Recursos Naturales para el Turismo y Crecimiento (REGROW, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, un proyecto de 150 millones de dólares que tiene como objetivo la financiación de infraestructura y gestión para el desarrollo de cuatro parques nacionales en el país africano.

El informe Irresponsable y cómplice: El Banco Mundial financia los desalojos y los abusos de los derechos humanos en Tanzania, elaborado por el Instituto Oakland, acusa al ente financiero por “consentir” los desalojos, violaciones y asesinatos que se han registrado para la expansión del RUNAPA, el cual el gobierno pretende ampliar de uno a más dos millones de hectáreas.

“La violencia perpetrada por los guardabosques de la vida silvestre y las incautaciones desenfrenadas de ganado se están llevando a cabo para obligar a la gente a salir de sus tierras”, denuncia el Instituto quien también señala casos de violencia sexual y otras prácticas de crueldad por parte de los guardabosques financiados por REGROW.

Te puede interesar – WWF es acusada de financiar y armar grupos paramilitares que torturan y asesinan personas

Entre los testimonios recopilados para el informe, destacan la actuación de los guardabosques armados, quienes han sido involucrados en asesinatos. “Los tratan con crueldad, incluso los matan sin razón. No hay estado de derecho. RUNAPA está arrebatando tierras a agricultores y pastores y nos vemos obligados a abandonar nuestras tierras ancestrales”, comparte un poblador Maasai.

Según una alerta de la organización Salva la Selva, “estas estrategias de violencia y desplazamiento no son nuevas para los pueblos indígenas de Tanzania: más de 100,000 Maasai luchan por sus tierras y medios de subsistencia en el cráter del Ngorongoro y en el Serengeti”.

La alarma ante el desplazamiento de 80,000 habitantes de Ngorongoro, al norte del país africano, se disparó cuando en enero de este 2024 el gobierno de Tanzania anunció el cambio del estatus legal del Área de Conservación del Ngorongoro para no permitir ningún asentamiento humano. Tras el posicionamiento, las autoridades fijaron el objetivo de evacuar a 20,000 personas antes de marzo del presente año.

Estos desplazamientos se suman al caso del parque Ruahua, donde el gobierno de Tanzania afirma que, desde 2008, los límites del RUNAPA abarcan los territorios de las aldeas que busca desalojar en la actualidad. Sin embargo, los pobladores locales aseguran que dicha demarcación se limitó a un anuncio del gobierno que nunca fue implementado y, las aldeas que se ubican en dicho lugar que han permanecido durante generaciones, nunca otorgaron su consentimiento para la expansión del área protegida. Por ello, 852 pobladores mantienen una lucha legal ante el Tribunal Superior de Tanzania para detener los desalojos.

Te puede interesar – Red Ambiental Indígena: “No se trata solo del saqueo de nuestra tierra, es el saqueo de nuestra identidad”

Acorde al informe del Instituto Oakland, las amenazas de desplazamiento repercuten negativamente en la cotidianidad de las poblaciones africanas. Esto debido a que grandes extensiones de arrozales no se han cultivado ante el temor de que los desalojos masivos sucedan en cualquier momento.

“En varias comunidades ya se han señalado casas para su demolición. Las obras de construcción de una escuela secundaria en la villa de Luhanga se han paralizado. En el pueblo de Iyala, el número de alumnos que pasan de la escuela primaria a la secundaria ha disminuido drásticamente. Los padres han dejado de enviar a sus hijos a la escuela debido a la amenaza de desalojo”, detalla el documento.

Turismo y conservación a costa de las personas

A pesar de que el informe del Instituto Oakland revela las violaciones del gobierno de Tanzania, producto del financiamiento del Banco Mundial, éste informó que su “mandato no se extiende a supervisar el comportamiento de organismos de los gobiernos de los países miembros” y se excusó de la violencia debido a que “en la medida en que el gobierno lleve a cabo desalojos con el fin de ampliar los límites del parque, tales actividades quedarían fuera del ámbito del proyecto”.

Ante las declaraciones del banco, Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland, acusó que el proyecto REGROW, que argumenta enfocarse en proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, por el contrario, financia un modelo represivo y violento de crecimiento económico con base en el aumento de los ingresos por turismo.

Cabe resaltar que el sector turístico en Tanzania representa uno de los mayores generadores de divisas, por lo que el gobierno del país africano se basó en estudios del Banco Mundial que busca aumentar la llegada de uno a ocho millones de turistas para 2025, principalmente de aquellos provenientes de China, India y Rusia.

“En vista de la condena internacional de los desalojos forzosos de los Maasai en Ngorongoro y Loliondo, resulta asombroso que el banco sea cómplice de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar la ampliación de otro parque nacional para el turismo”, condenó Mittal.

El programa REGROW se ejecuta desde el año 2017 y está previsto para implementarse hasta 2025. El proyecto abarca cuatro zonas protegidas: Parque Nacional de Mikumi, Parque Nacional Nyerere, Parque Nacional de las Montañas Udzungwa y Parque Nacional Ruaha, todos ubicados en lo que el Banco Mundial considera zonas turísticas prioritarias en el sur de Tanzania.

De un presupuesto total de 150 millones de dólares, 106 se destinarán a la ampliación de infraestructuras en áreas protegidas para con ello construir carreteras para mejorar el acceso a lugares turísticos, pistas de aterrizaje y centros de visitantes. También se encamina a la consolidación de puestos de seguridad y para el equipamiento de los guardaparques para evitar el uso “ilegal” de los recursos con actividades como la agricultura y el pastoreo.

Para octubre de 2023, el Banco Mundial había desembolsado ya 92 millones de dólares del programa, de los cuales 28 millones se entregaron tras efectuarse la queja oficial de los miembros de la comunidad Maasai en junio de 2023.

Para organizaciones como Salva la Selva, la situación en Tanzania es una muestra del peligro que representa la implementación de modelos de conservación como los que promueve la Cumbre de la ONU sobre Biodiversidad COP 15. Esto debido a que en 2022, casi 200 países acordaron colocar bajo protección el 30% de sus tierras y aguas para el año 2030.

Te puede interesar – COP15: Acuerdo para convertir 30% del planeta en áreas protegidas amenaza pueblos indígenas

“Si esta propuesta se implementa de mala manera, hasta 300 millones de personas podrían llegar a perder sus tierras y sus medios de subsistencia. Sin embargo, la expansión indiscriminada de las zonas protegidas no detendrá la destrucción del medio ambiente y la extinción masiva de especies”, sostiene la organización ambientalista.

Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Karen Castillo}

^{En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.}

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto: Página 3}

Este miércoles 14 de febrero, miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) iniciaron manifestaciones en varias partes del territorio mexicano. Bloquearon las vías del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Oaxaca, donde intervino la Marina. Reportan que dos de sus dirigentes fueron detenidos.

Las diversas acciones han sido en torno a las exigencias de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el aumento de sus pensiones, ya que argumentan que lo que reciben actualmente es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Los jubilados, personas de la tercera edad en su mayoría, señalan que han sostenido 18 mesas de negociación sin resultados satisfactorios. Las protestas se suscitaron simultáneamente en la Ciudad de México, donde bloqueando calles cercanas a Palacio Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua y también en áreas del Tren Maya en Campeche, así como las vías del tren Interoceánico en Matías Romero.

La intervención de elementos de la Marina, la policía estatal y municipal permitió que el flujo en las vías del Tren Interoceánico volviera a la normalidad. Mientras tanto, se desconoce la situación legal de los dos líderes ferrocarrileros detenidos durante el desalojo en Matías Romero, Oaxaca.

José Luis Godínez, fue aprendido mientras reclamaba su libre derecho a manifestarse y por solicitar un diálogo directo con la nueva secretaria de gobernación.

Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal ya suman un listado de acciones de represión contra diversas protestas en torno al tren y al Corredor Interoceánico en su conjunto.

Ver también: Comunidad zapoteca exige revocación de sentencia por 46 años contra opositor al Corredor Interocéanico

Recientemente, el indígena zapoteca David Hernández, quien resiste al lado de su comunidad a la imposición de un parque industrial en Puente Madera, fue condenado a 46 años de prisión. El activista es acusado, entre otros delitos, de “obstrucción a las vías federales de comunicación”.

También están en prisión nueve activistas de Mixtequilla, Oaxaca, quienes se oponen a la imposición de otro parque industrial en su comunidad que forma parte del Corredor Interoceánico.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop}

El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.

En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.

En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.

De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.

Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.

El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.

¿Tolerante a la sequía?

Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.

Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.

Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.

Contaminación

El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.

El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.

Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.

La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.