Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

Ver también ⇒ ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.

Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

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Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.

Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.

Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.

Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.

Se trata de políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación, al servicio de los grandes capitales globales y en contra de la organización autónoma de nuestros pueblos; todo lo anterior con apoyo en la militarización, la implementación de la Guardia Nacional y la militarización de todo el territorio nacional, la complicidad Estado-Cárteles criminales, la creación de programas que buscan romper la organización comunitaria como es el caso de Sembrando Vida y la aprobación de leyes favorables a los grandes consorcios trasnacionales como la Ley Federal Para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

El CNI y el CIG –con las comunidades zapatistas-, siendo congreso cuando estamos juntos y red cuando estamos separados, somos esa palabra colectiva que no solo hacemos nuestra, sino que nos tejemos en ella y con ella, en la determinación de que nuestra resistencia crecerá tan grande, como grande sea la amenaza capitalista a la vida.

Porque para nuestros pueblos no hay espacio para rendirnos, vendernos o claudicar, cuando son la madre tierra y la vida la que los gobiernos, empresas, militares y cárteles de las drogas quieren tener como botín del robo y

CONSIDERANDO QUE:

1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización en contra de las comunidades que resisten al Proyecto Integral Morelos, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegalmente y con la utilización de su grupo armado de choque al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la herencia heroica de Samir Flores Soberanes se mantiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni claudican;

2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunidades autónomas y de las comunidades de originarios del CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos garantizan impunidad para los grupos paramilitares que, financiados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y comunidades hermanas;

3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas armadas, en su descarada alianza con los oscuros intereses económicos que apuestan a quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando miedo y terror, violando cínicamente las leyes, sentencias y suspensiones judiciales para imponer sus megaproyectos, que entregan el territorio del país a los intereses económicos transnacionales;

4.- La resistencia y rebeldía crecen en la geografía de los pueblos originarios, porque crecen también el despojo y la represión violenta desde el lado del mal gobierno en todos sus niveles, en complicidad con grupos paramilitares y narco paramilitares, que hacen posibles sus proyectos extractivos y contaminantes, e incluso, en las grandes ciudades nuestros pueblos resisten como lo demuestra la comunidad otomí residente en la Ciudad de México;

5.- Desde las luchas que somos, los pueblos originarios vemos que en el mundo se encienden esperanzas a esta guerra que es la misma, y desde lejanas geografías volteamos hacia donde mismo, o sea hacia la lucha por la vida, que se hace un lenguaje en el que nos vemos los unos a los otros y;

6.- Existe la convocatoria zapatista de iniciar un recorrido planetario en el mes de abril de 2021, iniciando en el continente europeo, al que está invitado el CNI mediante la integración de una delegación para acompañar ese caminar y llevar nuestra palabra colectiva;

CONVOCAMOS
A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, para que asistan a la

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Que tendrá lugar en:

LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUEBLO
NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS,
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021

Bajo el siguiente programa:

23 de enero:
Inauguración
Mesas de trabajo:

• Balance del despojo y la guerra capitalista contra nuestros pueblos.
• Propuesta para la participación de una delegación del CNI-CIG en el recorrido planetario zapatista.

24 de enero:

Plenaria abierta:

• Conclusión de mesas de trabajo
• Acuerdos y resolutivos
• Comunicado público
• Clausura

NOTA 1: Considerando las actuales circunstancias sanitarias se invita a que nombremos un@ o dos delegad@s por pueblo, comunidad u organización indígena, según sea el caso, con el fin de realizar una asamblea ampliamente representativa pero menos numerosa.  Quienes asistan deberán cumplir con las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y cara. Y las que se implementen en el lugar de la reunión.

NOTA 2: Quienes no sean delegad@s o concejales del CNI/CIG únicamente podrán entrar a la asamblea mediante invitación expresa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Atentamente
Diciembre de 2021

 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

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ROMPIENDO FRONTERAS

PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario

ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia.  Autoconvocadxs x los Humedales.

EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el  alto al racismo,  al abuso policial, y por la libertad de las y los  presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.

Desde el ombligo del monstruo

MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.

CHIAPAS:  Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.

LUCHA POR LA VIDA:  RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez

GUANAJUATO:  Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron  ya se estan identificando.
ZonaDocs

CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.

QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas  piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo

MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020

Por Santiago Navarro F.

Este lunes 7 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad. El agua, el vital líquido para la vida en el planeta tierra, ha sido enmarcado en los flujos de la oferta y la demanda del mercado financiero. Tal cual como cotizan en el mercado de futuros el trigo, el maíz, la soja, el petróleo y el oro, su escases comenzará a fluctuar como una mercancía más (commodity) en la bolsa de valores de New York, con el índice Nasdaq Veles California Water Index, con la clave de pizarra NQH2O, así lo ha informado CME Group.

La arquitectura de este nuevo instrumento financiero ha sido creada por CME Group Inc., la bolsa de futuros más grande del mundo. Esta empresa estadounidense ha decidido comenzar a cotizar con el agua de California, un mercado de 1.100 millones de dólares, son los primeros de su tipo en los EE. UU. Pero se espera que sea un referente para el mercado mundial del agua.

De acuerdo con los especialistas de CME, la determinación de incluir el agua en la ley de la oferta y la demanda del mercado de futuros se debe, en principio, a que los grandes consumidores de agua de California, y el resto de los Estados Unidos, se puedan proteger contra el aumento de los precios y apostar por su disponibilidad en un futuro, en el cual se avizora una mayor escasez. Actualmente, según datos de la ONU, más de 2 mil millones de personas, sobre todo aquellos en situación de pobreza y marginalidad, no tienen acceso al agua.

Esta determinación permite, también, especular con lo que se ve venir en un futuro no muy lejano para el planeta entero, ya que la propia empresa estadounidense prevé que casi dos tercios de la población mundial enfrentará una monstruosa escasez de agua para 2025. Estamos hablando de que, a mayor escasez, una mayor demanda eleva los precios de este commodity.

“La escasez de agua es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades y las personas en la actualidad en todo el mundo”, dijo Tim McCourt, director global de índice de acciones y productos de inversión alternativa en CME.

Apostar por la vida o el mercado

A menudo se han emitido conjeturas argumentado que las próximas guerras serán por el agua. Esto parecía algo muy lejano o algo que sonaba más próximo a una teoría de la conspiración. Pero el nuevo escenario ha comenzado. Quien gobierne los mercados del agua tendrán, incluso, un mayor poder que los llamados Carbon Major, las 20 compañías de combustibles fósiles que han tenido en sus manos las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón y, con ello, toda la matriz energética que ha sostenido el mercado basado en los combustibles fósiles.

El nuevo mercado del agua es en sí mismo el mercado por el derecho a la vida, porque los automóviles y las fábricas podrían quedarse sin energéticos, pero la humanidad perecerá sin el acceso a este vital líquido.

De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos ricos.

Este informe también asevera que, si continúa la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, se afectará principalmente la producción de alimentos y esto golpeará principalmente a los más pobres. “Para 2050 estará en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción mundial de cereales”, puntualiza el informe.

El acceso al agua y la militarización

La ONU advierte que una de las regiones que serán fuertemente golpeadas por la escasez de agua será América Latina y el Caribe. “Se prevé que en América Central y América del Sur continuarán produciéndose los cambios observados en el flujo fluvial y la disponibilidad de agua, los que afectarán a las áreas más vulnerables”, señalaron expertos de la ONU.

Desde el Río Bravo hasta la Patagonia empresas como Coca-Cola, Nestlé, Du Pont, Monsanto, Cargill, ADM, entre otras, han privatizado ríos, manantiales y aguas subterráneas para la agricultura y la ganadería industrial, las mismas que han contaminado los espejos de agua existentes a su alrededor.

Pero también hay presencia militar. Un ejemplo es la llamada Triple Frontera donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coinciden con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esta área se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante. Esta es una zona estratégica dónde ha habido presencia militar de los EEUU.

Está área tiene una importancia de ámbito geopolítico, incluso, el Banco Mundial (BM), junto con la ONU y organizamos como la Organización Estados Americanos (OEA), viene implementando, desde los años 1990, procesos de administración y privatización de los principales mantos freáticos. Los planes de protección y conservación son mecanismos de administración de estas zonas estratégicas.

“En el año 2000, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron el Proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, para estudiar y planificar la gestión a largo plazo del SAG. El proyecto tardó dos años en desarrollarse y fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como principal financiador internacional, y por el Banco Mundial en julio de 2002”, señala el documento An Independent Evaluation of the World Bank’s Support of Regional Programs.

Por otra parte, están los conflictos por este vital líquido que ya han comenzado años atrás – la guerra del agua en Bolivia hace 20 años es un caso emblemático – y, para ello, se requerirán nuevos sistemas de seguridad, como los que esta implementando el Comando Sur como parte de su adiestramiento en los países aliados.

Mientras que el mercado del agua ha dado su siguiente paso con el sector financiero, ahora solo queda esperar que disponibilidad tendrán los pueblos y comunidades donde se encuentran los principales reservorios de agua dulce.

Por Sare Frabes

El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.

Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.

Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.

Leer también ⇒ Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

A continuación, el mensaje de las comunidades indígenas ante la sordera del estado y su interés para imponer megaproyectos de despojo.

_{Foto: Archivo de Avispa Midia}

Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.

El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.

Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.

Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.

Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.

Obrador

En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.

Medidas contundentes

Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.

Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.

Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).