Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de febrero de 2022
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Aquí estamos de nueva cuenta las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, conjuntamente con las y los miembros de Las Abejas de Acteal, porque no se cansan nuestro corazón y nuestra palabra en seguir denunciando la gran impunidad que persiste en dicho crimen de Estado. Y de nuevo, le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguimos esperando el informe de fondo y que ya se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal.
En portada: Presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán. Foto:Santiago Navarro F.
La minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, ha anunciado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “ha otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José operada por su filial, la minera Cuzcatlán, en Oaxaca, México, cuyas operaciones comerciales iniciaron en 2011.
El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. “Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en un comunicado a finales de diciembre de 2021.
Hasta el momento, Semarnat no ha declarado públicamente su decisión de conceder la extensión del plazo de la explotación. El último informe público sobre el caso fue realizado por el órgano en noviembre de 2021, en la cual anunciaba que realizaría un proceso de consulta indígena con las comunidades zapotecas impactadas por la explotación minera.
En portada: Miles participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Foto: Jeny Pascacio
“Antes podíamos nadar en el río, pero ahora nos causa daño en la piel”, cuenta Anita, hija de un ejidatario de Arroyo Delicias, municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas. Anita tiene 16 años de edad y dice no estar de acuerdo con las plantaciones de palma aceitera, a pesar de que su padre accedió a sembrarla hace algunos años.
La joven activista asistió a la peregrinación que realizó la comunidad parroquial y el pueblo creyente de distintos municipios de Chiapas en apoyo a pobladores de Benemérito de las Américas, una pequeña ciudad en la frontera con Guatemala donde, además de padecer altos índices de violencia, grandes procesadoras de palma amenazan con la contaminación de sus recursos naturales.
“Vemos la sequía de agua, nos falta mucha agua, hay una sequía grandísima. La procesadora está muy cerca y hay malos olores, sabemos que no es bueno”, relata Anita quien también cuenta que los pozos, incluso el de su vivienda, se están secando, “sabemos que la palma se lleva toda el agua y la poca que hay está contaminada”.
La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH
* La desaparición forzada en Chiapas parte de la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.
El 22 de enero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Antonio González Méndez (Antonio González) contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada de Antonio González, originario del pueblo maya Ch’ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia.
La desaparición se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la región. Tras la creación y actuación de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas.
Los familiares de Antonio González y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), saludamos la decisión de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en relación a su obligación de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),[1] además de incumplir con su obligación de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.[2]
La presentación del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigación de las desapariciones forzadas en nuestro país abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez señaló en el municipio de Sabanilla que en México “existen más de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia”. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en México por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.
En el presente caso la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no ha tenido ningún avance para la ubicación del paradero de Antonio González, así como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que “el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.[3]
La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrará el territorio donde la resistencia y la rebeldía son un solo corazón, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompañar a la familia de Antonio González Méndez en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de estos graves crímenes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con más alto indice de marginación en Chiapas.
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[1] Artículos 5.1, 8.1 y 25.1 en relación al 1 y 2 de la Convención Americana.
[2] Artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
[3] Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.párr. 62
Desde Slumil K’ajxemk’op – Tierra Insumisa (antes Europa), nos sumamos a las exigencias de verdad y justicia para nuestro compañero Samir Flores, en este tercer aniversario de su asesinato y gritamos ¡Basta! a la represión sistemática en contra de lxs que levantan la voz.
Hace tres 3 años, el 20 de febrero del 2019, Samir Flores Soberanes, incansable defensor de la tierra, de los derechos de su pueblo y de su tierra, campesino náhuatl, comunicador y fundador de « Radio Comunitaria Amiltzinko », integrante del Congreso Nacional Indigena (CNI), firme opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) e impulsor de la formación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Morelos Puebla Tlaxcala (FPDTA-MPT), fue asesinado a balazos frente a su casa. Unos días antes, Samir Flores había denunciado públicamente en un foro organizado por el gobierno, al cual asistió Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la demagogia y la manipulación de las supuestas « consultas populares » que solo sirven para imponer megaproyectos, simulando un acuerdo con las comunidades afectadas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua (FPDTA) había propuesto al gobierno regional y federal un diálogo mediante una carta pública dirigida a López Obrador, pero el gobierno respondió con balas.
Son esas las mismas balas las que el pasado viernes 11 de febrero mataron a Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO).
El Compañero Francisco fue asesinado cuando se encontraba trabajando su parcela en el ejido de Abelardo, municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Desde 2019 Francisco Vazquez había puesto en marcha varios amparos contra el robo del agua en su comunidad. El agua iba a ser destinada para la termoeléctrica. El 10 de febrero de 2022, durante una reunión para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de ASURCO, Francisco declaró temer por su vida y hacer responsable a este último por cualquier cosa que le pasara. Al día siguiente Francisco fue asesinado y, a pesar de que él había hecho públicas las amenazas de muerte en su contra, el gobierno del estado de Morelos declaró descartar una relación entre su asesinato y el conflicto generado por el mal uso del agua en la termoelectrica de Huexca, la cual también es parte del llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), una iniciativa energética e hidro-extractivista, constituida por dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que atraviesa los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Es impulsada por el Estado mexicano en asociación con empresas españolas como Abengoa, Elecnor y Enagás y la italiana Bonatti. Numerosas recomendaciones científicas se han pronunciado en contra de este proyecto, ya que atraviesa una zona sumamente sísmica donde se localizan volcanes activos.
Durante su campaña electoral López Obrador prometió cancelar este proyecto, por lo cual muchos habitantes de la zona le dieron su voto. Apenas elegido, anunció rápidamente la « consulta popular » con fin de legitimar la continuidad del proyecto, siendo perfectamente consciente de la graves consecuencias que esto provocaría: destrucción del tejido social, desplazamientos, contaminación y violencia. El PIM es un elemento clave del plan del supuesto « desarrollo » de México, ya que conectaría el norte con el sur del país, y enlazaría otros mega-proyectos como el mal nombrado Tren Maya y el corredor transísmico; este último conectaría los dos océanos a través de una red de autopistas y vías de tren, que servirían de conducto y producción de energía, creando así zonas francas al servicio de las grandes empresas multinacionales. Este plan de «desarrollo» esta siendo impulsado fuertemente y a cualquier precio por el gobierno de López Obrador.
« La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre », gritaron los ejidatarios del movimiento Ayala en Defensa del Aguaal momento de recibir la noticia del asesinato del compañero Francisco. Ellos y ellas, así como el FPDTA, responsabilizan a Rogelio Plascencia, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno Mexicano por cualquier cosa que les pudiera pasar. Si este asesinato, al igual que el de Samir Flores, no se investiga en el contexto de una lucha contra un megaproyecto, se demuestra la impunidad y la violencia en contra de todos lxs defensores del territorio.
Como colectividad hemos sufrido desde siempre el injusto castigo inducido a las y los defensores de la tierra y activistas sociales. A esto se suman detenciones ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos a periodistas, seis han sido asesinados en lo que va de este 2022.
Por si todo esto no fuera suficiente el 15 de febrero fue desalojada con una masiva y desmedida presencia policial y de la Guardia Nacional, La Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, en el municipio de Juan C. Bonilla en el estado de Puebla. Lo que fuera una fábrica embotelladora de agua perteneciente al consorcio transnacional Danone-Bonafont fue ocupada por los habitantes indigenas nahuas como protesta por los millones de litros de agua que la embotelladora robaba a la comunidad, secando los ríos y pozos de la región. En este lugar los habitantes sembraron vida y pusieron en marcha proyectos de salud comunitaria, agricultura, ganadería y organizaron cooperativas, todo para el bien colectivo. La toma de la planta embotelladora fue sin duda una provocación para el gobierno regional y federal, así como para el capitalismo. Por lo mismo, la orden del desalojo de Altepelmecalli vino desde las altas esferas del gobierno.
Y porque la lucha sigue! se ha anunciado el recorrido de la Caravana en contra de los megaproyectos mineros, gasoductos, hidroeléctricas, parques eólicos, entre otros, que saldrá del Altepelmecalli el 22 de marzo de 2022 y terminará en la región del Istmo el 22 de abril del mismo año, sólo después de haber recorrido los territorios afectados.
¡Basta de proyectos de muerte que atentan contra la vida y la libertad de los pueblos!
¡Basta del capitalismo que asesina impunemente a periodistas y a lxs defensores de la tierra!
Desde la Europa insumisa – Slumil K’ajxemk’op repudiamos :
La sistemática violación a los derechos humanos en México.
El cobarde desalojo del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos,
Desde la Europa insumisa -Slumil K’ajxemk’op exigimos:
Que se investiguen a profundidad los asesinatos de Francisco Vázquez y de Samir Flores y se lleve a proceso a los asesinos.
Que se investiguen a profundidad los asesinatos de lxs periodistas y se lleve a proceso a los asesinos.
La salida de la Guardia Nacional y la Policía Federal de La Casa de los Pueblos.
Desde la Europa insumisa – Slumil K’ajxemk’op:
Nos solidarizamos con la Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos
¡Verdad y justicia para Samir Flores y Francisco Vázquez!
Solidaridad con el FPDTA-MPT !
¡SAMIR VIVE, FRANCISCO VIVE! LA LUCHA SIGUE! ¡VIVA AMILCINGO!
¡Todxs somos Samir, todxs somos Francisco: ellos son semilla y su lucha florece en otros continentes!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!
¡JUSTICIA, TIERRA, AGUA Y LIBERTAD!
¡No se mata la verdad matando periodistas!
ALEMANIA
Café Libertad Kollektiv, Hamburgo
AUSTRIA
Colectivo Acción Solidaria Viena
Gira por la Vida Austria
KOMBINAT. Taller de Pensamiento
KINOKI. Autogestón Audiovisual
BELGICA
Casa Nicaragua
Grupo CafeZ
Identité Amérique indienne
Écologie sociale Liège
ESTADO ESPAÑOL
Comitè d'Acollida Zapatistes - Illes Balears i Pitiüses
Yogaknowhow - Islas Canarias - estado español
Afip - Malaga- estado español
Ateneo Libertario-Segovia-estado español
Cal Cases, Catalunya.
Ecologistas en Accion Badajoz,Extremadura
Comité de Solidaridad con América Latina
(COSAL) Asturias
Caracol Cantabria
Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos (Cantabria)
Foro Social de Segovia
Gong per la defensa dels Drests Humans i dels Pobles
Caracol Gredos
Encuentro de Luchas por la Vida - Madrid:
Acción Poética Revolucionaria - Madrid
Alkarama ‐ Movimiento de mujeres palestinas
Asamblea 8M Getafe
Asamblea 8M Latina
Asamblea de Vivienda Carabanchel
Asociación Arte y Memoria - Madrid
Asociación Cultural Cofradía Marinera de Vallekas.
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Cuenca)
Asociación Teatro de la Tierra
Bienvenidxs Refugiadxs Alcalá de Henares
Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ)
Centro Revolucionario de Arqueología Social (CRAS)
Centro Social La Villana de Vallekas
Centro Social Autogestionado La Enredadera de Tetuán
Colectivo Histéricos
Comisión Migración y Antirracismo 8M Madrid
Comité de Emergencia Antirracista
Confederación General del Trabajo (CGT) Madrid-Castilla la Mancha-Extremadura
Confederación General del Trabajo (CGT) Zona Sur ‐ Madrid
Confederación General del Trabajo (CGT) Sanidad ‐Madrid
Confederación General del Trabajo (CGT) Metal‐Madrid
Confederación General del Trabajo (CGT) SOV Corredor del Henares
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Comarcal Sur ‐ Madrid
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Colmenar Viejo
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Sierra Norte
Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS) Madrid
Coordinadora Antifascista de Madrid
Ecologistas en Acción
En Madrid Otra Italia
Escuela Popular de Prosperidad
Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado EKO
Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)
Guerreros de Luz ‐ Danzantes Mexicas
Instituto de Imaginación Radical (IRI)
Juventud Antifascista de Hortaleza
La Comuna, asociacion de presxs y represaliadxs por la dictadura
La Parcería
La Hedera
La Trueca
Marea Azul 15M
Madrid Agroecológico
Movimiento Marika de Madrid
Mostoles feminista
Mujeres CGT ‐ Madrid
Mujeres Libres de Madrid
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II
Plataforma por Honduras
Pueblos vivos: Fraguas y Navalquejigo
Red de Hondureñas Migradas
Red Solidaria de Acogida
Redretro. Sistema de Transporte Onírico
Rojava Azadi Madrid
Samidoun España
Vallekanas Feministas Km9
Women Defend Rojava - Madrid
Y retiemble! Espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena y EZLN desde Madrid
EUSKAL HERRIA
Asociación Lakabe, Nafarroa, Euskal Herria
Lumaltik Herriak
TxiapasEKIN
CATALUNYA
Ass. Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
FINLANDIA
Colectivo Armadillo Finlandia
FRANCIA
Union syndicale Solidaires, Francia
Confédération Nationale du Travail - CNT- Francia
Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha - Paris, Francia
Espace Autogéré des Tanneries - Dijon - Francia
Quartier Libre des Lentillères - DIjon - Francia
Union Communiste Libertaire (UCL)
Zapateria Toulouse
MUT VITZ 31
108. Collectif de Solidarité avec la Peuple du Nicaragua (CSPN)
Gilets jaunes de Saillans
collectifs d'habitant.es de la ZAD NDDL
GRECIA
Colectivo Calendario Zapatista
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista
HOLANDA
Denisse Vega de Santiago
ITALIA
Associazione Ya Basta Êdî Bese (noreste de Italia)
Cooperazione Rebelde Napoli (sur de Italia)
Associazione Jambo ( Fidenza- Italia)
PAÍS VALENCIÀ
Assemblea de Solidaritat amb Mèxic
CHIPRE
Colectivo Ramona
REINO UNIDO
Liverpool & Manchester Zapatista Collective
Liverpool Social Centre 'Next to Nowhere'
Zapatista Solidarity Network - South East
London Mexico Solidarity
Scotland Zapatista
Feminist Assembly of Latin Americans (FALA)
Justice Mexico Now!
Mexico Lindo y Querido UK
Liberation Org - Movement for Colonial Freedom
ALEMANIA
Citizens Summons, Bonn
Ventana al Sur, Hannover
Solidarisches Mittelhessen, Marburg
Coordinación "Gira Zapatista" Berlín
Ecuadorminka
Perrxs del futuro
Voces de Guatemala en Berlín
Gruppe B.A.S.T.A. Münster
Kollektive Kaffeerösterei La gota negra, Hamburg
PORTUGAL
Coordinadora Gira Pela Vida
Museum for the Displaced
DiEM25 Portugal
Circuloscopio Associação Cultural
SUIZA
Coordinación Suiza Gira por la Vida
Solidaridad Directa con Chiapas, Zurich
MEXICO
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Concepción Suárez Aguilar.
Casa comunitaria Lidxi bandaaga
La Voz del Anáhuac
Elcor Chiapas
Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social
Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos indígenas A. C.
Plantón de la Resistencia en Huexca, Morelos
Plantón de la Resistencia en ASURCO, Morelos
Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (MAMUT)
Okupa ChiaPaz
Excorio Herbas Meas Collective
Colectivo Aequus.-Promocion y Defensa de Derechos Humanos
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas
Colectiva Katari
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo-UNAM
Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-UNAM
Instituto Cultural Autónomo «Rubén Jaramillo Ménez», Morelos
SextaTeatritoXlaLibre Yucatán
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
¡Compas Arriba!
Cátedra itinerante Carlos Montemayor
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Colectivo Flor de Asfalto
Colectivo Zapatista Neza
Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva
Tierra y Libertad de Cuautla Morelos México.
Por la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, suscriben: Organizaciones, Colectivos Redes de Resistencia y Rebeldía, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e
Café “Zapata Vive”,
Regeneración Radio,
UPREZ Benito Juárez,
Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos,
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia,
Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX,
Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir FloresSoberanes”,
Voces del Viento, Poesía y Canto,
Las Sureñas en resistencia y rebeldía,
Resonancias Radio,
Laboratorio Popular de Medios Libres,
Noticias de Abajo,
Zapateando Medios Libres,
Plantón por los 43,
Colectivo La Ceiba,
Brigada de Salud Zapatista Pantitlán,
Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan,
Bazar Rebelde,
Colectivo Odontología Comunitaria Sembrando Sonrisas,
Escuelita Autónoma Otomí,
Geografias dislocadas:
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala-Red de Resistencia y Rebeldia
INDIVIDUOS/AS
Javier Pérez Orozco
Claudia Rodríguez Ramírez
Miriam García del Saz.
Elia Hanke
Claudia Mora
Oscar Bautista Ruiz
Maria Ignacia Ibarra
Alicia Dorantes Camacho
Silvia Reséndiz Flores
Diana Sofía Peniche Fuentes
Gilberto López y Rivas,
Blanca Ibarra.
Roxana Bolio
Florina Mendoza Jiménez
Leonel López
María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía
Roberto Rodríguez Contreras “Gato”.
Diana Fuentes
Duarte Ferrín
Lizeth Clavellina Angeles
Patricia Franco Rodríguez
Elizabeth Ortiz Mora
Amélie Courtemanche
Ana Sophie Salazar
Lorena Salamanca
Rigoverto Albores Serrano
Circe Ariana Carril
Sofía Peñafiel Ibarra
Sociólogo Fernando Alan López Bonifacio.
Maestra en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez
Cassandra Cárdenas Pimentel
Promotora y Gestor Cultural
Sophie Hartmann
Efraín Rojas Bruschetta
Astrid Velasco Montante
Enrique Bauza Ferre
Ángel Sánchez Martinez
Luisa Garcia Pelegrin
Teresa González de Chávez
Daniel Pérez Martínez
Elena Morúa
Antonio Bravo Avendaño
Daniel Reyes Lara
Nelly Bocchi
Eduardo de la Torre.
Trinidad Villar
Julen Begiristain Baztan
Vidalia Paulina Mendoza Prado
Gema Peña. Chimeno
Julia Arnaud
Pierina Erazo
Daniela Dreißig
Edo Schmidt
Clara González-Garzón
Angélique Sapolin
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Desde la capital portuguesa #SamirEsSemilla
la rebeldía florece
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#SamirEsSemilla Bilbao (Euskal Herria), Coimbra (Portugal), Vienna (Austria) Donostia (Euskal Herria) ¡Preesentes! (en ese orden)
Desde Slumil K´ajxemk’op, la rebeldía florece
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En Basoa y Larrabetzu (Euskal Herria) #SamirEsSemilla
la rebeldía Florece‼️ Acompañando el llamado
(https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/02/16/alto-a-la-represion-en-contra-de-los-pueblos-originarios-en-mexico/)
Zapatista en apoyo a la casa de los pueblos, Altepelmecalli (Puebla),
¡País Vasco presente!
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En la embajada de México en Londres, Inglaterra #SamirEsSemilla #AltepelmecalliSeQueda #FueraBonafont (20.02.2022)
Desde la capital inglesa con los pueblos en resistencia y rebeldía, respondiendo al llamado (https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/02/16/alto-a-la-represion-en-contra-de-los-pueblos-originarios-en-mexico/) Zapatista a boicotear a Bonafont
El tercer aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes está enmarcado en una serie de agresiones, violencias y asesinatos hacia integrantes de los pueblos y periodistas en el descaro de un #narcoEstado.
Este año inició con una serie de publicaciones en la prensa y en redes sociales de la vinculación del gobernador de Morelos con lideres de la delincuencia organizada, narcomantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores en las que se utiliza el asesinato de nuestro compañero como forma de chantaje de la delincuencia organizada hacia el gobernador y otros políticos del estado como el Senador Ángel García Yañez.
A tres años las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las demás acciones que se necesitan para fortalecer la investigación. Ahora es mas que clara la dilatación de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el #NarcoEstado, que el gobierno no sólo sabe quién mató a Samir sino que en realidad es parte de los autores intelectuales.
Por otra parte el 11 de febrero el asesinato del ejidatario Francisco Vásquez un día después de denunciar las amenazas hechas por Rogelio Plascencia al organizar su destitución al frente de ASURCO, genera un clima de alto riesgo al campamento afuera de las instalaciones de ASURCO, sostenido por los ejidatarios que defienden el agua ante el despojo de la Termoeléctrica, el cual intentó el mismo Plascencia desalojar el 10 de febrero. Ello se da después de la reunión que el mismo Rogelio Plascencia difundió en sus redes sociales con una fotografía tomada en enero de este año con López Obrador, Manuel Bartlett y Cuauhtemoc Blanco en el que presume la firma de un convenio ilegal, sin haber sido consultado a los ejidos que integran ASURCO y que promete 118.5 mdp a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos en contra de que se lleven el agua de los ejidos para la termoeléctrica. Nuevamente la presencia de Obrador en el PIM se baña de sangre y amenazas de desalojo.
Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y policía estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas públicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont.
La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos mas que con la represión, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunció haber terminado. Esta administración ha acrecentado el binomio “narco/fuerzas represivas”, ocupandose al crimen organizado como Secretaría del Terror del Estado Mexicano para hacer el trabajo más vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz de día o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones de gobierno la continuidad del despojo y destrucción de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del Presidente y un falso discurso de un gobierno “bueno”.
Pero no olvidamos como Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor Presidente que había tenido México en mucho tiempo, cuando estaba en el poder y, una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera máscara y dejara el poder, hoy es una vergüenza para la nación.
No olvidamos las palabras de López Obrador hace 8 años “no queremos la termoeléctrica, el gasoducto y las minas, México no es territorio de conquista” Nosotros sostenemos esa posición, esa palabra, pero ¿cómo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los más de 20 amparos y 11 suspensiones contra el PIM.
¿Cómo se puede seguir pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores a un #Narcoestado? ¿Cómo se puede hablar de un gobierno que esta con el pueblo cuando lo que esta haciendo es agredir a todo aquel que esta en contra de su palabra o sus acciones? ¿Como se puede decir que vivimos en democracia cuando eres estigmatizado, denigrado, violentado por tener una opinión diferente?
El #narcoEstado nos plantea que no importan los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que no importan los procesos legales como parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ante el abuso de la autoridad, que no importan las vidas de las personas que están en contra de los proyectos de muerte impulsados por el gobierno y el capital. Es evidente que tanto el gran ego del presidente así como su política fundamentalista del que todo aquel que esta en contra de él, esta con los conservadores, le están provocando una gran ceguera política que nos está llevando a una situación muy grave en nuestro país. A López Obrador le quedan 3 años de gobierno, a los pueblos nos seguirá quedando más tiempo, porque hemos determinado vivir y ser consecuentes con la defensa de la vida.
ALERTAMOS a todas las personas, movimientos, organizaciones y pueblos de México y del mundo sobre una creciente ola represiva contra la defensa de la verdad, la justicia y la vida en nuestro país, en donde incluye acabar con la resistencia ante el Proyecto Integral Morelos, la cual intentará nuevamente retirar el digno Plantón de ASURCO y atacar a diversas personas y pueblos en contra del PIM, antes que termine el sexenio de la cuarta simulación, para poder presentar a los patrones del capital una chatarra termoeléctrica limpia de protestas, pero no de sangre, despojo y contaminación.
Por eso, llamamos a estar atentos ante la lucha contra el PIM y los cientos de megaproyectos de muerte en nuestro país y a sumarnos a la campaña de boicot a la empresa Bonafont/Danone y la caravana por la vida acordada el 16 de enero en las instalaciones del Altepelmecalli, la cual recorrerá más de 6 estados del país del 22 de marzo al 22 de abril, uniendo resistencias y denunciando las injusticias del mal gobierno y gran capital en nuestros territorios.
En la lucha por la vida está la justicia para Samir y por eso seguiremos construyendo autonomías y resistencias en todos los rincones en donde Samir y todos nuestr@s compañer@s asesinad@s y desaparecid@s han estado, sembrando dignidad, acordando vivir.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue!
¡Fuera el PIM! ¡Fuera Bonafont! ¡Viva la autonomía!
T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
A escasos dos años de que concluya la llamada “Cuarta Transformación”, como le ha llamado a su gobierno el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), los contextos de violencia hacia los pueblos originarios se han agudizado casi simultáneamente. Es “la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T”, sostuvieron los pueblos en un comunicado lanzado este miércoles (16).
Los pueblos organizados en el llamado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado que lanzaron conjuntamente, señalan el aumento de ataques y hostigamiento por parte grupos paramilitares, de la Guardia Nacional y el Ejército en diversas geografías del país.
Condenaron puntualmente el asesinato de Francisco Vázquez, “quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.
Él era parte los ejidatarios que han opuesto resistencia a la ya conocida termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
El campesino, durante una reunión de ejidatarios, ya había alertado que había recibido “amenazas de muerte”, además señaló que si le sucedía algo a él o su familia, “responsabilizaba a Rogelio Plascencia, presidente de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)”, revelaron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).
“Vemos con tristeza y con inseguridad lo que esta sucediendo, porque estamos expuestos y estamos en alerta. En Morelos ya asesinaron a dos personas por estar en contra del PIM”, puntualizaron los integrantes de la APPM que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.
Desde que inició la “Cuarta Transformación”, los pueblos de Morelos se vistieron de luto por PIM, pues aquí fue dónde también asesinaron al indígena Samir Flores Soberanes, quién expuso su inconformidad sobre el PIM y, esto, le costó la vida.
El CNI y el EZLN han remarcado que el hostigamiento también lo están sufriendo las indígenas Otomí y activistas que han ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un espacio que resignificaron como “la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”, ya que este, “ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos”, reza el comunicado.
Amlo, desde su llegada a la silla presidencial con aires de cambio y transformación para México, ha implementado un paquete de políticas expansivas de capitales en diversos rubros, principalmente en proyectos estratégicos. Un caso emblemático ha sido las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que Amlo sostuvo que dejaban de existir, pero solo cambiaron de nombre.
La ZEE de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, marchan viento en popa. Aquí habitan al menos 12 pueblos originarios a los cuales no se le ha dado una información de lo que ya está implicando todo el reordenamiento territorial. Incluso, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, ha sostenido que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.
Por ello, también, denuncian “la militarización del Istmo de Tehuantepec”, a través de la cual se busca “imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca”, agrega el comunicado.
En la escalada de violencia que denuncia el CNI y el EZLN está el desalojo de los activistas que sostenían la llamada “Casa de los Pueblos Altepelmecalli” en el estado de Puebla. Estas instalaciones, antes de ser casa de los pueblos, estaban en las manos de la empresa Bonafont, subsidiaria de la francesa Danone. Estos pueblos se vieron empujados a realizar la acción de ocupar tras la explotación de los mantos acuíferos de sus pueblos, demostrando que la empresa extraía más de 1 millón de litros de agua diariamente.
Este lugar fue resignificado como “un espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, agrega la declaración de estos pueblos.
También denuncian la represión ejercida por la Guardia Nacional contra estudiantes que exigen la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y, en contraste, la omisión de este órgano de seguridad ante la violencia que se vive en Guerrero. “Mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narco-paramilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos”.
El CNI y el EZLN responsabilizan al gobierno federal de México por esta escalada de violencia y exigen que “cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado Mexicano”.
De la misma forma, hacen un llamado a los pueblos del mundo, organizaciones y colectivos, a estar alertas ante esta oleada represiva que, se prevé, será más agresiva, ya que el gobierno mexicano ha elevado, por decreto, los emprendimientos de “desarrollo” como, “de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”.
El comunicado concluye llamando a la solidaridad. “Las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de SLUMIL K´AJXEMK´OP (también conocida como “Europa”) a que se movilicen y se pronuncien en contra de la trasnacional Bonafont-Danone –con sede en Francia-, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.
Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.
La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.
“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.
Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.
Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.
El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.
Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.
En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”.
Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.
Está en las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Después de su aprobación, el documento debe ser enviado al Congreso de la Nación para ser evaluado y ser votado por los parlamentarios.
“Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”, dijo el director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, durante el evento organizado por el Congreso, el 16 de febrero, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, realizado en la sede del Senado, Ciudad de México.
En diversas ocasiones el titular del INPI, Regino Montes, ha mencionado que “reconocer en la Constitución los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés es uno de los pendientes del Gobierno de México” y que con la reforma en materia de derecho indígena, que se está llevando a cabo, se sanaría esta deuda.
En la sede del Senado, el titular exhortó a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para aprobar la reforma.
El mismo 16 de febrero, día en el cual se cumple los 26 años del acuerdo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que actuó como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, afirmó que, si fuera objetivo del gobierno actual cumplir con los acuerdos de San Andrés, además “del retórico” y de los “formalismos jurídicos”, tendría que derogar las reformas constitucionales llevadas a cabo que permiten la “recolonización de los territorios de los pueblos indígenas”.
El investigador sostuvo, en un evento en la Casa de los Pueblos ‘Samir Flores Soberanes’, que habría que derogar, por ejemplo, la reforma del Artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización de las tierras ejidales. Si realmente están en la tónica de cumplir con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, “tendrán que derogar muchas leyes derivadas de las reformas estructurales, entre ellas, la Ley Minera”, que establece la actividad minera como prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso las que dicen respecto a la autonomía de los pueblos.
Para el abogado especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, que también participó del proceso de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos, la multiplicidad de reformas neoliberales desconfiguró por completo el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos. Como documento jurídico, “están totalmente rebasados, ya no responden a la realidad del país”.
“Entonces para haber un respeto mínimo a los derechos de los pueblos a nivel Constitucional y legal habría que haber profundas reformas que, con mucho, rebasa el contenido de los acuerdos de San Andrés”, evalúa.
Los acuerdos
Los acuerdos de San Andrés fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, los representantes de los partidos integrados en la legislatura federal y del estado de Chiapas y el EZLN.
El compromiso era incorporar los acuerdos a la Constitución política de México, “con el fin de producir una reforma profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente y más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos y de las garantías que el resto de los mexicanos tienen”, explicó González.
Además, “se entendía y se entiende que la nación había negado sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.
En este sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban, desde el punto de vista del abogado, dos aspectos fundamentales. Uno era el derecho al reconocimiento de los derechos territoriales y el otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos.
Los derechos autonómicos se establecían como un elemento angular, de manera que los pueblos pudieran ser reconocidos como entidad de derecho público como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que tuvieran el pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y que pudieran contar con recursos fiscales.
Reforma de 2001
La reforma constitucional, realizada en 2001, plasmó los derechos de los pueblos originarios en el artículo segundo constitucional. Sin embargo, los dos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron ignorados.
En lugar de hacer mención a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló de hogares, es decir, espacios individualizados. “El término ‘territorio’ está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente en artículo 13 del Convenio 169 y otros instrumentos internacionales”, dijo el abogado, pero no fue considerado.
En segundo lugar las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público sino como entidad de interés público, es decir, se definió que los indígenas deberían ser tutelados por el Estado. “Fue un giro total de lo que se estaba proponiendo”, afirmó González.
San Andrés: parte aguas
Si los Acuerdos de San Andrés “como documento están rebasados, no lo están como proceso”, sostiene la periodista Gloria Muñoz Ramírez y autora del libro EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra. “Fue un proceso de mucho aprendizaje”. Uno de ellos, recuerda la periodista, es que crearon una nueva forma de dialogar con el Estado.
La mesa de negociación estaba compuesta, en una parte, por representantes del gobierno y, en la otra, por los delegados zapatistas. En la parte del gobierno habían 10 personas, del lado de los zapatistas había 130 personas, representantes de los pueblos, antropólogos, intelectuales, cuenta Muñoz.
“El comandante David dijo: ‘Nosotros no queremos que solo escuchen nuestra palabra, queremos que se escuche las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros’”. Había más de 35 representante de pueblos indígenas.
Para la periodista, se inauguró una nueva manera de hacer política. “Ellos decían vamos hacer a un lado el sistema de ventanilla, en el cual los pueblos indígenas llegaban con algún funcionario de gobierno con un pliego petitorio” y el funcionario nada más palomeaba lo que sí se concedería y lo que no.
En el proceso de diálogo de San Andrés, “los pueblos llegan con demandas concretas que no son negociables. Y no solamente eran las demandas del EZLN, eran las demandas de todos los pueblos presentes”, afirma Muñoz.
Lo que siguió
Ante la reforma constitucional de 2001, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, los pueblos originarios, específicamente el CNI y el EZLN, decidieron ya no optar por la vía de “solicitar o exigir al Estado su reconocimiento constitucional integral, sino ejercitar sus derechos territoriales, sus derechos de autonomía por el camino de los hechos, sin necesitar de una Constitución que nunca va a llegar frente a los grandes intereses económicos y políticos”, dijo González.
Años después, en 2003, el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno que integran la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y los caracoles zapatistas como espacio de interlocución con el exterior.
“Así mismo los pueblos del CNI empezaron a caminar con más fuerza en dirección a la autonomía por la vía de los hechos, a ejercitar sus derechos de una manera más contundente en la gestión de sus territorios. Eso ha pasado de una manera más significativa a partir de las grandes crisis de seguridad, que ya se volvieron permanentes en este país”, analizó el abogado.
Así que el camino es “seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios e impulsar mayor unidad entre los pueblos originarios”.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo istmeño
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que luchan y resisten por la vida
Quienes suscribimos, somos comuneras y comuneros constituidos en Asamblea pertenecientes al núcleo agrario de Sta. María Jalapa del Marqués, Oaxaca, somos una comunidad indígena zapoteca que nos resistimos a olvidar nuestras raíces y tradiciones, por lo tanto, nos resistimos a olvidar nuestra historia y memoria colectiva.
Como pueblo, fuimos desplazados hace más de 60 años por el mal gobierno, que con el discurso ya conocido de desarrollo, empleo y bienestar para nuestra comunidad iniciaron la construcción de la presa «Benito Juárez», con el mismo engaño, a los pueblos de la planicie costera les prometieron desarrollo agrícola, lo cual se desenmascaro en un par de décadas, ya que la principal necesidad de construir está presa fue para satisfacer el consumo de agua de la Refinería de Salina Cruz. Antes de la presa, nuestra comunidad era 100% campesina, destacaba nuestra capacidad de producción por contar con tierras fértiles rodeadas de 2 ríos: 1 proveniente del norte llamado río Grande y el río Tequisistlán proveniente del oeste. Pero esto se terminó por la ambición de unos cuántos.
En 2003 se anunció la modernización de la presa para convertirla en una Hidroeléctrica, la cual fue rechazada por la suma de fuerzas entre la comunidad, organizaciones y colectivos, que denunciaron la entrega de tierras y dinero por parte de los grupos políticos que pretendían imponer la hidroeléctrica, y que se fueron fortaleciendo con ayuda de gobierno hasta lograr tomar el control del poder municipal y comunal para hacer y deshacer a sus intereses particulares.
Desde hace décadas y al día de hoy, Jalapa del Marqués se encuentra secuestrado por autoridades municipales y comunales vinculadas al crimen organizado, que han amenazado, intimidado y comprado gente para poder sostener sus cargos en el poder, esto les ha permitido entregar tierras a sus familiares, políticos y socios a quienes les deben favores, claro, todo a cambio de dinero que es lo único que les interesa.
Por todo lo anterior y en vísperas de elecciones para elegir por asamblea al Comisariado Comunal, denunciamos lo siguiente:
Denunciamos al ex Sindico Municipal Ricardo Miniaga por la compra de votos para la elección de Comisariado financiada por la reelegida presidenta municipal Joselin Esquivel Balseca, quién se encuentra vinculada al asesinato del periodista Hebert López Vázquez.
Denunciamos a la Procuraduría Agraria de Tehuantepec encabezada por su directora y visitadores agrarios de estar coludidos con Ricardo y Joselin al darles prioridad e ignorar las necesidades y petición de la asamblea.
Denunciamos y Responsabilizamos a l@s antes mencionados del clima de conflicto y violencia al interior de nuestra comunidad, y de cualquier amenaza y/o agresión en contra de nuestros representantes, integrantes de la asamblea de comuneros y miembros de nuestra organización.
NOS OPONEMOS A LA COMPRA DE GENTE POR PARTE DE QUIENES SE SIENTEN DUEÑOS DE JALAPA DEL MARQUÉS Y PRETENDEN MANTENER SECUESTRADA LA COMUNIDAD EN FAVOR DE SUS INTERESES.
HACEMOS UN LLAMADO A L@S COMUNER@S DE JALAPA DEL MARQUÉS A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COMUNALES ESTÉ DOMINGO 20 DE FEBRERO Y DECIDIR QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTROS BIENES NATURALES Y COMUNALES
ASÍ MISMO, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE JALAPA DEL MARQUÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESTAR ATENTOS A LAS ELECCIONES POR CUALQUIER AGRESIÓN O ACCIÓN POR PARTE DE ESTE GRUPO POLITICO QUE QUIERE IMPONER SU VOLUNTAD.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRXS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES
Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Sta. María Jalapa del Marqués
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
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