Diálogo por el cuidado de la vida y de la Madre Tierra en la región Valle de Jovel
Sede: UNIVERSIDAD DE LA TIERRA -CIDECI, SCLC, Chiapas.
Fecha: 5 y 6 de febrero
Viernes 5 de febrero inicia a las 9am
10:00 am Luchas en el cuidado de la Madre Tierra, exposiciones de la defensa de la Madre Tierra por barrios, colonia, colectivos y organizaciones ambientalistas.
12:00 trabajos por mesas, receso, comida, y trabajos por mesa de 16 a 18 hrs.
SABADO 6 DE FEB
9 am Espacio de integración de resolutivos
11:00 Panel de acompañamiento de académicos y sociedad civil
Mujer y cuidado de la Madre Tierra (Alma Padilla, Red de Mujeres Mesoamericanas
La de la memoria en el cuidado de la Madre Tierra (Dr. Alberto Betancourt UNAM
Los derechos de la naturaleza y la defensa de los bienes comunes
Buen vivir y el cuidado de la vida
Arqueo-astronomía y geometría sagrada en el Valle de Jovel
Temas emergentes en la gestión territorial de la cuenca del Valle de Jovel
14 hrs. declaratoria por el cuidado de la vida y de la madre tierra.
Compartimos boletines de la conferencia de prensa Hacia el Encuentro Latinoamericano Con la Encíclica ”Laudato Si” defendemos los derechos a la tierra, el territorio y los bosques, que se realizó el día 03 de febrero de 2016 en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Naciones Unidas exige la libertad inmediata de Nestora Salgado
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hoy emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora Salgado, quien es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EE. UU.). El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica, así como las respuestas del Estado de México. Sostuvo que la detención de la señora Salgado es ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las varias violaciones a sus derechos humanos.
Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado. Emitió medidas cautelares en respuesta a sus alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud. Sin embargo, sigue detenida.
Durante 40 años el activista del Movimiento Indígena Americano (AIM), Leonard Peltier, ha permanecido en las garras del sistema carcelario de Estados Unidos ––en la “casa de hierro de los blancos”, así llamada por varios grupos indígenas, bajo cargos fabricados de asesinato.
Ahora que padece problemas de salud y una aneurisma de aorta abdominal, el tiempo ya no está de su lado.
La aneurisma, diagnosticada hace unas pocas semanas, amenaza su vida.
Por eso, los partidarios de Leonard exigen con urgencia su libertad para evitar que muera en la casa de hierro.
Hace décadas, cuando Bill Clinton era Presidente, él visitó al pueblo de Pine Ridge en el estado de Dakota del Sur, donde Leonard había vivido. Le dijo a la gente ahí: “Díganle a Leonard que no me olvidaré de él”.
La promesa de Clinton resultó ser tan vacía como la promesa de cualquier político. Gas. Aire. Viento. Pues, parece que se le olvidó, ¿no?
Peltier languidece en la casa de hierro mientras las largas décadas pasan. Escribió. Pintó. Esperaba la justicia blanca. Sigue esperando.
Sus partidarios piden que todas y todos escriban al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) para exigir atención médica y libertad para Leonard. El Comité Internacional para la Defensa de Leonard Peltier pide el envío de cartas y llamadas a www.bop.gov/inmates/concerns.jsp . Hagan referencia a Leonard Peltier #89637-132 y a su cárcel actual USP Coleman 1.
Y ahora que lo pienso ¿Por qué no escriben a la Casa Blanca para exigir clemencia ejecutiva?* Leonard Peltier necesita libertad ahora, y los pueblos indígenas necesitan que él regrese a casa.
Por Carlos Aznárez
Director de Resumen Latinoamericano
La esposa y el hijo de Muhammad Al-Qiq se manifiestan por su libertad.
Por favor recuerde su nombre. Se llama Muhammad al-Qiq, tiene 33 años y se está muriendo en la cárcel cumpliendo una huelga de hambre. Es periodista y ejerce la profesión en Palestina, un territorio ocupado y horadado por la violencia del invasor israelí desde 1948. Una nación que ha sufrido todo tipo de atropellos década tras década, y que por estos días asiste a una nueva vuelta de tuerca de la represión sionista contra quienes se rebelan a su dominio. En Gaza y en Cisjordania, miles de jóvenes protestan de diversas formas, y muchos de ellos son asesinados vilmente. Otros son detenidos. Todo ello frente al silencio de la mal llamada “comunidad internacional” o la manipulación de los medios corporativos, que no es lo mismo pero es igual.
Sin embargo, no todos callan. Muhammad Al-Qiq, como haría cualquier reportero que se respete a sí mismo, venía informando día a día para el canal “Al Majd”, sobre lo que veían sus ojos y sentía su cuerpo, con sólo dar un recorrido por las calles de Ramalah o de Jerusalén: niños golpeados y detenidos por arrojar piedras contra tanques, mujeres jóvenes asesinadas a las que se les “planta” un cuchillo para justificar el crimen, campos con cultivos de olivos arrasados, casas demolidas por pura venganza, ciudades como Hebrón o campos de refugiadas como Jenín, bloqueados militarmente y su población sufriendo todo tipo de humillaciones.
En este inicio de año, el mensaje de la compañera María de los Ángeles Hernández (presa política desde hace 7 años); los sonidos y las palabras del documental Mi Lak Tyeñ Kotyañ Lak Ña’Lum y de habitantes de Tila; el coraje y la lucha del Colectivo “El Rostro de Julio” y de los padres de los normalistas de Ayotzinapa; así como la reflexión y la alegría de Cemeí Verdía, y la compartición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su 22 aniversario, integran la muestra sonora de nuestras voces en defensa de la vida, nuestro territorio y la dignidad. Ya somos lo que somos, y falta lo que falta y viene lo que viene.
Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.
El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.
En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.
Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.
A continuación, los audios del evento:
Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas: (Descarga aquí)
Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba): (Descarga aquí)
Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)
Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.
Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.
Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.
También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.
Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.
Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.
Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.
Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.
Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.
A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.
Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.
Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.
Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.
Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.
Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.
Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.
Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.
El pasado 26 de enero, como parte de las actividades que se realizaron durante la jornada por Ayotzinapa, se llevó a cabo un “funeral para Julio César Mondragón”. Familiares del normalista asesinado montaron guardia junto a un féretro vacío en la Procuraduría General de la República (PGR), y exigieron justicia para el normalista.
Al respecto manifestaron lo siguiente: