“Desarrollo” y ciudades rurales

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Milton Gabriel Hernández García
ENAH-CEDICAR

El amplio debate que hay sobre el tema-problema del “desarrollo” muestra claramente que la lucha social al respecto no se despliega exclusivamente en el terreno de las acciones, sino también en el de los conceptos y en el de la construcción social del sentido. De tal suerte que la disputa constituye un campo de fuerzas que se expresa de múltiples maneras, en una arena de conflictividad, dominio y construcción de hegemonía, resistencia y contra-hegemonía.

Las políticas de desarrollo que se dirigen específicamente hacia la población rural del estado de Puebla se enmarcan en un supuesto que se pretende hacer pasar por axioma: la dispersión territorial de los asentamientos campesinos e indígenas es la causa fundamental del “estancamiento productivo”, de su “pobreza extrema, marginación y rezago socio-demográfico”.

Desde esta perspectiva, un modo de vida históricamente configurado se considera una “barrera al desarrollo”, ya que “priva a las comunidades del acceso a los servicios públicos, a la infraestructura y a las oportunidades que ofrece el crecimiento económico”.

En el documento “Proyectos estratégicos en materia social”, del gobierno estatal, se establece como un eje de desarrollo la promoción de la reubicación de la población dispersa de la “zona de influencia” de los centros urbanos. Con esto se busca abatir la pobreza multidimensional en que se encuentra, según datos oficiales, el 64 por ciento de la población rural de este estado. Así –ya sea generando conectividad por medio del transporte mecanizado o reconcentrando a la población rural en núcleos urbanos–, se pretende desplegar el modelo de desarrollo para combatir la pobreza como una estrategia de “desarrollo territorial rural”.

A partir del análisis geoestadístico, el gobierno de Puebla ha identifi cado 50 áreas de mayor aislamiento a nivel estatal, susceptibles de ser reubicadas bajo la estrategia de las Ciudades Rurales. Estas zonas son las que se encuentran a más de ocho kilómetros de un centro urbano. Fuente: Iniciativa para la Integración del Desarrollo Microregional, Sedesol, 2012.

Señala un funcionario: “El gobierno del estado propuso 50 áreas de atención como objetivo para los seis años del presente gobierno. Hicimos un análisis geo-estadístico para primero identificar cuáles eran las localidades que estaban en situación vulnerable por dos razones: porque están en los municipios de alta o muy alta marginación o porque están con un grado de alejamiento de los centros urbanos y de los subcentros de servicios (…) La iniciativa para la integración del sistema microregional es una propuesta del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, es una propuesta que elaboramos para acompañar el proyecto del gobierno del estado que es el proyecto de Ciudad Rural versión Puebla”. El gobierno estatal ha anunciado desde 2011 la creación de 50 Ciudades Rurales, iniciando en el municipio de Zautla con el proyecto piloto.

Frente a la imposición de estos proyectos, el posicionamiento de organizaciones como Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona) ha sido claro: no existe posibilidad alguna de negociar una estrategia de desarrollo como ésta, en un escenario en que se atenta contra su forma de vida, sus territorios, sus sitios y rutas sagradas, las milpas agrobiodiversas y los derechos colectivos de los pueblos consagrados en múltiples instrumentos jurídicos estatales, nacionales e internacionales. Señala un militante: “(…) Creo que el proyecto de Ciudades Rurales pudiera ser bueno, el más bueno o el más malo, pero me parece que tiene un detalle: no ha sido ni siquiera consultado a las comunidades. El mejor proyecto es malo si no se consulta a los ‘verdaderos beneficiarios’. Nosotros estamos planteando un desarrollo con autonomía de los pueblos indígenas, un desarrollo que en ningún lado vemos que diga que queremos cambios de residencia, porque no queremos dejar nuestros lugares; un proyecto de desarrollo donde sí queremos vivienda, claro que sí, vivienda ecológica, pero no en otros lugares. En el tema de la Ciudad Rural no vemos la propuesta de cómo se van a fortalecer o a incluir los sistemas normativos de los pueblos, cómo se va a dar la impartición de justicia, o cómo se va a reforzar nuestra identidad cultural (…) no estamos de acuerdo en que se sigan violando los derechos de los pueblos”.

Como se puede observar, desde una perspectiva crítica, alcanzar el “paradigma del desarrollo” no equivale para los “subdesarrollados” (el mundo de la periferia) aspirar a los “estándares de vida” de los países desarrollados (del centro) sino construir una forma de vida en la que no exista más discriminación, exclusión y subyugación. Es decir, más que algo que tenga que ver con el atraso tecnológico y la carencia, el subdesarrollo es entendido desde abajo como algo que tiene que ver en primera instancia con un conjunto multiforme de relaciones de poder, inclusión subordinada o subsunción y al mismo tiempo, exclusión.

Sin embargo, en el campo discursivo, la noción de desarrollo ocupa hoy día un papel central en las políticas de Estado y en la acción empresarial sobre mundo rural y campesino. Siempre que se trata de “atender” las necesidades de la población indígena y campesina, aparece la palabra “desarrollo” en medio de un complejo aparato discursivo. Y es que la idea de desarrollo tiene una profunda raíz histórica en la filosofía de la historia moderna que entendía el proceso histórico como “progreso” y que en el siglo XX configuró el supuesto de que una sociedad sólo puede aspirar a la modernidad si se inscribe en el único e inevitable camino del crecimiento y la expansión de la economía capitalista.

Los pueblos y comunidades indígenas ya mucho saben de esto. Llevan siglos luchando y resistiendo contra la dominación. Es por ello que se sospecha que tal vez estas políticas de desarrollo encubren en realidad, políticas de muerte, de despojo y destrucción del modo de vida campesino-indígena. Así lo demuestra el hecho de que las Ciudades Rurales en Puebla vienen acompañadas de proyectos de minería a cielo abierto, presas e hidroeléctricas, a los cuales les estorba la población rural.