Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que monitorea la Caravana El Sur Resiste, recibió información, relacionada al desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mongoñe Viejo, Oaxaca. El día de hoy 28 de abril, alrededor de la 10.38 hrs., un grupo de agentes de la fuerza de seguridad entre ellos Policía Municipal Guardia Nacional  y Marina Nacional, el cual era mantenido por el Pueblo Mixe con acciones pacíficas de manifestación con la finalidad de detener las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec relacionado al Corredor Transístmico. Durante el desalojo fue detenida María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eliodoro Martínez Isabel, sin que hasta el momento sepamos de sus paraderos. Así también se reporta una compañera golpeada. El Campamento fue destruido y robadas pertenencias.

Este campamento cumplió 60 días en resistencia, con más de sesenta movilizaciones por parte de las comunidades desde julio 2019, donde han recibido constante hostigamientos y amenazas. El día de ayer recibió la Caravana El Sur Resiste.

En estos momentos integrantes de la Caravana El Sur Resiste se encuentran manifestándose en la carretera transístmica a la altura de Oteapan, Veracruz para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos del gobierno federales y del estado de Oaxaca. Por lo que pedimos que se respete esta manifestación pacifica y los derechos quienes expresan su inconformidad sobre las acciones represivas de agentes del estado.

Desde el Frayba exigimos la inmediata liberación de los y las indígenas mixes detenidos, cese a la represión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, el respeto del derecho a manifestación de las comunidades y pueblos contra el despojo e imposición de proyectos de desarrollo, violatorios de los derechos de los pueblos originarios.

El 27 de abril del 2010 fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola, por brindar su solidaridad al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui se Oaxaca, desde entonces la búsqueda de la justicia por el amor a Bety y Jyri no se detuvo, las miles de expresiones de indignación, de exigir castigo no se detienen, sin embargo la impunidad es el sello constante por las instituciones del estado mexicano después de 13 años; recordar a Bety y Jyri como un ejemplo vivo y comprometido con el amor al projim@ sigue siendo necesario. Abrazar la lucha por un mundo humano y fraterno es urgente, ellos son el ejemplo del compromiso y del llamado donde la vida está en peligro, son las semillas que florecen, por eso convocamos a seguir mantenido viva su memoria.

Te invitamos a participar en el rescate de la memoria histórica de Beti Cariño y Jyri Jaakkola, activistas y defensores de derechos humanos asesinados en la Caravana Humanitaria que buscaba llevar apoyo a la comunidad triqui de San Juan Copala en 2010.

Convocamos a artistas diversxs y solidarixs que aporten a la memoria gráfica bajo las siguientes bases:

1. Preferiblemente aporte a la memoria histórica de ambos activistas.
2. Técnicas: gráfica, pintura, acuarela, multimedia, cartel, poesía, otros.
3. Se reciben los trabajos a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de julio de 2023.
4. Se seleccionarán 20 trabajos los cuales recibirán un apoyo económico de 3000 pesos cada uno. El jurado seleccionador está integrado por familiares y artistas de reconocido prestigio.
5. Todos los trabajos serán expuestos en la Ciudad de Oaxaca. La obra seleccionada participará en otras sedes por definir (CDMX y Europa). Al término de la primera exposición serán devueltos los originales no seleccionados.
6. Así mismo las obras seleccionadas serán parte de la campaña internacional por la defensa del caso en la búsqueda de justicia de ambas familias

Mayores informes:
Semillasqueflorecen@proton.me

Convocan: familiares, amig@s y representación jurídica de Bety y Jyri en México y Finlandia

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Fuente: Avispa Midia

^{Por Darío Aranda}

^{En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.}

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La semana pasada, el 18 de abril, los gobernadores del sur-sureste mexicano se reunieron, por séptima vez, desde 2021, con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para “impulsar el desarrollo sostenible” de la región.

Durante el encuentro, que ocurrió en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y História Natural (Semahn) de esta entidad, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer los avances de la mega iniciativa de “conservación y desarrollo sostenible” llevada a cabo en los siete Estados, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

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De acuerdo con la secretaria, la iniciativa buscará la conectividad en corredores ecológicos y bioculturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.

Los gobernadores y las secretarías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán han conformado la iniciativa.

Durante el evento, el grupo de titulares y equipos técnicos de las siete secretarías trabajaron, bajo la asesoría de TNC y PNUD, en el diseño de las bases de operación del mecanismo a través de la definición de temas y regiones prioritarias.

El embajador Salazar, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar coordinados en busca de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos atrayendo proyectos e inversión que permite mayor empleo y bienestar social. “Hay muchas oportunidades en el Sur-Sureste” afirmó

Las regiones prioritarias establecidas para el año de 2023 son Selva Maya – Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Corredor Chimalapas – Selva Zoque (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y la Región Serrana Chiapas-Tabasco de Huitiupán-Tacotalpa (Tabasco – Chiapas).

Recientemente se lanzó la convocatoria “Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023”, con la cual entra en operación el primer ciclo de financiamiento de la iniciativa, con la aportación de 1 millón de dólares por parte de la USAID. Esta es la primera convocatoria pública para la selección de hasta cinco iniciativas de conservación que recibirán una aportación de capital semilla.

El mecanismo está enmarcado en el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, impulsado por la USAID y liderado por la TNC, para “el desarrollo sustentable de los paisajes del sur-sureste de México cuyo propósito es impulsar la inversión estratégica de recursos financieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la región”, según la convocatoria.

El mecanismo de cooperación surge como uno de los acuerdos plasmados en la Carta de Intención firmada entre los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán con USAID y TNC en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores, realizado en febrero de 2022 en Quintana Roo. Dicha Carta de Intención busca coordinar esfuerzos para promover la conservación y el desarrollo sostenible del Sureste de México.

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Área de Interés

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca son los estados que poseen el segundo macizo forestal más grande del continente, al contar con una extensión de 332 mil 099.81 km2, equivalente al 17% del territorio nacional, con una población de 25 millones 248 mil 399 habitantes, lo que equivale al 20% de la población nacional, de acuerdo con el (INEGI, 2020), donde el 60% de las etnias presentes del país están representadas en esta región.

Es una zona rica en especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos y tiene más de 535 especies de mamíferos, más de 1 mil especies de aves y animales marítimos. Allí están presentes los 10 tipos de vegetación de México, alberga 14 regiones hidrológicas que integran una importante red hidrográfica.

Otros proyectos

Las empresas de la American Chamber of Commerce de México (AmCham) han participado desde el primer encuentro en 2021. A través de distintos proyectos invertirán mas de 600 millones de pesos en la región. De acuerdo con comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, más de 200 comunidades indígenas “se verán beneficiadas”. Además, más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas y 26 universidades e institutos “también se beneficiarán”.

El director general del Consejo Mexicano del Negocio (CMN), Rolando Vega Sáenz, sostuvo que este espacio permite generar alianzas entre los Gobiernos Estatales y la Embajada de EUA, con el objetivo de realizar proyectos que fomenten el desarrollo de las empresas y generar condiciones propicias para que México y sus regiones sean atractivos a la inversión.

Entre las empresas internacionales presentes estuvieron Organon, Visa, Meta, Amazon y Google. La próxima reunión ocurrirá en Cancún, la fecha no fue anunciada.

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.