^{En portada: Protesta por acceso a la vivienda y servicios básicos. São Paulo, 2014. Foto por Santiago Navarro F.}

El pasado mes de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que los siete países más poderosos del mundo corren el riesgo de entrar en una recesión económica que terminará golpeando a la economía global. Aunque el Banco de la Reserva Federal de Atlanta es menos optimista al anunciar que es posible que Estados Unidos ya haya entrado a lo que se conoce como una “recesión técnica”, es decir una desaceleración de dos trimestres consecutivos de su Producto Interno Bruto (PIB).

La “recesión técnica” que puntualizan los indicadores del modelo de pronóstico GDPNow de este banco, se traduce en un debilitamiento del empleo, aumento de precios, reducción del consumo interno y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

Este escenario es la continuidad de la crisis financiera que estalló en este país en los años 2007-2008, “de la cual Estados Unidos no se había recuperado y después, entramos a un contexto de pandemia inédito que prácticamente paralizó la economía mundial. Esto implicó el estancamiento en el crecimiento económico en este país”, dijo la Dra. Claudia Maya del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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La Dra. Maya, sostiene para Avispa Midia que todo este escenario se agudizó también por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los efectos de la crisis climática, “es obvio que va a afectar y va a interrumpir los procesos productivos normales. Por ello es muy probable que EEUU esté entrando a esta recesión”.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense, Joe Biden, desestimó que su país haya entrado a una recesión, no obstante, el Departamento de Comercio de EEUU reafirma que las inversiones en el sector inmobiliario y de construcción han caído drásticamente al igual que el gasto de los consumidores, impactados directamente por la inflación, la cual ha alcanzado el mayor incremento durante los últimos 40 años al llegar hasta 9,1% en el mes de junio y a 8,5% en julio.

Este proceso inflacionario esta determinado por la oferta, es decir, el número de consumidores siguen siendo los mismos, pero los mercados no tienen capacidad de cubrir la demanda de cada uno de ellos. Esto es lo que está pasando con la escasez de los energéticos, el trigo, el maíz y otras materias primas. Entonces, dice la investigadora Maya, “para enfrentar esta situación, la Reserva Federal (FED) de este país esta subiendo las tasas de interés para reducir el consumo mediante una política monetaria restrictiva. Porque no se esta produciendo ni abasteciendo con la rapidez que la economía esta demandando”.

La economista Maya, quien también es parte de la Iniciativa de Investigación de América del Norte con American University, Washington, asevera que el aumento de la tasa de interés se traduce “en mayores costos financieros para los productores. Entonces los productores de bienes y servicios transfieren estos costos al costo final que terminan pagando los consumidores. Por otra parte, los salarios de los trabajadores también se ven afectados al reducir el poder adquisitivo”.

Por tanto, remarca la investigadora que “vemos un proceso de recesión que se asoma. Aunque aún no tenemos los datos concretos del último trimestre de los EEUU, pero sí, tenemos un dato muy importante que es la desconfianza de los consumidores”, agrega Maya.

La implicación para la región latinoamericana

La investigadora de la UNAM señala que Estados Unidos, para salir de la crisis del 2007-2008, implementó tasas de interés hasta el punto cero, “entonces ahora que la FED anuncia incrementos en las tasas de interés, pues pone a todos los mercados a temblar. Porque también se encarece la deuda externa”.

Los países emergentes como México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, son países altamente endeudados, “entonces un incremento de las tasas interés a nivel internacional, marcado por la FED, entre muchas otras cosas, esta generando un encarecimiento del endeudamiento. Por otro lado, esta obligando a los Bancos Centrales de los países latinoamericanos a seguir los lineamientos que marca la FED, como México, que subió entre dos y tres puntos su tasa de interés”.

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Pero aún puede ser peor. El FMI enfatiza en su informe llamado Perspectivas de la Economía Mundial, lanzado en julio pasado, que las principales economías que forman el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), destino de las principales exportaciones, también podrían entrar a una recesión económica global.

“Si siguen aumentando las tasas de interés y los procesos inflacionarios crean una resección global, seguramente los países de América Latina van a estar muy afectados, principalmente los jóvenes que buscan trabajo. El crecimiento estimado de la región con el cual puede terminar este año, pues es relativamente bajo, es inferior al 3%. Los países latinoamericanos deberían crecer por arriba del 5% para absorber toda la mano de obra que se genera cada año”, agrega la Dra. Maya.

El FMI alerta que existen varios riesgos e incertidumbres “que podrían materializarse plausiblemente a corto plazo”, refiriéndose a cualquier acontecimiento adicional que se agregue al contexto actual de la economía global, como las sequías o las inundaciones que implicarían perdidas de las cosechas.

Crisis alimentaria

Por otra parte, se suma la crisis del acceso a los alimentos. El mes pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que diversas poblaciones en América Latina y el Caribe se está enfrentando a condiciones de hambre y esto ha traído como consecuencia “una migración masiva hacia el norte del continente, especialmente hacia Estados Unidos”.

“Hoy me gustaría ponerles al día sobre la crisis de seguridad alimentaria que afecta a América Latina y el Caribe, ya que se avecina una crisis oculta que, sin duda, afectará a millones de personas en la región y fuera de ella”, declaró Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos durante una rueda de prensa en Ginebra.

En la misma sintonía el FMI argumenta que esta crisis alimentaria “se agrava” por “la inflación mundial de los precios de los alimentos, en particular los precios de los cereales, como el trigo y el maíz”.

La investigadora Maya puntualiza que el mayor problema de América Latina no tiene que ver con los escenarios que han derivado del conjunto de estas crisis, sino que “tiene un problema estructural y es que son altamente dependiente de sus importaciones. Con este modelo de crecimiento hacia afuera con exportaciones, se descuida el mercado interno y algunos sectores estratégicos como el campo, la producción de sus propios alimentos. Entonces esto nos hace sumamente dependientes tanto del financiamiento externo, que ahora se esta encareciendo, pero también de los alimentos y de los energéticos”.

La economista pone como de ejemplo a México, “nuestro país importa casi el 80% del maíz que consume para las tortillas, cuando debería ser el principal productor a nivel mundial”.

Maya advierte que “no se ve que estos procesos inflacionarios se corten en el corto plazo. Pareciera ser que la economía mundial camina por un laberinto muy escabroso y los países no tienen idea de lo que viene ni las herramientas políticas económicas para hacer frente, entonces se endeudaran mucho más”.

No solo es la guerra

El FMI justifica que el aumento del costo de los alimentos se debe a la guerra en Ucrania y específicamente a las restricciones impuestas a Rusia para la exportación de trigo hacia varios países. Esto ha golpeado aún más a “los países de bajos ingresos”, afirma la institución financiera.

Aunque el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA, por su sigla en inglés) ya había documentado que los precios del trigo estaban aumentando a nivel mundial mucho antes del conflicto bélico, “los precios ya estaban elevados, influenciados por suministros relativamente escasos en países exportadores clave”, reza el informe Perspectivas de trigo: marzo de 2022, coordinado por Andrew Sowell.

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USDA sostiene que los precios del trigo han aumentado también por los efectos del cambio climático, “por las preocupaciones de sequía en las principales zonas productoras”. Entre los principales exportadores de trigo figuran: Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Kazajstán, Rusia y Estados Unidos.

El Banco Mundial en su informe de Seguridad Alimentaria que ha lanzado este mes de agosto, asegura que los precios de los alimentos han alcanzado un nivel récord y esto es lo que “ha desencadenado una crisis mundial que llevará a millones de personas más a la pobreza extrema”.

El Banco también informa que el acceso a los alimentos a corto plazo se ha restringido hasta el punto en que las vidas de las personas de bajos recursos están en peligro. Esta “inseguridad alimentaria”, como lo define, ha alcanzado a 345 millones de personas en al menos 82 países, según las Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos del Banco Mundial. Además, advierten que la situación podría empeorar “en 20 países o zonas entre los meses de junio a septiembre de 2022”.

Aunque las Naciones Unidas, desde antes de la pandemia ya registraban a 2300 millones de personas que viven en condiciones de hambre, lo que indica que las políticas contra la pobreza han quedado solo en el discurso. De esta cantidad de personas en situación de pobreza, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe.

Este contexto no solo deriva de la guerra y la pandemia dice la Dra. Maya, sino que se ha agudizado con le conjunto de todas las crisis, “con los múltiples fenómenos climáticos, la crisis energética y financiera vinculada a la guerra”.

El hambre como oportunidad

Hasta el 11 de agosto, al menos 23 países han aplicado 33 prohibiciones a la exportación de alimentos, y al menos siete han aplicado 11 medidas de limitación de las exportaciones. Tras estas medidas el Banco Mundial afirma que está desplegando nuevas políticas económicas a corto y largo plazo “para impulsar la seguridad alimentaria”.

Parece ser que tanto el BM, el FMI y el G7 se han puesto de acuerdo en lo que ha denominado como “crisis alimentaria” para seguir incentivado a las corporaciones que dominan la agricultura industrial. Desde el mes de mayo convocaron conjuntamente a la llamada Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria, de donde se desprende su nueva estrategia a través de mas deuda para los países pobres, con un crédito de hasta 30 mil millones de dólares para fortalecer proyectos ya existentes y nuevos “en áreas como la agricultura, la nutrición, la protección social, el agua y el riego”.

En medio de las altas tasas de interés, el Banco Mundial esta ofreciendo más deuda, justificando también la “innovación para desarrollar mejores prácticas y nuevas tecnologías que puedan ayudar a aumentar la producción de fertilizantes”.

Este órgano financiero está abriendo estas líneas de crédito hacia diversos países, entre ellos, figuran diversos países latinoamericanos, como Bolivia, quien adquirirá una deuda de 300 millones de dólares para “contribuir a aumentar la seguridad alimentaria, el acceso a los mercados y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes”, según el Banco Mundial.

Bolivia es unos de los países de América Latina que recurre en menor medida a los agroquímicos o fertilizantes para su agricultura. Siguiendo la perspectiva de recuperación económica prevista por el Banco Mundial y el FMI, es que se incluye el uso de fertilizantes en el Plan nacional de fertilización y nutrición vegetal 2019-2025, con el Plan General de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

El BM encamina al menos tres propuestas de política económica claves, sobre todo para incentivar el mercado de los fertilizantes y granos que cotizan en las bolsas de valores, como el trigo y el maíz. Para ello exige que “los países deben levantar las restricciones comerciales o las prohibiciones de exportación de fertilizantes; el uso de los fertilizantes debe ser más eficiente, por ejemplo, proporcionando a los agricultores un sistema de control de calidad”, puntualiza el informe de Seguridad Alimentaria.

Junto a este paquete de políticas económicas, el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, ha enfatizado que para “estabilizar los mercados, es fundamental que los países hagan declaraciones claras ahora sobre futuros aumentos de producción en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los países deben hacer esfuerzos concertados para aumentar el suministro de energía y fertilizantes, ayudar a los agricultores a aumentar las plantaciones y los rendimientos de los cultivos, y eliminar las políticas que bloquean las exportaciones e importaciones”.

^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.

^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.

El embajador de los EEUU en México, Ken Salazar, realizó una gira de trabajo en el sureste del país para dar seguimiento a los compromisos migratorios acordados entre los presidentes Joe Biden y López Obrador durante su reunión de julio pasado.

Durante los primeros días de agosto, Salazar se reunió con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como con el secretario de desarrollo económico de Veracruz y funcionarios del gobierno federal. Según comunicado de la embajada, el trabajo del funcionario estaba destinado a “conocer más sobre la situación en el terreno en dichos estados, las oportunidades de desarrollo económico y nuestros esfuerzos conjuntos para proteger a los migrantes de la tragedia que representa el tráfico de personas”.

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Control

El embajador realizó esta visita tras cinco encuentros previos con funcionarios del gabinete del gobierno federal, los siete gobernadores del sureste de México y representantes del sector privado, “en las que hemos dialogado sobre el potencial de crecimiento económico y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Estos esfuerzos son parte integral del renovado compromiso bilateral con la prosperidad compartida en la región”, declaró el funcionario mediante comunicado.

En Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador Ken Salazar supervisaron los puestos de control de migración que opera la Guardia Nacional (GN) en la región del Puente Tonalá, municipio de Huimanguillo. Durante el recorrido, Campos declaró que no descarta que el gobierno de EEUU pueda invertir en tecnología en los puestos de revisión migratoria en dicha entidad.

Salazar también visitó un punto de control que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con elementos de la GN en el kilómetro 188 de la autopista Cosoleacaque – La Tinaja en Veracruz. Según medios locales, el embajador cuestionó al personal de migración y de la GN para conocer la eficacia en el uso del equipo de rayos gamma con los cuales cuenta el retén.

En Chiapas, el embajador también visitó el municipio de Arriaga donde fue recibido en la antigua estación del ferrocarril por la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos. En el municipio de la costa pacífico, la alcaldesa expresó que la visita del embajador “genera muchas posibilidades de inversión en nuestra localidad”, esto como parte del proyecto del Tren Transístmico, el cual busca frenar la migración hacia la frontera norte.

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Salazar también se encontró con el gobernador Rutilio Escandón con el propósito de “de promover estrategias dedesarrollo y seguridad” para el estado. Por su parte, el funcionario chiapaneco reafirmó el apoyo del embajador “parafomentar acciones y proyectos que potencialicen el desarrollo de esta región.

Según el comunicado de la embajada, el objetivo del funcionario era “conocer más a fondo el reto compartido de la migración irregular” en el marco de los compromisos de ambos países para contar con fronteras seguras.

Cabe recordar que, durante la declaración conjunta de Biden y Obrador emitida el 12 de julio pasado, el control migratorio fue uno de los puntos principales, por lo que México se comprometió a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura en la frontera entre los años 2022 y 2024.

“Tenemos la determinación, como nunca antes, de completar una iniciativa conjunta de modernización de la infraestructura en la frontera entre EE. UU. y México para proyectos a lo largo de las 2,000 millas de frontera. El esfuerzo conjunto procura armonizar las prioridades, unir a comunidades fronterizas y hacer que el flujo de comercio y de personas sea más seguro y eficiente”, enfatizó la declaración tras el encuentro de los presidentes.

Entre los objetivos del acuerdo conjunto derivado de la reunión de julio entre los presidentes de México y EEUU resalta la intención de potenciar “el libre flujo de bienes sin obstáculos, lo cual promueve la innovación que favorece la productividad y aumenta la resiliencia, y ayuda a ambos países a combatir la inflación y sostener a las familias”.