Noticias:

resistencia

image/svg+xml image/svg+xml
radio
FrayBa

Alerta urgente. Riesgo a la libertad e integridad personal, garantías judiciales y libre tránsito Los Altos de Chiapas


 

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas, además, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región.

radio
Comisión Sexta Zapatista | Subcomandante Insurgente Moisés

La Extemporánea y una Iniciativa Nacional

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
México.

Julio del 2021.

A l@s adherentes a La Declaración por la Vida:
A la Europa de Abajo y a la Izquierda:
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno:
A las Redes en Resistencia y Rebeldía:
Al Colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”:

Del: Subcomandante Insurgente Moisés.

Compañeras, compañeroas, compañeros:
Hermanas, hermanoas, y hermanos:

Les saludo a nombre de los niños, mujeres, otroas, ancianos y hombres de las comunidades zapatistas, y les comunico lo siguiente:

Primero.- Ya tenemos lista una compañía zapatista aerotransportada fuerte en 177 zapatistas.  Está integrada en su totalidad por originarios de raíz maya, de las lenguas cho´ol, tzotzil, tzeltal, tojolabal y castilla.  Somos nacidos en la geografía que llaman México.  Nuestros ancestros nacieron y murieron en estas tierras.  Como el Estado Mexicano no reconoce nuestra identidad y origen, y nos dice que somos “extemporáneos” (así dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, que somos mexicanos “extemporáneos”), hemos decidido bautizar a esta unidad de Escucha y Palabra como “La Extemporánea”.

Según vimos en los diccionarios, “extemporáneo” quiere decir “que es inoportuno, inconveniente”, o “que es impropio del tiempo en que sucede”.  O sea que somos inoportunos, inconvenientes e impropios.

Nunca antes nos habían definido tan adecuadamente.  Estamos felices de que al fin el Estado Mexicano reconozca que así es como considera a los pueblos originarios de esta geografía llamada México.  Creo que así es como lamenta el que no nos haya aniquilado… todavía; y que nuestra existencia contradiga el discurso oficial sobre la “conquista”.  Ahora se entiende que la demanda del gobierno de México al de España, exigiéndole que pida perdón, es por no habernos exterminado.

De l@s 177 delegad@s, 62 de nosotr@s no tenemos aún el pasaporte.  La Secretaría de Relaciones Exteriores está trincada en la “inconveniencia” que representamos.  A pesar de que hemos demostrado identidad y origen, sigue exigiendo más y más papeles.  Sólo falta que pida que los gobiernos de Centroamérica digan que no somos ciudadanos de esos países.

(Continuar leyendo…)

radio
CNI

POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ CON MOTIVO DE LA VISITA DE ANDRÉS MANUEL A CHILAPA PARA ENTREGAR MIGAJAS MIENTRAS LOS PUEBLOS SON DESPLAZADOS Y MASACRADOS

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todos mienten, todos solapan la muerte de los pueblos
y la destrucción de la Madre Tierra… Nosotras y
nosotros, no olvidamos.

16 JULIO DE 2021

El pasado 30 de abril de 2021 hicimos un llamado a la VERDAD y a la JUSTICIA, los niños y niñas de nuestras comunidades salieron a demandar vida y no muerte. Usted en vez de hablar de las causas que orillan a una comunidad a tomar las armas, se dedicó a atacarnos, a decir que el que a hierro mata, a hierro muere, como una amenaza para nosotros y nosotras. Hoy que visita Guerrero, sabemos que pasará de largo las verdaderas problemáticas de nuestro estado.
No nos confunda señor, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no
luchamos por cargos públicos, no somos financiados por ningún partido político para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de “Bienestar”, motivo
por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narco￾paramilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Sí, así es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas
y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quizás porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos.

No nos trate de engañar, que nuestros dolores y demandas no están para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y más, Jóvenes escribiendo el futuro, Crédito ganadero a la palabra, Jóvenes construyendo el futuro y otros tantos más.
Nosotras y nosotros no entendemos cómo los gobiernos de cualquier partido político, incluyendo al actual, pretenden resolver los problemas del país a través de la repartición de migajas, cómo quieren resolverlos desde su lógica del dos pájaros de un tiro: reparten migas y se aseguran votos para permanecer en el poder, pues claramente los programas sociales han sido y son la base del clientelismo que sostiene a los partidos políticos. Son el gancho con el cual amenazan y extorsionan a sus votantes, funcionan como herramientas para legitimar su poder. Su mal gobierno, su mala política de arriba y su mala democracia no funcionan, han sido sostenidos por programas sociales que históricamente han
desmovilizado a la población y usted lo sabe, lo mismo hizo el PRI, el PAN y ahora Morena.
Y por si no fuera suficiente, vienen y promocionan sus programas sociales sin saber el contexto ni nuestras verdaderas necesidades, solo se ha encargado de repartir y usar estas“ visitas” como propaganda para mantener su poder, para la foto, para simular que hacenp ara nosotros y nosotras, cuando bien sabemos que lo que hacen es para ustedes.

Reparten lo que desde su cabeza es importante, pero no escuchan las verdaderas demandas de los pueblos ¿Cuándo realmente nos va a escuchar? Y no sólo eso ¿cuándo habrá verdad y justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados, torturados,
desaparecidos, desplazados?
Sabemos que hay problemas que ha decidido no ver, rechazar con el argumento de que México va bien ¿le parece que va bien cuando en Guerrero como en otros estados del país hay miles de desplazados por la proliferación del crimen organizado? ¿que va bien cuando
en México en lo que va de su sexenio (no en los anteriores, en el suyo), han sido asesinados 56 defensores de derechos humanos, de la tierra y la vida? ¿De qué nos sirve un programa social si a la vuelta están los criminales acechando para extorsionarnos o asesinarnos?
Porque vemos que se habla con total naturalidad de desplazados, asesinados, torturados, desaparecidos, tanta naturalidad que se convierten en cifras, en pasado no vivo, en heridas cicatrizadas, al menos para usted y su gobierno, porque acá abajo, entre los pueblos, no son cifras, sino nombres, no son pasado sino reflejo del presente y heridas abiertas que sangran y a usted parece tenerlo sin cuidado.
“Usted viene a dar zapatos a los niños pobres”, a silenciar el dolor y la muerte que recorre nuestro estado desde varios años atrás. Y claro que podría argumentar que fueron los gobiernos anteriores, pero no podrá negar que es en su gobierno donde se ha agudizado
la violencia y los desplazamientos forzados; tampoco negará que le hemos dicho claramente quienes matan, quienes torturan y desaparecen, le hemos dicho lugar, hechos y nombres.

Hoy venimos a recordarle que ya son mas de 10 mil desplazados por la violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlan del Progreso, Tecpan, Petatlan, Iguala, Cocula, entre otros municipios; Guerrero
es el estado más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán y uno de los estados donde quien gobierna, literalmente, es el narco, ahí están los grupos narco￾paramilitares “Los Ardillos” y “Los Rojos”, que tanta muerte han causado a nuestrospueblos.

Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido quiénes matan, quiénes son los
asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejarán de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejarán de
despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas.
Nuestros derechos de salud, educación, trabajo, alimentación, libre tránsito han sido gravemente violados y la razón ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla.

Atentamente:
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

radio
Avispa Midia

Chiapas: Continúa desplazamiento forzado en los Altos por violencia e inseguridad

Por Sare Frabes

En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

En contexto ⇒ Chiapas: Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia

Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Actividades del crimen organizado orillaron a la creación de autodefensas. Foto- Cuartoscuro

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

Te puede interesar ⇒ En Chiapas, denuncian asesinato de integrante de Las Abejas de Acteal

Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

radio
FrayBa

Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno


 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

radio
Avispa Midia

Costa Rica: casi un centenar de agresiones contra recuperador@s de tierras en 2020

Por Sare Frabes

En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

Te puede interesar ⇒ Costa Rica: Asesinato del indígena Bribri, Sergio Rojas, impune a casi dos años

El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

Recuperador@s en la tierra Cabécar de China Kichá.

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

Te puede interesar ⇒ En Costa Rica, pueblos originarios exigen un alto a las agresiones contra las recuperaciones de tierras

Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Incendio de casas en la recuperación de Kerpego, territorio China Kichá, uno de os ataques mas graves en la escalada de violencia contra recuperador@s ocurridos entre febrero y marzo del 2020.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

radio
Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

Te puede interesar ⇒ Mujeres indígenas y campesinas denuncian impactos de la palma aceitera en Chiapas

En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

radio
Avispa Midia

En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico

Por Ñaní Pinto

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Te puede interesar ⇒ Comunidades indígenas reunidas en el Istmo exigen la cancelación del Corredor Interoceánico

Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

En contexto ⇒ Consultas indígenas amañadas para parques industriales en el Istmo

“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

radio
CIPOG-EZ

Denuncia de detención a integrante del CIPOG-EZ

Aproximadamente a las 10:00 horas del 13 de julio de 2021, el compañero Samuel Virgenio Germán de la comunidad de Rincon de Chiahutla, perteneciente al CIPOG-EZ, fue detenido por la policía ministerial del estado de Guerrero. Después de varias horas y gracias a la organización en nuestra región, para las 14 horas logramos su liberación.

Denunciamos que el hostigamiento de las autoridades estatales continúa hacia nuestras comunidades. Este tipo de detenciones son una consecuencia de las falsas denuncias hechas por el grupo para-militar «Los Ardillos» y respaldadas por autoridades del estado de Guerrero en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, aún sabiendo que quien mata, secuestra, tortura y desaparece a nuestras hermanos y hermanas, es el grupo delincuencial de «Los Ardillos».

¡Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en nuestra contra!
¡Alto a la guerra paramilitar contras las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ!
¡Nunca más un México sin Nosotros!

radio
Avispa Midia

En México, 56 activistas asesinados en tres años

Por Ñaní Pinto

En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar

Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.

En contexto ⇒ México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021

De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.

Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.

No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.

“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.

Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.

Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.

Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.