En los días comprendidos entre el 20 y 26 de septiembre del presente año 2015, delegaciones de organizaciones indígenas y de solidaridad internacional de Bolivia, Ecuador, Colombia y el estado español, junto con organizaciones hermanas guatemaltecas, nos hemos reunido en el IV Encuentro Internacional de Escuelas de Formación Política (EIFP), en el territorio mayab’ kaqchikel de la ciudad de Chimaltenango.

En estos días, hemos hablado, analizado y debatido, desde nuestras propias realidades, respecto a los grandes retos y experiencias ya acumuladas en cada proceso formativo. Y esto siempre con la vista y el pensamiento puestos en los derechos humanos individuales y colectivos que nos corresponden como pueblos indígenas de este continente, de Abya Yala.

Precisamente, en conexión con dichos derechos, hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer al hermano Rigoberto.

Hemos podido saber y conocer de sus procesos de vida en dicha defensa y hemos sido testigos por unas horas del tiempo en la cárcel. Tiempo injusto que transcurre al margen de la vida de la mayoría de la población, pero tiempo que es más injusto cuando la evidencia demuestra que aquí y ahora hablamos de presos políticos por ser líderes de sus pueblos.

El estado guatemalteco se ha entregado en las últimas décadas a la corrupción y así lo demuestra el hecho incuestionable de que la exvicepresidenta y el expresidente hayan tenido de renunciar a sus cargos debido a la presión social y popular y hoy estén imputados y encarcelados por múltiples delitos económicos. Pero también este estado ha entregado, sin consultar a las comunidades, cada día más y más territorios a empresas transnacionales mineras y energéticas principalmente.

Se ha violado continuamente el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo, que tal y como establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, deben ser norma ante cualquier actuación que tenga que ver con la vida y el territorio de estos pueblos. Como ejemplo de lo anterior, recordamos el hecho de que más de 70 consultas comunitarias realizadas de forma autónoma por las propias comunidades bajo el amparo de las propias leyes que rigen el estado guatemalteco y los convenios anteriormente citados, siguen siendo sistemáticamente ignoradas por el estado.

En Guatemala, el pueblo maya que ya enfrentó un genocidio en las décadas finales del siglo pasado, nuevamente tiene que hacer frente a la violencia que, en muchos casos, es resultado de la actuación de las transnacionales en alianza estrecha con la oligarquía. Los pueblos indígenas nuevamente vuelven a ser vistos como mano de obra barata y sin derechos y sus territorios como espacios a explotar debido a sus riquezas en recursos naturales, ignorando además las justas demandas económicas, políticas y sociales de estos pueblos.

Y este es el marco en el que, entre otros muchos e injustos actos del estado guatemalteco y en defensa de los intereses principalmente económicos de sus élites y de los de terceros extranjeros (las transnacionales), se articulan procesos de criminalización y persecución política, casi siempre en base a delitos no cometidos y a acusaciones construidas ad hoc para ese fin. Éstos dan lugar a procedimientos que se dilatan conscientemente con nuevas acusaciones que prolongan los mismos con encarcelamientos, como es el caso de Rigoberto y Domingo, junto con otros hermanos líderes indígenas también en esta misma situación hoy en Guatemala.

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Ante toda esta situación, proclamamos:

1.- Nuestra obligación, por una cuestión básica de solidaridad y de compromiso ético y humano, entre personas y pueblos que nos sentimos estrechamente hermanados, de levantar ahora nuestra voz y denuncia pública ante estos procesos de criminalización y persecución de la protesta política por la defensa del territorio y la vida.

2.- Nuestra gran preocupación por la posible parcialidad de la justicia en Guatemala en los casos de criminalización de autoridades y liderazgos indígenas, que no son sino la voz de sus pueblos.

3.- Nuestra demanda de libertad inmediata para Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar y el cese de toda persecución política contra ellos y las demás autoridades indígenas también inmersas en estos procedimientos de encarcelamiento.

4.- Por último, proclamamos nuestra solidaridad y respaldo a las justas demandas de los pueblos indígenas de Guatemala, especialmente en todas aquellas referidas a la lucha por la defensa de los territorios como fuentes de vida plena y de la identidad de estos pueblos. Respaldamos la demanda de las comunidades mayas, xincas y garífunas para la salida inmediata de sus territorios de las empresas transnacionales, así como de otras con intereses agroindustriales, y exigimos el respeto y la aplicación efectiva de los derechos humanos individuales y colectivos, especialmente reconocidos por el estado guatemalteco en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Dado en Chimaltenango, territorio mayab’ kaqchikel de Ixim Ulew (Guatemala), en defensa de los territorios y de la vida plena, a 23 de septiembre de 2015.

• Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural – Centro de Formación y Realización Cinematográfica –CEFREC-, Bolivia.
• Pluriversidad Amawtay Wasi, Ecuador.
• Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-, Colombia.
• Organización Indígena de Antioquia –OIA-, Colombia.
• Asociación de Servicios Comunitarios de Salud -ASECSA-, Guatemala.
• Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral –COINDI-, Guatemala.
• Asociación Maya Uk’u’x B’e, Guatemala.
• Almáciga, España.
• Alternativa, intercanvi amb pobles indígenas, Catalunya.
• Mugarik Gabe, País Vasco.
• Periféries, País Valencià – España
• Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas –CODPI.