Agencia Autónoma de Comunicación
SubVersiones.

Por Valentina Valle y Heriberto Paredes.

Poco más de un mes ha pasado de la firma, en Tuzantla, del acuerdo que establece el «Mando Único», acto con el cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo reiteró su voluntad de arreglar los asuntos de seguridad en el estado y, sin embargo, Michoacán está a punto de colapsar nuevamente.

Empezamos nuestro recorrido en la meseta p’urh’epecha, donde la inconformidad de Nahuatzen con su alcalde, fruto de las fraudes electorales de junio pasado, mantiene al pueblo en estado de alerta desde hace ya varias semanas; seguimos en Uruapan, que nos recibió con un homicidio recién perpetrado y sus calles repletas de camionetas blindadas sin placas; pasamos por Tierra Caliente, después de que Simón «El Americano» liberara el paso del enésimo bloqueo, supuestamente colocado para blindar la zona y permitir la elección de un nuevo líder del crimen organizado; alcanzamos la Sierra-Costa, donde en Coalcomán una reunión entre la Fuerza Rural y los emisarios gubernamentales nos recordó la razón de que el comandante Felipe Díaz no estuviése en la junta, sino en una ofrenda en la explanada municipal; y llegamos a la Costa, donde el primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía, sigue encarcelado y quien ahora ha tomado las funciones tiene una orden de aprehensión, al igual que el comandante de Coahuayana, donde el presidente municipal presentó, entre las protestas de su propio pueblo, un nuevo aparato policiaco cuyos objetivos él mismo dio prueba de desconocer.

En cada región se respira tensión, inconformidad, temor por las represalias del crimen organizado y del propio estado. Pero también se respira unidad y resistencia, y la voluntad de no permitir que todos los logros de estos dos años de lucha desaparezcan por intereses particulares que no son los de la población. Estamos a principios de noviembre de 2015 pero viajando por Michoacán nos sentimos en mayo de 2014, cuando en los calendarios de las barricadas una marca roja evidenciaba el día 10, la fecha del desarme.

En este entonces, el gobierno federal quiso acabar con el movimiento de las autodefensas y, a través de la labor del comisionado Alfredo Castillo, en una cierta medida lo logró, legalizando algunos de sus integrantes e imponiendo la creación de la Fuerza Rural, Ciudadana e Indígena. Ahora, el mismo gobierno federal quiere acabar con lo que queda de este levantamiento popular armado, sin duda uno de los más controvertidos de los últimos años en México, y pretende lograrlo a través de la estrategia de seguridad presentada por Aureoles, con la supresión de dichas fuerzas creadas por Castillo y la implementación de una nueva policía estatal, regida por los lineamientos del mando único y supuestamente «confiable y limpia».

Escuchando al gobernador, la decisión resulta tomada y listas las primeras medidas para que se respete: el 5 de octubre los alcaldes electos recibieron el oficio con la convocatoria del acuerdo y la advertencia de que los que no respeten el plazo para certificar a sus mandos tendrían que aclarar sus razones ante la Procuraduría General de la República (PGR). La «recomendación» fue clara y el plazo corto, así que en seguida los presidentes municipales se apuraron en poner manos a la obra. Sin embrago, después de un mes de concertación, Michoacán resiste. Esta y otras «sugerencias» del mandatario estatal no intimidan a los integrantes del movimiento que, a pesar de la camiseta que ahora visten, siguen encontrando su razón de ser en la voluntad del pueblo y no en las imposiciones del gobierno. Si en su momento se pudo «calmar» a unos cuantos de los civiles armados que andaban sueltos por el estado, los sentimientos de rabia, dolor, hartazgo y sed de justicia de los michoacanos, nunca se pudieron encerrar en un uniforme y ahora están más fuertes que nunca.

En Coahuayana, la voz del pueblo reclama a las autodefensas y no a la policía militar 

«¿Esa es la preocupación del presidente de la república, del gobernador? ¿Mandarlos a ustedes [a la policía militar] para acá a levantar borrachos? ¿Es en serio?» le pregunta un ganadero originario del municipio michoacano de Coahuayana al teniente de infantería Ricardo Canseco Arias, encargado de la policía militar que recién llegó a la cabecera municipal el pasado 5 de noviembre. Convocados por el recién electo presidente municipal, Porfirio Mendoza, representantes de diversos sectores de la población de este costeño municipio, colindante ya con Colima, se reunieron la tarde del 6 de noviembre en las instalaciones del edificio de gobierno local; ahí, tras una escueta y mal preparada presentación, los dos tenientes de infantería del primer batallón de policía militar con sede en Lázaro Cárdenas, Alfonso Padilla Sánchez y el mencionado Ricardo Canseco Arias, trataron de explicar la presencia de un nutrido batallón de la policía militar mientras que el edil hacia lo propio respecto al mando único que el gobernador Silvano Aureoles le exigió imponer en la demarcación. Ambas explicaciones, fallidas. La población presente, incluido el comandante de las autodefensas –ahora fuerzas rurales– Héctor Zepeda, «Teto» y elementos similares de los municipios colindantes de Aquila y Chinicuila, rechazaron enérgicamente la presencia militar y la confusa estrategia del mando único.

Hay algunas cosas claras que se evidenciaron en este desafortunado encuentro. En primer lugar, la falta de coincidencia entre los intereses y preocupaciones de la ciudadanía que habita este municipio y los expresados, en voz del presidente municipal y de los tenientes de la policía militar, por el gobierno estatal y federal. Una notable distancia separa estas dos partes y deja mucho qué pensar del lado de los habitantes, sobre todo porque el contexto les da una lectura precisa y puntual de lo que acontece ahora y de las necesidades que tienen y que debería atender el Estado: la reactivación de la economía local tras el paso del huracán Patricia, sobre todo por la pérdida de cientos de miles de hectáreas de plantaciones y varias pérdidas en la infraestructura de las playas que sirven de soporte económico; la detención de varios de los principales líderes de la organización delictiva Los Caballeros Templarios que asolaron durante varios años la región costa y que aún siguen libres, sin siquiera una averiguación previa, pero que han sido señalados constantemente tanto por los habitantes de toda esta zona como por los grupos de autodefensas. A decir del propio comandante «Teto», «El Tena», «El 500», «Tío Pinto», «Chuy Playas», «El Güero Champú», Federico González «Lico» se encuentran entre la localidad de Huahua (Aquila) y Caleta de Campos (Lázaro Cárdenas) así como hacia la parte serrana rumbo al municipio de Aguililla, y por supuesto, en el estado vecino de Colima.

En segundo lugar, el debate desatado en esta reunión pone sobre la mesa una profunda desconfianza en los cuerpos de seguridad del Estado, la ciudadanía no alcanza a creer que la respuesta que se le da a sus exigencias sea la de un batallón de la policía militar que –en palabras de los tenientes– viene a «levantar borrachos, o sancionar gente que se orine afuera de las escuelas, maridos que les pegan a sus esposas, puras faltas administrativas»; además, el edil Porfirio Mendoza, «Pillo» asegura que ya tiene listos a los nuevos integrantes de la policía municipal, alrededor de 22 (porque no supo definir cuántos) elementos que aparentemente aprobaron examenes de confianza aunque, por señalamientos de la misma población, estos mismos eran parte de la policía que encubrió y protegió a los Caballeros Templarios antes del levantamiento armado. Finalmente, el mando de la policía federal –quien también tiene presencia en Coahuayana– el comandante Santiago Mejía, asegura que su labor es también la de faltas administrativas aunque afirma que «si alguien me hace el enorme favor de señalarme a los verdaderos criminales, se lo agradecería mucho, porque la verdad, no los conozco».