PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Por una solución definitiva -apegada a la justicia y al derecho- al añejo y doble conflicto presente en el Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas,

Los abajo firmantes, organismos civiles, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos/as, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la histórica, tenaz y paciente lucha pacífica del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, en defensa de la integridad de su ancestral territorio –existente como tal desde la época prehispánica- y en pro de la preservación de sus invaluables bienes naturales, constituidos por los más variados ecosistemas naturales, que hacen de dicho territorio el más biodiverso de México y Mesoamérica (y el mejor conservado, gracias precisamente a los cuidados y a la lucha de los indígenas zoques chimalapas).

Hoy día, quienes aquí firmamos, estamos claros que en el origen del doble conflicto presente en el territorio indígena  y comunal de Los Chimalapas, que data de hace más de 60 años -el conflicto agrario y el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas–se han encontrado siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados, cobijados y alentados por los sucesivos gobiernos del estado de Chiapas, contando casi siempre con la complicidad de los respectivos gobiernos federales (expresados particularmente por las políticas y acciones asumidas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y –hasta hace muy poco- por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)).

De esta forma, estamos en condiciones de afirmar que, en el escalamiento de la tensión y violencia social que ha prevalecido recientemente en la zona oriente de Los Chimalapas, ha existido una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender –durante muchos años- administrar el conflicto social; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.

En ese sentido, nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, y actualmente sigan permitiendo -y en algunos casos como en el caso del gobierno de Chiapas, fomentando- el utilizar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres, necesitados de tierras para sobrevivir, como verdaderos “escudos humanos” y “carne de cañón”, orillándolos a una confrontación violenta con los indígenas zoque chimalapas, dueños ancestrales del territorio, confrontación que sólo ha beneficiado a los citados intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Es por ello que –como sociedad civil-  valoramos la paciencia, generosidad e inteligencia con que han sabido responder a las diversas agresiones, despojos y provocaciones, las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, ofreciendo en contrapartida, una alternativa integral, justa tanto para con sus propios derechos como Pueblo Indígena, como para los derechos de sus –así llamados por ellos- hermanos indígenas y campesinos chiapanecos pobres –a quienes los gobiernos chiapaneco y federal, les repartieron ilegalmente tierra comunal zoque y a quienes los chimalapas no pretenden de ninguna manera, desalojar– y justa también para con la Madre Naturaleza.

Hacemos un llamado tanto a la sociedad mexicana en su conjunto, a valorar y apoyar públicamente la pacífica lucha del Pueblo Zoque Chimalapa y su propuesta integral de solución, como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano (Poder Ejecutivo –federal y de los estados de Oaxaca y Chiapas-, Poder Legislativo y Poder Judicial) a intervenir de forma honesta y responsable, en pro de una solución definitiva, apegada a la justicia y al derecho, al añejo y doble conflicto presente en el territorio indígena zoque de Los Chimalapas, haciendo prevalecer el interés de la Nación, así como los derechos humanos –individuales y, sobre todo, de los Pueblos Indígenas- y los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Atentamente

Organismos Civiles y Organizaciones Sociales

–          Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

–           Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

–           Ik Balam, Agencia de noticias ambientales

–          Proyecto Carta Mesoamericana

(responsable de su distribución y difusión: Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas)

Ccp.- A las Comunidades Indígenas Zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa

Ccp.- Lic. Felipe Calderón Hinojosa – Presidente de México

Ccp.-  Ministro Juan N. Silva Meza – Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic Alejandro Poiré – Secretario de Gobernación (SEGOB)

Ccp.- Lic. Rafael Elvira Quezada.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Ccp.- Agr. Abelardo Escobar Prieto.- Secretario de la Reforma Agraria (SRA)

Ccp.- Dr. Marco Vinicio Martínez Guerrero – Presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA)

Ccp.- Dr. Raúl Plascencia Villanueva.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ccp.- Ministro Jorge Mario Prado Rebolledo – Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador de Oaxaca

Ccp.- Lic. Juan Sabines Guerrero.- Gobernador de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza

Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-

Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)

Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores del Medio Ambiente

Ccp.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca.

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

Ccp.- CP Jesús Martínez Álvarez .- Secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Noé Castañón.- Secretario general de Gobierno del estado de Chiapas

Ccp.- Lic. Adelfo Regino.- Secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Jesús Caridad Aguilar Muñoz.- Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas del estado de Chiapas

Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA
Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS
cel. (52) 55 – 55085585
c.e.: comitechimalapas@gmail.com
www.chimalapas.blogspot.com

Enero 9, 2012
CHIMALAPAS: COMUNICADO URGENTE
ACUERDO DE DISTENSIÓN INTEGRAL EN RIESGO

El pasado 22 de diciembre se firmó en la Secretaría de Gobernación Federal el “Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la Paz y Tranquilidad en la región Limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, mismo que surge por iniciativa de las comunidades zoque chimalapas de Santa María y San Miguel Chimalapa (ver documento completo firmado, en: http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/chimasacuerdodistensiondic011.pdf )

Este histórico Acuerdo fue firmado por los comisariados de Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, los representantes de las Congregaciones comunales de San Antonio y de Benito Juárez, así como por las autoridades agrarias de los núcleos agrarios chiapanecos de: Díaz Ordáz, Ramón E. Balboa, Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas, Constitución, Merceditas, Benito Juárez I, Benito Juárez II, Cal y Mayor y de la Colonia Agrícola y Ganadera Felipe Ángeles, firmando también, como testigos de honor, Gabino Cué, gobernador de Oaxaca; Juan Sabines, gobernador de Chiapas y Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación

En el marco de este Acuerdo, se alcanzaron los siguientes compromisos:

1° El compromiso de las Comunidades zoque chimalpas y de los núcleos agrarios de origen chiapaneco asentados en territorio comunal, de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región.

2° La aceptación tácita de la Secretaría de la Reforma Agraria, de su error al haber dotado de tierras a los núcleos chiapanecos, sobre territorio comunal zoque chimalapa, traslapando irresponsablemente Resoluciones Presidenciales;

3° La aceptación de parte del gobierno federal (SRA – SEGOB) para facilitar las condiciones que hagan posible la realización de un proceso de conciliación directa de campesino a campesino y de indígena a indígena, entre las comunidades zoque chimalapa y los núcleos agrarios chiapanecos, respetándose para ello, las formas tradicionales de organización y toma de decisión, a través de Asambleas generales realizadas en cada núcleo;

4° El compromiso del gobierno de Oaxaca de apoyar todo el proceso de solución agraria propuesto por las comunidades zoque chimalapas;

5° El compromiso del gobierno de Chiapas, de no interferir en este proceso de conciliación y de retirar a la brevedad, todos los elementos de la policía chiapaneca presentes en la zona oriente de Los Chimalapas; y

6° El compromiso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de dar seguimiento y de verificar el cumplimiento de los Acuerdos firmados

Sin embargo, a más de dos semanas de firmado este histórico Acuerdo, éste se encuentra en riesgo de convertirse en letra muerta, debido al incumplimiento de parte del gobierno del estado de Chiapas, el cual, lejos de distender el clima político social, el pasado 1° de enero de este 2012, tomó protesta a los Integrantes del Consejo Municipal de Belisario Domínguez, -nuevo municipio chiapaneco creado unilateralmente dentro de territorio comunal- en presencia del Secretario de Gobierno Noé Castañón León, del Subsecretario de Gobierno de la zona valle–zoque Ledín Méndez Nucamendi y del Presidente Municipal de Cintalapa, José Guillermo Toledo Moguel. El acto protocolario se llevó a cabo en la escuela primaria “Ignacio Flores Rayón” del núcleo agrario Rodulfo Figueroa, donde fueron designados Juan de Dios Márquez Clemente como Presidente del Concejo, y Efrén Velázquez Hernández y José Toribio Flores como síndicos. De igual manera, el gobierno del estado de Chiapas mantiene a la fecha en la región oriente de Los Chimalapas, a elementos de la policía preventiva estatal, quienes –según testimonios recientemente recavados- mantiene actitudes agresivas y provocadoras frente a los comuneros zoque chimalapas, incumpliendo con esto el compromiso asumido en el sentido de que el mantenimiento del clima de distensión y la paz social en la zona, quedara a cargo exclusivamente del ejército federal, cuyo regimiento asentado en la Congregación de San Antonio fue, al mismo tiempo y de forma paradójica, retirado.

Ante estos hechos, y ante el riesgo de que vuelva a tensionarse el clima social en la bior-región más importante de México y Mesoamérica, como CNDCCh respetuosamente solicitamos a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que, en su carácter de garante del cumplimiento de los Acuerdos firmados y en aras de sus atribuciones y responsabilidades públicas, realice a la brevedad las gestiones necesarias para que se cumplan puntualmente todos y cada uno de los compromisos asumidos por todas las partes,

A T E N T A M E N T E

LUIS BUSTAMANTE VALENCIA
COORDINADOR NACIONAL

MIGUEL ANGEL GARCIA A.
COORDINADOR REGIONAL

A 10 años del llamado “Argentinazo”—la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001—en las calles de Buenos Aires se ve claramente que la lucha que estalló en aquellas jornadas rebeldes no quedó en el pasado, sino que se está repensando y recreando constantemente por los y las compas que siguen construyendo y soñando desde abajo. Para este reportaje, salimos a las calles de Buenos Aires con la multitudinaria marcha del 20 de diciembre 2011, y recopilamos algunas de las voces de las compañeras y los compañeros que siguen luchando por la construcción de otro mundo y otra sociabilidad, contra y más allá del capitalismo.

Harvey, David. Geógrafo y Urbanista inglés, nacido en Kent en 1935. Ha desarrollado el grueso de su carrera en los Estados Unidos y pertenece a la cátedra de antropología del College University de Nueva York, tras haber enseñado geografía y urbanismo en Oxford y Baltimore durante más de treinta años. Estudioso en profundidad de la obra de Marx, en 1982 publica una obra destacada de teoría económica, Los límites del capital. En 1985 publica dos libros de ensayos sobre urbanismo, La conciencia y la experiencia urbana y La urbanización del capital, y en 1989 aparece La condición de la postmodernidad (publicado en español por Amorrortu), probablemente su obra más conocida, donde investiga la emergencia de la cultura y del arte postmodernos como un efecto de las transformaciones del capitalismo y de la aparición del postfordismo. Además de las obras ya mencionadas es autor de Espacios de esperanza, Akal, (2000) y El nuevo Imperialismo, Akal (2003). Ver en números anteriores de Herramienta, otros trabajos publicados

Entrevista realizada por Claudia Composto y Magalí Rabasa

Tomado de:  http://www.herramienta.com.ar/content/entrevista-con-david-harvey-nuevo-imperialismo-y-cambio-social-entre-el-despojo-y-la-recuper

Agencia Informativa

IK BALAM

“Soy Ik, el Viento; Ik, Huracán, el Corazón del Cielo; el Viento que murmura, que ruge;

el Viento que habla; soy Ik, la palabra”

(Chilam Balam de Chumayel)

www.ikbalam.org

Las Comunidades Zoque Chimalapas levantaron el bloqueo al núcleo agrario Díaz Ordáz

Congregaciones comunales San Antonio y Benito Juárez

San Miguel Chimalapa, Oaxaca, diciembre 18, 2011

“Chimalapas declaramos públicamente que la distención completa de la zona es por acuerdo de las asambleas generales exigimos al gobierno federal y estatales que cumplan los compromisos convenidos para dar solucion a la invasión de los bienes comunes de Chimalapas de lo contrario responsabilisamos al gobierno federal de lo que suceda

Por la paz y progreso en Oaxaca y el respeto a nuestra soberanía. Chimalapas unidos 2010-2013 y siempre.”

Este era el texto escrito en una nueva pancarta colocada en la cadena que –ubicada a la entrada de la Congregación Comunal de San Antonio Chimalapa- durante 62 días bloqueó el camino de acceso al núcleo agrario de origen chiapaneco, Díaz Ordáz.

Mientras éste combativo cartón ondeaba al viento, junto con la manta original colocada ahí desde el inicio del bloqueo, una niña entonaba al micrófono –en zoque y en español-  un canto de amor al territorio comunal y a la Madre Naturaleza, frente a los atónitos oídos, no sólo de los comuneros ahí reunidos, de reporteros, soldados del ejército e integrantes de la Misión Civil de Observación, sino, especialmente, en los oídos del representante personal del Secretario de Gobernación, del Secretario de Gobierno de Oaxaca, de los integrantes la Comisión de diputados del Congreso Oaxaqueño, y del inefable séquito oficial que acompañó a todos estos funcionarios, al acto público de levantamiento de las cadenas y de los postes de concreto que tapaban virtual y simbólicamente el paso al poblado chiapaneco, pero que más bien que impedían el tráfico a vehículos de gobierno, camionetas de refrescos y comida chatarra, coyotes acaparadores y, sobre todo, a camiones troceros de saqueadores contratistas madereros.

Luego de ello, los cientos de comuneros y comuneras ahí congregados, encabezados por Alberto Cruz y  Pedro López, presidentes de los comisariados de Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa, se colocaron alrededor de la pesada cadena, procediendo a destrabarla para, a continuación, organizarse y arrastrar los dos enormes postes de concreto tirados bajo la cadena.

En tanto todo ello ocurría, resonaba aún en el eco de aquellas imponentes montañas, las últimas palabras pronunciadas en el acto público, por el comisariado de San Miguel: “…con este acto público de desbloqueo, los Chimalapas cumplimos nuestra palabra. Lo estamos haciendo como una muestra de la buena voluntad de nuestras comunidades para crear un clima de distensión social en la región. Esperamos a cambio, que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación –aquí presente- cumpla ahora su palabra, de garantizar las condiciones para que se dé un diálogo directo en Asambleas, de campesino a campesino y de indígena a indígena, con nuestros hermanos pobres chiapanecos, sin interferencias ni provocaciones, así como el retiro inmediato de la zona, de toda la policía chiapaneca y oaxaqueña, para dejar la seguridad de las comunidades en manos del ejército mexicano. Si esta palabra y si los compromisos asumidos por el gobierno federal no son cumplidos, los Chimalapas volveremos a movilizarnos con nuevas y más fuertes acciones. . . “

Libre ya el acceso, al momento de pasar el primer vehículo, un espontáneo grito resonó entre la multitud, siendo seguido por un emocionado coro repitiendo:

¡Vivan Los Chimalapas!

NOTA.- SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN Y-O DIFUSIÓN DE ESTE BOLETÍN, ÚNICAMENTE CITANDO LA FUENTE

La noticia del asesinato de don Trinidad de la Cruz nos ha provocado indignación. Este asesinato se suma a la de otros compañeros de Santa María Ostula:

• Diego Ramírez Domínguez
• Simón Pineda Verdía
• Simón Pineda, hijo
• Quintín Regis Valdez
• Erick Nemesio Domínguez
• Froylán Medina Álvarez
• Demetrio Olivero Álvarez
• Humberto Santos Valladares
• Venancio Ramírez Cirino
• Manuel Flores Álvarez
• Miguel Ángel Flores Álvarez
• José Martínez Ramos
• Horacio Martínez Ramos
• Ernesto Nicolás López
• Pedro Nazario Domínguez
• Pedro Guzmán
• Isidro Mora Domínguez
• Feliciano Cirino Domínguez
• Fortino Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Jonathan Verdía Gómez (quemado y después asesinado)
• Francisco Verdía Macías
• Ambrosio Verdía Macías
• Nicolás de la Cruz
• Nicolás de la Cruz, hijo
• Juan Faustino Nemesio
• Pedro Leyva

Además de las desapariciones de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez Macías, de 17 años de edad.

Tantos asesinatos, en apariencia, parecen no importar a las autoridades estatales de Michoacán o a las federales; pero es una falsa impresión  ya que los promueven, los provocan y los mantienen impunes., y, por lo tanto, hay un sincero interés en continuar perpetrando crímenes contra este pueblo nahua.

Las razones son claras: detener los procesos de autonomía de la región, sin las plagas electoreras promovidas por el IFE, sin los intereses de ningún partido político (opuestos a los de cualquier ciudadano de este país), sin la rapiña gubernamental y sin la explotación del crimen organizado. Ahí está la feliz comunión entre las organizaciones criminales y los gobiernos locales y las instancias federales, enemigos del trabajo honesto, de la madurez política de los ciudadanos y de la libertad, y tan amigos de la ambición, la corrupción y el poder paternalista que somete.

El asesinato de don Trinidad ha demostrado esta complicidad ya conocida. Horas después de su desaparición forzada, se difundió la denuncia firmada por la Campaña: Alto a la Guerra contra Ostula, y por organizaciones e individuos solidarios con Santa María Ostula. Esta denuncia nos narra cómo, sospechosamente, el vehículo de la Policía Federal Preventiva, que escoltaba a los integrantes de las Brigada de Observación a Ostula, se separó momentos antes de las agresiones contra los brigadistas y de la desaparición de don Trinidad. En la denuncia se identifica a tres de los agresores: Prisciliano Corona Sánchez, El Chalano, Iturbide Alejo, El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora. Estos tres criminales, el 14 de noviembre de 2011, fueron los mismos que golpearon y amenazaron de muerte públicamente  a don Trinidad. Las autoridades, con esta información, no hicieron nada. Con el asesinato de don Trinidad, la PGJE inició la averiguación previa 215/2011-U, en el que no se tiene el nombre de ningún sospechoso. La impunidad está presente. Autoridades y criminales son aliados.

Llamamos a manifestarnos contra este brutal asesinato, contra la Guerra que el gobierno federal, estatal de Michoacán y el crimen organizado ejecuta contra el pueblo de Santa María de Ostula; llamamos a presionar por la justicia, incluso, a que nosotros mismos investiguemos todos estos hechos que la mismas autoridades no les conviene realizar, ya que ellas mismas son cómplices, ydenunciémoslas públicamente; organicémonos contra la represión.

ALTO A LA GUERRA CONTRA OSTULA

Contra el despojo y la represión…

la solidaridad.

Red Contra la Represión y por la Solidaridad

RvsR

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.
—
Michael. W. Chamberlin

—
Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98

Los pobladores de Xayakalan, en Michoacán, lanzan un llamado de alerta ante las amenazas de nuevas agresiones en su contra, pues, señalaron vía telefónica, “un grupo de los agresores que ultimaron a Trinidad de la Cruz se está concentrando en la Palma de Oro, en la sierra de Ostula, y se teme que estén preparando una matanza”.

Hace dos días en la salida de Xayakalan fueron secuestrados 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con de la Cruz, encargado de la guardia comunal del poblado construido sobre tierras recuperadas en junio del 2009, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila.

Los integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz regresaron a la ciudad de México y rindieron su testimonio con valentía, pues ellos también fueron amagados y amenazados, y presenciaron la tortura a don Trino. La comunidad, por su parte, se quedó “muerta de miedo, sola y con mucha zozobra”, informan desde Xayakalan.

“Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron.

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Exigen se proteja reserva de la voracidad de talamontes

Mujeres zoques encabezan defensa de los Chimalapas

En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño. María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal. La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal. Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva. . . .

San Miguel Chimalapa, Oax, 7 dic 11 (CIMAC).- En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño.

María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal.

La mujer encabeza, junto con otras indígenas zoques, la exigencia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia contra la instauración del ayuntamiento Belisario Domínguez.

Se trata de un conflicto agrario de más de 50 años por la posesión de 47 mil hectáreas de selvas y bosques con ganaderos y talamontes chiapanecos.

García reprochó el desinterés del gobierno estatal para intervenir en la solución de la crisis, y respaldar la lucha de comuneras y comuneros ante las invasiones de supuestos ejidatarios y pequeños propietarios chiapanecos que destruyen la reserva ecológica.

En la reciente asamblea comunitaria celebrada en el corazón de la selva de los Chimalapas, la indígena zoque exigió que inicie cuanto antes un juicio federal para determinar de una vez por todas los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas.

María García advirtió además que mujeres y hombres mantendrán el bloqueo que desde hace un mes mantienen en el camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, reconocido como comunidad por el municipio de Cintalapa, Chiapas.                                                   .

“Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después”, dijo la indígena.

“JÍCARA DE ORO”

La selva de los Chimalapas, con bosques de pino y encino, bosques de niebla y selva alta, fue comprada por el indígena zoque Domingo Pintado al virrey de la Nueva España Antonio Juan Mancera, el 24 de marzo de 1867.

Las tierras pasaron a perpetuidad al control de los ahora municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa, en mancomunidad con todos sus descendientes y sucesores.

En las escrituras coloniales de tres pliegos se fijaron linderos y extensiones, y se amparó la propiedad de más de 900 mil hectáreas. Domingo Pintado compró las tierras en 25 mil pesos oro.

Según la historia, el indígena zoque llevó las monedas de oro para pagar a los españoles en unas jícaras. De ahí surgió el nombre de esta región: “chima” significa jícara y “lapa” quiere decir oro. Chimalapa es “jícara de oro”.

RESISTENCIA

La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal.

Son ellas –comentó– quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los talamontes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva.

Las familias están disgustadas porque los chiapanecos les retuvieron en agosto pasado un camión lleno de tambos de resina, comprometido para su venta en la ciudad de Oaxaca, y que representa la manutención de una decena de hogares de la comunidad de San Antonio Chimalapa.

“Por eso la comunidad determinó taparles el paso a los poco habitantes de dos ejidos chiapanecos asentados en tierra oaxaqueña”, explicó Cruz.

ACCIONES

La abogada propuso que se reactive de manera inmediata la comisión interinstitucional coordinada y presidida por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y las autoridades agrarias de los Chimalapas.

Exigió la salida inmediata de la policía estatal de Chiapas destacamentada en los ejidos Rodulfo Figueroa y Díaz Ordaz, por el riesgo que corren las mujeres de la comunidad ante el hostigamiento del que son víctimas cuando cruzan —a pie y en vehículo— la zona comunal correspondiente a Oaxaca.

Seyla Cruz reprobó el uso excesivo de la fuerza pública el pasado 9 de noviembre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescató de la comunidad de San Antonio a un ganadero chiapaneco.

También denunció que las y los indígenas zoques fueron excluidos de la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas.

La asesora jurídica y María García coincidieron en exigirle a Gabino Cué que defienda la soberanía del estado y no se preste al “chantaje” de su homólogo chiapaneco, Juan Sabines.

Originalmente publicado en:

http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s11120603-NACIONAL-Mujeres-z.48488.0.html