San Cristóbal de las Casas, Chis. El anuncio de los tzotziles del ejido Puebla, desplazados de Acteal (Chenalhó), en el sentido de que el viernes próximo irán durante diez días a cosechar sus cafetales en las tierras de las que fueron expulsados en agosto, no fue recibido con gusto por el gobierno de Chiapas.

El grupo priísta de la comunidad, liderado por Agustín Cruz Gómez, ha declarado que no permitirá el ingreso a organismos civiles que no provengan del propio municipio, lo que, se sabe, es un veto implícito a los defensores de derechos humanos, a grupos católicos de la diócesis sancristobalense y a observadores solidarios. El presidente municipal respaldó la medida ante sus 58 agentes rurales.

Ello incrementa los riesgos que podrían correr los desplazados, miembros de Las Abejas casi todos, quienes no dejan de proclamar su actitud pacífica, pero también sus exigencias de justicia y reparación de los daños derivados de las acciones violentas contra católicos y bautistas por evangélicos y representantes ejidales.

El secretario de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar declaró en Tuxtla Gutiérrez que la decisión “enrarece el ambiente”, rechazó la “actitud radical” de los desplazados (un centenar de personas, la mitad menores de edad, que debieron abandonar sus casas para salvar la vida) y mostró clara connivencia con los agresores oficialistas de la comunidad y el municipio. Reprobando “que se lleven a cabo este tipo de acciones” y argumentando que el “acuerdo” entre el gobierno y el ejido Puebla (cuyo comisariado ejidal es el líder expulsor, de conocidos vínculos con los paramilitares de la región) “es que sea todo en un ambiente de tranquilidad y discreción”.

Así, que “de repente” exista “intervención de organismos no gubernamentales” le parece sospechoso. Según Ramírez Aguilar, “lejos de abonar la paz y la concordia, únicamente alteran la actitud radical de los desplazados” (diario Expreso, 10 de enero).

Y añadió: “hay personajes externos ajenos a los desplazados que ven una bandera (en) mantener en la agenda mediática este tema”. No obstante, la secretaría a su cargo “estará pendiente” de lo que pase con las familias “que de una manera unilateral están violentando el acuerdo signado con las autoridades del ejido Puebla”.

Con tal aproximación del gobierno chiapaneco al conflicto (iniciado con el despojo violento de un predio que desde hace cuatro décadas es usado por los católicos para su culto), no extraña que los robos y saqueos en las propiedades de las familias desplazadas hayan sido a la luz del día y en presencia de la policía estatal que resguarda el poblado.

Los testimonios de los afectados y del equipo parroquial de Chenalhó destacan la generalizada disposición a la violencia de los jóvenes en el ejido. En las reuniones del coordinador de Vinculación de Organizaciones de la Sociedad Civil de la secretaría de Gobernación, Francisco Yáñez Centeno, y el secretario estatal Ramírez Aguilar o sus representantes, con los expulsores y los desplazados, éstos han minimizado la situación. “Son sólo jóvenes descontrolados”, dicen. Y ante la insistencia, el gobierno concedió impartir unos “talleres de paz” para estos jóvenes que ya se vieron en acción el pasado 20 de agosto, cuando por decenas, armados de piedras e insolentes, impidieron un intento de retorno de las familias que huyeron días antes de la violencia.

También, señalan los desplazados que Javier Cruz López, “organizó a los jóvenes para destruir la iglesia ya construida”, y que entre ellos es frecuente el consumo de “alcohol y drogas”. El comisariado ejidal, Cruz Gómez, “los felicitó” entonces por impedir el retorno.

Rafael Landerreche, con trabajo social de muchos años en la región, sostiene: “Las autoridades tienen cómo controlar a esos muchachos, pero no lo hacen. Pueden pero no quieren”.

Según el director del Frayba, Víctor Hugo López, “ni los representantes del gobierno, ni el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, están dispuestos a ir en ocasión del retorno, pero insisten en que existen condiciones y no hay problema”. Se supo que Agustín Cruz Gómez buscó el respaldo de los 57 agentes rurales del municipio para impedir el paso de los retornados, pero estos no aceptaron, pues “no consideran justo lo ocurrido”.

El gobierno estatal ha entregado, o prometido, becas, proyectos productivos, láminas, herramientas, dinero, obra pública y empleos a los ejidatarios, principalmente del grupo de Cruz Gómez. En vez de investigar y castigarlos, los premia. Los representas gubernamentales consideran que “con eso se resuelve”, que el problema “no es religioso ni político”, y que “no existen los paramilitares”.