^{En portada: Miembros de la Guardia Comunal de Ostula durante la celebración por los 14 años de la recuperación de más de 1,500 hectáreas comunales. Foto: Regina López.}

Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, denuncian que desde los primeros días de febrero se han perpetrado una serie de ataques contra la población indígena por parte del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante comunicado, relatan que el pasado lunes (5) por la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, sin que se registraran personas lesionadas debido a la respuesta de su Guardia Comunal.

Resaltaron que, durante la agresión, se reconoció el uso de armas de muy alto calibre como lo son rifles de calibre .50. Además, los pobladores detectaron vuelos de drones en la zona de la comunidad donde sucedió la agresión armada.

Cabe destacar que, apenas el 1 de febrero pasado, un comando armado del CJNG compuesto de al menos 50 personas se internó al territorio de la comunidad nahua y atacó el mismo poblado de la Cofadría.

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Durante aquella agresión, los sicarios hirieron a un comunero quien, debido a la pronta atención se reportó estable. Una vez más, debido a la actuación de la Guardia Comunal se consiguió repeler la agresión provocando que el grupo armado abandonara el territorio nahua.

En aquel momento, las y los pobladores de Ostula señalaron que poseen información suficiente para determinar que los responsables del ataque son personas que traicionaron a la comunidad nahua y se integraron al CJNG. Entre ellas destaca Cemeí Verdía, quien, de acuerdo a los testimonios, es el responsable de dirigir diversos ataques contra la población indígena.

“Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región”, sostuvieron los comuneros de Ostula.

Las y los habitantes de la comunidad nahua señalan que el contexto de violencia, lejos de mejorar, se ha recrudecido mediante la persistencia de los ataques por parte del grupo criminal. Sólo es mediante la presencia y trabajo de la Guardia Comunal que se ha podido mantener a raya al CJNG, mientras que, enfatizan, la Guardia Nacional, civil y la fiscalía del estado de Michoacán “solapan y protegen al CJNG”.

Señalan que, en los hechos, el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada para garantizar la justicia en su territorio. “Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”, sostienen en referencia a la pretensión, por parte del Estado, de desarticular y desarmar a su cuerpo de protección comunitario.

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La criminalización de la Guardia Comunal de Ostula se ha mantenido a la par de las agresiones y asesinatos de sus miembros por parte del crimen organizado que mantiene el intento de invadir y controlar los territorios indígenas.

En enero del 2023, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del CJNG.Ante los recientes ataques, las y los habitantes de Ostula exigen la inediata desarticulación del CJNG, así como castigo a los crímenes cometidos en contra de los pobladores indígenas.

^{En portada: El Comité Municipal de Tocoa bloquea la autopista que da acceso a la concesión minera ASP para exigir al gobierno hondureño que no renueve la autorización para la extracción de hierro. Foto: Guapinol resiste}

En Tocoa, norte de Honduras, habitantes de la región integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) de dicho municipio, se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que, desde el año 2013, extrae hierro del interior de un área protegida.

Fue el pasado 9 de diciembre del 2023, cuando las autoridades municipales convocaron a un Cabildo Abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.

Mediante Asamblea Popular, y con representación de autoridades locales, miles de personas se pronunciaron por un rotundo “NO” al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa Ecoteck/Emco. Con esta decisión, la población de Tocoa ratificó la declaración, del 29 de noviembre del 2019, como municipio libre de minería.

El referido proyecto energético pretende operar una planta termoeléctrica alimentada con coque de petróleo, material que contiene alto contenido de azufre y metales pesados, lo que ha consternado a la población ante el posible incremento de contaminación que, sumado a la extracción minera, coloca en riesgo las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro.

La termoeléctrica de Ecoteck es uno de los siete componentes asociados al megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro, promovidos por el consorcio Emco Holdings, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez. El objetivo de la central es suministrar energía para la operación de una planta de peletización de hierro del mismo consorcio.

Autoridades promocionan minería

Las comunidades de Guapinol y San Pedro, ubicadas en el departamento de Colón, integran el CMDBCPT, desde donde han denunciado ilegalidades, violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada al megaproyecto minero de Ecoteck/Emco.

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Tras la Asamblea Popular realizada en diciembre pasado, el CMDBCPT presentó, ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el acta notarial que constata el rechazo al proyecto de coque para la extracción minera.

No obstante, el pasado 22 de enero, la alcaldía de Tocoa, encabezada por Adán Fúnez emitió una nueva convocatoria para la “socialización y aprobación” del proyecto energético.

Una semana después, el 29 de enero, ocho organizaciones jurídicas y de derechos humanos, tanto hondureñas como internacionales que han dado seguimiento al conflicto socioambiental, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa.

Mediante el recurso, instaron a las autoridades judiciales a fallar a favor de la concesión de un amparo colectivo interpuesto por la comunidad de Tocoa para defender la decisión de las comunidades a un medio ambiente sano, al acceso a la información, y a la participación política.

“Los hechos revelan que las decisiones clave relacionadas con el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK se han tomado sin una consulta efectiva y representativa con las comunidades afectadas. A pesar de la clara oposición expresada por los habitantes de Tocoa, Colón, en múltiples asambleas y cabildos abiertos, donde se manifestó un rechazo unánime a los proyectos de ECOTEK y las operaciones mineras asociadas, estas expresiones de voluntad popular han sido aparentemente ignoradas”, puntualiza el Amicus Curiae.

Un día después, el juzgado otorgó resolución favorable al recurso legal, lo que obligó al alcalde de Tocoa a suspender el Cabildo Abierto programado para el último día de enero.

Inversiones

En enero de 2014 se otorgó la concesión minera ASP, que abarca un área de 100 hectáreas dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, a la empresa Emco Mining, actualmente denominada Inversiones Los Pinares.

Casi una década después, en octubre del 2023, las comunidades de Colón se informaron sobre la pretensión de la empresa minera para renovar el contrato de concesión, que expiró el pasado 28 de enero del 2024, por hasta 30 años más.

Ante ello, el CMDBCPT se ha movilizado para exigir al gobierno nacional, encabezado por Xiomara Castro, para que rechaze la solicitud de renovación al contrato minero firmado entre Lenir Pérez de Inversiones Los Pinares y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Acorde a las Brigadas Internacionales por la Paz (PBI, por sus siglas en inglés), diferentes medios hondureños e internacionales han demostrado que la empresa siderúrgica Nucor, con sede en los Estados Unidos, estaba asociada con Inversiones Los Pinares.

Según lo publicado, la relación comercial entre Nucor y Pérez comenzó en marzo de 2015 y la empresa norteamericana abandonó el proyecto en octubre del año 2019, debido a la movilización social en contra de la actividad extractiva.

“Esto sugeriría que Nucor estuvo involucrado en la concesión minera el 27 de octubre de 2018, cuando más de 1,500 oficiales de policía y personal militar comenzaron la expulsión forzosa de un campo de protesta opuesto a la mina de Los Pinares”, relata la organización de derechos humanos.

Entre otras agresiones se encuentra el arresto y detención de 13 defensores del territorio. Siete de ellos fueron acusados de cargos relacionados con sus acciones para defender los ríos Guapinol y San Pedro.

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“Los inversores recientes en Nucor incluyen la Caisse de depot et placement du Quebec (73 millones de dólares), el Royal Bank of Canada (61 millones de dólares), el Bank Of Montreal (40 millones de dólares) y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (36 millones de dólares)”, contextualiza PBI.

Afectaciones

Según testimonios de los pobladores, la extracción minera durante una década ha tenido un efecto devastador para el Parque “Carlos Escaleras” y las comunidades circundantes. Además, señalan que han sido vícitimas de la corrupción estatal y la violencia ejercida por la minera.

A través del sitio web Guapinol resiste, el pasado 31 de enero exigieron que el Ministerio Público proteja el medio ambiente y emita requerimientos fiscales contra los representantes de la empresa por delitos ambientales, así como contra “funcionarios públicos locales y nacionales  que conforman la red de corrupción para beneficiar a Pinares/Ecotek”.

Así mismo demandaron el respeto a la vida de los defensores del territorio y campesinos en la región de valle del Bajo Aguán. Un día antes se reportó el secuestro del campesino José Abel López, integrante de la cooperativa Remolino, organización que suma su labor a distintas agrupaciones de la Plataforma Agraria del Aguán para reivindicar la recuperación de tierras despojadas por empresarios de la palma aceitera.

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También denunciaron la intensificación de campañas de odio contra la defensora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, así como contra integrantes del CMDBCPT.

“Responsabilizamos al gobierno de Xiomara Castro por cualquier daño a la integridad física de las defensoras y defensores en lucha por la defensa de los bienes comunes en este valle del Aguán”, aseveran en comunicado.

Semanas antes, más de 100 organizaciones de Honduras y de todo el mundo se sumaron a la exigencia al gobierno de Castro para que respete la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza la actividad minera en sus territorios.

Además, demandaron una investigación independiente para enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelecutales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez, acontecidos durante el año pasado. “La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclaman.