Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Poblaciones de la sierra mazateca, en el norte de Oaxaca, denuncian biopiratería realizada por expedicionarios extranjeros en sus tierras.

Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.

En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.

“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).

Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.

También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.

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Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien también colabora en el proceso de la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.

Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?

Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.

Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.

AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?

JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.

Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.

AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?

JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?

A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.

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Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.

AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?

JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.

Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.

Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.

Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.

También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.

AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?

JA:  Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.

Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.

AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?

JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?

Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el narco es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?

¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.

Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.

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Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.

Rompiendo fronteras:

ARGENTINA: Fuerte movilización y represión al movimiento popular tras la imposición de una constitución local que afecta las comunidades indígenas. Comunicado a todo Jujuy y a Argentina de las comunidades indígenas que están manifestándose contra la reforma constitucional. Purmamarca 26 de junio 2023. De: Minka Comunicacion

PERÚ: Muere Hugo Blanco a sus 88 años, quien formó parte del Frente de Izquierda Revolucionaria y encabezó levantamientos campesinos en 1962 y 1963. De Avispa Midia.

Entrevista a Hugo Blanco: ¡Tierra o Muerte!

ECUADOR: ECUADOR: Pueblos aislados llaman a defender el Yasuni tras lograr la consuta nacional sobre la extracción de energéticos. Rueda de prensa de pueblos y naciónalidades indígenas. De Yasunidos.

Desde la región que llaman México:

CHIAPAS: Continúan los ataques a las comunidades zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi. El capataz y tirano de Obrador miente ante el tema. Ataques paramilitares se intensifican. De: CNI

CDMX: La lucha por la libertad y justicia para Karla y Magda, perseguidas por una violatoria y prepotente Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se levanta el plantón. Por Tasha.

OAXACA: La defensa por los Chimalapas. Entrevista a Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo del Sureste. Tras años de lucha consiguen una victoria legal, pero el camino para la justicia continua para Los Chimalapas. De Noticias de abajo.

SALUD: Píldoras de Salud Libre con el tema Neuropatía por diabetes. Por Mar.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.

Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.

En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.

Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.

Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:

1. Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
2. Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
3. Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.

Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.

Firmas:

Colectivos y organizaciones:

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El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

• El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

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22 de junio de 2023
Acción Urgente 010

Firma la petición aquí.

Continúa en riesgo la salud de Jorge López Sántiz, Base de Apoyo Zapatista

Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizaron una serie de ataques que ponen en riesgo a tres comunidades zapatistas^: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi y están ubicadas en el municipio de Ocosingo, Chiapas: los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados que al momento de la emisión de esta Acción Urgente, no han frenado.

Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores, contabilizando al menos 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo calibre, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres, simultáneamente atacaron a las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi; en esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma, misma que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.

A la emisión de esta Acción Urgente -para el 22 de junio- se han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo calibre, con información documentada por la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas.

Este día se cumple un mes del ataque en donde resultó herido el Base de Apoyo Jorge López Sántiz, que aún se encuentra en un estado de salud delicado con la necesidad de manejo especializado para dar continuidad a su proceso de recuperación.

Respecto al estado de salud del Base de Apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, egresó del Hospital Gómez Maza el 5 de junio de 2023, después de 10 días de estar en terapia intensiva y 4 días de estar en hospitalización. A su egreso aún presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. Las secuelas son graves, pues el funcionamiento de su intestino quedó afectado. El proceso de recuperación es lento, pues las complicaciones derivadas de la cirugía necesitan cuidados especializados para una cicatrización adecuada, así como manejo con medicamentos antibióticos y analgésicos.

Desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” continuaremos documentando las agresiones a comunidades que ejercen sus derechos a la autonomía y libre determinación como pueblos originarios, y señalando la complicidad del Estado mexicano.

Ante estos hechos exigimos con urgencia:

• Garantizar de manera emergente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
• Se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
• Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
• Cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Antecedentes:

El 23 de mayo de 2023 presentamos la Acción Urgente 009, en donde solicitamos a las autoridades su atención inmediata y un cese a la violencia dirigida en contra de las comunidades autónomas zapatistas.

En mayo de 2022 emitimos la Acción Urgente 002-2022  en donde se documentan diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado, con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región.

Solicitamos enviar sus llamamientos urgentes a:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente Constitucional de México
Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México.
Fax: (+52) 55 5093 4901. Twitter: @lopezobrador_

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

Rompiendo Fronteras:

• HONDURAS: Asesinan al defensor del territorio Oqueli Domínguez en Guapinol, el activista antiminero es uno de al menos 3 asesinatos de opositores a los megaproyectos que invaden la zona.  Por Guapinol.
• WALLMAPU CHILE: Un año de Estado de Excepción ES UNA DECLARACIÓN DE GUERRA AL PUEBLO MAPUCHE MOVILIZADO POR TERRITORIO Y AUTONOMÍA Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca Vocero Coordinadora Arauco Malleco-CAM.
• GLOBAL: La “revolución de Gladis”: ¿por qué las orcas atacan a las embarcaciones? Por Radio Temblor
• ITALIA FRANCIA: Declaración conjunta de la coordinación de los opositores al Tren de Alta Velocidad (TAV Lyon-Turín). Más de 5.000 personas en la movilización internacional a pesar de las prohibiciones y la violencia policiaca. De Notav.

Desde el Ombligo del Monstruo

• OAXACA: Eloxochitlan bajo amenaza y en autodefensa. Jornada de lucha en la ciudad de Oaxaca, amenazas a familiares y la formación de un llamado grupo de autodefensa. Vamos a escuchar el podcast  de Kino Balu
• OAXACA: Comunidad de Puente Madera logra suspensión del parque industrial en su territorio ante imposición del Corredor Interoceánico. Noticias de abajo.
• MORELOS: Exigen justicia para el Samir Flores ante mal trabajo y montajes por parte de la fiscalía que lleva el caso.
• CHIAPAS:  3 mil personas desplazadas de Frontera Comalapa, denuncian omisión de los gobiernos federal y estatal ante violencia de crimen organizado.