Este jueves (5) de agosto, un grupo de golpeadores atacó brutalmente a manifestantes pacíficos que se habían congregado frente a la Alcaldía de Xochimilco para exigir el retiro de una denuncia contra la activista Hortensia Telésforo, una destacada defensora del territorio y el agua en San Gregorio Atlapulco, en ciudad de México (CDMX). Tras estos actos de violencia, la policía de la alcaldía quedó como simple espectadora, hasta que intervino para detener a varios manifestantes, entre ellos, a la activista indígena, de 21 años, Anselma Margarito de la comunidad Otomí residente en CDMX.
El activista Diego García dijo para Avispa Mídia que el mitin planeado inicialmente frente al Reclusorio Sur fue trasladado a la Alcaldía de Xochimilco debido al paro de labores que sostiene el poder judicial. “El objetivo era visibilizar la criminalización que está sufriendo la compañera Hortensia Telésforo”, dijo García. A pesar de la naturaleza pacífica de la protesta, los manifestantes fueron agredidos violentamente.
Hortensia Telésforo, reconocida en su comunidad por su incansable labor en defensa de los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y, en particular, el agua, enfrenta una carpeta de investigación en su contra, presentada por las autoridades locales de Xochimilco. Su trabajo incluye la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, un centro cultural y de educación sobre los derechos indígenas y la protección del agua.
De acuerdo con las declaraciones de García, el grupo de choque, que apareció de forma sorpresiva, parece haber sido auspiciado por la alcaldía de Xochimilco. “La policía estaba presente, pero no hizo nada para detener la agresión. En lugar de eso, se limitaron a observar mientras nuestras compañeras y compañeros eran brutalmente golpeados”, señaló. “En especial responsabilizamos a Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno (de CDMX), y José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco ”
La joven activista de la comunidad indígena Otomí y otro más conocido como El Gato de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal, “fueron golpeados y trasladados a la Fiscalía de Xochimilco, aunque más tarde se supo que fueron llevados a la alcaldía de Tlalpan”, detalla el activista García.
García no duda que la detención haya sido selectiva, ya que Anselma ha sido una voz destacada de su comunidad, quien comenzó su activismo siendo apenas una adolecente. “Anselma ha sido una vocera clave en la lucha por los derechos de su comunidad Otomí”, comentó García. “La agresión y la detención de ella y otros compañeros evidencian una estrategia sistemática de represión”, complementa.
Al cierre de esta nota se reportan cinco detenidos: Roberto Rodrigo Contreras (Gato); Jorge Manuel Cancino García; Uriel García Rosas; Penélope Estefanía Galicia Argumedo y Anselma Margarito Francisco quien “fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla”, dijo García.
Mientras tanto, los activistas mantienen un bloqueó de las calles Gladiola y Francisco Goitia para exigir la liberación inmediata de sus compañeros. “Nuestra compañera es muy jóven y lo que sabemos es que fue brutalmente golpeada y esposada para que se callara. Hay una clara violación grave de sus derechos más elementales. Por tanto, vamos a mantener el bloqueo hasta que liberen a nuestros compañeros”, concluye García.
Anselma
Desde el 12 de octubre de 2020, Anselma junto a su comunidad decidieron tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que ahora se conocen como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria del activista asesinado por su resistencia al Proyecto Integral Morelos. Este acto de ocupación no es un capricho, sino una respuesta ante la falta de acción del gobierno para atender las necesidades de vivienda de la comunidad Otomí residente en ciudad de México.
En una entrevista que realizó Avispa Mídia días antes de esta detención, Anselma explicó la urgencia de la situación. “A pesar de los desafíos y la represión seguimos organizándonos, luchando y resistiendo. Los gobiernos cambian, pero las promesas incumplidas y la discriminación persisten. Debemos ser esa piedra en el zapato para los malos gobiernos, sin importar su color o partido”.
En un acto de congruencia de su actuar político, Anselma decidió participar de la manifestación en apoyo de la activista Hortensia Telésforo, ya que fue un acuerdo de la quinta Asamblea Nacional en la Casa de los Pueblos realizada el pasado mes de agosto, donde las voces se unieron para, “luchar y enfrentar los problemas que sufren nuestros pueblos. La contaminación del agua, el despojo de nuestros recursos y la represión. Son cuestiones que nos afectan a todos”, dijo en su momento la activista.
Hoy, 5 de septiembre, durante una movilización en defensa de los pueblos originarios y contra la criminalización en Xochimilco, la Fiscalía y cuerpos represivos realizaron detenciones y desapariciones forzadas en un contexto de represión violenta. Esta manifestación, que era libre y pacífica, tenía como objetivo exigir el retiro de la denuncia penal contra Hortensia Telésforo, quien ha defendido el territorio de su comunidad.
Un grupo de 30 golpeadores, portando armas blancas, atacó a manifestantes de varias organizaciones sociales frente a la Alcaldía de Xochimilco. La compañera Mayahuel, de Xochimilco, fue brutalmente agredida y arrestada, mientras otras compañeras de la radio y medios libres, junto con integrantes de pueblos originarios, también fueron atacadas. Se reportan 8 heridos, incluyendo agresiones sexuales, rostros ensangrentados y el robo de equipo. Las autoridades se niegan a informar sobre el paradero de los detenidos.
Entre las personas desaparecidas y detenidas están:
Anselma Margarita Francisco
Roberto Rodrigo Contreras (Gato)
Jorge Manuel Cancino García
Uriel García Rosas
Penélope Estefanía Galicia Argumedo
Anselma Margarita Francisco fue brutalmente golpeada en el rostro frente a testigos y torturada para silenciarla. Las autoridades ahora niegan que haya estado detenida.
¡Exigimos la aparición inmediata de Anselma, Gato, Jorge, Uriel y Penélope, así como justicia para todos los agredidos! Responsabilizamos directamente al Jefe de Gobierno, Martí Batres, y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX por orquestar esta represión violenta en contra de quienes defendían el territorio.
Hacemos un llamado urgente a todas las redes, organizaciones y personas solidarias, a nivel nacional e internacional, a sumarse a esta exigencia de justicia. ¡No permitamos que la violencia institucional y la impunidad sigan desapareciendo a quienes luchan por la vida y los territorios!
Exigimos el cese inmediato de la criminalización de la autonomía y de quienes, como Hortensia Telésforo, defienden la vida. ¡Hortensia Telésforo no está sola!
Responsabilizamos a la Fiscalía 2 de Xochimilco y al gobierno de cualquier daño a la integridad física y psicológica de nuestros compañeros desaparecidos.
Recordamos que hoy, en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, decidieron atentar contra la valentía de mujeres como Anselma que defienden sus territorios y derechos, a pesar de la represión que enfrentan. Tno olvidamos que el 30 de agosto conmemoramos a las víctimas de desaparición forzada, sin olvidar lo significativo que es septiembre para la lucha contra la violencia de Estado, especialmente por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa y que aún así el gobierno asesino decide reprimir.
#HortensiaEsResistencia
#DefenderLaVidaNoEsDelito
#AltoALaCriminalización
#AltoALaGuerraContraLosPueblos
#PorqueVivosSeLosLlevaronVivosLosQueremos
#ApariciónInmediata
Atentamente
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA Y ORGANIZACIONES Y PUEBLOS SOLIDARIOS
-Proceso judicial irregular podría despojar a la comunidad indígena nahua de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados
– La Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia y reconocer el territorio ancestral
La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC); e internacionales como el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD) presentaron cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En las cartas manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula. Estas inconsistencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.
Esta es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde el año 2004. El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios” tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales. Ante la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cuál se espera una respuesta en las próximas semanas.
“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas” señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.
Por su parte, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, señalan que los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos, están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto la violación a uno de ellos, implica la vulneración del resto. Reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso: desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.
Finalmente le recordaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas oficiales a México han señalado que “La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.” y que “Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.
Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad: “La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.
Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.
El Estado tiene la obligación y la oportunidad de generar condiciones de paz y seguridad para la población. Los grupos delincuenciales y de “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de la riqueza natural con la que cuentan, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias que habitan en este terreno en disputa y se sumaría a la larga lista de agravios de los cuales la comunidad es víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.”
Firmas
Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). Articulación de pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones civiles, con presencia en 19 estados de la República. Integrantes: Campeche: Ejido Miguel Colorado Champotón, Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya, Observatorio de violencia social y de género, Colectivo Vidas, Mujeres por un Nuevo Amanecer, REDMYH A.C., Colectivo Maya de los Chenes; Chiapas: Proyecto Educador Comunitario Indígena, región VI Selva Cañadas, Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio-Ocosingo (MODEVITE Ocosingo), Comunidad Suclumpa Salto de Agua Chiapas, Gobierno Comunitario de Chilón centro de atención Bachajon: 1. Centro Bachajón,2. Xlemlajanten, 3. Las Limas, 4. San Sebastian Bachajon, 5. Yulub-max, 6. San Martín Cruzton,7. Jalal 1 Sección, 8. Las conchita, 9. Joybe yetal wits, 10. Pataliha, 11. Yaxtelha, 12. Uxyoquet, 13. Julba Pimil San Sebastian, 14. Chic abantelho, 15. San marcos uhaayil, 16. Ti cantelha, 17. Julbacpimil, 18. San pablo Chalam chén, 19. Yax winie, 20. Primavera, 21. Uhcayil, 22. Centro Cacualha, 23. Jetoaquil, 24. Ahlan Cacualha, 25. Waleha sil, 26. San Martin Pino Suárez, 27. Israel, 28. Carmen Cacualha, 29. Coral Ch´en, 30. Nich´ te´el, 31. Nueva Palestina, 32. Nuevo Tepeyac, 33. San Marcos Buena Vista, Gobierno Comunitario de Chilón, centro de atención C’ubwitz: 1. Sacun C’ubwitz, 2. Sacun Saquila, 3.Bawitz Jerusalén, 4. Jol sacun, 5. Sacun palma, 6. Sacun San Pedro, 7. Yochibja, 8. Q’uicisal, 9. Onteel, 10. Axupja, 11. Jol Axupja segunda Sección, 12. Mojón, 13. C’anal Ulub, 14. Nup’ha, 15. Laguna Verde, 16. Crucero Saquila, Tianguis Campesino, CDH Fray Pedro, Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL, Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE), 20 De Noviembre, Santa Cruz La Reforma, Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Enlace Capacitación y Comunicación región Ocosingo,Organización de los Pueblos Autónomos Maya de los municipios de Salto de Agua, Palenque, Tumbala y Yajalon; Chihuahua: Bosques San Elías Repechique, Huitosachi, Bacajípare, CONTEC, A.C.; Ciudad de México: Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida, Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Fundación para el Debido Proceso DPLF, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Colectivo de Abogadas, Oxfam México, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Enlace Comunicación y Capacitación Ciudad de México; Estado de México: Comunidad de Tepetlaoxtoc, Pueblo Indígena Otomí de San Francisco Magú, Concejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco; Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Huehuetán municipio afromexicano por el principio de la Libre Determinación, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Enlace Comunicación y Capacitación región Guerrero; Jalisco: San Lorenzo Azqueltán, Comunidad de Indígena de Tepizoac, San Juan de los Potreros; Michoacán: Defensores Comunitarios de Nahuatzen, Santa María Ostula, Xamoneta colectiva, Cherán Habitantes de la Comunidad Purhépecha de Comachuén, Carapan, Ésheni (Pichátaro y Zirahuen), Cheranatzicurín, Sevina; Nayarit: NuIwari A.C., Asamblea Permanente de la Comunidad Náayeri de Jazmín del Coquito; Oaxaca: Enlace Región Tlaxiaco, San Sebastián Ocotlán, San Jacinto Ocotlán, Tejas de Morelos,San Felipe Apóstol, San Matías Chilazao, San Jacinto Chilateca, Maguey Largo, Oaxaca El porvenir, Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), San Isidro Zegache, La Barda Paso de Piedras, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, Santa Ana Zagache, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Pedro Apóstol, Asunción Ocotlán, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), CDI Flor y Canto A.C.,Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO); Puebla: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios; Yucatán: U Yich Lu’um, Kanan derechos humanos; San Luis Potosí: Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C., SEDEPAC Huasteca, Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina, Observatorio Indígena, Centro Ceremonial Teenek, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina COCIHP, Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla, Xochitzotlajmani, Kichaj, una luz para el desarrollo participativo en la Huasteca A.C.; Sonora: Pueblo de Vícam; Quintana Roo: Colectivo Maya Balaam; Veracruz: Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorio, Colectivo Altepee (istmo de Veracruz).
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH)
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca).
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC)
Red Solidaria de Derechos Humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC),(Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)(Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco hace público el presente comunicado. Externamos este texto como una denuncia pública ante la criminalización del Estado, en especial de la Alcaldía Xochimilco, hacia la defensora del territorio Hortensia Telésforo, a quien buscan criminalizar por su participación activa en las actividades comunitarias del San Gregorio y en especial por su participación en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco.
Exigimos a la Alcaldía Xochimilco que desista esta criminalización, pues la Tlamachtiloyan, antes biblioteca comunitaria, pertenece al pueblo originario de Atlapulco por decreto presidencial y su recuperación es una demanda que se mantiene desde la represión de diciembre de 2022 por la usurpación de este espacio por parte de la administración de José Carlos Acosta.
¡La defensa del territorio y la autonomía, no son un crimen! ¡Aquí estuvimos, aquí estamos, aquí estaremos! ¡Fuera la alcaldía, viva la autonomía!
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac
A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos indígenas de México y del mundo
Y a la sociedad en general
Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.
El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.
Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.
Ante esta situación, exigimos:
1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.
2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.
3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.
4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.
Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.
Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana 2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país norteamericano.
Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones, fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de las fuerzas armadas de EEUU.
El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU, responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, América Central y América del Sur.
Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos.
Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3 de noviembre de 1970, un documento desclasificado.
Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington, el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de 1970.
En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados.
El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe, duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes emplearon técnicas de tortura.
Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año 2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de 2023.
“Amistad”
Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y comunistas están socavando la democracia y alimentando la inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.
Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano”.
Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado, iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial. Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global.
En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y la estabilidad democrática en América del Sur”.
Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de Canadá, Francia y el Reino Unido.
También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de los Estados Unidos.
En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.
La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM), de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado – el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas – descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región.
El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.
Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.
“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
Vista de los manglares de la bahía de São Marcos y la isla de Cajual, al fondo. Foto: RdR/ Klaus Schenck.
El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).
Ubicación del terminal portuario TPA en la isla de Cajual y el muelle en la bahía de São Marcos en el Océano Atlántico.La zona de mareas de la mitad norte de la isla está bordeada de manglares. Elaborado por RdR usando Google Earth + TUBS CC BY-SA 3.0 DEED.
“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.
Presión Social
La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.
El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’”.
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto.
Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo.
Inversiones
El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).
En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.
En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo.
De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
En portada: Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la 119 Acción Global para exigir verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos. A un mes de cumplir una década del crimen, Fuerzas Armadas niegan compartirles información que podría llevar a conocer su paradero.
En días recientes, congresistas mexicanos están dando pasos para concretar un paquete de 18 reformas constitucionales presentado desde febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado jueves (22), mediante sesión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor (del partido Morena y aliados), 17 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la extinción de 7organismos autónomos.
Con ello avanza la propuesta de eliminación de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras. Destaca entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),órganismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad e institución del Estado mexicano.
El partido en el poder, Morena, argumenta que, con la eliminación de los organismos autónomos, se obtendrán recursos económicos para ser redireccionados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mientras tanto, son diversas las voces que han levantado críticas contra esta medida.
Una de ellas es del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, el cual destaca que, desde su creación en el año 2014, el INAI ha sido esencial para garantizar el derecho a la información pública pues recibe hasta 300 mil solicitudes anualmente, a nivel federal. Hasta dos tercios de la información de estas solicitudes no se encontraban en fuentes públicas y, además, éstas pasan a formar parte de un repositorio en línea que cualquier persona puede consultar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Más importante aún, remarca el Programa, es el papel del INAI para atender quejas de inconformidad con las respuestas de las instituciones e impugnar la falta de acceso a la información de los sujetos obligados, por lo que “su desaparición sería un retroceso grave, de al menos 20 años en la garantía de la información pública”, asevera en su análisis. Esto se debe a que, si una institución niega contar con la información, o alega que está reservada, el INAI cumple con la función de impugnar la respuesta y, en su caso, ordenar la publicación de la información a favor del solicitante.
La preocupación del Programa es que, con la desaparición del INAI, cada dependencia del gobierno sería responsable de recibir y gestionar las solicitudes de información. En este punto coincide con el análisis de la organización Data Cívica, quien alega que “desaparecer el INAI implica que las mismas instituciones opacas que niegan la información decidan sus procesos de transparencia”, enfatiza en pronunciamiento difundido en redes sociales.
La propuesta de Morena pretende incorporar las funciones del INAI a la Secretaría de la Función Pública, órgano con funciones de contraloría dependiente del poder ejecutivo como parte del gabinete presidencial.
Con la reciente aprobación de la Comisión, ahora se espera que el pleno del Congreso mexicano discuta la iniciativa a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas que comienza el próximo 1 de septiembre.
Temas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la institución más consultada. Le siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Acorde al Programa, los temas más consultados ante el sistema de transparencia son las actividades de las instituciones y la información que generan; salud, compras públicas y contratos; así como peticiones de información sobre funcionarios públicos.
El análisis del Programa de la Universidad Iberoamericana, especializado en seguridad pública y militarización, indica que, para el año 2023, las resoluciones del INAI han dado como resultado la publicación de información relevante sobre temas como infancias y adolescentes en condición de orfandad por feminicio; detención migratoria e indemnizaciones otorgadas en casos de migrantes fallecidos durante su tránsito por México; el uso de dinero público para comprar insumos a sobreprecio; el desmantelamiento de laboratorios de producción de drogas sintéticas como el fentanilo, así como la citotoxicidad de las copas mentruales, entre muchos otros casos.
En tanto, Data Cívica, organización feminista que utiliza datos y tecnología para la defensa de derechos humanos, destaca que mediante la intervención del INAI han podido contar con información para desarrollar la Plataforma Ciudadana de FosasClandestinas lo que ayudó a identificar que la Fiscalía General de la República reporta menos fosas que las fiscalías de los Estados.
En ese mismo rubro, aseguran que el acceso a la información les permitió identificar evidencia de que el Banco Nacional de Datos Forenses no estaba operando, así como para conocer las coordenadas exactas de las fosas. Ante esta situación, para Data Cívica es un hecho que las Fuerzas Armadas han ocultado información relevante a la sociedad.
“Gracias al INAI pudimos saber que algunas instituciones de seguridad en México, como la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), han negado que cuentan con el registro de una base de datos sobre ‘homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada’, a pesar de que dicho registro sí existe y se sigue realizando, como hemos explicado en el proyecto Con Copia Oculta”, un repositorio con información de la guerra en el país que las Fuerzas Armadas han mantenido en secreto durante 15 años.
Opacidad, en tiempos de militarización
Por su parte, Data Cívica considera particularmente grave la extinción del INAI dentro de un contexto de profunda opacidad sobre las violaciones a derechos humanos en México.
La organización asevera que, de acuerdo a datos del INAI, la opacidad en el sexenio actual ha aumentado el doble en comparación con los últimos tres años del sexenio pasado. “Es decir, pasamos de 9,758 mil recursos de revisión por año de 2015 a 2018, a casi 20 mil anuales entre 2019 y 2022”, comparte sobre el aumento en las impugnaciones de las respuestas ante las solicitudes. Cabe destacar que, durante el primer año de este sexenio, también se observó un incremento en las respuestas que, bajo el argumento de “inexistencia” de los datos, no entregaron la información.
Además, resalta la polémica generada por López Obrador cuando, en noviembre del 2021, y mediante decreto presidencial, pretendió reservar la información respecto a megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por considerarlos como “seguridad nacional”. Ante ello, el INAI presentó una controversia de constitucionalidad ante la SCJN, quien en mayo del 2023 invalidó la orden presidencial, solo para que Obrador volviera a blindar las obras con la publicación de otro decreto, emitido el mismo día de la resolución de la Corte. Resalta el involucramiento en las obras de los megaproyectos tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar).
Para el Programa de la Universidad Iberoamericana, es particularmente preocupante que esta reforma se proponga en un contexto de militarización y militarismo “sin precedentes en la historia contemporánea del país”, pues argumenta que las exigencias por transparencia y acceso a la información pública surgieron, precisamente, como una demanda para esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano.
El análisis de la institución educativa sostiene que las Fuerzas Armadas “engañan respecto a la existencia de la información que debe ser disponible públicamente” y lo ejemplifica con el hecho de que la Sedena negaba tener registros sobre el uso de la fuerza letal contra civiles después del 5 de abril de 2014. “Sin embargo, una resolución del INAI, impulsada por un grupo de activistas y académicos, determinó que la Sedena estaba obligada a llevar estos registros y que existían pruebas de que aún lo realizaba. Si la responsabilidad de ejercer la transparencia hubiera recaído en la contraloría interna de la Sedena, esta información vital no habría sido divulgada”, detalla sobre la evidencia queconfirmó análisis independientes sobre participación de militares en ejecuciones.
Para Data Cívica, sin el INAI no habrá garante para el acceso a la información.
¡LOS ÚNICOS DERROTADOS SON LOS QUE DEJAN DE LUCHAR!
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO
¡Lucha por los que ya no pueden luchar!
¡Resiste por quienes ya no pueden resistir!
¡Exige memoria, verdad y justicia por los desaparecidos!
Comunidades originarias de Michoacán a 30 de agosto de 2024.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, por medio del presente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada , que no es un día de conmemoración, sino de lucha, declaramos conjuntamente lo siguiente:
México vive una crisis de derechos humanos, es el país de las desapariciones, oficialmente existen más de 115,570 desaparecidos (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 30/Ago/24), la República Mexicana es el país de la injusticia e impunidad, empezando por las instituciones gubernamentales que históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad (Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico).
En este contexto, en la denominada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, en 1974 fueron detenidos, torturados y desaparecidos 7 compañeros habitantes de los pueblos originarios, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como José Luis Cruz Flores, todos originarios de la comunidad de Tarejero, al igual que Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin y Doroteo Santiago Ramírez de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio.
Las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz, fueron denunciadas ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante medio siglo esta familia p’urhépecha, ha luchado contra la desmemoria, la impunidad y la injusticia, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, donde presentaron el caso en octubre del 2006, fue declarado admitido en julio de 2013, se realizaron las audiencias finales en julio del 2017, pero a la fecha, aún se espera el dictamen de fondo.
Por ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el #CSIM, realizamos el día de hoy la Jornada de Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos P’urhépecha, tomando 6 carreteras federales:
1) Carretera Cheran-Zamora en Acachuén.
2) Carretera Cheran-Uruapan en Aranza.
3) Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.
4) Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.
5) Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.
6) Carretera Uruapan-Los Reyes en Nuevo Zirosto.
Pliego petitorio:
▪️Exigimos que la CIDH emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz; Que se cumpla cabalmente la sentencia del Juicio de amparo 565/2018-I del Juzgado Noveno de Distrito del caso del compañero Rosendo Radilla Pacheco y que la Secretaria de la Defensa Nacional abra sus archivos sobre la guerra sucia.
▪️Demandamos una mesa de trabajo con el Gobernador de la entidad, toda vez que el Gobierno de Michoacán miente, discrimina y no resuelve los problemas de los pueblos indígenas, manteniendo múltiples pendientes en materia de seguridad, educación, obra pública, justicia, salud y transporte.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
En realidad, la carta es muy breve. Llegó desde el Cauca, en la geografía llamada Colombia, con una solicitud del pueblo originario hermano Nasa. Creo fue a finales del 2022. Esperen… sí, llegó el 31 de octubre de 2022. Los hermanos Nasas pedían que se difundiera un artículo en la página de Enlace Zapatista, o sea que se publicara ahí.
Yo leí el texto con atención, confronté los datos y pensé: “si se publica en la página, nadie le va a hacer caso. Y creo que lo que les interesa no es tener muchas “vistas”, sino que lo que ahí se dice lo lean y entiendan acá, en las montañas del Sureste Mexicano. Entonces vamos a hacer algo mejor que publicarlo en la página de Enlace Zapatista: lo voy a pasar a la dirección política organizativa zapatista. Que sean ellas y ellos los que lo valoren como lo que es: un puente imposible.” ¿Por qué “imposible”? Ahora lo verán:
En esos días, las compañeras y compañeros jefes estaban ya discutiendo y desmenuzando lo que un año después, sería conocido como “El Común”.
Las reuniones eran frecuentes, intensas y agotadoras. Lo sé porque me asomé a varias de ellas y por lo que me iba platicando el Subcomandante Insurgente Moisés.
Ya desde entonces se asomaba “El Común” en el horizonte, pero en ese momento estaban en las preguntas “¿Qué somos?”, “¿Dónde estamos?”, “¿A dónde vamos?”
El impacto que la llamada “Gira por la Vida. Capítulo Europa” había tenido en el zapatismo producía su efecto. Durante semanas, en las reuniones del Comité y en las asambleas de las comunidades, las distintas delegaciones que visitaron las variadas geografías de la Europa de abajo y a la izquierda, informaron basándose en sus apuntes.
Con y por las delegaciones, el zapatismo había constatado la destrucción que la “modernidad” y el “progreso” producen en los territorios “desarrollados”, la mal llamada “civilización occidental” -que, paradójicamente, está al oriente nuestro-. Y habían encontrado la semejanza con los diferentes en todos los sentidos: la resistencia y la rebeldía frente a la Hidra, el sistema capitalista. El todo y las partes.
En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés, coordinador de ese capítulo de la Gira por la Vida: “Está cabrón, tenemos que apurarnos”.
El balance era para preocupar:
El proceso acelerado de destrucción del tejido social en México;
los fracasos evidentes de las izquierdas electorales (el “progresismo”) ya no digamos en transformar las bases de un sistema criminal, también en administrarlo así fuera en la medianía de la mediocridad (erigir la “corrupción” como fuente y causa de todos los males, en lugar de verla como lo que es: un efecto… y fracasar también en el combate a ella), la “toma del Poder” – en realidad la llegada al gobierno por cualquier vía-, no era sino un relevo en el puesto de capataz (presuntuoso, soberbio y autoritario con la peonada, y dócil y humilde con el finquero);
las protestas cada vez más fuertes y terribles por parte de la naturaleza frente a las guerras de conquista del Capital;
el avance coordinado del llamado Crimen Organizado y los megaproyectos;
la migración y las poblaciones desplazadas (los países desarrollados asediados por los efectos de las guerras y políticas de conquista en los llamados territorios “periféricos”);
la violencia cruel y sádica contra mujeres y otroas (la agresión a lo diferente como nueva religión fanática);
la niñez convertida en víctima propiciatoria (el sistema sacrificando el futuro de la humanidad en el altar de la ganancia);
el resurgimiento de las guerras con argumentos nacional-fascistas;
la normalización de la catástrofe; el colapso pues;
todo llevaba a una conclusión aterradora: lo que habíamos previsto y advertido décadas antes (y que entonces fue objeto de burlas y desprecios), se estaba cumpliendo.
El futuro de entonces es ya el presente.
Pero todo esto ya lo sabe usted. Que obre en consecuencia, pues ya es otra cosa.
-*-
Pero volviendo a la carta del Cauca que pedía difusión del texto, le pasé el escrito al Subcomandante Insurgente Moisés y le llamé la atención sobre una parte.
El Subcomandante leyó el texto y la parte subrayada, levantó la mirada y me preguntó: “¿Tú les contaste?”. “Claro que no”, les respondí, “no conozco a esos hermanos”. El SubMoy: “Es que es como si hubieran estado en las reuniones”.
Y es que, en reuniones de meses previos, el comité, la dirección política-organizativa zapatista había estado discutiendo de los “ismos”.
La parte subrayada del texto dice:
En el camino aprendimos que la voz que enseña es Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra; ella indica el camino y las estrategias… aunque no han faltado quienes quieran ponerse como asesores del proceso o dar la línea. Hubo un momento, en 2016, en que el proceso decidió abrir sus puertas a otras luchas para conversar y visibilizar. A partir de allí empezaron a llegar todos los ismos, y todos quisieron poner su línea o evangelizar nuestro proceso con sus contenidos teóricos.
Todos esos ismos, ecologismo, anarquismo, marxismo, feminismo, maoísmo, institucionalismo, desarrollismo son todos construcción y legado de Occidente, y aunque en los territorios se van tejiendo con los saberes autóctonos, llevan el sello de la racionalidad occidental. Todos los ismos han sido muy valiosos en apoyo y juntanza con este proceso; algunas personas se han mostrado respetuosas; otras, colonialistas. En su momento fue necesario decir: «todos los ismos son bienvenidos, pero aquí somos y vamos a seguir siendo indígenas nasas». La liberación de la Madre Tierra va más allá de los cañaduzales. El saber nasa, que viene de Uma Kiwe, es el sustento de esta lucha, y si tenemos contradicciones es precisamente por esa batalla que se da en el corazón entre nuestro ser nasa y la imposición occidental capitalista.
Frente a la falsa disyuntiva entre la institución o la revolución, los pueblos proponen rutas alternativas para habitar este presente; las coordenadas del debate desbordan un esquema cartesiano, y nos muestran, con sus formas de habitar y organizarse en la minga, la asamblea, la celebración, las tulpas y rituales, otros modos de vida posibles. Cuando nos preguntan: «¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Reforma? [decimos que] lo nuestro es el wët wët fxi’zenxi»
-*-
En las reuniones de meses anteriores, los comités habían estado recapitulando su historia y, en ella, el paso de todos los “ismos” habidos y por haber, dando órdenes. Ninguno aportó nada que valiera la pena. Y claro, también que hubo y habrá gente que sólo vino a sacar lo que podía. Y se fue cuando ya no pudo sacar más. No eran “ismos”, sólo eran, y son, unos sinvergüenzas. Y unas (no olvidar la paridad de género).
Vale. Salud y acá, además de lodo y dignidad, lo que hay es un “ismo” muy otro: zapatismo.
