El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.

Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.

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La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.

Inconstitucionalidad

En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.

Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.

Condiciones desiguales

El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.

Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.

En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.

Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.

Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.

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Intervención en las comunicaciones

Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos.  Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.

Llamado

El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.

^{Fotos: Mapoc}

En México los proyectos expansivos del capital, a través de mega emprendimientos de “desarrollo”, se aceleran e incluso son considerados de seguridad nacional. En medio de este escenario, donde la incertidumbre ha tomado por asalto a varios pueblos originarios de México, en un rincón del estado de Oaxaca, en la sierra Mazateca, la comunidad de Agua de Lluvia ha decidido marchar a contracorriente.

La mañana del domingo (12), el sol les pintó distinto, era el día, un nuevo comienzo se asomaba con un nuevo espacio de esperanza en la comunidad, el comienzo de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia. Con la presencia de las autoridades tradicionales, la comunidad en general e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) inauguraron la escuelita comunitaria.

El surgimiento de esta iniciativa remonta a un escenario de crisis y convulsión política que vivía el estado de Oaxaca en el año 2006. En ese momento, una protesta de los profesores afiliados a la denominada Sección 22, había escalado a nivel estatal. Obtuvieron un gran respaldo de diversos pueblos originarios, es entonces que el gobierno creó un sindicato paralelo para contrarrestar fuerza, la Sección 59.

La comunidad de Agua de Lluvia sufrió las consecuencias de esta estrategia, “la Sección 59 tomó la escuela”, cuenta la profesora Rocío Escudero Rodríguez. Fue entonces cuando nace una primera iniciativa en 2011, “junto con algunos padres de familia, quienes apoyaban a la Sección 22, solicitamos personal docente para que se abriera una escuela alterna en una casita”, que les fue prestada.

La profesora, quien también es parte de esta comunidad, relata que todo iba caminando bien, incluso, el número de estudiantes aumentó. “El espacio era muy chico y ya no cabían los niños. De esta manera surge la idea de conseguir un terreno para la construcción de un aula, bajo un proyecto comunitario”, explica la profesora.

Tras varios intentos de recuperar la escuela tomada por la Sección 59 no obtuvieron una respuesta favorable por parte de instancias del gobierno y de la propia Sección 22. Por ello, “decidimos, con los padres de familia en resistencia que, a través de faenas, se iba a realizar el solar y los adobes. Se realizaron rifas. Los niños vendieron lo que cosechamos, chicharos, rábanos. Con lo poco que se iba juntando, comenzamos a comprar lo necesario. Con los niños elaboramos los adobes, cerca de 2500 adobes, y se compraron algunas cosas como cemento y algunas de las comunidades vecinas aportaron grava y arena”.

Esta acción impactó directamente a los padres que apoyaban a la Sección 59 y comenzaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa de la escuelita comunitaria. “Se encargaron de realizar un trabajo político, mal informando a los padres en resistencia, obligándolos a que sacaran a sus hijos, queriendo debilitar el trabajo que ya iba avanzando”, señala la profesora.

Pero no solo realizaron estas acciones, sino que también los lideres de la comunidad, el gobierno y líderes de la Sección 22 hicieron acuerdos sin tomar en cuenta a los padres en resistencia. “Recibí una orden de mis superiores para que me retirara de este lugar y así se pudieran recuperar la escuela. No me quedó otra opción más que aceptar y retirarme de esta comunidad”, agrega la profesora Rocío.

Hoy, la iniciativa de la escuelita comunitaria camina y se le “está dando otro rumbo al proyecto”, remarca la profesora, va a seguir siendo comunitario, pero más abierto. “Se pretenden rescatar las costumbres, la ayuda mutua, la colectividad. Que consolide la armonía de las comunidades que están lastimadas por los partidos políticos, que controlan y dividen a los pueblos”.

Rocío sostiene que el trabajo que se pretende realizar en esta escuelita no busca afectar el trabajo de los docentes de la escuela oficial de la comunidad. “Al contrario, sentimos, que va a ser un apoyo para que realicen sus trabajos pedagógicos de ellos. Porque en esta escuelita comunitaria se van a dar talleres de cuentos, dibujo, lectoescritura, valores, artesanías y del trabajo con el campo, entre otros más, como la música, que pueda servir a la comunidad y a otras comunidades que se quieran integrar. Es un trabajo con los niños, pero también, para los padres”.

Juan Carlos Escudero, mazateco que forma parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (Mapoc), rememora a cada una de las personas que han iniciado este proyecto y el giro que dio la escuela que, en un principio, se buscaba que estuviera bajo la jurisdicción del gobierno. Hoy ha dado un giro radical. “La escancia política de este lugar se ha inspirado en las escuelas y caracoles zapatistas, así como las luchas autónomas y las ocupaciones de tierras”.

El espacio de uso común es una respuesta, también, a los diversos actores que han fracturado a las comunidades mazatecas. “Lo que se pretende con la escuela es retejer el tejido y los lazos en la comunidad. Con el tiempo, se pretende que también sirva para la lucha por la justicia y la dignidad humana y de los pueblos originarios”, agrega Juan Carlos.

Actualmente, mediante los lazos y puentes de solidaridad que han venido construyendo, también se busca resolver las necesidades que requieren. “Porque aquí nadie recibe un sueldo, no se recibe recursos del gobierno y nos movemos con nuestros propios medios. Esa es una gran diferencia con la escuela oficial y nuestra escuela esta inspirada en procesos de lucha que pretende ser desescolarizada”, argumenta Juan Carlos, que anuncia que el próximo año 2022 iniciarán con rifas y una campaña de recaudación de fondos para completar lo que les hace falta.

La profesora Rocío reflexiona que este proceso es una lucecita más que va a fortalecer el caminar de los pueblos que forman parte del CNI. “Con este proyecto vamos a retomar los principios zapatistas. Sentimos que este proyecto va a fortalecer internamente y esperamos que también al pueblo Mazateco y el resto de los pueblos que luchan”.

En el caminar de los 25 años del CNI con sus diversas iniciativas desde los pueblos originarios, “nosotros pensamos que, el hecho de definir este lugar de esta manera, nos fortalece, porque tenemos claro la reconstitución de nuestro pueblo”, agrega Juan Carlos.

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.

El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.

El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.

El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.

Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.

Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.