Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.}

El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.

La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.

Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.

En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.

Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.

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Fuente: Avispa Midia

Durante la marcha calenda en contra de la gentrificación en Oaxaca realizada el día de hoy en el centro histórico de la ciudad, elementos de la policía estatal detuvieron con lujo de violencia al menos a seis manifestantes “por protestar contra la gentrificación, que son otras formas de saqueo y despojo que sufre Oaxaca”. Así lo denuncian en un comunicado colectivos convocantes y participantes a la manifestación.

“Al rededor de las 6:15 pm fueron detenidxs lxs compañerxs Filadelfo Deciderio, miembro de la Comedora Comunitaria, la compañera Nizaye, del colectivo de DDHH COJUDIDI, Meztli Jimenez, de la colectiva La Campamenta, el compañero Ricardo y 2 compañerxs más”, se lee en el comunicado.

También denunciaron que fueron detenidos con uso excesivo de la fuerza, “atentando contra su integridad y sus derechos humanos” y manifestaron preocupación por la posibilidad de que en el camino hayan sufrido torturas por parte de la policía estatal de Oaxaca. Exigen su pronta presentación y liberación.

En entrevista para Avispa Mídia, dos personas que participaron en la manifestación, cuyos nombres se reservan por miedo a represalias, relataron: “acabamos de ver cómo el gobierno estatal, a través de la policía estatal de Oaxaca, detuvo al menos a seis integrantes de distintas colectividades que participaron en la marcha en contra de la gentrificación”.

Mencionan que la Fiscalía del Gobierno del Estado no permite ni a los familiares ni a los abogados ni a la Defensoría de Derechos Humanos pasar a ver a las y los detenidos, cuando es su derecho. Tampoco les han permitido realizar ninguna llamada.

También sostienen que hay una represión sistemática en contra de los defensores de Derechos Humanos, de los defensores del territorio y de la cultura en Oaxaca por parte del gobierno de Salomón Jara.

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Fuente: Avispa Midiahttps://avispa.org/corte-internacional-urge-a-israel-evitar-genocidio-en-gaza/

Por Sare Frabes

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo preliminar respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, determinando que este país debe tomar mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza. Aunque no ordenó un alto al fuego, la CIJ exigió a Israel presentar un informe detallado de las medidas tomadas durante los 30 días siguientes.

La demanda, presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusa a Israel de perpetrar genocidio hacia la población de Palestina, apegándose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La cifra de fallecidos en Gaza hasta este 25 de enero asciende a 25 mil 700, según el Ministerio de Salud de Palestina.

Fue por ello que la CIJ ordenó a Israel “prevenir” actos considerados genocidas, así mismo exigió “evitar” la destrucción de pruebas y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. El fallo no determina si Israel ha cometido genocidio, siendo que este proceso podría llevar años hasta determinar una resolución. No obstante, la población de Gaza fue catalogada en grave riesgo de daño irreparable.

Las reacciones no se dejaron esperar ante el fallo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel continuará defendiéndose y seguirá la guerra hasta la “victoria absoluta”.

Por otra parte, el canciller palestino, Al-Maliki, consideró el fallo como un favor a la humanidad y la ley internacional. Sudáfrica celebró las medidas cautelares como una “victoria decisiva”.

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Esta denuncia está respaldada por al menos sesenta Estados, entre ellos los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), como Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania y las Maldivas. También se han sumado Namibia, Colombia, Bolivia y Brasil.

El 11 de enero, Sudáfrica presentó argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, espera que Israel cumpla con las disposiciones de la CIJ.

Mientras tanto, Irán exigió que las autoridades israelíes enfrenten cargos por la guerra en Gaza. La Unión Europea espera una implementación plena, inmediata y eficaz de las órdenes de la CIJ a Israel sobre Gaza.

Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

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 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024
Boletín No. 03

El Pueblo Creyente artesano de la paz

• 13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.

La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes,  jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.

Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo}

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñani Pinto

^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de enero de 2024

Boletín No. 03 

Urge atender la actual crisis de desplazamiento interno en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas

• 2 300 personas desplazadas forzadas desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.

• Exigimos a los Gobiernos federal y estatal, atender con urgencia a las personas víctimas de desplazamiento Forzado, así como las causas que dan origen.
• El Gobierno de Chiapas niega se trate de un desplazamiento forzado.

En las primeras semanas del mes de enero del 2024 la violencia se ha agudizado en las regiones Frontera y Sierra de Chiapas; la documentación realizada apunta a una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas en situación de Desplazamiento Forzado originarias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. Estos hechos se enmarcan en el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada. El Desplazamiento Forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población.

El pasado 15 de enero en los límites de Nuevo Chejel (Municipio de Socoltenango) y Nueva América (Chicomuselo) se presentó un intenso enfrentamiento entre grupos armados; testimonios refieren: la desaparición de personas, homicidios, reclutamiento forzado, así como impactos psicosociales expresados en pánico colectivo generado por el miedo permanente y la violencia.

El 16 de enero, con la llegada de las Fuerzas Armadas, la población civil de Nueva América intentó evitar su ingreso al territorio ejidal, siendo reprimidos con uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos castrenses, dejando a su paso personas heridas, detonaciones de armas de fuego y estragos por la inhalación de gas lacrimógeno.

A pesar del reto, dificultad y límites que representa la documentación del fenómeno actual derivado del miedo, desconfianza, incertidumbre y dispersión de la población afectada; logramos documentar la existencia de al menos 2 300 personas que se desplazaron de manera forzada para resguardar la vida e integridad personal de las comunidades: Alfonso Corona del Rosal, Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Pablo L. Sidar, Raizal, Francisco I. Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra, Labrada, Lázaro Cárdenas (Municipio de Chicomuselo), El Retiro, Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro, y San Isidro (Municipio de La Concordia), así como de Nuevo Chejel, Puerto Rico y Nuevo Resplandor (estos tres últimos del municipio Socoltenanco). Todas estas personas están refugiadas en cabeceras municipales de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria, La Concordia y Comitán, algunas más han migrado hacia lugares como Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Mayoritariamente, quienes no lograron salir de sus hogares son personas mayores, población enferma o sin capacidad de movilidad, así como algunas que decidieron quedarse para cuidar sus propiedades.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes