Brasil: Pueblos denuncian ataques y violación de derechos; llaman a boicot
En portada: Mujeres de mas de 150 pueblos indígenas ocuparon Brasilia para protestar contra la tesis del Marco Temporal que atenta contra el reconocimiento de sus tierras. Foto: APIB
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) lanzó el Dosier internacional de denuncias en lo que considera la coyuntura “más grave que los pueblos originarios han tenido que enfrentar en Brasil”, llevada a cabo por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. El documento fue enviado a organismos multilaterales y a los países con los cuales Brasil mantiene relaciones diplomáticas.
Los ataque y las amenazas a los pueblos indígenas han sido perpetrados desde diferentes frentes, reportan en el dosier. A través de discursos públicos de odio y mensajes racistas, con el proceso de destrucción de políticas y organismos públicos destinados a preservar los derechos indígenas y socioambientales, además de decisiones y acciones del poder judicial que han permitido vulnerar aun más los territorios de los pueblos.
“Este escenario institucional se refleja en un considerable aumento de los conflictos y las invasiones a nuestros territorios promovidos por grandes corporaciones e individuos interesados en desarrollar en tierras indígenas actividades de minería, agricultura, ganadería o otros intereses, trayendo más violencia y muerte a nuestros pueblos”, sostienen los pueblos da la articulación en el dosier.
Los pueblos del APIB sostienen en su dosier que la responsabilidad de lo que está pasando a los indígenas en Brasil debe ser asumida internacionalmente, ya que son los principales guardianes de los bosques en territorio brasileño, incluso de la Amazonia.
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Una de las acciones propuestas por los indígenas a la comunidad internacional es boicotear los productos brasileños derivados de procesos de explotación y violación de los derechos de los pueblos indígenas.
Retroceso en la regularización de tierras
De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), existen aproximadamente 1,290 tierras indígenas en Brasil, de las cuales 408 están regularizadas, 287 están en alguna etapa del procedimiento de demarcación, 40 son reservas, 21 son dominiales, seis se encuentran bajo restricción debido a la presencia de pueblos aislados y aproximadamente 528 son reivindicadas por los pueblos, sin ningún reconocimiento por parte del organismo indigenista.
El Estado siempre ha tardado en reconocer y regularizar las tierras indígenas. “Los diferentes gobiernos se omitieron o simplemente cedieron a las presiones políticas, económicas, empresariales y corporativas interesadas en las tierras y en las riquezas que los pueblos originarios han protegido durante milenios”, sostienen.
El gobierno de Bolsonaro, sin embargo, ha asumido una postura aún más perjudicial contra los pueblos indígenas, haciendo retroceder los procesos de demarcación, afirman. El actual presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, que fue asesor de la bancada ruralista, publicó el 22 de abril de 2020 la instrucción normativa n.° 09, la cual autoriza la emisión de títulos de propiedad privada en tierras indígenas no homologadas.
Hasta mayo de 2020, el actual gobierno había certificado 114 haciendas en el Sistema de Ordenamiento Territorial (Sigef) que se superponen con áreas indígenas no homologadas, contrariando los dictámenes jurídicos previos. En su conjunto, estas haciendas ocupan más de 250,000 hectáreas de áreas indígenas. “En medio de una pandemia, el Gobierno Federal promueve públicamente la invasión criminal de territorios tradicionales”, sostienen los pueblos.
Legalización de la explotación
Una encuesta realizada por el Instituto Escolhas, concluida en febrero de 2021, reveló que actualmente más de 6 millones de hectáreas dentro de las tierras indígenas y las unidades de conservación están amenazadas por la minería.
Entre las inúmeras iniciativas que se están tramitando en el Congreso brasileño, y que buscan legalizar la extradición de recursos en territorio indígena, está el proyecto de ley 191/2020 que autoriza la explotación de tierras indígenas mediante grandes obras de infraestructura y minería.
Marco Temporal
Una decisión que debe ser tomada por el Supremo Tribunal Federal, con carácter vinculante para los demás tribunales, pone en juego el debate sobre la teoría del Fato Indígena (Marco Temporal), que la bancada ruralista insiste en consolidar, argumentando que los indígenas solo tendrían derecho a las tierras que ya poseían físicamente el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó la Constitución brasileña.
“Una posible victoria de estos argumentos redundará en la anulación de los procedimientos de demarcación [realizadas después de 1988] y en el aumento de los conflictos y de los actos de violencia contra los pueblos y comunidades indígenas, además de permitir diversos actos ilícitos como la minería ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras, que son incluso incentivados por el actual gobierno”, sostienen los indígenas.
Persecución
El dosier denuncia también la persecución que han sufrido integrantes de los pueblos indígenas. Un ejemplo es el de Sônia Guajajara, una de las coordinadoras de la APIB. Guajajara fue intimada a declarar en la Policía Federal, en abril de 2021, solamente por participar de la serie-web Maracá2, producida con la finalidad de denunciar los atentados y las violaciones a los derechos durante la pandemia del COVID-19 y lanzada durante una live internacional, que contó con la presencia de numerosos simpatizantes, artistas y personalidades brasileñas e internacionales. Al final, el sumario abierto por la Policía Federal fue anulado por el Departamento Jurídico de APIB que presentó un habeas corpus en defensa de una de sus coordinadoras ejecutivas.
