Ciudad de México, 24 de agosto 2022; Colectivos de periodistas independientes se manifiestan frente a la FGR ante el asesinato de los periodistas Fredid Román en Chilpancingo y de Juan Arjona en Sonora en las últimas semanas. Exigen un mayor compromiso para defender el trabajo de comunicadoras y comunicadores por parte de las autoridades.
Con estos asesinatos se eleva a 15 comunicadores asesinados en lo que va del 2022. Exigieron la renuncia de Gertz Manero titular de la dependencia y de Ricardo Sánchez Pérez de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por su trabajo ineficaz. Urgieron al gobierno federal de dejar de atacar a periodistas y por el contrario instrumentar políticas públicas para detener esta violencia que sigue creciendo en el país. Llamaron a la unidad del gremio periodístico y de las y los trabajadores de la comunicación para juntos defender sus derechos y su vida. Anunciaron más actividades en solidaridad con el gremio así como una reunión nacional para enfrentar los retos actuales.
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#NoSeMataLaVerdad
LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS EN 2022 EN MÉXICO:
Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.
Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.
Caciquismo
Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.
En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.
Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.
“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.
Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.
Persecución
A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.
De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.
El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.
Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.
“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.
La noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se suscitó el inicio de una sublevación que tuvo lugar en la colonia francesa en Santo Domingo, actualmente República de Haití. Este levantamiento fue determinante en la construcción de la independencia del país y la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Con ello, Haití fue la primera nación de América Latina y el Caribe en declarar su independencia y liberarse de la esclavitud.
Tras la sublevación, el 23 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Este día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998 y en la Isla de Gorea, en Senegal, el 23 de agosto de 1999.
Como respuesta a la revolución, el capitalismo colonial impuso un bloqueo cultural, económico y político a esta república para impedir que su ejemplo no se expandiera en la región.
Esta sublevación es considerada como la única revolución de esclavos y esclavas, liderados por Toussaint Louverture y otros rebeldes, la cual permitió en 1794 que la Asamblea Nacional francesa suprimiera la esclavitud en los territorios de soberanía francesa. Ya en 1804 se erige la primera República Negra del Mundo y la primera nación independiente de América Latina en el territorio hoy conocido como Haití.
Desde finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos y Alemania se disputaron su influencia en este país. Se suscita así la ocupación estadounidense de Haití el 28 de julio de 1915, con el pretexto de salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses. Supuestamente esta ocupación terminó el 1 de agosto de 1934, después de que Franklin D. Roosevelt reafirmara un acuerdo de separación en agosto de 1933.
Durante los últimos años esta república ha sido golpeada por contextos políticos y económicos, pero también por catástrofes naturales con diversos sismos que han vulnerado la vida de los haitianos y haitianas.
Entre enero a junio del año 2022 se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que representa un ataque contra la prensa cada 14 horas.
Así lo informó la organización Article 19 en el reporte “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, mediante el cual destacan el incremento de las agresiones además de la gravedad de ellas que se manifiestan con violencia letal, desplazamientos, estigmatización y violencia en línea.
El documento reporta 12 asesinatos de periodistas, de los cuales en 9 casos se identificaron indicios que vinculan la labor periodística como móvil del crimen.
La organización también realizó una comparación del número de agresiones durante el primer semestre del 2016, cuando registró 218 agresiones contra la prensa, con el mismo periodo de 2021, lo cual señala un incremento del 51.83% de agresiones contra lxs periodistas en México.
Desplazamiento
Una de las consecuencias de las agresiones es el desplazamiento interno forzado (DIF) y el exilio de periodistas, quienes se ven obligados a abandonar sus hogares al no contar con la garantía de seguridad para ejercer sus labores. Durante el primer semestre del 2022, Article 19 documentó cuatro casos de DIF y dos casos de exilio.
Destaca la Ciudad de México, con 49 ataques, como el lugar con mayor número de eventos violentos. Le siguen Yucatán y Michoacán donde se documentaron 30 agresiones y donde el aumento de la violencia, en comparación con el mismo periodo del 2021, es hasta 9 veces mayor. Tamaulipas se ubicó en la tercera posición, con 21 agresiones documentadas.
Las principales agresiones en este periodo fueron intimidaciones y hostigamientos en 101 casos, seguido por las amenazas registradas en 66 casos, así como los ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público documentado en 45 ataques.
Article 19 registró que, del total de las agresiones, 219 casos fueron perpetrados contra hombres periodistas y 88 ataques contra mujeres. Además, la prensa nacional contabilizó 24 ataques, es decir, el 7.65% y el rubro de violencia en línea contabilizó 105 ataques, lo cual indica que una de cada tres agresiones ocurre en la esfera digital.
Estigmatización
La organización promotora de la libertad de expresión enfatiza que, durante el primer semestre del 2022, se documentó la persistencia de discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, “que buscan convertir al mensajero en el mensaje, desvirtuando las investigaciones o reportes originales de la prensa”.
Entre los principales ejecutores de la estrategia de estigmatización señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con lo que se genera un “efecto cascada” donde, sin importar el nivel de gobierno, o el partido, “las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al catalogarla como conservadora, vendida, o adversaria, entre otros”, señala Article 19.
Para la organización de derechos humanos, preocupa que, al ser cuestionado sobre el crecimiento de la violencia letal contra periodistas en el país, la respuesta de AMLO se limita a desviar la responsabilizar al Estado, tanto como perpetrador de los asesinatos o para garantizar justicia en las investigaciones ante los ataques.
Article 19 señala que las indagatorias sobre los asesinatos de periodistas desestiman la labor periodística con los crímenes, revictimizan a las víctimas y niegan la obligación de las autoridades para proteger e investigar los homicidios, estén o no vinculados con el crimen organizado.
“Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente”, enfatiza el informe sobre el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales la prensa ejerce su labor y donde los tres niveles de gobierno han sido omisos e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia sistemática contra la prensa.
Mientras se elaboraba esta nota, alrededor de las 17:00 horas de este lunes (22), el periodista Fredid Román Román, editor en el semanario La realidad, fue asesinado dentro de su vehículo en Chilpancingo, Guerrero.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció que ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio por arma de fuego.
22/08/2022.
50 años, medio siglo, es la pena que le han impuesto nuevamente a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, tras la revocación de la sentencia de libertad que obtuvo el 14 de octubre de 2019, después de haber estado en prisión política por cuatro años, cinco meses, catorce días.
El pasado 4 de marzo de 2021, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por una apelación a la sentencia de libertad interpuesta por el Agente del Ministerio Público del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, impuso una sentencia condenatoria de segunda instancia, por los dos delitos que le han fabricado a Miguel desde diciembre de 2014; Homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, y Tentativa de Homicidio con la agravante de ventaja por la Causa Penal 02/2015.
Con dicha resolución, ordena al Juzgado Mixto de Primera Instancia girar una orden de reaprehensión para privarlo de su libertad en cualquier prisión de Oaxaca que tenga cupo, por la condena de 50 años. Incongruente e indolente llamarle “Tribunal de Justicia”, cuando lo que prevalece en sus Salas es la impunidad y la intromisión de otros poderes. Hoy nos preguntamos una vez más: ¿bajo que elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo? No existe una sola prueba judicial consistente dentro del expediente, pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación.
Ya desde el día en que se ganó su libertad en 2019, gracias a una lucha política y jurídica, los señalamientos hacia su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por la entonces diputada local por MORENA y expresidenta de la Comisión Permanente de Administración y Justicia de la LXIV Legistlatura de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, se hicieron visibles. Evidenciando con ello que tanto el poder ejecutivo como el legislativo del estado de Oaxaca, habían enviado una carta a quien en ese año era la Presidenta del Tribunal para la “revisión del caso” ante su inconformidad por la libertad, es decir, mostraron una vez más la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder.
No suficiente con esa intromisión, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y el Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un “punto de acuerdo” en el que violentan una vez más el debido proceso de Miguel, al validar la versión pública de Elisa Zepeda, por su cargo como diputada, sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos. Con la nueva sentencia en contra de nuestro compañero al condenarle a 50 años de prisión y el uso del aparato legislativo y ejecutivo por parte del partido que sostiene el poder en México, se está reafirmando la persecución política que se ejerce hacia Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional. Quienes en conjunto, ya le arrebataron cuatro años de su libertad y ahora intentan quitársela por 50 años.
A su salida, Miguel continuó denunciando la fabricación de delitos y el injusto encarcelamiento de sus siete compañeros presos de Eloxochitlán, así como de quienes aún tienen órdenes de aprehensión. Esto le ha llevado a seguir siendo criminalizado, por el hecho de no callar y denunciar los abusos de poder de un grupo caciquil que ha reprimido a su comunidad por más de 10 años, y que finalmente han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos. Miguel junto con sus compañeros continúan presos y perseguidos por un conflicto social y político que a través del castigo judicial con penas como la que le han impuesto nuevamente, como lo son 50 años de prisión, que sin pruebas, con testigos que se contradicen, que son inconsistentes o que incluso niegan haber declarado, pretenden la inmovilidad y el silencio. Es por ello, que les hacemos un llamado a su solidaridad que nos ha venido acompañando durante todos estos años, para que se pronuncien en contra de la sentencia de 50 años y la persecución en contra de Miguel por parte del régimen partidista en el poder, y la posible reaprehensión, así como por la libertad inmediata de los siete presos políticos de Eloxochitlán y el cese de las órdenes de aprehensión de los desplazados por el mismo conflicto.
Les pedimos estén atentas y atentos a cualquier intento de detención o daño a la integridad de Miguel, de su familia y de sus abogados. Porque no es menor decir que los señalamientos que se han hecho en su contra, provienen de una ex diputada del partido en el poder y quien actualmente forma parte del equipo del gobernador electo en Oaxaca por MORENA. Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responzabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia. ¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir!
Alto a la persecución política! Abajo los muros de las prisiones!
Presxs A la calle!! #Libres Ya!!
Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos
Al pueblo de México y del mundo
Al Congreso Nacional Indígena
A las instituciones y organización de derechos humanos
A los medios de comunicación
La comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunciamos que el día 19 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, el cacique José Flores Sánchez, conocido también como La Polla, llegó al predio comunal donde una comisión de comuneros se encontraba trabajando por mandato de la asamblea general, construyendo el espacio cultural tepehuano, proyecto en el que hemos estado empeñados durante los últimos meses.
Esta persona que no pertenece a nuestra comunidad indígena, entró sin permiso al predio y estaba acompañado por Cayetano Aguilar Quiñones, quien constantemente ha lucrado con las tierras comunales y hoy ocupa el cargo de comisario municipal de Azqueltán, en el gobierno del municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Al entrar, preguntó a los comuneros que se encontraban construyendo una barda, que quién los traía ahí trabajando y que el predio era de su propiedad; a lo que los comuneros le respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre ese predio, que mide aproximadamente una hectárea y media, que pertenece a nuestra comunidad y que incluso está en la cabecera comunal.
Su respuesta fue que “esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando”, lo que dijo estando presente el comisario municipal, quien acudió al predio presentándose con dicho cargo. Este mismo hostigamiento, Cayetano Aguilar Quiñones ya lo había hecho anteriormente en el mes de marzo, abusando del poder que le dio el ayuntamiento municipal mediante el puesto como comisario.
Cayetano Aguilar Quiñones es el mismo que ha ocupado antes el cargo de comisariado del ejido San Lorenzo de Atzqueltán, desde donde ha pretendido usurpar la representación agraria sobre los terrenos comunales. Con la complicidad omisa de instituciones de gobierno de todos los niveles para atentar en contra de los bienes colectivos.
Cayetano Aguilar ha vendido descarada y fraudulentamente la tierra que no le pertenece, rentando el territorio comunal a personas externas para el pastoreo de ganado, lucrando con la madera del bosque de pino y hasta dando permisos para hacer prospección minera.
Nosotros, que somos comunidad indígena, tenemos a la asamblea general de comuneros como máxima autoridad, y sus determinaciones son nuestro gobierno agrario; que en términos de nuestra autonomía y libre determinación, están respaldadas por la Constitución de México y por los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado Mexicano.
Ante lo anterior, manifestamos lo siguiente:
1. Hacemos responsable a José Flores Sánchez y Cayetanos Aguilar Quiñones, así como a su grupo violento encabezado por Favio y José Guadalupe Flores Sánchez, de cualquier agresión en contra de nuestras autoridades y comuneros, así como de cualquier situación de violencia que atente contra nuestra comunidad.
2. La impunidad y protección que los gobiernos, ministerios públicos y jueces han dado a estos violentos caciques, representa un grave riesgo para la paz de nuestra comunidad y la vida de los comuneros.
3. Esta agresión se suma a una larga lista de agravios, amenazas, ataques armados, intentos de homicidio, secuestro y desaparición, que hemos denunciado en 32 carpetas de investigación que solo han garantizado impunidad a este grupo violento.
4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que actúen y tomen cartas en este asunto en la medida se sus competencias legales, con pleno respeto nuestra autonomía y libre determinación.
5. Llamamos respetuosamente a la atención y solidaridad de los pueblos y comunidades indígenas, así como de la sociedad civil nacional e internacional, para que nuestra exigencia de paz y respeto sea escuchada y para que no regrese, nunca más, la violencia que busca robar las tierras comunales, mismas que tenemos amparadas por el título virreinal desde el año 1733.
Atentamente
Agosto de 2022
Nunca más un México sin nosotros.
Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco
¡¡¡ALERTA MÁXIMA EN LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ!!!
FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS Y ATAQUES DE “LOS ARDILLOS”.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al pueblo digno de Guerrero
A las organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
18 de agosto de 2022
Hermanos y hermanas de México y del mundo: nuevamente queremos compartir nuestra palabra y en ella nuestra preocupación frente a las actuales amenazas del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en contra de las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, pero no solamente a nosotras y nosotros, sino a la población en general que todos los días vive el terror generado por este grupo delincuencial que se dedica a extorsionar y asesinar a la población sin que el Estado mueva un dedo.
En ese sentido, responsabilizamos al presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Aldy Esteban Román porque los asesinatos de los promotores del CIPOG-EZ no paran, mientras que los asesinos, el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad coludido con la policía municipal y con Aldy Esteban Román. Los habitantes de Chilapa de Álvarez, así como las comunidades del CIPOG-EZ vivimos todos los días la violencia de este grupo criminal mientras que las autoridades encargadas de brindar seguridad hacen como que no ven y no oyen el clamor de la población. Para nadie es un secreto, que los familiares de Celso Ortega, líder principal del grupo delincuencial “Los Ardillos”, trabajan en el municipio de Chilapa y controlan al presidente municipal; la familia Ortega desde el poder aterroriza a la población.
Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, así como a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta de México y del Mundo, a estar atentos, pues las ejecuciones siguen ocurriendo y las amenazas hacia nuestras comunidades están vigentes. Llamamos a que se siga denunciando la violencia que nuestras comunidades viven, que se exijan desde sus geografías y a sus modos y formas la desarticulación de los grupos narco-paramilitares, específicamente de “Los Ardillos”. No olvidamos a nuestros muertos y desaparecidos, no olvidamos las torturas y los encarcelamientos de los que hemos sido víctimas; no olvidamos a Pablo y Samuel, desaparecidos el 25 de enero en Atlixtac por la policía municipal, no olvidamos ni perdonamos.
Estaremos alerta en nuestras comunidades por lo que pueda suceder, velando por la seguridad de todas y todos los habitantes, pero al mismo exigimos que las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de la población hagan su trabajo. Como Concejo Indígena y Popular de Guerrero seguiremos en la defensa de nuestras comunidades, del territorio y de la vida: NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS.
ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
Plan de justicia y necesidad de parar la violencia en la sierra wixárika.
18 de Agosto 2022
1. El presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador visitará próximamente Santa Catarina Cuexcomatitlán y Tuapurie, Municipio de Mezquitic, Jalisco, como parte de los acuerdos establecidos en la Ciudad de México en marzo de este año, para firmar y anunciar el Plan de Justicia comprometido al pueblo wixárika.
2. Desde abril , y como parte del avance, se han realizado varias reuniones de los pueblos wixárika, nayeri, od´ham y mexicas para establecer un Plan de Justicia que responda lo más amplio posible a sus problemas y necesidades.
3. El jueves 11 de agosto 3 comuneros wixaritari (dos adultos y un menor de edad) fueron secuestrados en los alrededores de Minillas, municipio de Mezquitic.
4. Cumplían con el trabajo ceremonial de cacería de venado, el cual es parte de sus costumbres tradicionales para agradecer por la vida y el ciclo de lluvias de este 2022. La cultura wixárika aún preserva la costumbre de dialogar directamente con la naturaleza. Es una de las más ricas manifestaciones vigentes de nuestra herencia cultural de origen milenario.
5. Los tres wixaritari aparecieron en la madrugada del lunes 15 de agosto del presente año golpeados y amenazados.
6. Este hecho nos obliga a emitir un fuerte reclamo para que resuene en todas las esferas: NECESITAMOS una respuesta contundente para que los agresores sepan que el pueblo wixárika es un tesoro cultural que viene de tiempos remotos con la proeza de mantener viva su brasa de conocimiento ancestral. Y QUE TIENEN EL AMPLIO APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA EN EL SEGUIMIENTO DE SUS TRADICIONES
7. Esto, por lo tanto, es un llamado al gobierno, la policía, el ejército, los campesinos mestizos y el crimen organizado a que NO SE INTERRUMPA NI SE OBSTACULICE el que el pueblo wixárika cumpla su cargo de sostener un rezo para iluminar la vida de todos los seres vivos. Ese rezo implica la cacería del venado como moneda energética que multiplica toda vida. No es posible que esta tarea sea perseguida en pleno siglo XXI. ¡Exigimos respeto a estas tradiciones milenarias!
8. Esto no es un caso aislado; en la sierra wixárika ha llegado la violencia y la restricción de la libertad. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA INCREMENTADO Y ESCALADO DE FORMA alarmante LA VIOLENCIA.
9. POR ELLO NOS ES NECESARIO CUESTIONAR cuáles serán los puntos prioritarios del Plan de Justicia.
10. Ningún bien material, ninguna aula, centro de salud, carretera, por más necesarias que sean, se compara con el derecho de transitar con seguridad y confianza por los hermosos paisajes de su territorio. Y ese sencillo derecho hoy está borrado de la vida cotidiana. Hay temor y muchos casos de agresión que se suman al expediente.
11. Solicitamos que el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador garantice el libre tránsito del pueblo wixárika cumpliendo con su costumbre de amar la vida.
Fotografía de Juan Carlos Bucio Peritaje tradicional Cerro del Quemado 2012
En portada: Protesta por acceso a la vivienda y servicios básicos. São Paulo, 2014. Foto por Santiago Navarro F.
El pasado mes de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que los siete países más poderosos del mundo corren el riesgo de entrar en una recesión económica que terminará golpeando a la economía global. Aunque el Banco de la Reserva Federal de Atlanta es menos optimista al anunciar que es posible que Estados Unidos ya haya entrado a lo que se conoce como una “recesión técnica”, es decir una desaceleración de dos trimestres consecutivos de su Producto Interno Bruto (PIB).
La “recesión técnica” que puntualizan los indicadores del modelo de pronóstico GDPNow de este banco, se traduce en un debilitamiento del empleo, aumento de precios, reducción del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.
Este escenario es la continuidad de la crisis financiera que estalló en este país en los años 2007-2008, “de la cual Estados Unidos no se había recuperado y después, entramos a un contexto de pandemia inédito que prácticamente paralizó la economía mundial. Esto implicó el estancamiento en el crecimiento económico en este país”, dijo la Dra. Claudia Maya del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Dra. Maya, sostiene para Avispa Midia que todo este escenario se agudizó también por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los efectos de la crisis climática, “es obvio que va a afectar y va a interrumpir los procesos productivos normales. Por ello es muy probable que EEUU esté entrando a esta recesión”.
Mientras tanto, el mandatario estadounidense, Joe Biden, desestimó que su país haya entrado a una recesión, no obstante, el Departamento de Comercio de EEUU reafirma que las inversiones en el sector inmobiliario y de construcción han caído drásticamente al igual que el gasto de los consumidores, impactados directamente por la inflación, la cual ha alcanzado el mayor incremento durante los últimos 40 años al llegar hasta 9,1% en el mes de junio y a 8,5% en julio.
Este proceso inflacionario esta determinado por la oferta, es decir, el número de consumidores siguen siendo los mismos, pero los mercados no tienen capacidad de cubrir la demanda de cada uno de ellos. Esto es lo que está pasando con la escasez de los energéticos, el trigo, el maíz y otras materias primas. Entonces, dice la investigadora Maya, “para enfrentar esta situación, la Reserva Federal (FED) de este país esta subiendo las tasas de interés para reducir el consumo mediante una política monetaria restrictiva. Porque no se esta produciendo ni abasteciendo con la rapidez que la economía esta demandando”.
La economista Maya, quien también es parte de la Iniciativa de Investigación de América del Norte con American University, Washington, asevera que el aumento de la tasa de interés se traduce “en mayores costos financieros para los productores. Entonces los productores de bienes y servicios transfieren estos costos al costo final que terminan pagando los consumidores. Por otra parte, los salarios de los trabajadores también se ven afectados al reducir el poder adquisitivo”.
Por tanto, remarca la investigadora que “vemos un proceso de recesión que se asoma. Aunque aún no tenemos los datos concretos del último trimestre de los EEUU, pero sí, tenemos un dato muy importante que es la desconfianza de los consumidores”, agrega Maya.
La implicación para la región latinoamericana
La investigadora de la UNAM señala que Estados Unidos, para salir de la crisis del 2007-2008, implementó tasas de interés hasta el punto cero, “entonces ahora que la FED anuncia incrementos en las tasas de interés, pues pone a todos los mercados a temblar. Porque también se encarece la deuda externa”.
Los países emergentes como México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, son países altamente endeudados, “entonces un incremento de las tasas interés a nivel internacional, marcado por la FED, entre muchas otras cosas, esta generando un encarecimiento del endeudamiento. Por otro lado, esta obligando a los Bancos Centrales de los países latinoamericanos a seguir los lineamientos que marca la FED, como México, que subió entre dos y tres puntos su tasa de interés”.
Pero aún puede ser peor. El FMI enfatiza en su informe llamado Perspectivas de la Economía Mundial, lanzado en julio pasado, que las principales economías que forman el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), destino de las principales exportaciones, también podrían entrar a una recesión económica global.
“Si siguen aumentando las tasas de interés y los procesos inflacionarios crean una resección global, seguramente los países de América Latina van a estar muy afectados, principalmente los jóvenes que buscan trabajo. El crecimiento estimado de la región con el cual puede terminar este año, pues es relativamente bajo, es inferior al 3%. Los países latinoamericanos deberían crecer por arriba del 5% para absorber toda la mano de obra que se genera cada año”, agrega la Dra. Maya.
El FMI alerta que existen varios riesgos e incertidumbres “que podrían materializarse plausiblemente a corto plazo”, refiriéndose a cualquier acontecimiento adicional que se agregue al contexto actual de la economía global, como las sequías o las inundaciones que implicarían perdidas de las cosechas.
Crisis alimentaria
Por otra parte, se suma la crisis del acceso a los alimentos. El mes pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que diversas poblaciones en América Latina y el Caribe se está enfrentando a condiciones de hambre y esto ha traído como consecuencia “una migración masiva hacia el norte del continente, especialmente hacia Estados Unidos”.
“Hoy me gustaría ponerles al día sobre la crisis de seguridad alimentaria que afecta a América Latina y el Caribe, ya que se avecina una crisis oculta que, sin duda, afectará a millones de personas en la región y fuera de ella”, declaró Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos durante una rueda de prensa en Ginebra.
En la misma sintonía el FMI argumenta que esta crisis alimentaria “se agrava” por “la inflación mundial de los precios de los alimentos, en particular los precios de los cereales, como el trigo y el maíz”.
La investigadora Maya puntualiza que el mayor problema de América Latina no tiene que ver con los escenarios que han derivado del conjunto de estas crisis, sino que “tiene un problema estructural y es que son altamente dependiente de sus importaciones. Con este modelo de crecimiento hacia afuera con exportaciones, se descuida el mercado interno y algunos sectores estratégicos como el campo, la producción de sus propios alimentos. Entonces esto nos hace sumamente dependientes tanto del financiamiento externo, que ahora se esta encareciendo, pero también de los alimentos y de los energéticos”.
La economista pone como de ejemplo a México, “nuestro país importa casi el 80% del maíz que consume para las tortillas, cuando debería ser el principal productor a nivel mundial”.
Maya advierte que “no se ve que estos procesos inflacionarios se corten en el corto plazo. Pareciera ser que la economía mundial camina por un laberinto muy escabroso y los países no tienen idea de lo que viene ni las herramientas políticas económicas para hacer frente, entonces se endeudaran mucho más”.
No solo es la guerra
El FMI justifica que el aumento del costo de los alimentos se debe a la guerra en Ucrania y específicamente a las restricciones impuestas a Rusia para la exportación de trigo hacia varios países. Esto ha golpeado aún más a “los países de bajos ingresos”, afirma la institución financiera.
Aunque el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, por su sigla en inglés) ya había documentado que los precios del trigo estaban aumentando a nivel mundial mucho antes del conflicto bélico, “los precios ya estaban elevados, influenciados por suministros relativamente escasos en países exportadores clave”, reza el informe Perspectivas de trigo: marzo de 2022, coordinado por Andrew Sowell.
USDA sostiene que los precios del trigo han aumentado también por los efectos del cambio climático, “por las preocupaciones de sequía en las principales zonas productoras”. Entre los principales exportadores de trigo figuran: Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Kazajstán, Rusia y Estados Unidos.
El Banco Mundial en su informe de Seguridad Alimentaria que ha lanzado este mes de agosto, asegura que los precios de los alimentos han alcanzado un nivel récord y esto es lo que “ha desencadenado una crisis mundial que llevará a millones de personas más a la pobreza extrema”.
El Banco también informa que el acceso a los alimentos a corto plazo se ha restringido hasta el punto en que las vidas de las personas de bajos recursos están en peligro. Esta “inseguridad alimentaria”, como lo define, ha alcanzado a 345 millones de personas en al menos 82 países, según las Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos del Banco Mundial. Además, advierten que la situación podría empeorar “en 20 países o zonas entre los meses de junio a septiembre de 2022”.
Aunque las Naciones Unidas, desde antes de la pandemia ya registraban a 2300 millones de personas que viven en condiciones de hambre, lo que indica que las políticas contra la pobreza han quedado solo en el discurso. De esta cantidad de personas en situación de pobreza, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe.
Este contexto no solo deriva de la guerra y la pandemia dice la Dra. Maya, sino que se ha agudizado con le conjunto de todas las crisis, “con los múltiples fenómenos climáticos, la crisis energética y financiera vinculada a la guerra”.
El hambre como oportunidad
Hasta el 11 de agosto, al menos 23 países han aplicado 33 prohibiciones a la exportación de alimentos, y al menos siete han aplicado 11 medidas de limitación de las exportaciones. Tras estas medidas el Banco Mundial afirma que está desplegando nuevas políticas económicas a corto y largo plazo “para impulsar la seguridad alimentaria”.
Parece ser que tanto el BM, el FMI y el G7 se han puesto de acuerdo en lo que ha denominado como “crisis alimentaria” para seguir incentivado a las corporaciones que dominan la agricultura industrial. Desde el mes de mayo convocaron conjuntamente a la llamada Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, de donde se desprende su nueva estrategia a través de mas deuda para los países pobres, con un crédito de hasta 30 mil millones de dólares para fortalecer proyectos ya existentes y nuevos “en áreas como la agricultura, la nutrición, la protección social, el agua y el riego”.
En medio de las altas tasas de interés, el Banco Mundial esta ofreciendo más deuda, justificando también la “innovación para desarrollar mejores prácticas y nuevas tecnologías que puedan ayudar a aumentar la producción de fertilizantes”.
Este órgano financiero está abriendo estas líneas de crédito hacia diversos países, entre ellos, figuran diversos países latinoamericanos, como Bolivia, quien adquirirá una deuda de 300 millones de dólares para “contribuir a aumentar la seguridad alimentaria, el acceso a los mercados y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes”, según el Banco Mundial.
Bolivia es unos de los países de América Latina que recurre en menor medida a los agroquímicos o fertilizantes para su agricultura. Siguiendo la perspectiva de recuperación económica prevista por el Banco Mundial y el FMI, es que se incluye el uso de fertilizantes en el Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal 2019-2025, con el Plan General de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
El BM encamina al menos tres propuestas de política económica claves, sobre todo para incentivar el mercado de los fertilizantes y granos que cotizan en las bolsas de valores, como el trigo y el maíz. Para ello exige que “los países deben levantar las restricciones comerciales o las prohibiciones de exportación de fertilizantes; el uso de los fertilizantes debe ser más eficiente, por ejemplo, proporcionando a los agricultores un sistema de control de calidad”, puntualiza el informe de Seguridad Alimentaria.
Junto a este paquete de políticas económicas, el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, ha enfatizado que para “estabilizar los mercados, es fundamental que los países hagan declaraciones claras ahora sobre futuros aumentos de producción en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los países deben hacer esfuerzos concertados para aumentar el suministro de energía y fertilizantes, ayudar a los agricultores a aumentar las plantaciones y los rendimientos de los cultivos, y eliminar las políticas que bloquean las exportaciones e importaciones”.
En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.
Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.
El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.
Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.
Infiltrado
El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.
Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.
López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.
“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.
Jueces, obstáculo
Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.
Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.
Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.
“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.
El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.
Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
