Por Amílcar Morales y Diego Petzey

La comunidad de Guaraquiche, Jocotán, es una de las comunidades ch’orti’ que fue afectada por las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado. Dos meses después la población sigue en riesgo y esperando respuesta a sus demandas de parte de las autoridades.

Gabriel Ramírez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), informó que son 286 familias, integradas por 1,268 personas, las que viven en 186 viviendas. Del total de grupos familiares 219 tuvieron que ser evacuados y albergados en la escuela oficial.

Las autoridades comunitarias decidieron resguardar la vida de los vecinos habilitando el albergue en la escuela, pero lastimosamente no contaron con el apoyo suficiente para mantener el albergue. A los pocos días del paso las tormentas muchas familias decidieron regresar a sus viviendas a pesar del peligro.

Las últimas 12 familias que se habían quedado en el albergue también regresaron a sus viviendas por la falta de atención de parte de las autoridades gubernamentales. Ante esto Ramírez dice: “nosotros como autoridades locales no podemos hacer mayor cosa, la situación es alarmante, sino fuera por los medios de comunicación creo que las autoridades competentes nunca se enterarían, debido a la poca atención de las autoridades municipales no se le ha dado promoción a esto”.

José María Ramírez, delegado de la Iglesia católica, relata que “el cerro colorado se agrietó mucho y pensamos que se podría derrumbar por lo que muchos se albergaron en casas de otros vecinos y algunos en la escuela, ahora ya regresaron a sus casas por ya no tener otra opción donde ir. Pero el riesgo sigue y es bastante, la carretera está destruida, viéndolo bien es grande el desastre que está en el mismo lugar”.

Gabriel Ramírez y José María Ramírez concuerdan que ninguna institución ha llegado a su comunidad para auxiliarlos. Las autoridades municipales solamente fueron a ver el desastre pero que hayan hecho algo por la comunidad especialmente por lo que estaban en peligro no han hecho nada.

El cerro el dorado presenta muchas grietas, durante las tormentas las lluvias inundaron las carreteras con esto las comunidades Orégano, Guayabilla, Conacaste, Morrito, Tierra Blanca, Candelero se han quedado aisladas. Sino no son atendidas por las autoridades municipales y del estado podría suceder algún desastre grande, estamos en riesgo la tierra se ha ido desplazando poco a poco refiere Gabriel Ramírez.

Para acceder a la comunidad es necesario cruzar el puente la Asunción ubicado sobre el rio Guarraquiche pero durante las tormentas el puente colapsó por lo que todas estas comunidades del área norte de Jocotán quedaron incomunicadas por varias semanas hasta que se construyó un puente de hamaca que es el que se utiliza en la actualidad.

Para salir de la comunidad son 15 quetzales de pasaje de ida y 15 de vuelta, 30 quetzales en total. Nos están cobrando el triple y para los que no tenemos dinero, caminamos a pie hasta el centro del municipio refiere José María Ramírez.

A pesar de los riesgos y por todo el tiempo que estuvieron incomunicados el cobro de la energía eléctrica no se detuvo y que a mediados del mes de enero llegaron los recibos de cobro.

Para Ovidia García Gómez, vecina de la comunidad, la energía eléctrica no es un beneficio porque el cobro que se les hace es exagerado. “A mí me duele bastante esta situación, la luz viene recara y con qué dinero pagamos. Cuando se destruyó el puente quedamos incomunicados, entonces se atrasaron para venir a dejar el recibo de luz y ahora que ya pasaron, la factura vino por Q 600 y dónde vamos a sacar dinero para pagar, el recibo viene por noviembre y diciembre dice que se atrasaron porque no había paso, y eso no lo hemos pagado, ahí está el papel; con esto somos más afectados todavía.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

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Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Las Abejas de Acteal a través de sus nuevas autoridades, damos gracias a Dios Padre y Madre por permitirnos estar con vida en este año nuevo. Así también, agradecemos a todos los hombres y mujeres que no se cansan de luchar, a quienes no se les duerme su conciencia y que están al tanto de todo lo que está sucediendo en nuestro país.

Por eso, en este año nuevo nos sentimos renovados para seguir en la resistencia y luchando por la paz, la justicia y la vida. De esta manera, reafirmamos que vamos a seguir luchando y trabajando en la defensa de la vida, la madre tierra y los derechos humanos, continuando con nuestro método de lucha No Violenta, pues esta es nuestra misión desde que nacieron Las Abejas hace 28 años. Es así que hoy decimos al mundo que nuestra lucha y organización continúan. Y por todo esto, también Las Abejas de Acteal nos adherimos y hacemos nuestra la declaración POR LA VIDA a la que ha decidido convocar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Es por ello también que en este día nos encontramos de nueva cuenta en Acteal, para recordar que la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas brutalmente asesinados, más los 4 bebés quienes fueron sacados del vientre de sus madres por el grupo paramilitar priista de Chenalhó, bajo las órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León el 22 de diciembre de 1997, sigue impune. Es por eso que bajo ningún motivo vamos a olvidar ni abandonar a mitad de camino la búsqueda de justicia y verdad para Acteal. Reconocemos y agradecemos a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal quienes siguen firmes y decididos hasta encontrar una justicia verdadera. Entre ellos están los hijos e hijas de nuestro hermano catequista, jefe de zona y mártir Alonso Vázquez, que se han convertido en su voz y nos siguen mostrando el camino que él inició para seguir denunciando las injusticias que hace el gobierno y salir delante de manera autónoma, sin hacerle el juego al gobierno, resistiendo y no aceptando sus migajas, como el único camino para garantizar que crímenes como el de Acteal no se vuelvan a repetir y se pare verdaderamente la violencia y el sufrimiento del pueblo.

Queremos reiterar que la Solución Amistosa y la disculpa pública que ofreció el Gobierno
Federal no es justicia, y no vemos que por su parte tengan voluntad de hacer justicia, sino que sólo abonan a la división entre los sobrevivientes y familiares que siguen luchando por justicia. Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes que pertenecen a nuestra organización no se han dejado engañar por el gobierno, por lo que no aceptamos el dinero que ofrecieron como reparación del daño causado a las familias de los masacrados, mientras los responsables permanecen impunes y premiados por sus crímenes. Las Abejas no nacieron para buscar beneficios personales. ¿De qué nos sirve tener dinero u obras de infraestructura si en el mundo se sigue asesinando a gente inocente, si los que luchan por defender la vida, la paz, su cultura y su tierra son masacrados, desaparecidos o encarcelados?

Desde Acteal, volvemos a recordarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sigue pendiente la emisión del informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Creemos que la publicación de los resultados de sus investigaciones en el caso es lo único que verdaderamente puede ayudar a que se reconozca la verdad sobre lo que ocurrió y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales, para que este crimen de lesa humanidad no vuelva a repetirse en Chenalhó, en Chiapas ni en ninguna otra parte del mundo.

Es indignante ver en México cómo los poderosos pueden gozar de privilegios e impunidad en el sistema de justicia mexicano. La prueba más amarga es la inmunidad que otorgó la Fiscalía General de la República (FGR) al Gral. Salvador Cienfuegos al decidir no ejercer acción penal contra él. En cambio, cuando un defensor o defensora de derechos humanos, que denuncia y lucha contra las políticas represivas del mal gobierno, es encarcelado, se pide que se le juzgue con todo el peso de la ley. Un ejemplo claro es que el mismo día que la FGR exoneró al Gral. Cienfuegos, estaba acusando y pidiendo pena máxima para Kenia Hernández, defensora de derechos humanos y feminista de Guerrero, cuyo único delito es haber participado en una protesta. Aunque Cienfuegos es responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para la FGR esto no es nada grave. Esto sólo demuestra cómo el gobierno actual le está dando todo el poder al Ejército y, como todas las administraciones anteriores, no tiene ninguna intención de investigar y castigar realmente a quienes son responsables de delitos graves en nuestro país.

También queremos denunciar cómo el mal gobierno en turno aprovecha la pandemia generada por el Covid 19. Por un lado, nos dicen que nos encerremos en nuestras casas, pero sus megaproyectos como la construcción del mal llamado “Tren Maya”, la carretera San Cristóbal-Palenque, o el “Proyecto Integral Morelos y otros, no se han cancelado sino que aceleran su construcción. Ante estos megaproyectos de muerte, nos da gusto que tomando todas las precauciones necesarias, se pueda realizar la 5a Asamblea entre el CNI y el CIG, que se llevará a cabo en la Quinta Piedra, Ejido de Tepoztlán, Morelos, los días 23 y 24 de enero de 2021, pues es muy necesario articular la resistencia a los megaproyectos y continuar fortaleciendo juntos nuestras autonomías, a pesar de la pandemia. Por ello, desde la sede de Las Abejas de Acteal en territorio tsotsil saludamos a nuestras hermanas y hermanos que participarán en esta Asamblea y estaremos atentos a los resolutivos que tomen.

También nos alegra que a pesar de la paralización que existe por la pandemia, el pasado 4 de enero nuestros hermanos del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) hayan podido movilizarse en el municipio de C’ancuc, Chiapas, para repudiar la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional, colocando letreros en varias de sus localidades. Sabemos que la Guardia Nacional es el brazo armado de las empresas trasnacionales que son las únicas beneficiadas con los megaproyectos. Por eso quieren construir sus cuarteles ahí donde han visto que existen pueblos originarios dispuestos a defender su vida y su territorio del despojo que los empresarios quieren hacer, trayendo división a nuestros pueblos, destrucción, contaminación y militarización, abriendo caminos para sus represas y centros turísticos.

Además del avance de las imposiciones de los megaproyectos por parte del gobierno federal, éste ha permitido que los paramilitares ataquen a las luchas y proyectos autonómicos, como es

el caso del reciente ataque armado contra comunidades de bases de apoyo del EZLN en Moisés Gandhi, por parte del grupo paramilitar de la ORCAO el pasado 18, 20 y 21 de enero.

El recuento de la violencia, represión e impunidad que ya hicimos, son sólo ejemplos de muchos otros casos que están ocurriendo actualmente en nuestro país. Podemos darnos cuenta de ellos a través de las denuncias que han hecho otros pueblos, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.

Ante todo lo anterior, miramos y pensamos que el sistema capitalista y las acciones políticas y económicas tanto del gobierno en turno como el de los políticos corruptos y los militares, son cada vez más destructivas e inhumanas. Por ello pensamos que urge detener estos planes de muerte, con organización, con acciones concretas porque queremos seguir con vida y porque queremos vivir libres en nuestro propio territorio y queremos vivir sin guerra. ¡Ya basta de destrucción de la humanidad y de la Madre Tierra!

También queremos invitar a todas las personas de buena voluntad a luchar contra los privilegios en el sistema de justicia mexicano y para que se acabe la impunidad, como la que claramente está disfrutando el Gral. Cienfuegos. En lugar de que goce de la inmunidad que le otorgó la FGR, levantemos la voz y exijamos que este militar responsable de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de otros crímenes graves contra la humanidad, sea condenado. Y no nada más Cienfuegos, pues nosotros también hemos demandado la investigación y castigo al Gral. Enrique Cervantes Aguirre, quien es uno de los autores intelectuales de la Masacre de Acteal y responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, que a 23 años de este crimen de Estado, sigue impune.

Lo que proponemos no es cosa sencilla, sabemos que nos estamos enfrentando y luchando para que se castigue a los grandes poderosos y ex gobernantes de México, y sobre todo, a los altos mandos del Ejército mexicano quienes -ya es muy claro- mandan en este gobierno y en el país. Pero, no se nos olvide que somos millones de mujeres y hombres en nuestro país, sólo falta que nos despertemos y que ya no permitamos más impunidad, violaciones a nuestros derechos humanos y burlas a nuestra dignidad.

Quizá nuestra palabra de este día parece inalcanzable porque no es fácil lo que demandamos y deseamos, ¿pero quién lo va a hacer si no luchamos y si no hacemos nada nosotros y nosotras? Con esta nueva directiva recordamos especialmente el compromiso que nuestra organización ha heredado de nuestro hermano Alonso Vázquez Gómez para seguir denunciando las injusticias y construyendo la paz, para seguir resistiendo y luchando contra la violencia, caminando del lado de los pobres y marginados, teniendo en Dios nuestra fuerza, no en el gobierno ni en el dinero.

Y no queremos cerrar nuestra palabra de este día, sin mencionar a nuestro querido Jtotik Samuel en su Aniversario, ya que gracias a él nos despertó la conciencia. Fue él quien nos mostró el camino para defender nuestros derechos como pueblo originario y a defender la vida. Les anunciamos que a 10 años de su ausencia física entre nosotros, realizaremos una jornada de ayuno y oración en su memoria y como agradecimiento de todas sus enseñanzas, por lo que les pedimos que estén pendientes de la convocatoria que sacaremos muy pronto.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, reiteramos que nuestra lucha por la justicia, la paz y la vida continúan.

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias      Gerardo Pérez Pérez

                                                                Presidente       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez       Pedro Pérez Pérez

                                                          Tesorero sub              presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

Por Sare Frabes

• Garantizar la vida, integridad de Bases de Apoyo y respeto a la autonomía zapatista.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, Caracol 10 “Floreciendo la semilla rebelde”, con sede en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México, en donde informan que desde el 18 de enero de 2021, hasta el día de hoy integrantes de la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) han agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas.

El 18 de enero de 2021, desde las 15:30 hrs hasta las 18:00 hrs., integrantes de la ORCAO retomaron las agresiones con disparos de armas de fuego contra las casas de la comunidad Moisés Gandhi. Fueron “alrededor de 170 disparos de calibres grandes y 80 disparos de calibres pequeños.” El 20 de enero de 2021, a las 16:00 hrs y 22:30 hrs. se registraron nuevas
agresiones.

El día de hoy, aproximadamente a las 00:30 hrs, 02:10 hrs. y 02:55 hrs. nuevamente se registraron disparos contra las casas de la comunidad. La Junta de Buen Gobierno ha informado que en estos ataques han participado por lo menos 20 integrantes de la ORCAO de las comunidades San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero municipio de Ocosingo.

Desde abril de 2019, la comunidad de Moisés Gandhi ha sido agredida por parte de integrantes de la ORCAO resultando en destrucción de bienes y agresiones físicas y verbales. Para marzo de 2019, comenzaron agresiones con armas de fuego con dirección a la comunidad. El 22 de agosto de 2020, saqueo e incendio de la bodega de café ubicada en el Centro de Comercio
“Nuevo Amanecer del Arcoiris en el crucero de Cuxuljá. El 8 de noviembre de 2020, integrantes de la ORCAO secuestran a Félix López Hernández, Base de Apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, quien fue liberado después de 4 días.

El Frayba hace un llamado al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata y cesen las agresiones hacia la comunidad Moisés Gandhi del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, ya que la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y hombres del Pueblo Maya Tseltal se encuentra en riesgo. Las acciones emprendidas deberán respetar la jurisdicción, autonomía y libre determinación de las Junta de Buen Gobierno Zapatistas.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente  acción urgente:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de enero de 2021

Acción urgente No. 01

Nuevas agresiones armadas de la ORCAO a la comunidad Moisés Gandhi

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.