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Huellas Mexicanas

Del Plantón a la Ocupación: Los sindicatos, los migrantes y el movimiento ocupa

Del Plantón a la Ocupación:  Los sindicatos, los migrantes y el movimiento ocupa.

Por David Bacon
Traducido por Rodolfo Hernández Corchado
Se publica en Huellas Mexicanas
http://www.huellasmexicanas.org/revista/del-planton-a-la-ocupacion.-los-sindicatos-los-migrantes-y-el-movimiento-ocupa?mid=5655

OAKLAND, CA  (12/5/11) — Cuando el movimiento Ocupa Seattle nombró su campamento, el “Plantón Seattle”, sus organizadores estaban planteando una demanda local dentro de una serie de tácticas utilizadas durante décadas por los movimientos sociales en México, Centroamérica y Filipinas. Y cuando los trabajadores migrantes de la limpieza  marcharon al centro de detención de migración en San Diego y nombraron su acción como, Ocupa ICE, (las iniciales del Servicio de Seguridad, Inmigración y Aduanas responsable de las deportaciones masivas) las personas provenientes de los países en los que el plantón ha sido una tradición de lucha se relacionaban aquí con el movimiento Ocupa.

Esta cultura e historia compartidas ofrecen nuevas posibilidades para la supervivencia y el crecimiento del movimiento Ocupa, en un momento en el que la aplicación de las leyes federales, en cooperación con los departamentos de policía locales y los gobiernos municipales, ha destruído muchos de los campamentos. Distintos movimientos Ocupa, desde Wall Street a San Francisco han comenzado a explorar su relación con los movimientos sociales de migrantes en Estados Unidos,  y a mirar más de cerca las acciones del 1% que se encuentra más allá de nuestras fronteras y que provocan en gran parte la migración.

Como reacción a los desalojos recientes, la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero envió recientemente una carta de apoyo a Ocupa Wall Street y los otros campamentos bajo ataque. “Damos la bienvenida a su movimiento”, declaró, “porque su lucha contra la supresión de los derechos políticos y contra las injusticias económicas y sociales, ha sido parte fundamental de nuestra lucha, la lucha del pueblo mexicano sin fronteras, la lucha de millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos”.

Muchos de esos migrantes que viven en Estados Unidos conocen la tradición del plantón y cómo se utiliza en sus países de orígen. Para comenzar, saben que el 1%, cuyo poder está siendo cuestionado en Wall Street, también diseñó las políticas que son la razón por la cual los migrantes viven en E.U. Mike García, presidente del Sindicato de Trabajadores del Servicio West/SEIU, el sindicato que organizó Ocupa ICE, describió a los trabajadores migrantes de la limpieza como “trabajadores desplazados del nuevo orden económico mundial, un orden lidereado por Occidente y Estados Unidos.”

Criminalizar el acto de acampar en un espacio público está destinado, al menos en parte, a impedir que la tradición del plantón adquiera en Estados Unidos la misma legitimidad que tiene en otros países. Sin embargo, ese derecho al plantón, no fue concedido libremente por los gobernantes de México, El Salvador y Filipinas – no más de lo que se ha concedido aquí. El 99% de los países tuvieron que luchar por ese derecho.

Dos de las más grandes batallas en la historia política moderna de México se libraron en la Plaza de la Tres Culturas, Tlatelolco en donde cientos de estudiantes fueron asesinados a tiros en 1968; y tres años más tarde fueron golpeados y balaceados en las calles de la Ciudad de México por el grupo paramilitar de los Halcones. Tanto en El Salvador y en Filipinas, los huelguistas tienen una tradición de lucha que consiste en acampar y  vivir en las puertas de la fábrica o la empresa en donde trabajan. Pero aún hoy en día, este derecho debe ser defendido en contra de la policía, (al menos hasta la reciente elección de los gobiernos de Funes y Aquino) e incluso de los militares.

Los plantones o los campamentos no están solos. Son tácticas utilizadas por los sindicatos, los estudiantes, los campesinos, las organizaciones indígenas y otros movimientos sociales. Cada plantón es una pieza visible de un movimiento u organización –  de una base social mucho más grande. Cuando los plantones son útiles para esos movimientos,  los movimientos los defienden. Esa conexión entre el plantón y el movimiento social, entre el campamento y su base social, es tan importante como la preservación del espacio físico en el que las tiendas de campaña se levantan.


SME IDurante los dos últimos años, esa relación ha sido muy clara en el Zócalo, la gran plaza central de la Ciudad de México. Durante ese tiempo, los trabajadores despedidos del sindicato independiente de izquierda de los electricistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), han vivido en una sucesión de plantones. Esos plantones han contado con cocinas, salas de reuniones y centros de comunicaciones, además de las tiendas donde la gente dormía y comía.

En diversos momentos, el campamento del SME fue uno de varios campamentos en la enorme plaza. Hace un año, los trabajadores fueron acompañados por mujeres indígenas triquis y mixtecos de Oaxaca que protestaron por la violencia del anterior gobernador de su estado en contra de los maestros en huelga y las organizaciones rurales. El movimiento social en Oaxaca, al cual representaban las mujeres en la Ciudad de México, se fortaleció lo suficiente como para derribar finalmente de la gubernatura al Partido Revolucionario Insititucional, (PRI) que había gobernado durante casi 80 años.

En el plantón del Zócalo, personas de diferentes organizaciones se mezclaron. El día de los indignados, en septiembre, reunió a personas de movimientos muy diversos. Algunos consideran que las elecciones son un instrumento de cambio, pero muchos activistas indígenas y miembros del SME no. Incluso entre aquellos que creen en las elecciones, existen profundos desacuerdos sobre como participar en el proceso electoral.

Pero la gente en el Zócalo tienen dos cosas en común. Probablemente, los diferentes plantones no pueden dar respuesta a todas las preguntas políticas, pero cada uno representa un movimiento social que existe fuera de la plaza. El plantón en sí mismo tiene un valor, sobre todo porque obliga a la opinión pública a prestar atención en la crisis que ha llevado a cada grupo a acampar.

Los trabajadores del SME utilizaron sus plantones para dramatizar la represión del gobierno federal. Cuando el presidente Felipe Calderón, disolvió la compañía eléctrica paraestatal que proveé de energía eléctrica al centro de México y despidió a sus 44, 000 empleados, intentó destruir su sindicato y avanzar con la privatización del sistema de generación de energía eléctrica – en beneficio del 1%  de los mexicanos y los inversionistas extranjeros. Hace un año, varios miembros del SME llevaron a cabo una huelga de hambre en el plantón, lo cual provocó durante semanas la atención en los titulares de las primeras planas de los periódicos. La huelga de hambre se prolongó tanto, que los médicos advirtieron a los huelguistas que estaban arriesgando la vida. En el momento más álgido de la protesta el sindicato enfrentó a la policía en las centrales eléctricas tratando de ejercer su derecho legal a la huelga.

El plantón y el movimiento se mantenían íntimamente conectados. Eran pocos los trabajdores en huelga de hambre, pero representaban a un movimiento de miles de trabajadores. Al final, el SME negoció el retiro de su plantón a cambio del reconocimiento del gobierno a su derecho a existir. El plantón permitió que otros sindicatos se organizaran para resistir el asalto del gobierno a los derechos laborales, y movilizó a los consumidores de energía eléctrica para protestar por el aumento en las facturas y los cortes en el servicio eléctrico. El plantón contribuyó a centrar la atención en estas demandas e integrar activamente a los aliados del sindicato.

Es evidente que alguien en Seattle conoce esta tradición de plantones en el Zócalo, tal vez incluso como participante. Quien dibujó la bandera de Seattle, incluyó también junto a  la palabra “plantón”, la anarquista letra  “A”  rodeada con un círculo. Este símbolo fue un recordatorio de otro aspecto de la fertilización transfronteriza. Muchos anarquistas o anarcosindicalistas – los miembros del Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo- lucharon en la Revolución Mexicana. Debido a esa agitación revolucionaria, aún hoy, casi un siglo después, los mexicanos aspiran a ciertos derechos, incluido el derecho a instalar una carpa en el Zócalo. Hace mucho tiempo, los trabajadores de E.U. cruzaron la frontera para luchar junto a los mexicanos en esa insurrección por un gobierno que reconociera ese derecho. El plantón, por lo tanto, es un patrimonio común, con una historia que lo hace legítimo tanto en Wall Street como en la Ciudad de México.SME III


Poco tiempo después de que se instalará el campamento de OWS en el parque Zuccotti, el plantón/ocupación cruzó la frontera México/Estados Unidos. En Tijuana, hogar de un millón de personas, la mayoría migrantes desplazados del sur de México, los activistas se reunieron y ocuparon el Paseo de los Héroes. Establecieron sus tiendas de campaña en medio de la Zona del Río, en donde el 1%  de los habitantes de la ciudad se encuentra en medio hoteles de lujo y oficinas de gobierno. El18 de octubre la policía reaccionó incluso antes que la la policía estadunidense en la mayoría de las ciudades de  E.U., arrestando a dos docenas de activistas ante la insistencia de los empresarios locales. Ocupa Tijuana condenó las detenciones, declarando: “No somos asesinos, delincuentes, vagabundos o ladrones.”

En Estados Unidos tenemos nuestra propia historia de defensa del espacio público para la protesta, y no es necesario regresar cien años atrás para encontrarlo. Tan sólo las últimas décadas, los trabajadores migrantes han popularizado aquí el uso del plantón, ayudando a los sindicatos a recuperar las tácticas militantes de su propio pasado. En 1992 los migrantes que trataban de unirse al Sindicato de Trabajadores Eléctricos realizaron la primera huelga de trabajadores del Silicon Valley, y realizaron un plantón y una huelga de hambre para presionar a su empleador. Un año más tarde otros migrantes latinos en San Francisco levantaron sus carpas frente a la sede de Sprint, después de que su centro de trabajo se cerró días antes de las elecciones sindicales.

Hace una década, los activistas anti-globalización y los sindicatos bloquearon  la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Los jóvenes manifestantes encadenaron sus brazos dentro de tubos de metal, y se acostaron en las intersecciones del centro de Seattle. Decenas de miles de personas salieron a las calles. Estas protestas contra la globalización fueron seguidas por otras en las cuales los activistas lucharon por su derecho a utilizar el espacio público para desafiar las políticas internacionales del 1%.

Las raíces del apoyo de la clase trabajadora a la batalla de Seattle se encuentran en el impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Los trabajadores podían ver el costo del libre comercio en la pérdida de sus puestos de trabajo mientras la producción se trasladaba al sur de la frontera. Durante las dos últimas décadas, muchos trabajdores han descubierto también que esos mismos acuerdos y políticas comerciales no han mejorado las condiciones de vida de los mexicanos, sino que al contrario, los ha llevado a  su empobrecimiento.Sin título

El TLCAN y las políticas de libre mercado obligaron a los países en desarrollo a producir oportunidades para que los bancos y empresas cosecharan beneficios. Llevaron a bajar los salarios, forzaron a los campesinos a abandonar sus tierras, y destruyeron los sindicatos y los medios de subsistencia de millones de personas. Este sistema fue diseñado en Wall Street por los mismos banqueros que los miembros del movimiento Ocupa consideran responsables de la actual crisis hipotecaria y del desempleo en E.U. La actual crisis económica no se detiene en la frontera. De hecho, en México, América Central, Filipinas y en otros lugares, ha sido un hecho durante mucho tiempo. Este es el origen de la migración forzada – lo que García condenó en “Ocupa ICE”.

El 99% vive en todos aquellos países en donde los acuerdos de libre comercio y las políticas de ajuste estructural son impuestas. También viven en las comunidades de donde provienen las personas que han migrado como resultado de esas políticas. ¿Entonces, quiénes son los aliados más naturales para el movimiento Ocupa que las personas que han enfrentado estas políticas por años?

En Nueva York, esta conexión no se ha perdido en Ocupa Wall Street. En octubre, un grupo, Ocupa Wall Street – Español, fue creado durante la primera Asamblea en español. A su vez, tradujeron el primer número del periódico The Occupied Wall Street Journal. Los participantes formaron un subgrupo, el Occupied Wall Street Latinoamérica para difundir el movimiento entre las comunidades de habla hispana, reconociendo que la ciudad es el hogar de muchos mexicanos del estado de Puebla, por lo cual la ciudad es apodada como PueblaYork; así como de comunidades de puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos y otros pueblos de habla hispana. El grupo proximaménte publicará el primer número de su propio periódico con artículos que hablan sobre la migración, la globalización y los ataques específicos por el 1%  en contra de los latinos.


Claudia Villegas, activista por los derechos de las mujeres, ayudó a organizar una manifestación de mujeres migrantes, cuatro días después de que la policía allanó el campamento en el parque Zuccotti. “Hemos decidido cambiar nuestro plan original de marchar porque teníamos miedo de que la policía lo detuviera,” dice. “Sin embargo, 23 organizaciones participaron, incluyendo grupos de defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo, aquellos grupos que trabajan con mujeres migrantes.”

En San Francisco una marcha conjunta entre los activistas pro inmigrantes y los miembros del movimiento Ocupa ayudó a defender el campamento en esa ciudad. En la reunión de la Asamblea General que se realizó previo a la marcha, los participantes hablaron sobre la oferta del gobierno de la ciudad para mover el campamento a un edificio abandonado a varios kilómetros de ahí, en el barrio latino de la Misión. Pocos querían abandonar el campamento en la plaza Justin Herman, y la mayoría sentía que el gobierno de la ciudad sólo estaba tratando de sacarlos para evitar que fueran visibles. Pero mucha gente también sentía que tener un campamento Ocupa en el barrio era una buena idea.Sin título

“Todavía estamos trabajando paralelamente”, dice Villegas. Llama la atención sobre el potencial poder del movimiento de derechos de los inmigrantes y lo que podría significar para OWS. “Tenemos que incluir al movimiento que comenzó en 2006, cuando había cientos de miles de personas en las calles de todo el país. La gente también estaba reaccionando a la injusticia del sistema.” Son movimientos separados, sin embargo advierte,  “nuestro programa tiene que venir de los propios inmigrantes. Necesitamos integrarnos, y al mismo tiempo, el movimiento Ocupa tiene que aprender a aceptarnos. Pero estamos todos en el mismo camino.”

Integrar al movimiento inmigrante y al Ocupa implica más que la creación de un campamento. La manifestación de San Diego no acampó durante la noche, pero atrajo a miles de trabajadores y simpatizantes hasta el centro de detención de ICE para protestar por los despidos de los trabajadores migrantes de la limpieza. La protesta Ocupa en  ICE  tenía la intención de llamar la atención sobre la estrategia de control migratorio del gobierno federal que obliga a los empleadores a despedir a los trabajadores indocumentados. En el sur de California, las coorporaciones multinacionales encargadas de la limpieza de edificios de oficinas están despidiendo a 2000 miembros del sindicato. Previas olas de despidos se han dirigido a  los trabajaodores de limpieza sindicalizados en Minneapolis, Seattle y San Francisco, los operadores de máquinas de costura en Los Ángeles, los trabajadores de servicios de alimentos en los campus universitarios, y miles de personas más.

García sostiene que el ICE y los empresarios actuan en colusión. Después de despedir a los trabajadores de limpieza sindicalizados con mayor antigüedad y mayores beneficios, utilizando el pretexto de su estatus de migratorio,  las empresas pueden contratar a nuevos trabajadores con salarios más bajos y con menos beneficios. “Para ocultar su codicia, la industria de bienes raíces comerciales ha utilizado los aparatos de gobierno para confundir y dividir al 99%,” asegura. “Primero dijeron que eran trabajadores no calificados y que deberían estar felices por estar trabajando. A continuación, debilitaron la protección a los trabajadores para imposibilitar la organización. En la última década la industria ha utilizado la inmigración como un pretexto para intimidar a los trabajadores y si es necesario, para sustituir a nuestros trabajadores. ICE está llevando a cabo lo que el 1% de la industria de bienes raíces quiere: utilizar las leyes de inmigración para reciclar trabajadores de limpieza bien pagados, con la esperanza de recuperar las ganancias en los salarios y beneficios que nuestro sindicato ha ganado.” [Irónicamente, la semana en la que el USWW organizó el  Ocupa ICE,  su sindicato matriz, la SEIU, aprobó la reelección del presidente Obama, quien es responsable del despido de trabajadores migrantes llevado a cabo por ICE.]Sin título


Para el movimiento Ocupa, defender a los trabajadores bajo ataque es una forma de sobrevivir, crear raíces y desarrollar una base social sólida. Sin embargo, esa no es siempre la dirección que toman los activistas. Cerca de Oakland, más de 200 trabajadores inmigrantes en la fundidora más grande en la costa oeste, la Pacific Casting, en Berkeley, son despedidos  en otra “redada silenciosa” como la que golpeó a los trabajadores de la limpieza. Durante el verano y el otoño, trabajadores de la fundición fueron a los ayuntamientos, los sindicatos, las iglesias y las organizaciones comunitarias en busca de ayuda para presionar a ICE e impedir que los forzara a perder sus trabajos. Su campaña logró contener a “la migra” durante meses, sin embargo los despidos comenzaron en noviembre. Ahora estas familias de inmigrantes están tratando de sobrevivir. Sin embargo el movimiento Ocupa Oakland aún no ha respondido.

En cambio, algunos de sus militantes están intentando realizar un paro laboral en el puerto de Oakland por segunda ocasión, así como otros a lo largo de la costa oeste. Una primera marcha  para cerrar el puerto después del primer desalojo de Ocupa Oakland, atrajo a miles de personas. Sin embargo, el sindicato de estibadores se opone a la propuesta de un segundo cierre en toda la costa. La oposición de la ILWU no viene del conservadurismo. El sindicato, cuyos miembros se ganan la vida del transporte marítimo y el comercio, ha sido uno de los mayores críticos de los acuerdos de libre comercio de E.U. En muchas ocasiones los miembros del ILWU han tomado medidas para defender al SME y a los sindicatos en México, así como en otros países. Sin embargo, ni sus locales ni los demás trabajadores del puerto tuvieron ningún papel en la decisión de tratar de cerrar los puertos.Sin título

La solidaridad es una calle de dos vías basada en el respeto mutuo. En la mayoría de las ciudades, incluyendo Oakland y San Francisco, el movimiento de trabajadores ha dado la bienvenida al movimiento Ocupa y trató de defender los campamentos. En Nueva York, los activistas de OWS han recibido recursos de muchos sindicatos, y estos se han movilizado en contra de las redadas de la policia en el parque Zuccotti. Una alianza entre los sindicatos, los inmigrantes y los ocupas tiene un enorme potencial, no sólo en número sino también en el intercambio de ideas y tácticas. Los sindicatos, en particular, podrían beneficiarse de un uso más amplio del plantón o los campamentos del movimiento Ocupa. Ocupa ICE desafía al movimiento Ocupa a tomar posición con respecto al despido de los trabajadores inmigrantes, pero también es un reto para los propios sindicatos, muchos de los cuales observaron en silencio cómo sus agremiados eran forzados a abandonar sus puestos de trabajo.Sin título

La visión del movimiento Ocupa – el 99% vs el 1% – tiene un enorme apoyo entre los inmigrantes y los sindicatos. En lugar de la retórica cansada de los políticos que derraman lágrimas de cocodrilo por la “clase media” mientras que demonizan a los pobres, el movimiento Ocupa da a los trabajadores una visión de su condición comunal como parte del 99%. Este poderoso mensaje echa abajo las ilusiones de que los trabajadores mejor pagados tienen más en común con los corredores de bolsa que con los inmigrantes que reciben un salario mínimo, o con los jóvenes desempleados en las calles de los ghettos afro-americanos o los barrios latinos.

La Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero comparte la misma visión de clase. “Nos indigna”, dice, “que al reclamar justicia y señalar las desigualdades que existen en el seno de la sociedad estadunidense, sus ciudadanos reciban el trato de criminales. Con esa misma indignación, condenamos la criminalización de los migrantes mexicanos por el gobierno norteamericano, las redadadas de la migra y la militarización de la fronteraŠ Ningún ser humano debe ser tratado como un criminal por luchar y buscar mejores condiciones de vida.”

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David Bacon, Photographs and Stories
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Frayba

Boletín Frayba: Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de diciembre de 2011
Boletín de prensa No. 25

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.

Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.

Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.

Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.

En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.

El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.

El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.

En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.

De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

Antecedentes
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

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Frayba

Palabra del Frayba en el XIV aniversario de Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2011

La Memoria como construcción de dignidad e identidad

Han pasado 14 años del 22 de diciembre de 1997, cuando en el campamento de desplazados denominado Los Naranjos, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró el asesinato de 45 indígenas tsotsiles (14 niñas, 19 mujeres, cuatro niños y ocho hombres), además cuatro que aún no nacían, pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, por un grupo de personas quienes iban con armas de fuego, incluyendo las de uso exclusivo del Ejército mexicano. Mientras ocurría la masacre, elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública se encontraban a escasos 200 metros del lugar de este crimen de lesa humanidad.

En el curso de los años el Estado, en lugar de esclarecer los hechos, castigar los autores materiales e intelectuales de la masacre, deslindar la responsabilidad directa en el planear y ejecutar los actos de los perpetradores, continúa ocultando y distorsionando la verdad, alimenta la impunidad y permite una situación de violencia generalizada, de violación sistemática a los derechos humanos – contra hombres, mujeres, niñas y niños – como lo muestra el estado en que actualmente se encuentra el país, en un descontrol social, donde se utilizan las fuerzas armadas en tareas de orden público y se permite el operar impune de grupos criminales y paramilitares, en contra de quienes defienden y reivindican sus derechos. Un ejemplo son las agresiones y asesinatos contra defensores, entre ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ante el vacío y la denegación de justicia, ya que es evidente que el Estado no es capaz de garantizarla; la sociedad, los pueblos, van construyendo otras formas de ejercerla; una de ellas, es a través de la memoria, que recorre una y otra vez en el tiempo la verdadera práctica de identidad, el ejercicio de los derechos y también diversas acciones para que los crímenes ocurridos en el pasado no se olviden ni queden impunes, y en ese sentido, que abonen para que no vuelvan a repetirse.

Los pueblos miran la realidad con el ojo de la memoria; promueven y participan en intercambios de experiencias que los conducen hacia una manera de vivir con dignidad, conciencia y autonomía. Han  aprendido a ver la explotación institucionalizada, de la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, del despojo. Se vive así la necesidad de un cambio para el ejercicio de los derechos humanos, a través del trabajo que personas, comunidades, organizaciones y movimientos realizan.

La memoria es el recuerdo de las personas muertas y desaparecidas quienes, construyendo, han entregado sus vidas. Por ello, un día como hoy, queremos condenar junto con las víctimas de la Masacre de Acteal, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han ocurrido en el mundo, las guerras impuestas e inventadas, los ataques paramilitares, la ocupación militar para el control territorial y poblacional.

En Chiapas queremos recordar los desplazamientos forzados que en la segunda mitad de los años noventa han alcanzado la cifra de 12 mil 80 personas en la sola zona Altos y Norte; el asesinato de 86 personas, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres en la zona Norte. En este día no olvidamos y nombramos también la masacre de El Bosque ocurrida el 10 de junio de 1998, la de la comunidad Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006 y la más reciente en el ejido Miguel Hidalgo, Chincultik, La Trinitaria, ésta cometida durante el ejercicio del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien es el mismo que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos por parte de los pueblos a través de una supuesta política de derechos humanos.

La memoria nos permite reflejar, ver atrás, no repetir los errores del pasado, romper ese círculo impuesto, continuar en el camino hacia nuestra identidad que es dignidad. El apropiarse de las herramientas que la memoria nos enseña, permite organizarse para las reivindicaciones de nuestros derechos, poder gozar de ellos sin ser sumisos a imposiciones, sino ser sujetos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en la administración de nuestra tierra y territorio según la relación que con ella hemos venido aprendiendo.

El poder decidir en plena autonomía, obstaculiza planes establecidos entre poderes – como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida (Plan México) entre muchos – que despojan nuestra identidad y vida.

Es por esto que, un día como hoy, a catorce años recordamos a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, su valentía hacia la construcción de otro mundo posible; felicitamos el caminar de casi veinte años de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que a pesar del miedo y de las dificultades cotidianas, continúa en su compromiso, en el ejercicio pleno de sus derechos y en la búsqueda de justicia con dignidad. Recordamos también a jTatic Samuel Ruiz y le pedimos que interceda ante Dios Padre – Madre, para que sigamos firmes en la lucha por la justicia, la paz y la verdad.

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Las Abejas

Comunicado de las Abejas, 22 de Diciembre de 2011

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.

22 de diciembre del 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los Defensores de los Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional.

A la Sociedad Civil

A la Otra Campaña y

A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Queremos darles la bienvenida a esta su casa, que desde varios pedazos del planeta tierra platicaron con su pensamiento y corazón para que sus pasos se juntaran con otros muchos pasos y encontrarse aquí sobre la madre tierra en Acteal. Nuestro corazón se alegran por ver otras y otros corazones presentes. Hoy, aquí se abrazan y se saludan luchas y resistencias. Juntos venimos a hacer memoria y pedir fuerzas para seguir caminando sin detenernos.

Aquí en Acteal justo por donde descansan los 45 cuerpos de nuestras hermanas y hermanos, hace un poquito más de 14 años, nuestro hermano Alonso Vázquez uno de los catequistas masacrados, soñó que aquí en Acteal habían milpas hermosas, muchas calabazas, era todo bonito. Su sueño para nosotras significa este encuentro, esta conmemoración que se han repetido durante 14 años y durante 14 veces 12.

Hoy no hacemos fiesta como cuando se inauguran obras o migajas que entrega Juan Sabines Guerrero a comunidades y personas no organizadas. No estamos haciendo una fiesta para lanzar un candidato en busca de un hueso en el 2012. No. Sino, que hoy hacemos una conmemoración de un hecho vergonzoso cometido por el estado mexicano aquí en Acteal. Aunque también nuestro corazón hoy siente dolor, pero al mismo tiempo nace alegría y esa alegría se transforma en fiesta, pero en una fiesta por nuestros logros y trabajo por la paz y la justicia durante casi dos décadas de nacimiento de Las Abejas. Esta conmemoración que hacemos no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino, por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático de México.

En estos largos 14 años el mal gobierno gracias a su impunidad y su estrategia de desgaste y política de olvido ha permitido que los amigos de los paramilitares, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Hector Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Menéses (dirigente del Frente Cardenista un partido político de paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal) y algunos pastores evangélicos como Hugo Erick Flores también dirigente de la asociación política Encuentro Social y amigo de Zedillo; hayan aprovechado la negligencia del estado para promover mediante una campaña mentirosa la liberación de los paramilitares autores materiales de Acteal. La negligencia y omisión del Estado Mexicano, ha hecho que la masacre de Acteal se pisotee y se manipule con intereses políticos y económicos. Recordamos que la Suprema Corte de Injusticia de la Nación también alimentó la impunidad al liberar hasta hoy a 44 personas responsables materiales de la masacre.

A 14 años de Acteal, vemos que el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia más que burlarse de nuestra organización y lucha. El gobierno federal y estatal para nada quieren la justicia, la paz, la libertad. No sólo no quieren hacer justicia, sino que están continuando con las políticas de los gobiernos anteriores y todavía peor. Calderón es ahora responsable de la muerte de más de 60 mil compatriotas a causa de su “guerra contra el narco”. Y Juan Sabines sigue entregando a las trasnacionales minas y recursos naturales de Chiapas además de ser un represor de pueblos organizados, de defensoras y defensores de derechos humanos.

Hoy volvemos a desmentir la demanda contra Zedillo hecha a nombre de 10 “sobrevivientes de Acteal”, que no quisieron dar a conocer su identidad; porque para nosotros solo busca el olvido y burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil y no penal. Aclaramos que si queremos castigo a Zedillo por su responsabilidad en este crimen de estado, pero no queremos que se profane el respeto y memoria que se merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos.

Queremos subrayar que se confirma lo que siempre hemos dicho: la masacre de Acteal es un crimen de estado como lo señala el documento de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, que en su “balance” dado a conocer en la corte de Estados Unidos, concluye que la matanza de Acteal es responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Y tienen nombres y responsabilidades concretas: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Galvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los altos mandos militares: Gral. Enríque Cervantes y Gral. Mario Renán Castillo, son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal.

En este recuento largo de la impunidad en el caso Acteal, queremos denunciar abiertamente que a 14 años siguen las amenazas en contra nuestra, porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Sabines. A 14 años no ha habido tranquilidad en nuestras familias, al contrario los paramilitares que nos quemaron nuestras casas, robaron pertenencias y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos, al respecto les vamos a contar sólo 2 casos más recientes:

1) Hace menos de 2 semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros conocido como cuna de los paramilitares, un compañero nuestro fue amenazado verbalmente por un paramilitar con estas palabras “si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en el año de 1997”. Este paramilitar está muy molesto porque sus familiares no han logrado su liberación a pesar del plantón que mantienen en la Ciudad de México.

  1. Otro caso muy delicado y preocupante es sobre los cortes de luz que sufren miembros de nuestra Organización. Nuestro acuerdo como Organización Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal nos debe mucha justicia. Pero vemos riesgos en la comunidad de Javalton. porque por esta resistencia, los priístas amenazan a las Abejas y realizan cortes de luz y robo de cable. Nuestra Mesa Directiva y Juez de Las Abejas han intervenido como es nuestra costumbre y también por escrito para buscar arreglo de esta situación. Sin embargo, las autoridades tradicionales como agente rural, juez municipal y presidente municipal, no han hecho caso de nuestras solicitudes de llegar a arreglos. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. Al contrario, el mismo agente rural amenaza a la familia de Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. Con esa actitud de las autoridades, el riesgo es que las agresiones verbales y físicas puedan darse en cualquier momento. También el riesgo de que la gente se desplace, porque no hay respeto ni seguridad para las familias Abejas.

Estos dos hechos, tienen relación, porque en ambos casos tanto el agente rural de Javalton como el paramilitar de la Col. Los Chorros hablan del tema de los presos por Acteal y ambas personas presionan en dejar de exigir justicia por el caso Acteal. Está muy claro que a 14 años no solamente no se ha hecho justicia por la masacre y los hechos previos a ella, sino que están planeando qué van a hacer para acallarnos. Porque saben que ahí tienen sus armas, porque nunca el mal gobierno desarmó a los paramilitares. Y además dicen que ya no temen ir a la cárcel, porque el gobierno los libera y al contrario salen con regalos y con mucho dinero.

A 14 años de Acteal los paramilitares de Chenalhó se están reactivando, mientras en el Norte del país siguen habiendo más muertes por la guerra de Felipe Calderón. Desde Acteal levantamos nuestra voz y gritamos indignados por la muerte del compañero Nepomuceno Moreno Muñoz, convertido durante el último año en activista social, que por luchar y exigir justicia, lo matan también a él. Otro caso es el de Trinidad de la Cruz a quien Policías federales abandonaron a a su suerte en lugar de protegerlo Y el hecho reciente del gobierno de Guerrero que permitió el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero; ¿Qué se puede esperar de un mal gobierno? !Nada justo! Del mal gobierno de Felipe Calderón sólo se espera represión, burla, engaño, robo de nuestros recursos naturales y muerte.

Hermanos y hermanas, esto es un poco de lo que les compartimos de la enfermedad que padecen nuestras comunidades y país por los malos gobiernos. Al respecto exigimos:

  • Castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.
  • Exigimos investigación y justicia por la muerte de nuestro compañero Nepomuceno Moreno Muñoz y de Trinidad de la Cruz y demás luchadores y luchadoras sociales asesinados.
  • Castigo a los policías que mataron a los 2 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Reconexión inmediata de la luz de nuestro compañero de la comunidad de Javalton, si el presidente municipal no interviene y por su omisión propicia desplazamiento y masacre como hizo su antecesor Jacinto Arias Cruz, también será el responsable y tendrá que responder ante la justicia.

A 14 años de Acteal, la lucha por la paz y la justicia, continúa. Hermanos y hermanas juntemos nuestros pensamientos y luchas. Estamos convencidos que la justicia no va a venir de allá arriba, sino, que el pueblo organizado es el que va a decir cómo debe de ser la justicia y la vida. Aunque muchas personas equivocadas nos difamen y calumnien, practicaremos siempre el respeto entre todas y todos, para vivir en equilibrio y armonía entre el hombre y la mujer y la naturaleza.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Mariano Pérez Vázquez Juan Vázquez Luna
José Ramón Vázquez Entzín Victorio Pérez Paciencia

Mariano Pérez Sántiz

radio
La Jornada

Reseña de “Resistir desde la adversidad” de los hermanos Cerezo

La Jornada

Portada > Opinión > Hermanos Cerezo: escritos desde la cárcel


23 de Diciembre de 2011

Gilberto López y Rivas

Hermanos Cerezo: escritos desde la cárcel

Resistir desde la adversidad: escritos de los hermanos Cerezo durante su injusto encierro en las cárceles de máxima seguridad (México, Editorial Revuelta, 2011) es un libro singular. Se trata de las reflexiones, análisis, cartas y diversos materiales de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio, quienes sufrieron prisión durante años en una cárcel de alta seguridad a partir de agosto de 2001. Sus autores clasifican los textos como filosóficos, políticos y cartas, y constituyen el legado de esta extraordinaria familia de revolucionarios que no ha dejado que la prisión melle su espíritu de lucha y mantiene viva la antigua tradición libertaria de los presos políticos de resignificar la cárcel con decoro, dignidad y resistencia. Así, los hermanos dejan plasmado en estas páginas el esfuerzo intelectual y ético por trascender la acción punitiva del poder que busca reducir, limitar, cooptar, ablandar a los insumisos que se atreven a cuestionar al sistema de explotación capitalista imperante. Desde la Comuna de París, con sus miles de asesinados y prisioneros que purgaron condenas en colonias carcelarias francesas de ultramar, se registra la tradición de hacer de la prisión “un espacio de lucha –como señalan los Cerezo– donde afirmar nuestra condición de hombres libres y comprometidos con las causas justas de nuestro pueblo, (y que) implicaba el esfuerzo diario de estudiar, aprender y vivir con dignidad”. Los Cerezo pasaron la prueba con honores y son, como ellos afirman: “¡Presos ayer, libres siempre!”

Los escritos filosóficos, no obstante la limitación de las condiciones penitenciarias, son alegatos fundados, estructurados, coherentes, frescos y bien escritos, que van tocando diversos y complejos temas del marxismo, como la praxis y la enajenación, cotidianidad y lucha social, la relación sujeto-objeto, fetichización, desarrollados por algunos de sus exponentes más connotados, empezando por el propio Marx, Karel Kosik y, en México, José Revueltas y Adolfo Sánchez Vázquez.

Lejos de la mera especulación intelectualizada que caracteriza actualmente a una buena parte de la academia, los análisis de los Cerezo tienen un propósito claramente definido: criticar a fondo el capitalismo, invocar la acción política como medio de “enriquecer nuestra praxis cotidiana y coadyuvar a transformar, radicalmente, la sociedad en que vivimos, es decir, construir una nueva” (p. 21).

Los textos políticos cubren una amplia y diversa gama de temas, que van desde la descripción de las condiciones carcelarias, su cotidianidad de violencia, su comprensión como “geometría enajenada”, hasta el análisis sobre la figura del Che, los significados del 2 de octubre y el movimiento del 68, una caracterización de la izquierda institucionalizada o reformista del PRD y del movimiento encabezado por AMLO, reflexiones sobre distintos personajes y procesos, como el comunista checo Julius Fucik, la Revolución Mexicana, el papel de la juventud de izquierda, entre otros. Todos ellos constituyen, igualmente, una contribución de los Cerezo al análisis, principalmente, de la realidad política de México.

Estamos de acuerdo en la identificación desmitificada del Che, convertido en un símbolo despojado de su esencia revolucionaria y anticapitalista; también son muy pertinentes las observaciones críticas sobre la izquierda regresiva que abandonó la necesidad de luchar por un cambio revolucionario, se despojó del lenguaje clasista y se incorporó a la alternancia de la democracia tutelada por el capitalismo. Esta izquierda se limita a democratizar el Estado capitalista, buscando la actualización del desmantelado “Estado benefactor”.

Se asienta que la lucha por la memoria del 2 de octubre y la guerra sucia no puede quedarse en demandar sólo el castigo a los culpables del terrorismo de Estado de las décadas pasadas, sino también del presente. Me parecen muy acertadas las ideas vertidas en torno a la pequeña burguesía y su tendencia a ser antineoliberal pero no anticapitalista; también coincido en el señalamiento en torno al reformismo que renuncia a pensar, creer y luchar por una sociedad no capitalista; la imposibilidad de humanizar el capitalismo; la critica al uso del parlamentarismo para negociar cotos de poder; la insistencia en basar la lucha en el ámbito electoral e institucional exclusivamente.

También destaca la identificación del movimiento que se aglutina en torno a AMLO como antineoliberal y reformista, y la necesidad de la izquierda anticapitalista de no supeditarse o fundirse con este movimiento político; esto sin confrontarse con el pueblo que apoya esta corriente. Es necesario ejercer la crítica a los gobiernos surgidos de esta izquierda institucional, como los del Distrito Federal, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Michoacán; señalar sus incongruencias éticas, los planteamientos desarrollistas, extractivistas y paternalistas, su pragmatismo político y el reciente corrimiento a posiciones equívocas representadas en la “república amorosa”, que no es otra cosa que un acercamiento electorero a los sectores medios y empresariales.

Asimismo es pertinente afirmar que ser marxista hoy en día “no sólo implica comprender la totalidad de la teoría crítica de Marx y Engels; implica, también, llevar a la práctica lo que en teoría se ha comprendido; es decir, desarrollar la praxis”. Sin embargo, si entendemos que la crítica es esencial en el marxismo, habría que ejercerla, en primer término, con el marxismo mismo. Después de la implosión del campo socialista y las transformaciones hacia el capitalismo en China y Vietnam, estamos obligados a escudriñar la vigencia y las interpretaciones del marxismo que ofrezcan respuesta a las acuciantes realidades de nuestro tiempo. Ha sido, en suma, una experiencia gratificante la lectura de este libro, el cual recomiendo ampliamente.

radio
Radio Pozol

Caminata por la Paz, la Memoria y contra la Impunidad

CONTRA LA VIOLENCIA DE ESTADO
Caminata por la paz, la memoria y contra la impunidad de San Cristóbal de Las Casas a Acteal
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 16 de diciembre de 2011
A las y los indignados, inconformes y rebeldes:
Ante la grave situación que vive el país, les invitamos a participar en la caminata por la paz, la memoria, y contra la impunidad que empezará el 21 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas para llegar el día siguiente 22 en Acteal, en respuesta y para sumar acciones a la invitación que hace la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a una jornada de ayuno y oración.
Con esta caminata queremos reflexionar y manifestarnos en contra de la impunidad que vivimos de norte a sur en nuestro país, que se encuentra con un acelerado proceso de militarización, paramilitarización y descontrol social con una estrategia ejecutada por parte de Felipe Calderón Hinojosa Calderón de guerra declarada contra la criminalidad organizada cuyas consecuencias han sido, hasta el momento, más de 70 mil víctimas entre asesinados y desaparecidos.
Esto en una situación de reordenamiento capitalista del territorio mexicano con la implementación de mega-proyectos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) e Iniciativa Mérida (Plan México), que consideran la tierra como mercancía la cual prevé su despojo, saqueo de recursos (entre ellos petróleo, gas, agua, biodiversidad, minerales) a favor de compañías multinacionales de capital nacional y extranjero, cuyas consecuencias se materializan en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y destrucción del medio ambiente.
En repudio a esta situación y para fortalecer mutuamente nuestro ánimo y energías, te esperamos el día 20 de diciembre de 2011 a las 8:00 p.m., en el Centro Indígena de Capacitación Integral-Universidad de la Tierra (Cideci-Unitierra, Chiapas), Antiguo Camino a San Juan Chamula s/n, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas donde nos reuniremos para descansar y empezar el camino al día siguiente, 21 de diciembre, a las 4:00 a.m. para llegar aproximadamente a las 6:00 p.m. a la comunidad Yabteclum, Chenalhó, donde pararemos por la noche.
La caminata se reanudará a las 5:00 a.m. del 22 de diciembre para llegar a la tijera de Majomut donde nos reuniremos con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, las hermanas y hermanos solidarios entre ellos el Obispo de la diócesis de Saltillo Fray Raúl Vera López y de San Cristóbal de Las Casas Felipe Arizmendi.
Las/los esperamos y no olviden traer bolsa para dormir, lámpara, agua y fruta.


Para mayor información, escribir a:

Luz: luznaiki@yahoo.es
Sígue la caminata a través de Radio Pozol  http://www.pozol.org/ y
radio
RvsR-Chiapas

Informe Brigadas de Observación y Apoyo a San Patricio Octubre 2011


Problemática:

Como lo denuncio la JBG de Roberto Barrios, el 3 y 7 de Septiembre del presente año un grupo de personas entraron a la comunidad de San Patricio para amenazar a los BAZ que los iban a acabar y que los iban a desalojar. En ese momento decían que tenían las armas y que estaban preparados.

El día 10 de Septiembre a las 10:45 pm este grupo de personas entró a invadir el predio La Lámpara de los compañeros BAZ de San Patricio. Ese mismo día empezaron a disparar y a posicionarse en un campamento. Al día siguiente empezaron a sitiar y rodear la comunidad. El día 17 de Septiembre rodearon la comunidad y dispararon de diferentes lugares con el objetivo de intimidar a los compañeros bases y obligarlos a desplazarse. Los compañeros bases mencionan que no cedieron a las amenazas y decidieron quedarse en su comunidad resistiendo, pese a que todas las noches se escuchaban disparos que trataban de intimidarlos.

El día 14 de octubre de este año, el grupo paramilitar invasor se retiro del predio y fueron llevados por funcionarios de gobierno a una tierra situada cerca de Chancalá, municipio de Palenque, misma tierra que les compro el gobierno.

Mientras estuvieron posicionados en San Patricio, los paramilitares se robaron un total de 22 hectáreas de maíz, frijolares así como todos los cultivos que habían sembrando los compañeros bases de apoyo. De igual manera estuvieron robando la leña de los compañeros bases y matando animales. Dejando la comunidad sin posibilidad de alimentos para los siguientes meses, situación que es muy preocupante pues la sobrevivencia de los compañeros se encuentra en riesgo.

Los agresores eran provenientes de las comunidades de Ostelukum, Unión Hidalgo, Los Naranjos, El Porvenir, Los Moyos, Lázaro Cárdenas, Velasco Suarez, Cerro Blanco, Bebedero, Villaflores, asi como de la cabecera municipal de Sabanilla y de Tila. Los paramilitares tienen relación con funcionarios del gobierno, en particular con la presidenta municipal de Tila, Sandra Luz De la Cruz Espinosa (Partido Verde), Carlos Clever González Cabello (director de Obras Públicas de Tila), el presidente municipal de Sabanilla, Genaro Vázquez López (PRD). Forman parte de los partidos PRI y Partido Verde, y de las organizaciones Paz y Justicia y Uciaf. En total son unas 150 personas. Recordemos que dichos grupos paramilitares son los que actuaron en la zona norte de Chiapas durante los año 95, 96 y 97 aplicando tácticas contrainsurgentes y provocando en esta zona miles de desapariciones, ejecuciones y desplazamientos.

El grupo invasor venia armado con armas de diferentes calibres: R-15, rifle calibre 22, pistolas 45 y 9 mm, escopetas calibre 16 y 20. Los compañeros BAZ nunca respondieron a las provocaciones. Comentan que la tierra es de la organización y ante estas agresiones los compañeros bases saben que tienen que resistir porque así es su camino de lucha.

Debido a las agresiones y provocaciones de este grupo de corte paramilitar, los compañeros bases no han podido ir a trabajar su milpa desde el día 10 de septiembre. Desde que empezó el problema los compañeros explican que han padecido varias enfermedades, como gastritis, dolor de cabeza, dolor de estomago, diarrea, estrés, además del cansancio propio de la complicada situación que están sufriendo.

Brigada 1: La primera Brigada de Observación y Apoyo a San Patricio estuvo presente del 8 de octubre al 15 de octubre del 2011. En varias ocasiones se pudieron escuchar disparos de armas de alto calibre, también se pudo documentar que los agresores pasaban de manera impune en la comunidad como manera de provocar e intimidar a los compañeros. En diferentes días pasaron por la comunidad varios carros con paramilitares abordo o incluso en algunas ocasiones llegaron a la comunidad patrullas de policías como una manera de hostigar a los compañeros bases de apoyo.

Por ejemplo llegó un carro Nissan, para robarse la leña de los compañeros BAZ, el día 10 de octubre de 2011.

También el 12 de octubre, a las 3pm llegó un carro blanco del Municipio de Sabanilla donde se encontraba el director Técnico de la Policía de sabanilla, de nombre José Antonio López Pérez.

Durante este tiempo y a pesar de la presencia policial en la zona, los paramilitares siguieron de manera impune posicionados en el predio que pertenece a los compañeros bases de apoyo, robando y saqueando todos los cultivos.

El día 14 de Octubre, llegaron 3 camiones de 3 toneladas y 2 camionetas pickups donde se encontraban algunos funcionarios de gobiernos, el director de la policía antes mencionado y dirigentes de Paz y Justicia para llevar a los invasores al predio que les compro el gobierno en el Municipio de Palenque.

Al terminar la Brigada 1, los invasores se habían retirado del predio La Lámpara pero existía una nueva amenaza de invasión y agresión de parte de pobladores de la comunidad de Unión Hidalgo que se estaban organizando para invadir nuevamente la tierra de los BAZ bajo el cobijo de la presidenta municipal de Tila.

Brigada 2: La segunda Brigada de Observación y Apoyo a San Patricio estuvo presente del 16 de octubre al 23 de octubre del 2011.

Esta Brigada documento la llegada incesante de vehículos a la comunidad de San Patricio. Entre éstos, vehículos del municipio de Tila y de Sabanilla donde estuvo presente el presidente municipal de Sabanilla de nombre Genaro Vázquez.

A pesar de la ida de los paramilitares invasores el pasado 14 de octubre, pareció que se quedaron algunos, puesto que el día 22 de octubre unos paramilitares pertenecientes a la organización Paz y Justicia, de la comunidad, mismos que estuvieron invadiendo en las semanas anteriores estuvieron sacando piedras del rio de la comunidad. De igual manera se pudo documentar que pasó un camión cargado de paramilitares que habían estado aquí antes, entre otros líderes se pudo reconocer a Mario Vázquez Cruz quien es comandante de la policía.

El día 23 de octubre, empezaron a llegar a la comunidad una multitud de vehículos: una patrulla de la Policía Municipal de Sabanilla, una patrulla de Protección Civil, un carro del Gobierno del estado de Chiapas, un carro del Instituto de Desarrollo Humano de Sabanilla. Ese mismo día, a las 11:35horas, llegaron  en helicóptero a la comunidad de San Patricio el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, Noé Castañón León así como el gobernador Juan Sabines Guerrero para según hacer entrega formal de la tierra que había sido invadida y demostrar que el gobierno del estado había dado solución al conflicto. Fueron recibidos por parte de los partidistas de la comunidad a quienes prometieron varios proyectos.


Brigada 3: La tercera Brigada de Observación y Apoyo a San Patricio, estuvo presente del 23 de Octubre al 31 de Octubre del 2011.

A su vez la tercera brigada fue testigo de la llegada de varios vehículos pertenecientes al grupo paramilitar y del municipio de Sabanilla en diferentes días.

También se escucharon sobrevuelos de avionetas en la zona lo que indica una permanente vigilancia. El día 25 de octubre, una pareja que forma parte del grupo paramilitar de Ostelucum paso en la comunidad gritando y amenazando a los compañeros BAZ de una posible venganza. El jueves 27 de octubre y 31 de octubre, en la noche, se escucharon detonaciones de arma de alto calibre al sur de la comunidad de San Patricio.

También se observaron la entrega de proyectos gubernamentales (laminas) a partidistas de la comunidad como parte de la estrategia de contrainsurgencia del gobierno del estado.


Entrega de láminas

De igual manera empezaron a pasar por la comunidad gente de la comunidad de Unión Hidalgo quienes al parecer se están organizando para invadir nuevamente la tierra de los compañeros BAZ.

OBSERVACIONES:

A dos meses de la invasión y agresión ocurrida en la comunidad de San Patricio, la situación sigue siendo muy tensa y preocupante, pues como lo pudieron documentar las tres primeras brigadas, existe un hostigamiento constante de parte de grupos paramilitares como Paz y Justicia quienes actúan bajo la protección de los tres niveles de gobierno.

L@s compañer@s BAZ siguen resistiendo de manera pacífica ante dichas agresiones. El mal gobierno de Juan Sabines Guerrero pretende demostrar su supuesta voluntad de resolver los conflictos que él mismo diseña para destruir la autonomía de nuestr@s compañer@s zapatistas.

Seguimos atentos a la situación que vive la comunidad de San Patricio y exigimos el alto al hostigamiento y a las agresiones en contra de las comunidades zapatistas así como el respeto a la autonomía de los pueblos.

*Red contra la Represión Chiapas*

*(RvsR-Chiapas)*

radio
Centro de DH Frayba

Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

14 de diciembre de 2011

Boletín No. 23

Continúan actos de hostigamiento a la familia de David Potenciano Torres, sobreviviente de Tortura

La Tortura sigue en la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba), manifiesta su preocupación por el hostigamiento a familiares de David Potenciano Torres (en adelante David Potenciano), sobreviviente de tortura y quien se encuentra detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en Cintalapa, Chiapas.

Según la información recabada por este Centro de Derechos Humanos el día 01 de diciembre del presente año, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aproximadamente a las 12.00 hrs., Jorge Luis Mendoza Torres (en delante Jorge Luis), hermano de David Potenciano, mientras conducía su automóvil se percató que era seguido por un vehículo de color oscuro, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, por lo que decidió ingresar a un estacionamiento de un centro comercial, hasta donde fue seguido por el mismo vehículo. Después de un tiempo, Jorge Luis se dirigió al CERSS No. 14, El Amate, para visitar a su hermano David Potenciano

Según testimonio de Jorge Luis, dos días después, el 3 de diciembre, aproximadamente a las 15.00 hrs., mientras se encontraba en un autolavado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se percató que el mismo vehículo que lo había seguido dos días antes, estaba dando varias vueltas en el lugar, con claras señales de vigilarlo.

Es importante mencionar que anteriormente el Frayba solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-287-11 David Potenciano Torres y otros), debido al riesgo a su integridad y seguridad personal por las denuncias realizadas anteriormente y porque, según la valoración de los familiares de David Potenciano, las medidas cautelares otorgadas por el Consejo Estatal de Derechos Humanos resultan ineficaces.

Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, en el expediente 99/2011 radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, David Potenciano narró a la autoridad como fue sometido a tortura y, a pesar de esto, hasta el día de hoy dicha autoridad no ha realizado las gestiones para que se inicie la investigación correspondiente, tal como lo indica la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Chiapas.

El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrá de tres meses a tres años de pena privativa de libertad (…)”

Ante estos hechos anteriormente expuestos el Frayba, tiene el temor fundado que la tortura perpetrada contra David Potenciano continúe en la impunidad, ya que los actos fueron realizados por agentes y funcionarios estatales y de manera específica por integrantes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), quienes violaron los derechos a la integridad y seguridad personal y libertad personal; así como por el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tuxtla Gutiérrez, quien violó el derecho al debido proceso y a la protección frente al abuso de poder, tal como se encuentran establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Además, manifestamos nuestra preocupación por los actos de vigilancia y hostigamiento a la familia de David Potenciano, de manera particular por lo ocurrido a Jorge Luis Mendoza Torres y solicitamos que se realicen acciones para el cese inmediato de estos hechos, así como se otorguen medidas de protección adecuadas a él y su familia.

Antecedentes

David Potenciano fue detenido el 25 de mayo del 2011, en la ciudad de Palenque, Chiapas por efectivos de la FECDO, quienes allanaron su domicilio. Fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en esa misma ciudad, donde le fueron vendados los ojos, así como las extremidades del cuerpo, introduciéndole agua mineral por la nariz, mientras lo acusaban de ser integrante de los Zetas y de haber participado en el asesinato del Presidente de la Unión Ganadera de la zona Norte Pedro Fonz Ramos. David Potenciano fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Selva de la PGJE en donde fue golpeado, le pusieron en varias ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza, lo obligaron a firmar documentos que no pudo leer en su contenido. El 26 de mayo, fue llevado a las instalaciones de la FECDO en Tuxtla Gutiérrez, en donde le hicieron firmar otros documentos y el día siguiente fue arraigado en la Quinta Pitiquitos, Chiapa de Corzo. A pesar de contar con un amparo y protección de la justicia federal – en el juicio No. 692/2011 del 24 de junio de 2011, otorgado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, por considerar que no existían elementos probatorios para que el Juez de Medidas Cautelares del Estado de Chiapas otorgara el arraigo, por lo que se ordenó a la PGJE la inmediata libertad – el 25 de junio fue trasladado al CERSS No. 14, El Amate y acusado de homicidio calificado, lesiones y delincuencia organizada.

Desde el momento de la detención, los familiares de David Potenciano han denunciado las violaciones a los derechos humanos, así como han demostrado la inocencia del detenido a través de la interposición de recursos legales.

Después de la conferencia de prensa del pasado mes de agosto, en donde la familia denunció que la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones en el presente caso, es resultado de la relación de amistad y compadrazgo que el difunto Pedro Fonz Ramos mantenía con el gobernador del estado de Chiapas Juan Sabines Guerrero, los familiares de David Potenciano han sido víctimas de hostigamiento y vigilancia por personas desconocidas. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos se han manifestado en apoyo al caso de David Potenciano y a su familia.

radio
Centro de DH Tlachinollan

En Fallo histórico: Gana Amparo familia de indígena naua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano

Familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, obtienen amparo contra fuero castrense.

  • En una sentencia histórica, por primera vez la Justicia Federal protege a civiles frente a la ilegal extensión del fuero castrense.
  • Juez determina que el Artículo 57 del Código de Justicia Militar es inconstitucional.
  • SEDENA debe acatar el fallo y la justicia civil concluir con diligencia el juicio.


Tlapa, Guerrero, a 12 de diciembre de 2011.- En una sentencia sin precedentes, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua que durante el 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde impugnaron la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicho homicidio.

La sentencia tiene sus antecedentes en los hechos donde fue privado de la vida Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009,  cuando viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de la línea Sur junto con más de cuarenta pasajeros, fue asesinado por soldados del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que integraban un retén ubicado cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, Guerrero, desde el que los castrenses abrieron fuego indiscriminadamente contra el autobús luego de que el conductor reemprendiera su marcha tras ser revisada su unidad por los soldados.

Tras los hechos, fueron iniciadas averiguaciones previas tanto en el fuero civil como en el fuero castrense. No obstante, a la postre se impusieron las instituciones militares de procuración de justicia. Al quedar legalmente enterados de que éstas habían atraído la investigación, los familiares de Bonfilio Rubio Villegas presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron tanto la declinación de competencia por parte de las instancias civiles como la asunción de competencia por los castrenses, señalando que se habían realizado mediante la aplicación de una norma contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México: el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La demanda dio inicio al juicio de amparo 818/2011, inicialmente radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, que con posterioridad conoció el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, bajo el número 614/2011. Fue en el curso del mismo juicio de amparo que los familiares de Bonfilio Rubio Villegas pudieron tener por primera vez acceso pleno al expediente; así supieron que aunque varios elementos participaron en los hechos sólo un militar estaba siendo juzgado por el delito de violencia contra las personas causando homicidio y que éste, beneficiándose de una investigación deficiente y parcial, había conseguido a través de su defensa la reclasificación del delito que en consecuencia pasó a ser tipificado como mero homicidio culposo. También constataron que, infructuosamente, los militares habían intentado diluir su responsabilidad introduciendo en el lugar de los hechos elementos ajenos al mismo para desvirtuar la evidencia y estigmatizar a la víctima.

El Juzgado Sexto de Distrito emitió su sentencia el 2 de diciembre, misma que se hizo del conocimiento de las partes el pasado viernes 9 de diciembre. En su fallo, el Juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó entre otros aspectos: que las víctimas y los ofendidos del delito tienen legitimidad para acudir al Juicio de Amparo ante la aplicación del fuero militar; que el artículo 57 del Código de Justicia Militar desborda los límites impuestos por el artículo 13 Constitucional; y que la extensión del fuero militar a casos que involucran a civiles es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo ésta vinculatoria para los tribunales mexicanos.

A partir de estos razonamientos, el juzgador resolvió que: “[…] el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, a efecto de resarcir a los agraviados en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, deberá: Emitir un auto en el que, siguiendo los razonamientos expuestos en el presente fallo, se declare incompetente para seguir conociendo de la causa penal […L]a declaratoria de incompetencia deberá de hacerse a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con competencia territorial en el lugar donde sucedieron los hechos, pues se trata de una autoridad de naturaleza civil (no militar), facultada para conocer de delitos cometidos por servidores públicos federales […]”.

La sentencia dictada constituye un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad castrense pues por primera vez civiles agraviados por la ilegal extensión del fuero militar han sido beneficiados con el amparo de la Justicia Federal. En esa medida, la lucha que han sostenido los familiares de Bonfilio Rubio Villegas cristaliza los esfuerzos que antes protagonizaron otras víctimas como Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y Reynalda Morales Rodríguez, entre otras.

La privación arbitraria de la vida de Bonfilio Rubio Villegas muestra de manera paradigmática el desproporcionado uso de la fuerza letal que, cada vez con mayor frecuencia, se hace patente en la interacción del Ejército con los civiles. Asimismo, pone de relieve la tendencia a encubrir las violaciones a derechos humanos cometidas por militares mediante la manipulación de la evidencia y la estigmatización de las víctimas, generada sistemáticamente por el propio Ejército. Pero, del mismo modo, la lucha emprendida por la familia Rubio es también ejemplificativa de los esfuerzos que muchas víctimas impulsan para vencer la violencia institucional castrense.

La relevancia de su triunfo legal radica también en que es el primer referente exitoso respecto de la posibilidad de impugnar la extensión del fuero militar mediante el juicio de amparo, por lo que sin duda la sentencia que les ampara guiará la acciones de defensa que muchas víctimas deberán emprender en tanto no sea reformado el Código de Justicia Militar para excluir del conocimiento de dicho fuero todos los delitos que constituyan violaciones a derechos humanos en agravio de civiles, y no sólo algunas de ellas. Por ello, es de esperarse que el compromiso asumido públicamente por el Presidente Calderón en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en específico cuando instruyó que casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por instancias civiles, se traduzca en que el fallo no sea recurrido por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional. De lo contrario, sería exhibida la insuficiencia de ese compromiso ante la creciente ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas.

La búsqueda de justicia no ha concluido para los familiares de Bonfilio Rubio Villegas: el juez federal del ámbito civil que conozca el caso deberá instruir con diligencia el proceso en Chilpancingo a efecto de que los militares responsables sean sancionados, de tal suerte que sus conductas sean reprochadas conforme a derecho y atendiendo al grave daño que causaron. En ese tenor, tratándose de una situación inédita, el seguimiento de la opinión pública de este proceso resulta fundamental.

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Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.

Michael. W. Chamberlin


Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98