El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.

El indígena David Hernández Salazar, quién fue detenido el día martes (17) por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), estuvo detenido algunas horas y posteriormente fue puesto en libertad. Hernández preside la agencia municipal de Puente Madera, una comunidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

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La comunidad se ha opuesto a la determinación del gobierno federal y estatal de instalar un parque industrial a escasos mil metros de donde habitan.

Tras la detención de Salazar, su comunidad y diversas organizaciones se alertaron y activaron acciones rápidamente por el miedo de una desaparición, como ha sucedido con otros activistas del país.

Horas después de la detención, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio anunciaron que había sido liberado. Sin más detalle, esta organización anunció que “el compañero David Hernández Salazar ya está libre, se encuentra seguro y con buena salud”.

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La no aceptación de 1 de los 35 parques que el gobierno pretende instalar en esta región se mantiene. Aseguran que no quieren el proyecto.

El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.

^{En portada: David Hernández, activista bininiza de Puente Madera durante entrevista. Foto: Santiago Navarro F.}

Justo en el momento en que el indígena Binniza David Hernández Salazar se dirigía a su centro de trabajo, en Santo Domingo Tehuantepec, al sur de México, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes contaban con una orden de aprensión por supuestos daños a las vías publicas de comunicación.

El activista David Hernández, al haber sido nombrado por su comunidad como agente municipal de Puente Madera, ha defendido las tierras de uso común y por mandato de su propio pueblo, se han opuesto conjuntamente a la instalación de uno de los 35 parques industriales que pretenden instalar en diversas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco del llamado Corredor Interoceánico.

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“En Puente Madera estamos en esa posición porque no hay información real de lo que consiste el parque industrial, en los terrenos de usos común de San Blas Atempa. Sobre todo, también por la forma en que pretenden instalar ese parque”, dijo Hernández en una entrevista que le realizó Avispa Midia meses atrás.

Al momento de este diálogo, Hernández se mostraba preocupado por una supuesta orden de aprehensión que se había liberado en su contra por las diversas protestas en que había participado. Esta detención fue ejecutada por la FGEO este martes (17) alrededor de las 8 am, mientras el indígena Binniza se dirigía a la Escuela Primaria Patria, donde trabaja como intendente.

Aún no hay una declaración pública de la fiscalía sobre las acusaciones, pero medios locales presumen que la orden fue ejecutada por denuncias realizadas por víctimas de supuestos delitos que implican daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, a donde pertenece la agencia municipal de Puente Madera.

En las diversas acciones de protesta en las que participó el activista, su principal exigencia fue que entregaran información a la comunidad, que por derecho debieron haber recibido por parte de las instancias correspondientes en relación a este parque industrial.

Este complejo industrial será instalado a menos de un kilómetro de donde habitan las personas de Puente Madera y, a siete kilómetros de donde cruzará el Tren Transístmico, el cual ya generará un impacto auditivo al cruzar cada 17 minutos. De ellos, las comunidades indígenas desconocen los impactos negativos que provocarán.

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“Nosotros realizamos una manifestación de bloqueo carretero a la altura de Puente Madera, hubo acercamiento por parte de autoridades de representantes del gobierno de estado y el gobierno federal. También estuvo presente el titular de la Procuraduría Agraria. En esa reunión yo solicité la información”, afirma el activista.

Documentos falsos

Entre la información que le fue entregada al comunero de Puente Madera, figuran las actas de asamblea que respaldan la instalación de este parque industrial.

“Tenemos muchas pruebas para decir que no se está llevando como debe de ser”, sostiene Hernández, y agrega que “en primer lugar convocaron una asamblea de comuneros (marzo 2021), entonces nosotros como comuneros de Puente Madera, asistimos a esa reunión, donde debería haber puros comuneros. Al momento de llegar al salón municipal donde se llevó acabo la asamblea, encontramos que sinceramente no eran comuneros, eran personas acarreadas”.

De acuerdo con los documentos obtenidos por el activista Binniza, destaca la participación de 900 comuneros que respaldan el parque industrial, de un total de 1,390 que debieron haber participado. “Revisé la lista de asistencia y resulta que aquí en Puente Madera falsificaron casi 52 firmas de comuneros”, dice el activista para Avispa Midia. “Ahí vemos que este proyecto se quiere implementar de la manera más ilegal o imponer a la fuerza en tierras de uso común en nuestras comunidades. Por esa razón nos vamos a mantener en resistencia”.

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Para Hernández, la mayor preocupación es que hay firmas que respaldan este parque por parte de autoridades comunales y municipales que han escalado en el poder por apoyar este proyecto, como el actual Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, Antonino Morales Toledo.

“Nosotros nos manifestamos en un bloqueo carretero el primero de mayo” y se reproduce la misma dinámica de acarreo dice Hernández. “De ahí se lanza otra convocatoria por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el 9 de mayo. La misma dinámica de siempre, un acarreo de las agencias. Todo esto ya esta politizado, son personas afines al presidente municipal (Antonino Morales Toledo)”, refiriéndose al actual Secretario de Administración. Este funcionario tuvo el cargo de la presidencia municipal de la Villa de San Blas Atempa en dos ocasiones y también fue diputado federal.

La comunidad de Puente Madera decidió no participar en el proceso de consulta, “debido a que no hay aceptación en la consulta de comuneros. No tendría porque pasar a la continuación de ese proyecto. No hay información, no es una consulta libre, no es previa. Es una consulta amañada y de imposición. No sé si tenga conocimiento el gobierno federal de esto. Pero nunca se había visto una violación de los derechos de las comunidades indígenas en este periodo de gobierno”.

Protestas

Tras la detención del activista indígena, la comunidad de Puente Madera y otras más activaron bloqueos sobre la carretera transístmica en el tramo Juchitán – Tehuantepec, a través de los cuales exigen la liberación inmediata de David Hernández.

Integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes también se encuentran en la manifestación, exigen la liberación del activista. Además, demandan la aclaración de la existencia de otras 14 órdenes de captura contra quienes mantienen resistencia al Corredor Interoceánico.

Desde este bloqueo, la Asamblea califica este acto como una “detención ilegal”, y agrega que, el  “clima de violencia, violación a nuestros derechos y de cualquier medida de presión, difamación, amenaza y agresión en contra de nuestros representantes de Puente Madera, de las agencias y pueblo de San Blas Atempa, y nuestra organización”, es responsabilidad de Antonino Morales Toledo; Cesar Octavito Morales Toledo, Representante de Bienes comunales de San Blas Atempa; Noel Hernández Rito, Presidente Municipal de San Blas Atempa; Salomón Jara Cruz, actual Gobernador del Estado de Oaxaca y hasta el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

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Al cierre de esta edición, los bloqueos se mantienen. Una integrante de la comunidad de Puente Madera asegura que mientras no se libere al activista, “no habrá ninguna liberación de tránsito, o tránsito de carretera, hasta que David sea presentado. Aquí esta el pueblo que lo respalda, porque él es una persona pacífica”.

La activista, quien no menciona su nombre por seguridad, alerta que en las proximidades se encuentra desplegada la Guardia Nacional. Aún así, “la decisión del pueblo es que no nos vamos a mover hasta que David llegue. Todo esto esta arraigado a la lucha que este pueblo tiene en contra del megaproyecto que se está tratando de detener, porque vienen muchos daños con ello”.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula durante los festejos por el décimo aniversario de la fundación de Xayacalán. Foto: Regina López}

Tres integrantes de la Guardia Comunal de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, en Michoacán, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados el jueves (12) en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la comunidad por medio de un comunicado.

Los sicarios “acribillaron a nuestros compañneros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado cartel”.

Relatan la “complicidade de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales”. El día cuatro de octubre de 2022 hicieron de conocimiento público que desde el 29 de septiembre de 2022 “el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Denuncian que los asesinatos no son un “hecho fortuito o casual”. Los comuneros estaban en un punto de vigilancia para mantener a “raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana”.

Histórico de amenazas

Entre los años 2009 y 2014 Santa Maria Ostula sufrió una “embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios”.

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La situación provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Autodeterminación

La comunidad manifesta que la guarda comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzará las “acciones para combatir y acabar con la presencia de la delinquencia organizada en toda la región”.

Exigen el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos” y el “respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamento de nuestra guadia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”.

Desaparición

Al cierre de esta edición se reporta la desaparición forzada del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

De acuerdo a una alerta urgente, Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

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El día de su desaparición, domingo (15), Lagunes y Díaz acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50.

Ambos viajaban en una camioneta que fue encontrada el mismo domingo. El vehículo presentaba impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida.

^{En portada: Funcionario de la Terminal Costa Azul GNL, en Ensenada, Baja California}

La estadounidense Sempra Energy que, en 2019, fue calificada por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como desleal, por haber firmado con gobiernos anteriores lo que él llamó como “contratos ventajosos” y “leoninos” y, por contratar exfuncionarios de gobiernos anteriores, ya podrá exportar gas desde territorio mexicano. Además, ampliará sus activos hacia lo que comprende la Zona Franca conocida como Corredor Interoceánico.

Sempra Energy se catapultó desde la reforma energética que se implementó en el año 2013 en México. Previamente contaba solo con 2 mil 500 millones de dólares (mdd) en activos en territorio mexicano y, en el 2018, cerraba con inversiones de 8 mil 769 mdd. Mientras que, en plena pandemia durante 2020, alcanzó los 10 mil 500 mdd posicionándose como una de las principales empresas de energía en el país y de Norteamérica.

Hasta el año 2020 contaba con 17 gasoductos por donde transporta y distribuye gas importado de los EEUU. También ya contaba con ocho complejos de generación de energía renovable y tres terminales de almacenamiento de gas. En una de ellas, establecida en el estado de Baja california, la terminal de almacenamiento y regasificación de gas llamada “Energía Costa Azul” (ECA), servirá para exportar gas licuado con países principalmente de Asia.

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En el mes de diciembre del 2022 esta empresa recibió el visto bueno del Departamento de Energía de EEUU para exportar gas natural estadounidense a México y, después de la licuefacción en territorio mexicano, reexportar por barco hacia cualquier país con el que Estados Unidos tenga o vaya a firmar un tratado de libre comercio. Las estimaciones oficiales de este mercado giran en torno al equivalente a 636 mil millones de pies cúbicos por año, lo cual contempla solo la terminal ECA, propiedad de Sempra Energy.

Según la empresa estadounidense, el proyecto de licuefacción de Energía Costa Azul, ubicado en el norte de Ensenada, a menos de 100 kilómetros del sur de San Diego, tiene una ventaja geográfica para entregar gas natural de EEUU hacia los mercados asiáticos en tan solo 11 días, cuando lo normal son aproximadamente 21 días.

La empresa tiene las expectativas de que, en la fase 2 de este permiso de exportación, Energía Costa Azul también cuente con dos trenes y un tanque de almacenamiento de gas natural licuado.

Mientras que, de otra terminal, propiedad también de Sempra Energy, que ya inició trámites en México para la comercialización de gas desde enero del 2022, llamada Vista Pacífico LNG, se prevé que la instalación cuente con una capacidad de reexportación de aproximadamente 200 mil millones de pies cúbicos al año, gas producido en EEUU y reexportado desde esta terminal en Topolobampo, Sinaloa, México.

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Sempra Energy pretende cerrar la pinza comercial al conectar con sus subsidiarias estadounidenses, Cameron LNG ubicada en Hackberry, Louisiana y Port Arthur LNG en Texas. Por el momento la empresa ya tiene acuerdos comerciales para 20 años con la francesa TotalEnergies y la japonesa Mitsui & Co., Ltd.

La empresa anuncia que “el desarrollo exitoso y la construcción de la Fase 1 de ECA LNG, así como los otros proyectos de exportación de gas natural licuado de Sempra Infraestructura (subsidiaria mexicana de Sempra Energy), están sujetos a una serie de riesgos e incertidumbres sin que exista garantía de que serán completados”.

El documento del Departamento de Energía de EEUU es tajante al anunciar que, en el caso de estas reexportaciones, “la economía estadounidense no recibe una porción significativa de los beneficios”. De la misma forma, alerta que, tras la construcción y operación de estas terminales de licuefacción e infraestructura que le acompaña, “pueden surgir consecuencias (medioambientales) a largo plazo”, de las cuales se deslinda al no estar sujetas directamente a las leyes estadounidenses.  Mientras tanto el gobierno mexicano no ha emitido informes de cómo se beneficiará, de los posibles impactos o si solo será beneficio para la empresa estadounidense.

Nuevo nombre

En octubre de 2021 la empresa estadounidense fusionó dos de sus subsidiarias, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova S.A.P.I. de C.V. (IEnova), con las cuales había hecho crecer sus inversiones en México, denominándola ahora como Sempra Infraestructura. Con un nombre recién estrenado dio continuidad a una decena de complejos más que aún estaban en fase de construcción o expansión.

Uno de estos complejos, que estaba suspendido por no haber realizado una consulta previa como lo marca la ley sobre derechos indígenas, es el gasoducto Sonora Guaymas-El Oro, que atravesaba territorio de los pueblos originarios de la Tribu Yaqui. Aunque en sus últimos informes anuales para sus inversionistas aparece como concluido, el gasoducto está suspendido, porque uno de los ocho pueblos de la Tribu no permitió el paso.

La conclusión de este tramo es de vital importancia ya que es a través del cual se importarán el gas proveniente de EEUU y que conecta con la terminal de Vista Pacífico LNG, de donde se reexportará este energético.

Sempra Energy no habla más del gasoducto Guaymas- El Oro que costó la vida de al menos dos personas y un preso político que lleva más de 2 mil días tras las rejas, él es el indígena yaqui Fidencio Aldama.  Tampoco el gobierno de México habla más de esta persona y de lo acontecido.

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Lo que sí ha hecho el gobierno y la subsidiaria de la corporación estadounidense, Sempra Infraestructura, es llegar a un convenio para desviar el gasoducto y así poder concluirlo. “Los nuevos acuerdos establecen el marco para una alianza entre las empresas, que finalmente permitirá la reanudación del servicio del gasoducto Guaymas-El Oro”, dice el documento firmado por la empresa y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitido en un boletín de prensa con fecha de enero del 2022.

A través de este convenio, la empresa también aseguró que se le permitirá el desarrollo y avance de la terminal Vista Pacífico que, en el mismo mes de enero, inició sus trámites con las autoridades mexicanas para la “Comercialización de gas natural”. Además, Sempra Energy, con su filial mexicana, también buscó figurar en la Zona Franca conocida como el Corredor Interoceánico.

En el memorándum de entendimiento se estableció una participación conjunta con CFE en el desarrollo de una terminal de gas natural licuado en Salina Cruz, Oaxaca. “Este nuevo proyecto apoyará las acciones del Gobierno de México para desarrollar el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico y el desarrollo de la región sur-sureste del país”, resalta el acuerdo firmado por CFE y la empresa estadounidense.

Nuevo gasoducto

Desde noviembre de 2020, el Gobierno de México había anunciado la construcción del Gasoducto denominado Jáltipan – Salina Cruz, que será parte del Corredor Interoceánico, aunque será retomado como una obra prioritaria para este año 2023. Según un boletín de prensa de la CFE, emitido en junio de 2022, “el gasoducto suministrará gas natural a 470 plantas y 30 parques (industriales)”.

El gasoducto, que atravesará el Istmo de Tehuantepec (Salina Cruz-Coatzacoalcos), estará a cargo de la CFE, pero también habrá participación de privados “bajo la figura de negocio de alianza estratégica, donde el privado ancla la inversión en el gasoducto con una planta de licuefacción de gas natural en Salina Cruz”, anuncia la paraestatal.

Pero el único acuerdo de cooperación firmado por el momento sobre la planta de licuefacción en Salina Cruz, Oaxaca, es con Sempra Energy.

La prioridad del gobierno, por el momento es, según el boletín, “resolver el derecho de vía para el tendido de un gasoducto a cargo de la CFE con el objetivo de exportar gas natural a Asia y licitar una planta de licuefacción que tendrá un costo de 60 mil millones de pesos, y generará 3 mil empleos”.

Dependencia

En conferencia de prensa que emitió el mandatario mexicano el 11 de junio, alertó que urgía resolver el derecho de vía para el gasoducto Jáltipan – Salina Cruz, “porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia, pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción”, sostuvo en su gira por el estado de Oaxaca.

Sin dar más detalles, López Obrador informó también que esta planta de licuefacción “congela el gas para transportarlo y se lleva (el transporte) entre 12 y 15 horas a países de Asia, y ahí se re gasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos” y agregó, “entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa, pero aquí estamos hablando de Asia”, refiriéndose a las exportaciones de gas desde el puerto de Salina Cruz.

Aunque México tiene un déficit de gas y no tiene suficiente para exportar, en todo caso, sería gas proveniente de EEUU. De acuerdo con la Secretaría de Energía solo en el año 2021 el consumo de gas natural en México ascendió a un promedio de 7,405 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

En particular, sostiene el Plan Quinquenal de Expansión de Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), durante el tercer trimestre del 2021 el promedio de las inyecciones nacionales ascendió a 1,311 MMpcd y las importaciones fueron de 3,267 MMpcd, de los cuales 656 MMpcd corresponden a importaciones a través del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, perteneciente a Sempra Energy. Aunque también se importa a través del Gasoductos de Tamaulipas; Los Ramones, Fase I y II, entre otros.

El sector eléctrico de México es sostenido en mayor medida del consumo de Sistrangas, entre otros. Este organismo es un conjunto de gasoductos que suman una longitud total de 10,336 kilómetros. Una buena parte forma parte de los activos de Sempra Energy a través de los cuales fluye el gas importado proveniente de los EEUU. Por lo que México no tiene capacidad para cubrir al 100% sus necesidades de este energético.