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Centro de Derechos Humanos FrayBa

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México

• El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.

El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, obligando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros.

La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.

En los últimos tres días, los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Yeton y Coco. Según el reporte de los Representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos de alto calibre salieron del punto de ataque Telemax Santa Martha, Chenalhó, hacia un vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.

El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam, dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reitera su preocupación por el riesgo que existe en las 12 comunidades del municipio de Aldama, debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

El Frayba celebra la decisión de la CIDH y exhorta al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas.

¹ CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 – Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio de Aldama, Chiapas, México. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de mayo de 2021
Boletín No. 6

Lee el boletín aquí: CIDH otorga medidas cautelares a favor de comunidades de Aldama

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Las Abejas de Acteal

El Día del Niño fallece nuestra hermanita María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal desde hace un año con ocho meses

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
1 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.
Al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Ayer en el marco del -Día del Niño- fallece nuestra hermanita María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal desde hace un año con ocho meses, pero la enfermedad y la muerte llegaron más pronto que el retorno.

Nuestra hermanita María del Carmen, nació desplazada en Acteal hace seis meses, en donde su corta vida, la vivió difícil. Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones de las mujeres y las niñas y niños, y más la preocupación y la incertidumbre de su mamá de no saber cuándo puede retornar a su casa, hizo que ella se enfermara.

La pequeña niña María del Carmen, se había enfermado hace unas semanas, pero últimamente se había puesto bien, de repente se puso malita, en la misma noche del día 28 de abril cuando iban a retornar al barrio “Río Jordán”, las mujeres y entre ellas su mamá no podían conciliar su dolor y el llanto cuando supieron que el retorno se había abortado, después de que habían puesto toda su esperanza y alegría que por fin podían regresar a recuperar sus casas y su historia, y toda esa angustia de la mamá de la bebé la ingirió a través de la leche que comía.

La noche de antier, nuestra hermanita María del Carmen no pudo dormir de llanto, no sabíamos que es lo que tenía, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 30 de abril del presente año, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación y, así, nada ni nadie la pudo salvar.

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Avispa Midia

En Chiapas, imposición de cuartel militar provoca rechazo de comunidades indígenas

Por aldo Santiago

En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.

Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.

Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.

Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.

Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.

Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.

Militarización en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.

Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidación de las actividades del ejército en la vida pública. Recientemente, Amnistía Internacional informó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutación, en el cual además de policías, se enlistan soldados y marinos; así como la capacitación, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el análisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y género (2010-2019).

Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.

Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.

Según datos del informe de la Situación de Seguridad Pública en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcción y operación de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón.

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REPRESIÓN

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh.

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.

Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.

“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.

“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.

“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.

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Avispa Midia

Futuro de la Amazonia es negociado a puertas cerradas entre Biden y Bolsonaro

Por Renata Bessi

Foto de Portada: Santiago Navarro F.

El gobierno norteamericano de Joe Biden mantiene desde hace por lo menos un mes pláticas a puertas cerradas con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, sobre cambio climático y proyectos para la Amazonía. Un acuerdo entre ambos países que será anunciado en la cumbre sobre el clima, convocada por Biden para los días 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, en su campaña electoral, llegó a mencionar que buscaría recaudar 20 billones de dólares para la Amazonía.

Las negociaciones a puertas cerradas han generado protestas y manifestaciones de organizaciones sociales y de los pueblos indígenas en Brasil, que han buscado establecer una comunicación directa con el gobierno de los Estados Unidos.

Un grupo de 199 organizaciones publicó una carta al gobierno americano alertando sobre los riesgos que un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de Bolsonaro puede traer para el medio ambiente y los derechos humanos en Brasil.

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Bolsonaro ha sido negacionista de la pandemia, lo que ha provocado en Brasil un aumento severo de muertes diarias por la enfermedad. Además, el mandatario brasileño ha promovido abiertamente las actividades económicas extractivas  y la ganadería intensiva en la Amazonia. Sumado a ello, Bolsonaro ha difundido discursos de odio hacia pueblos indígenas, mujeres, la población negra y hacia la diversidad sexual.

Un ejemplo de la posición de Bolsonaro fue en 2019, al mantener una pasividad mientras los enormes incendios arrasaban con la Amazonia, esto provocó la deforestación en 222% en relación a 2018.

Además el gobierno brasileño ha militarizado la gestión de la Amazonía, es decir, los órganos públicos federales de gestión de la región están encabezados por militares.

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La Zarzamora

Alerta glaciar: La tramitación de la ley, de mal en peor

La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.

LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.

Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

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Avispa Midia

Biden mantiene la misma estrategia militar de Trump en América Latina

Por Santiago Navarro F.

Con una primera escala en Uruguay, el 6 de abril, el Almirante Craig S. Faller, comandante supremo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), continuó su gira por Argentina los días 7 y 8, para realizar “donaciones humanitarias en representación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para apoyar” a los países que consideran como aliados para combatir la pandemia del COVID-19, informó en un comunicado la embajada estadounidense.

El Comando Sur es uno de los nueve comandos​ militares pertenecientes a Estados Unidos (EEUU). Abarca un área de influencia militar que comprende el Sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida.

El comandante del Southcom sostuvo que su compromiso con Uruguay es “de militar a militar” y que “incluye programas de educación profesional y capacitación técnica, asistencia en respuesta a la pandemia y desastres naturales, la colaboración en las operaciones de mantenimiento de la paz”.

Faller se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Uruguay y también con funcionarios de gobierno. Entre otros temas, destacaron sus vínculos de defensa bilateral de larga data entre ambos países. El comandante sostuvo que cada año entre 30 y 40 oficiales uruguayos viajan a EEUU para recibir entrenamiento militar.

Aunque no todo fue un caluroso recibimiento para  la comitiva estadounidense. Diversas expresiones de rechazo se hicieron notar. Entre ellas, La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad mostró su desprecio y sostuvo en un comunicado que “la historia de visitas de representantes del Comando Sur de EEUU a América Latina y el Caribe viene de la mano con intervenciones, agresiones militares, crímenes atroces contra nuestra gente”.

La uruguaya Mónica Riet, ex militante de la fracción política Frente Amplio de Uruguay, sostuvo para Avispa Midia que “no es extraña la visita del Comando Sur, porque desde el primer mandato de Tabaré Vázquez (expresidente 2005-2010 y 2015-2020) comenzaron con sus inversiones humanitarias en salud y educación, principalmente en barrios pobres como en Santa Catalina. Pero hubo varias denuncias de que lo que buscaban era establecer una base militar en Uruguay y establecer acuerdos y permisos para el uso de infraestructura bélica, como aeropuertos y puertos que pudieran servir para sus operaciones rápidas”.

Riet sostiene que su país “no ha sufrido de grandes catástrofes naturales porque contábamos con un sistema emergencia adecuado para nuestras necesidades. Pero el Comando Sur lo híper redimensionó con una de las primeras inversiones de un millón de dólares destinados al Sistema Nacional de Emergencia. Actualmente existen 10 centros que disponen de tecnología de punta que funcionan las 24 horas del día que tienen visión en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio”.

En su paso por Uruguay Faller y su comitiva también supervisaron los nuevos artículos donados para este país sudamericano en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria de Southcom (HAP) para mitigar el impacto de la Covid-19. De acuerdo con la embajada de EEUU, hasta ese momento, el compromiso de donación gira en torno a USD 4.8 millones en asistencia para contrarrestar la pandemia. “Estas donaciones incluyen equipo de protección personal (PPE), suministros médicos, lechos de UCI, equipos de detección y monitoreo, y tres hospitales de campo”, puntualizó la embajada estadounidense en un comunicado.

La comitiva militar de EEUU estuvo 24 horas en Uruguay y 48 horas en Argentina, donde también realizó una serie de donaciones para sobrellevar el impacto que ha dejado la pandemia.

Argentina

Faller fue recibido en Argentina por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes recibieron la donación de tres hospitales móviles por un valor de 3,5 millones de dólares que se sumaban a otras donaciones que ha realizado el gobierno de EEUU durante la pandemia. “Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID-19 para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección”, señalo el comandante del Southcom.

El sociólogo y periodista argentino Lautaro Rivara puntualizó para Avispa Midia que la visita de esta comitiva estadounidense en Argentina gira en torno a una mayor presencia de China y Rusia en la región, sobre todo por sus “inversiones e intercambio comercial. En el caso puntual de Rusia, es bastante notorio que la distribución de una vacuna bastante eficaz y económica como es la Sputnik V, esta siendo un vector de acercamientos con los países del Cono Sur”.

Certeramente como expone Rivara, en la declaración del Almirante Faller, emitida el pasado mes de marzo, la COVID-19 ha sido catalogada por el gobierno estadounidense como una “amenaza para el hemisferio occidental” y esto es un tema que implica a la Estrategia de Defensa Nacional (NDS por siglas en inglés) de los Estados Unidos. Pero también el comandante refirma lo que el Comando Sur viene sosteniendo desde el gobierno de Donald Trump, “estas amenazas incluyen actores estatales externos como la República Popular China, Rusia e Irán que buscan activamente aprovechar las democracias incipientes y frágiles en esta región”.

Para Faller existe una preocupación por el despliegue de China de 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica. Esto a implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostiene el comandante en su declaración.

El mando supremo del Southcom remarca la preocupación ya que desde 2019 China ha superado a los EE. UU. como el socio comercial líder con Brasil, Chile, Perú y Uruguay, pero además se ha posicionado como el segundo socio comercial más grande de toda la región detrás de los EE. UU. “De 2002 a 2019, el comercio de la República Popular China con América Latina se disparó de 17 mil millones dólares a más de  315 mil millones, con planes de alcanzar los 500 mil millones de dólares en comercio para 2025”, alerta Faller.

“Hay una cierta hipocresía en criticar la diplomacia comercial de China y a la vacuna rusa. Como también se criticaba en su momento la famosa diplomacia petroleara de Hugo Chaves. Como si fuera mas positiva la diplomacia de las bombas, la intervención, la injerencia y los golpes de Estado que es la que suele practicar Estados Unidos”, puntualiza el sociólogo y periodista argentino.

Rivara advierte que hay que “prestar atención a la política de ayuda humanitaria en la región. Fue con esta política que intentó, a través de una cabeza de playa, la ocupación de Venezuela en el año 2019. También este recurso fue usado para explicar 15 años de ocupación de Haití. Vemos que estos discursos están renovando los viejos argumentos que han usado con la lucha contra el terrorismo, derechos humanos, la democracia y ahora parecen estar echando mano de un arsenal ideológico como es la ayuda humanitaria”.

El acercamiento de la comitiva militar estadounidense hacia territorio argentino se da justo días después que el gobierno de argentina, presidido por Alberto Fernández, anunció su retirada del Grupo de Lima, un cuerdo multilateral creado por representantes de catorce países que busca dar seguimiento y acompañar a la oposición venezolana y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. El gobierno argentino sostuvo que en el plano internacional se ha buscando “aislar” al gobierno de Venezuela y esto “no han conducido a nada”.

La amenaza transnacional hacia Estados Unidos

Faller, el alto mando del Southcom, sigue sosteniendo que Irán, Rusia y China son un riesgo para la región, sobre todo por elevar su presencia en el comercio, con tecnología e infraestructura. Son las mismas amenazas que se vienen contemplando desde que lanzó la llamada Estrategia del Teatro para ser ejecutada de 2017 hasta 2027, donde también se contemplan las amenazas denominadas Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles).

Esta estrategia de 2017, que fue reafirmada durante el gobierno del Donald Trump, el entonces comandante del Southcom, Kurt Walter Tidd, llevó acabo un despliegue de diversas políticas de “Ayuda Humanitaria”, que respondían, según Tidd, a una rápida respuesta a “cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano)”.

El documento de esta estrategia era claro al asumir que este escenario permitía “oportunidades para promover la seguridad y la estabilidad regional. Durante las últimas cinco décadas, Southcom trabajó con diligencia para obtener – y mantener – la confianza de la región. Ahora nos proponemos a desarrollar esta confianza para profundizar la cooperación bilateral y ampliar la cooperación a dimensiones trilaterales, multilaterales o transregionales”.

El despliegue de esta estrategia también contempló otros sectores como el de cultura, de educación, salud, el periodístico y académico en coordinación con interagencias ubicadas dentro de las Embajadas de los Estados Unidos. “Trabajando con coparticipes interagenciales como el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia, y colaborando con las ONGs y organizaciones intergubernamentales, empresariales y académicas nos permite avanzar hacia objetivos nacionales que serian imposibles de alcanzar sólo con el poder militar”, señalaba el documento del Southcom.

El nuevo gesto, tan oportuno por parte del Comando Sur, hacia Argentina y Uruguay, durante el contexto de la pandemia, no ha sido el único ni el último. También ha sido llevado acabo en otros países como Brasil, donde donó, en 2020, equipo por un valor de 12.5 millones de dólares para “mitigar los impactos socioeconómicos y en la salud, generados por la pandemia de la COVID-19, con especial atención en la Amazonía”, anunció la embajada en su momento.

En este mismo país, altos mandos del Southcom acompañaron, en septiembre de 2020, un simulacro de guerra en el norte de Brasil y frontera con Venezuela, donde se movilizaron más de 3 mil 600 militares brasileños.

Certeramente, tal y como lo plantea el propio Faller en su declaración, la región latinoamericana ha sido una de las más golpeadas por la Covid-19. Todos los países están a la espera de las vacunas, pero en la visita del Southcom para llevar “ayuda humanitaria” no figura ninguna vacuna. “Los motivos reales de la visita son estrictamente obvias, es en materia de seguridad y de cooperación militar”, afirma el argentino Lautaro Rivara.

En la declaración del comandante Faller, del mes de marzo pasado, reafirma, “nuestras alianzas regionales son vitales para la seguridad y la prosperidad en este hemisferio” y, agrega, “los hombres y mujeres de USSOUTHCOM trabajan duro todos los días junto con nuestros fuertes socios interagenciales e internacionales para interrumpir y degradar a estos adversarios, mientras mantienen la presencia, el acceso y la influencia de los EE. UU.”.

Estas son las últimas visitas oficiales a cargo de Faller como alto mando del Southcom, ya que será reemplazado por la teniente general Laura Richardson, quien ha sido nominada por Joseph Biden para ser la próxima comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Richardson participó en operaciones aéreas en la guerra de Irak y en Afganistán, además sirvió como asesora militar del exvicepresidente Al Gore (1993-2001). Hasta antes de asumir su cargo como alto mando del Comando Sur, ha sido también comandante general del Comando Norte de los Estados Unidos.

 

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Avispa Midia

A 224 años de presencia Garífuna en Honduras | Denuncian destierro violento y genocidio

Por Angel Huerta

El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.

En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.

Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.

El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.

Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.

En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.

A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.

Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.

También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”

La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.

“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.

radio
Prensa Comunitaria

Guatemala | Comunidad Chaab’il Ch’och’ y la batalla por la tierra

 

Créditos: Nelton Rivera

Tiempo de lectura: 7 minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.

La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y  en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.

Por Nelton Rivera

Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.

Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.

En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.

“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.

La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.

La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas,  Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.

“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud,  sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.

La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos  buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I

Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.

Vista aérea de la región de Chaab´il Ch´och’ en Livingston Izabal. Fuente Google Earth

Antecedentes históricos de la tierra en disputa

La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.

La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.

Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.

A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.

En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.

Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.

La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.

Abogada Wendy Geraldina López del Bufete para Pueblos Indígenas. Foto Nelton Rivera.

¿Qué sucedió con la finca 4274?

En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.

El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.

La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.

Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.

“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.

“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.

Autoridades Maya Q’eqchi de la comunidad Chaab´il Ch´och’ después de participar en la vista pública. Foto Nelton Rivera

 

radio
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Privación arbitraria de la libertad a integrantes del Frayba

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

 

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

 

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

radio
Avispa Midia

México: Otomies anuncian plantón ante simulación de autoridades

Por Angel Huerta

A seis meses de la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, Otomíes exigieron en este lunes (12) a las instancias locales y federales que se cumplan los acuerdos firmados en las mesas de trabajo realizadas.

En un comunicado que leyeron frente a la instancia tomada señalaron que “el 24 de noviembre del año pasado, el Lic. Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio No. SG/826/2020, se comprometió a ‘concluir el 15 de diciembre’ del mismo año, y con base en la ‘normatividad aplicable, la publicación del decreto expropiatorio del inmueble referido”.

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Además que “mediante el oficio No. SG/824/2020 el gobierno local se comprometió para que mediante la gestión correspondiente se lleve a cabo, para el mes de agosto una “Expropiación Federal” en beneficio de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 y/o Roma 18, en la Col,. Juárez; mediante los oficios No. SG/827/2020 y SG/825/2020 se comprometieron a atender la gestión para llevar a cabo las expropiaciones correspondientes a los inmuebles ubicados en la calle de Zaragoza 1434 y Guanajuato 200”. Sin embargo, nada de estos acuerdos se han cumplido.

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