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Medios libres de América

Chile | Lautaro: Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación en fundo San Carlos

Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.

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Radio Kurruf

Chile | Detienen a Erick Montoya, después de diez años en clandestinidad

Contulmo, 19 febrero 2021.- Nos informan sobre la detención del peñi Erick Montoya, clandestino hace diez año por la persecución del Estado en el proceso de recuperación territorial que encaró como joven Mapuche.

Lavkenmapu: infórmamos que en horas de esta tarde , el comunero clandestino Erick Montoya fue detenido y secuestrado en camino rural de la octava región en cercanías de Contulmo por personal civil, quienes hasta esta hora le someten a detención clandestina y apremios ilegítimos, golpes y tortura sin dar a conocer la noticia como corresponde de forma oficial y sin llevar a cabo los protocolos de detención. La fiscalía insiste en inculparlo por el asesinato del carabinero Hugo Albornoz caído mientras fuerzas policiales irrumpian a la comunidad Wente Winkul Mapu. 2 De abril 2012, caso Ercilla, con la complicidad de Luis Chamorro, fiscal rastrero del poderìo empresarial en la novena región . Recordamos que el peñi Erick Montoya ha sido fiel a sus principios como mapuche apoyando y siendo consecuente con los procesos territoriales mapuche, cosa que lo lleva a tomar la clandestinidad en consecuencia con su feyentun, hacemos un llamado a las expresiones de lucha, las comunidades a estar atento y a visibilizar esta situación y seguir en la senda que nuestros ancestros nos dejaron.

«Libertad a los presos políticos mapuche, Libertad a los presos de la revuelta social, Justicia para nuestros caídos en lucha»

AMULEPE TAIÑ WEICHAN

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Avispa Midia

Aún con Acuerdo de París, temperatura de la tierra podría aumentar en 3.4 °C

Foto de portada por Aldo Santiago

Por Santiago Navarro F.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido recientemente que, a pesar de haber implementado el llamado Acuerdo de Paris, las temperaturas globales “aún podrían aumentar hasta 3.4 °C” el resto de este siglo, lo que obligaría a las personas a adaptarse a nuevos patrones climáticos extremos.

El Acuerdo de París es un compromiso adoptado por los Estados miembros de la ONU para tomar medidas y mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C, preferiblemente volver a alcanzar 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900). Cada miembro asumió el compromiso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero producidos en sus países con el sector industrial, el trasporte y las actividades que emiten estos gases contaminantes. El tope propuesto para las metas establecidas es hasta el año 2030.

Pero dichas medidas parecen estar lejos de las metas propuestas. “La temperatura global promedio en 2020 se establece en aproximadamente 1,2°C por encima del nivel preindustrial. Existe al menos un 20% de posibilidad de que supere temporalmente los 1,5 °C para 2024”, expresó el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

De acuerdo con los datos de la ONU, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en el año 2020, “aumentó 2,57 partes por millón (ppm) hasta alcanzar 4,14 ppm en diciembre, la concentración más alta jamás registrada”. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero generado principalmente de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y de la deforestación.

Ver también: Consumo de carne y soya en Europa y EUA está vinculado a la deforestación de la Amazonía

Aunque el metano y el óxido nitroso, también son considerados gases de efecto invernadero, mucho más potentes. Tan solo la producción de ganado para la industria de la carne, a nivel mundial, es responsable de emitir el metano equivalente a 3,1 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera anualmente. El resto del siglo, una tonelada de metano, podría calentar el planeta hasta 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. Mientras que el gas del óxido nitroso, emitido principalmente de la agricultura industrial que consume billones de toneladas de fertilizantes con base de nitrógeno, junto con el tratamiento de los residuos animales, e industrias como la del nailon, provocarán un efecto de calentamiento global aproximadamente 300 veces superior al del dióxido de carbono.

Cambiar todo para que todo siga igual

António Guterres, secretario general de la ONU, ha advertido que el año 2021 será un año crítico para el clima y instó a los Estados miembros a presentar contribuciones determinadas a nivel nacional que permitan reducir las emisiones mundiales en un 45% en los 10 años siguientes, en comparación con los niveles de 2010, ya no del año 1880.

Pero, en medio de la pandemia del Covid-19 y una severa desaceleración de la economía global, la preocupación de todos los gobiernos es reorientar el ritmo de crecimiento económico. Esto implica, acelerar los sistemas productivos. Desde los encadenamientos de la extracción de metales, elevar la agroindustria, la ganadería intensiva y el consumo de energéticos, hasta el consumo masivo de mercancías finales.

La estabilización de la oferta y la demanda es la prioridad para entes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien viene incentivando los ajustes en las economías. Tan solo en el 2020, en el contexto de la pandemia, este organismo emitió una deuda para la región de América Latina y el Caribe, con programas financieros, “del orden de 66 mil millones de dólares a 21 países de la región”, según el FMI.

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Este organismo busca acelerar al sector industrial y manufacturero que atiende las exportaciones. Pero, además, busca acelerar las denominadas “economías domesticas”, denominado así al consumo interno de los países. Por ello insta a los gobiernos para atender a los más vulnerables, “las familias y las pequeñas empresas”, puntualiza el FMI.

En ese contexto, la ONU ve a esta crisis, ambiental y económica, como una oportunidad. Propone cambiar todo, para que todo siga igual, en términos del mercado mundial. “Las medidas encaminadas a la recuperación económica tras la pandemia han adquirido una magnitud sin precedentes, lo que brinda la ocasión de emprender la transición a una economía con bajas emisiones de carbono que genere los cambios estructurales indispensables para que las emisiones disminuyan de forma continua”, señala en el Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020.

El Banco Mundial también propone más deuda hacia los gobiernos para enfrentar el Covid-19 y la aceleración de la economía mundial, lo que implica “incrementar rápidamente el financiamiento, pero el presupuesto público por sí solo no es suficiente. Además de entregar recursos directos, el Grupo Banco Mundial responde a las demandas de los países movilizando inversiones públicas y ayudando a abrir mercados con bajas emisiones de carbono donde antes no existían”.

De continuar con la velocidad que exige la ley del mercado, de la oferta y la demanda, nos conducimos a un escenario más severo. “Vamos camino a alcanzar un aumento catastrófico de la temperatura de 3 a 50C en este siglo. Hacer las paces con la naturaleza es la tarea que definirá el siglo XXI. Debe ser la máxima prioridad para todo el mundo, en todas partes”, sostuvo el Secretario General de la ONU, António Guterres.

“A este ritmo, podríamos alcanzar + 1,5 ° C en los próximos 15 años”, es decir, estaríamos rebasando los 3°C, agrega Pascal Peduzzi, director del GRID-Ginebra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

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Radio Zapote

Entrevista con Alessia Dro | Movimiento de Mujeres del Kurdistán

Entrevista con Alessia Dro del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en América Latina ☀️
Es un gusto compartirles que regresamos con los ? Lunes de Lunas ? en la cabina nómada de Radio Zapote !!!!
_ EN VIVO HOY _

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

→ Quiénes son los kurdos
→ Qué es el Kurdistán
→ La revolución de Rojava
→ Las mujeres en revolución
→ La invasión turca de 2018
→ Campaña 100 razones para juzgar al dictador Erdogan
→ Jineology y el papel estructural de las mujeres en la sociedades sin Estado
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
¡Libertad Nudem Durak!

https://go.ivoox.com/rf/65625596

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

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Grieta Medio para armar

El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

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Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)

La devastadora e irreparable muerte de Amoim Aruká Juma

La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.

Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.

Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.

Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.

Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente

Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

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Noticias de abajo

Noticias de abajo 16 de febrero 2021

 

ROMPIENDO FRONTERAS
KURDISTAN: Ataques del Estado Turco contra comunidades Kurdas de Irak. Sigue la campaña 100 razones contra Erdogan por Feminicida: Kurdistan America Latina, Comite de Solidaridad con Kurdistan.
DIA MUNDIAL DE LA RADIO 13 de febrero: GUATEMALA Los pueblos originarios de Guatemala tienen derecho a fundar medios de difusión comunitarios. Redtzikin.
ARGENTINA: La Provincia de Chubut sigue resistiendo a la megamineria toxica en sus comundades
Dia MUNDIAL DEL CONDON: Mensaje de Brigada Callejera hablando sobre el desabasto de preservativos para les trabajadores sexuales.
Mensaje de @anatijoux apoyando a las compañeras trabajadoras sexuales de @MargenSomos e ICW Chile en la campaña por el acceso y el uso del condón femenino

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
PUEBLA: Transfeministas y feministas retoman el congreso de puebla, exigiendo se apruebe la ley Agnes.
CdMx: A 4 meses de la #TomaINPI: No nos rendimos, resistimos. Comunidad Otomi residente en CdMx.
CHIAPAS: Agresiones al trabajo colectivo de la comunidad de Nuevo San Gregorio.Informe de la caravana de solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio.
MEXICO: A dos años del asesinato de Samir Flores jornada global contra los Megaproyectos en México.

Müsica:
Juanito Ayala – En memoria de Francisco Martinez
Artistas Unidos por la libertad de expresion- Campaña por Hasel
Autoconvocadxs en Defensa del Bosque

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Ocosingo, Chiapas

Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

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Avispa Midia

Monsanto es enjuiciada por fabricar ‘agente naranja’, responsable por millones de víctimas en Vietnam

Por Eugenia López

Entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al químico cancerígeno. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. La previsión es de que hasta mayo se tenga un resultado del juicio

“Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra, hija de una tierra mágica y envenenada”, resume Tran To Nga en su libro intitulado Mi tierra envenenada. Esta franco-vietnamita de 78 años está a la raíz de un juicio que empezó el 25 de enero pasado en Francia, contra catorce de las empresas – incluyendo a Monsanto (hoy propiedad de Bayer) y Dow Chemical –  responsables de haber fabricado y vendido al gobierno de Estados Unidos el “agente naranja”, un potente químico herbicida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam.

Se estima que entre 1961 y 1971, 80 millones de litros de herbicidas han sido arrojados al territorio vietnamita, con el objetivo de destruir los bosques donde se refugiaban los combatientes del Viet-Cong, así como destruir los cultivos y dejar hambrientos al pueblo y los rebeldes.

El 20% del suelo de Vietnam del Sur recibió, según estimaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre 170 y 500 kilogramos de dioxina pura, el compuesto químico más peligroso del agente naranja, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sustancia cancerígena. La molécula, que perdura en los organismos a largo plazo, también es conocida por provocar afecciones cutáneas, digestivas, nerviosas y cardiovasculares, así como diabetes.

Millones de víctimas

Según un estudio publicado en el 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al “agente naranja”, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna

El “agente naranja” no sólo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes: los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación: al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. “Si pudiera invitar a los jueces y abogados de las empresas a verlos, no tendrían más valor para defender a los delincuentes”, expresó Tran To Nga.

De hecho, ella es una de las víctimas. Sufre de nódulos subcutáneos, así como de diabetes, cloracné, una enfermedad genética de la hemoglobina, y una malformación cardíaca transmisible. Todas estas enfermedades están en la lista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, establecida en 1996, de condiciones asociadas a la exposición al agente naranja. En cuanto a sus hijas y nietas, todas tienen problemas de salud similares y su primera hija murió en 1969 por una malformación cardíaca.

Ecocidio

Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la Unesco, el herbicida contaminó a  400 mil hectáreas de tierras agrícolas, 2 millones de hectáreas de bosques y 500 mil hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país.

A esto se suma la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna: elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. La defoliación de grandes árboles perturbó los complejos ecosistemas, provocando la destrucción de la vegetación. En cambio, el bambú y los pastos altos llamados “pastos americanos”, invadieron los suelos empobrecidos.

Además, como lo argumentó André Bouny en su ensayo Agente Naranja, Apocalipsis Vietnam, estas destrucciones tuvieron un impacto desastroso sobre la población al destrozar su conexión espiritual con la naturaleza: “El doble trauma que sufren las familias es aún más considerable si se toma en cuenta que se enfrentan a una gran pérdida de sentido, ya que los espíritus de los bosques y de los ríos, de las plantas y de los animales sagrados desaparecieron, destruidos por el agente naranja que también destruyó su representación del mundo”.

Impunidad selectiva

En Estados Unidos, las víctimas militares del “agente naranja” ya han sido indemnizadas. En la década de 1980, Monsanto y otras 6 empresas productoras de herbicidas fueron condenadas a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a los soldados nacionales. En 1999, cerca de 16.000 veteranos emprendieron acciones legales individuales reclamando el equivalente a 3.400 millones de euros en daños económicos. Sin embargo, cuando, en 2004, víctimas vietnamitas agrupadas en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja / Dioxina (Vava) decidieron demandar a 11 fabricantes de herbicidas antes los tribunales estadounidenses por Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra, basándose en el protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso de armas químicas, recibieron una serie de decisiones negativas. Los jueces determinaron que un herbicida no era veneno según el derecho internacional.

Una lucha incansable

Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran To Nga para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. “Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas”, expresó.

Seis años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el tribunal de Evry, su lugar de residencia en Francia – y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces -, el pasado lunes 25 de enero, por fin, pudo enfrentar a algunos de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados.

Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi cuatro horas, basando su línea de defensa en tres pilares: primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción, luego cuestionar la condición de víctima del “agente naranja” de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra.

A principios de la década de 1960, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, los fabricantes entregaron cantidades gigantescas de productos al ejército en un corto período de tiempo, descuidando las precauciones destinadas a eliminar las impurezas tóxicas de fabricación.

Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical del 1965, año del primer uso del “agente naranja” en Vietnam, en la cual viene escrito “esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas”.

Un juicio histórico

Para la abogada francesa Amélie Lefebvre, “este es un juicio histórico, porque la prioridad es obtener una decisión judicial que reconozca por
primera vez la responsabilidad de las empresas estadounidenses hacia las víctimas. Si ganamos esta ronda, podría sentar un precedente legal en el que otras víctimas podrían confiar para iniciar otros procedimientos, en Francia o en otros lugares”.

La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo. Y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que de lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder, o de Tran To Nga, quien no tiene nada más que perder.

“La pelea acaba de empezar (…) Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito, hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias, muy poderosas, necesitamos miles de seguidores. (…) Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando, paso a paso. Sé que después de la audiencia pueden haber solicitudes de peritajes médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones … Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas ”, confiesa la franco-vietnamita.

Con información de Politis, Reporterre y Mediapart.

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Avispa Midia

Estudio de la UNAM comprueba que metales pesados provocan mutación genética

Por Sare Fabres

Una investigación de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vincula la mutación genética en moscas de fruta y el agua contaminada por metales pesados – aluminio, cobre y zinc -,  de la presa La Estanzuela, que abastece a los municipios de Pachuca y Mineral del Chico, una zona históricamente minera en el estado de Hidalgo. “Los resultados indican que el agua de la presa es genotóxica, capaz de inducir mutaciones en el modelo biológico”, señaló Alejandra del Rocío Rivera Estrada, una de las cuatro jóvenes científicas que llevaron a cabo la investigación.

De acuerdo con Ana Cecilia Luis, que también participó de la investigación, “si a ella [la mosca de fruta] esta agua la mutó implica que, a nosotros, como seres humanos, que tenemos muchas homologías genéticas con la mosca de la fruta, nos producirá un nivel de genotoxicidad; aunque aún es necesario averiguar de qué manera”, explicó. De acuerdo con los datos obtenidos, “es muy claro que afecta, solo habría que ver exactamente qué enfermedad o efectos tendría en la salud humana”, añadió.

Además de Cecilia Luis y Rivera Estrada, Elena Flores Callejas, María Fernanda Olivares Flores, todas alumnas de la carrera de Biología de la FC participaron del proyecto ¿El agua contaminada puede ocasionar mutaciones en los genes?, investigación que se originó en el Laboratorio de Genética y Evolución de la FC, con la asesoría de la académica Diana Patricia Ascencio Gorozpe. La investigación obtuvo el primer lugar en el concurso Expociencias CDMX 2020, en el área de biología.

Por la obtención del primer lugar en Expociencias CDMX 2020 representarán a la UNAM y a México en la International Science and Invention Fair (ISIF) 2021, que se efectuará en Indonesia en noviembre próximo.

A su vez, María Fernández Olivares expuso que existe evidencia de la contaminación de la presa en un estudio, por la presencia de distintos compuestos químicos. No obstante, sus efectos en modelos biológicos han sido poco estudiados, y precisamente “eso fue lo que hicimos con Drosophila melanogaster”.

Para este estudio las universitarias aplicaron el ensayo de mutación y recombinación somática (SMART, por sus siglas en inglés) en el organismo de la mosca de la fruta, lo cual permitió evaluar la existencia de los metales.

Las jóvenes científicas efectuaron tres muestreos del agua superficial y profunda en diferentes épocas del año, de la presa ubicada en el municipio de Mineral del Chico. A partir de las muestras del agua realizaron el ensayo empleando dos cruzas del insecto. “Drosophila tiene marcadores genéticos localizados en sus alas, y si éstos se alteraban al someter a la mosca de la fruta a esa agua, implicaba que en esa presa existe un potencial genotóxico”, explicó Alejandra del Rocío Rivera Estrada. Esta hipótesis de las alumnas fue comprobada por los resultados del estudio.

Con informaciones de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM.