El día de hoy, en rueda de prensa, familias desplazadas de ejido Puebla, Chenalhó Chiapas manifestaron que: “vamos a ir unos días a nuestra comunidad, la Colonia Puebla con el fin de cosechar nuestro café debido a que el tiempo del corte de café ya se está pasando y nosotros tenemos la necesidad económica de contar con ese recurso que junto con el maíz y el frijol es la base del mantenimiento de nuestras familias.”

El Centro Fray Bartolomé de las Casas anunció que: “Junto a organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, acompañaremos la jornada de labores que realizaran las familias desplazadas del 17 al 27 de enero de este año, señalando la responsabilidad del Estado mexicano ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse en la zona.”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
09 de enero de 2014

Boletín de prensa No. 01

Desplazamiento forzado en Chiapas en impunidad

• Ante la omisión de autoridades estatales y federales, el caso está en tramite ante la CIDH.
• Sin garantías que salvaguarden su integridad física, familias desplazadas recogerán cosecha de café.

Al transcurrir cuatro meses y medio de que 98 personas fueran desplazadas forzadamente del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, hoy, este Centro de Derechos Humanos da testimonio de las reiteradas omisiones en que han incurrido autoridades del gobierno estatal y federal para resolver un conflicto cuya gravedad advierte que se repitan hechos de imposible reparación, como los que han acontecido en la zona Altos de Chiapas.

Tras innumerables reuniones que hemos sostenido con representantes del gobierno estatal y federal corroboramos que el tema del desplazamiento forzado, lleva consigo múltiples violaciones de Derechos Humanos, y el caso ha sido desestimado por las autoridades quienes proponen tratamientos administrativos sin atender procedimientos mínimos de justicia, sin señales claras para resolver un conflicto en el que hoy el Estado mexicano evidencia su ineficacia y complicidad.

Constatamos también que las peticiones mínimas puestas ante el gobierno del estado en Chiapas por las familias desplazadas para generar condiciones para el retorno a su comunidad no han sido atendidas; entre ellas mencionamos: restitución del predio que les fue despojado, aclaración pública del falso rumor de envenenamiento del agua potable del ejido Puebla y medidas de reparación del daño comenzando por resultados prontos y efectivos ante las tres averiguaciones previas que obran en la Fiscalía de Justicia Indígena adscrita a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.

En ese sentido, y en distintas ocasiones, el ingeniero. Francisco José Yañez Centeno, Jefe de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, propusieron medidas económicas, materiales y de aparente reconciliación para que a través de proyectos de desarrollo se beneficiara a los pobladores del ejido Puebla, incluyendo a perpetradores de hechos delictivos, a cambio de olvido en la investigación de los hechos, impunidad para los agresores y firma de acuerdos carentes de sustento y sin garantías de no repetición alguna.

Hoy, al estar rebasados los plazos que las distintas autoridades comprometieron, acompañamos la difícil decisión que las familias desplazadas han tomado de acudir a recoger su cosecha de café a sus tierras de cultivo en el ejido Puebla; anunciamos también que, junto a organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, acompañaremos la jornada de labores que realizaran las familias desplazadas del 17 al 27 de enero de este año, señalando la responsabilidad del Estado mexicano ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse en la zona.

Finalmente reiteramos que con este conflicto, una vez más, corroboramos que en el fondo se reflejan los claros resultados y costos de la impunidad con la que autoridades de distintos niveles siguen protegiendo a actores locales que están polarizando las comunidades indígenas en su afán de desestructurar y desmantelar el tejido comunitario que favorece propuestas organizativas, como la autonomía, en respuesta a la crisis de gobernabilidad del Estado mexicano.