Por Heriberto Paredes

La tensión comenzó la tarde anterior, dos apagones habían puesto en alerta a quienes se manifestaron en contra del proceso electoral. Durante esos momentos de oscuridad, pobladores de Tixtla, estudiantes normalistas y miembros del magisterio guerrerense reportaban la presencia de grupos de choque que recorrían las calles de esta cabecera municipal. Algunas familias decidieron abandonar sus casas y refugiarse en otro sitio por temor a ser agredidas, o por su participación en las acciones contra las elecciones o simplemente porque vivían cerca de los líderes priístas locales. Vivir cerca de un priísta sólo puede traer violencia. Imaginemos todo un país gobernado por ellos.

Estas elecciones pretendían renovar el congreso a nivel federal y los congresos locales, alcaldías y varias gubernaturas. Lo único que se renovó fue el mecanismo de control en el que crimen organizado y partidos políticos son ya un mismo ente. Tal vez algunos nombres nuevos suenan, incluso se recurre a la farsa de los candidatos independientes, lo cierto es que, por lo menos en estados como Guerrero y Michoacán, nada se mueve si los cárteles no lo permiten y eso incluye a la política institucional. Tal y como afirma una fuente cercana a Guerreros Unidos: «Aquí quien quiere gobernar tiene que doblarse con nosotros, si no viene apadrinado no puede y si no se dobla lo doblamos. Sólo nosotros decidimos quien gobierna y quien se vuelve nuestro socio».

Por eso tanto interés en que no se impidieran las elecciones y por eso tanta violencia represiva, porque lo que está en juego no es sólo el poder sobre un municipio o sobre un distrito, incluso las gubernaturas son más que eso. El dinero y los reacomodos –de los diversos negocios del crimen organizado– que están involucrados son de tal envergadura, que no importa matar, desaparecer o violentar cínicamente la ley con tal de hacerse de un puesto. El dinero puede casi todo y la ambición es mala consejera. Sólo en este proceso de elecciones intermedias han sido asesinados 21 personas relacionadas o con alguna campaña o siendo candidatos o candidatas de algún partido. No es creíble, de ninguna manera, que Enrique Peña Nieto afirme que estas elecciones han transcurrido «en orden y que el derecho al voto se ha ejercido normalmente».

Tixtla es una pequeña población que resguarda a la Escuela Normal de Ayotzinapa y la relación entre los estudiantes y los habitantes siempre ha sido cordial, de mucha confianza, los normalistas les llaman «tíos» y «tías». Con este nivel de relacionamiento se han dado las movilizaciones previas al 7 de junio y con esta misma cercanía se llevaron a acabo las acciones de boicot contra el proceso electoral. Y ahí estaban también algunos de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, otros estaban en sus propias poblaciones luchando y otros más llevando su mensaje en el sur del continente americano.

Desde las 7 de la mañana un nutrido grupo de personas comenzaron a localizar los lugares y a las personas que instalarían las casillas para votar, de manera muy respetuosa se les pidió que entregaran el material y las boletas para ser destruidas. En por lo menos 10 casillas no hubo objeción alguna y la quema de la paquetería y de las mismas casillas se llevó a cabo sin contratiempos. En algunos puntos se escucharon gritos de repudio al boicot pero no era la generalidad. A pesar de la tensión en el ambiente, quienes llevaron a cabo el boicot electoral no cayeron en provocaciones pese a que quienes gritaban amenazas también blandían palos y piedras. Y tanto estudiantes como maestros nunca estuvieron armados ni fueron violentos.

Se sabía que habría provocaciones y por ello el control de las acciones fue muy duro, nada de andar pintando casas o hablar mal con los y las funcionarias de las casillas. El único episodio de violencia en Tixtla lo desató un grupo de alrededor de 150 personas que bloquearon la carretera federal Tixtla-Chilpancingo. El encuentro se dio cuando estudiantes y maestros se dirigían a otro barrio para llevar a cabo el boicot, de manera pacífica; una señora –que tiene a su sobrino desaparecido desde el 26 de septiembre de 2014– se acercó y pidió que nos dieran paso, porque «estas acciones son para demostrar que seguimos luchando por nuestros estudiantes, porque esto es para que ya no vuelva a pasar y que si ahora nos había tocado a nosotros, en otro momento les podía pasar a ellos y por eso hay que poner un alto». Prepotentemente, la respuesta de varios hombres y mujeres fueron las agresiones verbales y de manera súbita comenzaron a atacar lanzando piedras y levantando los palos asegurando que golpearían a todos. Una de las facciones de la «policía comunitaria» de esta población se había acercado para intentar negociar el paso y el resultado fue la provocación violenta. Dos mujeres y un hombre lesionados por piedrazos.

Tanto el profesor Felipe de la Cruz como el abogado Vidulfo Rosales pidieron el repliegue, ya que, aseguraron de inmediato, «el objetivo se había cumplido: ya se había impedido la elección en Tixtla. Por lo que no era conveniente caer en provocaciones para evitar una represión mayor». Los ánimos calientes, fue difícil contener a los normalistas y al magisterio, sin embargo, luego de unos minutos de incertidumbre, todo el convoy decidió concentrarse en la plaza central de Tixtla para tomar decisiones.

Comenzó a sobre volar un helicóptero de la policía federal, dio varias vueltas a muy baja altura y esto alertó al movimiento social. Se temía una represión como la que días antes había sufrido Tlapa, corazón del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y que esta misma tarde volvería a ocurrir. Ya concentrados en el centro de la población se tomó la decisión de desplazarse a la Normal de Ayotzinapa y ahí monitorear lo que sucedía en el resto del estado. Sobre todo, se ponía fin a las provocaciones que militantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estaban planificando. Tixtla se quedó con el bloqueo de la carretera, con la elección anulada y con la violencia que estos grupos de choque mantenían.

Poco después del medio día, Marisela Reyes, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) anunció que la elección municipal en Tixtla se daba por anulada debido a la quema de más del 20% de las casillas contempladas. Pese a ello, Enrique Anadrade, consejero del Instituto Nacional Electoral rechazó la anulación de la votación y aclaró que sólo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá determinar la situación. Por la noche, en las encuestas de salida ya se daba la victoria al candidato priísta Saúl Nava Astudillo.

A pesar de la presencia de por lo menos 4 grandes retenes de la policía municipal y la fuerza estatal, Tixtla no vivió los horrores que se desencadenaron en Tlapa, donde luego de que la policía federal y el ejército allanaran la colonia Tepeyac, el saldo es de 15 integrantes del MPG detenidos, Antonio Vivar Díaz, estudiante de la UPN de Guerrero fue asesinado por un impacto de bala de fuego en el pecho y un profesor está gravemente herido por un impacto en el abdomen.

Al termino de este trabajo, Guerrero se encuentra fracturado por la violencia y la represión, dominado –como se pronosticaba– por el PRI y con un panorama en donde continuarán operando los distintos cárteles del crimen organizado, principalmente tres, Guerreros Unidos, Ardillos y Rojos (en ese orden). Aunque la presencia de La Familia Michoacana, La Nueva Línea, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel Jalisco Nueva Generación crece y se convierte cada vez más en una presencia decisiva. El país vivió una de las jornadas electorales más sucias y fraudulentas de las que se tenga memoria –sin demeritar la larga lista que nos antecede– y deja un panorama desolador en donde el narco Estado es ya una fuerza completamente consolidada. «Si son los criminales los que nos van a gobernar, deberíamos votar por los cárteles y no por los partidos políticos».